El viceministro de Comercio y Servicio, Rodrigo Maluff, se refirió a los monitoreos que vienen realizando los técnicos del MIC en las estaciones de servicio. Afirmó que estos trabajos pretenden asegurar un suministro adecuado de combustibles, desde la importación hasta la distribución en estaciones de servicio. Asimismo, se busca garantizar un producto de alta calidad para el mercado nacional.

El viceministro Maluff destacó que uno de los propósitos del nuevo marco reglamentario es facilitar la fiscalización y el control de toda la cadena de suministro. “Desde la importación por la hidrovía, pasando por la llegada en barcazas, el almacenamiento, la mezcla, el transporte en camiones cisterna, hasta la llegada a las estaciones de servicio, el MIC vela por cada paso para asegurar que el combustible que recibe el cliente sea de punta y de calidad”, explicó.

Asimismo, valoró el trabajo coordinado que se viene realizando con Sedeco, que propone establecer parámetros unificados para mejorar la comprensión del consumidor al momento de elegir entre los diferentes tipos de combustibles disponibles en el mercado. “Lo que buscamos es un consumidor bien informado y para eso la comunicación tiene que ser clara”, afirmó.

Los trabajos de monitoreo del nivel de calidad de los combustibles en las gasolineras continúan en el marco del Decreto n.° 3241/25. Esta normativa establece la mezcla de etanol en un 30 % con las gasolinas y del 5 % de mezcla de biodiésel con el gasoil del tipo III (gasoil común), en todos los emblemas del país. Los técnicos del MIC, el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), realizaron el viernes una visita a cinco estaciones de servicios del departamento Central.

El director general de Combustible, Marcelo Benítez, explicó que los trabajos incluyen toma de muestras en campo, análisis en laboratorio y concienciación directa con operadores y funcionarios. Mencionó que los laboratorios especializados del MIC ya están equipados para realizar estudios precisos, como el contenido de etanol, azufre, curva de destilación, número de octanos, aromáticos y MTBE.

Aseguró que, en caso de encontrar irregularidades menores, se procederá con una notificación y una advertencia para que los operadores se pongan en regla. “Con estas fiscalizaciones, estos monitoreos, lo que esperamos encontrar ahora no son combustibles malos, sino combustibles muy buenos. El objetivo es alcanzar la excelencia en todo el mercado”, mencionó.

El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) inicia este miércoles el monitoreo de calidad de combustibles en estaciones de servicios como cumplimiento del decreto n.° 3.241/25 emitido por el Poder Ejecutivo con el objetivo de monitorear la calidad de los diferentes carburantes ofertados a la ciudadanía.

Este establece la mezcla de etanol hasta un 30 % con las gasolinas y del 5 % de mezcla de biodiésel con el gasoil del tipo III (gasoil común), en todas las estaciones de servicios del país. El equipo de técnicos del MIC realizará las visitas junto con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) y de la Secretaría Nacional de Defensa al Consumidor (Sedeco).

“Estas visitas técnicas forman parte de un plan de trabajo orientado a acompañar el cumplimiento de las disposiciones del Poder Ejecutivo y obtener datos generales sobre la calidad de combustibles que ofrecen las estaciones de servicios a los consumidores”, menciona en el documento.

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Igualmente se informó que las fiscalizaciones de rigor serán realizadas a partir de junio del 2025, por lo que desde el MIC instaron a las empresas involucradas a ajustarse al nuevo decreto, resultado de una mesa técnica de trabajo conformada por la cartera de la que participaron los representantes técnicos del sector privado y público vinculados al sector.

El decreto fue firmado en enero pasado y como principales cambios estipulados figuran la recategorización de las gasolinas comercializadas que ahora estarán identificadas como RON 88 (rojo), 93 (amarillo), 97 (azul) y 98 (verde). La reducción del contenido de MTBE (Éter Metil Tert-Butílico) al 1 % v/v; la disminución del contenido de azufre a un máximo de 100 ppm en promedio.

Igualmente se introdujo el monitoreo del manganeso con un valor máximo en forma de trazas de 1,0 mg/L, logrando con esto un combustible de gran calidad para los usuarios y amigable con el medioambiente. Las empresas distribuidoras contaban con un plazo de 60 días para implementar estos cambios y poner a disposición de la ciudadanía los nuevos productos, de conformidad con lo establecido en el decreto reglamentario.

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• Fuente: AFP

Más de 600 camiones cisterna bolivianos aguardan desde hace semanas a las afueras de Asunción, en difíciles condiciones de salubridad, para cargar gasolina y gasoil debido a que, según fuentes del sector, su gobierno no paga al proveedor de combustible.

Bolivia atraviesa una crisis económica desde 2023 derivada de la falta de dólares que, entre otras cosas, ha socavado su capacidad para adquirir combustible a los importadores.

“Llegué con la esperanza de cargar y retornar, pero lamentablemente me encontré con montones de colegas en una situación incierta. Nadie sabe cuándo se le va a cargar”, dijo este martes a la AFP el camionero Carlos Herebia, que lleva dos semanas esperando. Otros, denuncian, esperan desde hace 30 o 40 días.

De 37 años, Herebia tenía pensado volver a casa antes de Semana Santa, pero su camión cisterna, al igual que otro más de medio millar, está en un parque cerrado conocido como El Avispón, en la localidad de San Antonio, a las afueras de la capital paraguaya.

Otro centenar de vehículos hace fila en las afueras de este parque, a orillas del río Paraguay, a la intemperie y en malas condiciones de salubridad. Las autoridades de San Antonio instalaron algunos baños portátiles en el lugar, pero son insuficientes.

La semana pasada, el dirigente del sindicato del sector en Bolivia, Domingo Ramos, denunció que cientos de camioneros en Paraguay aguardaban el pago por combustible para reanudar las actividades de carga y transporte.

“Los señores de la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) e YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos) solo están alargando la agonía de este gobierno y todos los transportistas”, acusó Ramos, de acuerdo al medio local Unitel.

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Bolivia compra combustibles de países vecinos a precios internacionales y los vende en su mercado interno a un costo subvencionado. Esta subvención, además de la caída de las exportaciones de su gas natural, resultan en buena parte en la escasez de dólares que padece el país.

Esta incapacidad de pago a los importadores ha causado que, en Bolivia, transportistas y particulares esperen por horas en las estaciones de servicio para cargar combustible.

El año pasado ocho camioneros bolivianos murieron en Paraguay, por distintas causas, en general víctimas de la precariedad de la situación y las altas y altas temperaturas.

“Yo vengo desde hace cinco años a Paraguay y cada vez es peor. Somos más de 600 camiones, la mayoría de 35.000 a 37.000 litros. Los que no están en el parque están afuera. Y siguen viniendo, o sea, de nuestro país los siguen enviando. Ya no tenemos ni donde pararnos”, describió Herebia. Esa es la razón por la que están concentrados en el parque. “Ni siquiera tenemos acceso a agua potable”, protestó.

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