El Instituto de Previsión Social (IPS) inicia este lunes 7 de septiembre el Censo Digital de Jubilados y Pensionados 2026. El trámite, de carácter obligatorio y gratuito, se extenderá hasta el 7 de diciembre y alcanzará a cerca de 90.855 beneficiarios para actualizar sus datos y optimizar la gestión de las prestaciones.

La iniciativa responde a lo establecido en el artículo 47 de la Ley n.º 430/73, que dispone la obligación del IPS de mantener un censo completo y actualizado de las personas comprendidas en el régimen previsional, así como el deber de los beneficiarios de proporcionar los datos requeridos por la institución. La realización del censo fue aprobada por el Consejo de Administración mediante la Resolución C.A. n.º 057-008/2026.

Durante el proceso, los jubilados y pensionados deberán actualizar información personal y de contacto, como domicilio, número telefónico, correo electrónico, estado civil y datos relacionados con familiares o herederos. La actualización permitirá contar con una base de datos más completa y confiable para mejorar la comunicación y las notificaciones con los beneficiarios, facilitar el otorgamiento oportuno y seguro de las prestaciones y fortalecer los mecanismos institucionales de control.

El censo también generará información que podrá ser utilizada para la planificación institucional y la elaboración de análisis sobre las características y distribución de la población beneficiaria. Estos datos constituyen un insumo para orientar la gestión y la planificación de servicios de acuerdo con las necesidades de los jubilados y pensionados. Asimismo, la actualización de los registros contribuirá a prevenir pagos indebidos y a fortalecer el resguardo de los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.

El procedimiento será exclusivamente digital y podrá realizarse desde una computadora o dispositivo móvil, evitando traslados, impresiones y trámites en papel. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y transformación digital del Seguro Social y busca simplificar el cumplimiento de la obligación legal, con un procedimiento ágil, accesible y seguro para los beneficiarios. Para la validación de identidad, el formulario contempla la utilización de documentación y mecanismos de verificación del beneficiario, de acuerdo con los requerimientos establecidos para el proceso.

El carácter digital del procedimiento no significa que los jubilados y pensionados deban realizar el proceso sin acompañamiento.

El IPS dispondrá de asistencia presencial en dependencias institucionales habilitadas para quienes tengan dificultades de conectividad, movilidad o manejo de herramientas digitales. También se habilitarán canales de atención para orientar a los beneficiarios durante el proceso.

Los canales informados por la institución son:

WhatsApp: 0962 120185 / 0962 354854

Correo electrónico: atencionsolicitante@ips.gov.py

Atención al jubilado: atencionaljubilado@ips.gov.py

El IPS recuerda que el Censo Digital de Actualización de Datos y la comprobación de sobrevivencia o fe de vida son procedimientos diferentes y complementarios. Mientras la fe de vida tiene como finalidad acreditar la sobrevivencia del beneficiario para la continuidad del pago de su prestación, el censo busca actualizar información personal, familiar y de contacto que forma parte de los registros previsionales.

Con el Censo Digital de Actualización de Datos, el IPS busca disponer de información actualizada que permita mejorar sus procesos administrativos, fortalecer los controles y contar con mejores insumos para la toma de decisiones. El relevamiento constituye, además, una herramienta para avanzar en una gestión previsional sustentada en información confiable y actualizada, orientada a mejorar la atención y las prestaciones destinadas a jubilados y pensionados.

Desde la asesoría técnica del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), detallaron que hasta el lunes 31 de agosto la ciudadanía en general podrá remitir a la Mesa Energética Nacional sus aportes y conocimientos para la elaboración de los anteproyectos de ley para la creación del Ministerio de Energía, Minería e Hidrocarburos y del Ente Regulador de Energía (ERE).

“La mesa tiene la función de colocar prioridades en el sector energético nacional y establecer una suerte de hoja de ruta que pueda ser validada por referentes del sector público y privado como una política de Estado porque entendemos que esto tiene que trascender a un periodo de gobierno. Desde la mesa se busca la participación de todos y a partir de ahí encaminar conversaciones”, indicó el asesor técnico de la cartera, Daniel Ríos, a la 1020 AM.

El funcionario del MIC agregó que “es por eso que hasta el lunes se permitirá recibir los aportes por parte de la ciudadanía. Luego haremos un relevamiento para tener un diagnóstico y ver dónde irá la discusión. Todos coincidimos en la mesa en que un ministerio y ente regulador es algo necesario en nuestro país para poder clarificar las competencias y las condiciones para todos los sectores. Esto es algo que el sector privado colocó sobre la mesa en la reunión anterior respecto a tener ciertas garantías con las inversiones que se tendrán que llevar a cabo”.

El lunes a la vez se concretará la segunda reunión de la Mesa Energética Nacional, donde acudirán nuevamente varios expertos en energía, la cual se desarrollará a las 14:00 en Mburuvicha Róga. “Es necesaria la institucionalidad para poder gobernar y generar confianza”, dijo Ríos con relación a la creación del ministerio y ente regulador que será abordado en la ocasión.

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Los aportes de propuestas y conocimientos por parte de la ciudadanía en general vienen siendo recabados por la mesa técnica mediante la página web https://energia.paraguay.gov.py, habilitada por el Gobierno del mandatario Santiago Peña.

Entre los puntos a ser analizados también figuran la presentación de la Ande sobre el plan de gestión para el corto y mediano plazo, el estudio de la tarifa técnica cuya presentación estará a cargo del Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (Ceare) de la Universidad de Buenos Aires, con la participación de técnicos.

El estudio fue elaborado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a pedido de la estatal eléctrica, y plantea elevar gradualmente la tarifa media de USD 49,2 por MWh a USD 68,6 por MWh durante el periodo 2026-2030, equivalente a un incremento de 39,4 %, con la participación presencial de los técnicos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pagará hoy lunes G. 32.738 millones a las empresas proveedoras y acreedores del Estado. Los compromisos a cubrir corresponden a la Fuente de Financiamiento 10 de Recursos del Tesoro.

Los desembolsos se realizarán a través de la Dirección General del Tesoro Público y se procesarán en el día la totalidad de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR), ingresadas por los organismos y entidades del Estado desde el lunes 17 hasta el viernes 21 de agosto.

Asimismo, informaron que el cronograma de pagos avanza con lo establecido para los desembolsos correspondientes hasta el mes de agosto, a favor de los veteranos de la Guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados estatales.

Los beneficiarios suman un total de 5.720, integrados de la siguiente manera: dos veteranos de la Guerra del Chaco, 2.025 herederas viudas de veteranos, 268 pensionados graciables, 1.521 herederos de veteranos que son hijos discapacitados y 439 herederas de veteranos correspondientes a hijas solteras.

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Asimismo, mencionaron que el listado al cierre del mes también incluye a 136 herederos de padres policías fallecidos en acto de servicio, 51 herederos cónyuges de policías fallecidos en acto de servicio, 54 herederos hijos menores de policías fallecidos en acto de servicio, 122 herederos padres de militares fallecidos en acto de servicio.

Además, 43 herederos cónyuges de militares fallecidos en acto de servicio, 45 herederos hijos menores de militares fallecidos en acto de servicio, además de 1.014 beneficiarios del Componente No Contributivo docentes de instituciones privadas.

Igualmente, en la fecha percibirán sus haberes los más de 375.000 beneficiarios del Programa de Pensión Alimentaria para Adultos Mayores, administrado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Este sector demanda al Estado alrededor de G. 250.000 millones actualmente.

La información también podrá ser consultada en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la sección compras públicas, submenú pagos, dentro del calendario correspondiente del MEF. Los datos se encuentran, igualmente, accesibles en la sección “Enlaces de Interés” del portal del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe).

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La Unión Nacional de Jubilados del Paraguay (UNJP) celebró la imputación de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS) y otros siete funcionarios de la previsional.

Durante una conferencia de prensa realizada, el vicepresidente de la UNJP, Lic. Elvio Brun Ayala, pidió que esta imputación de las autoridades llegue hasta el final, y las mismas sean condenadas y que devuelvan hasta el último guaraní que han robado.

“Como jubilados nos sentimos orgullosos, somos protagonistas principales, porque fuimos los primeros en hacer la denuncia. Hace cinco años venimos denunciando. No solo dinero se han robado del IPS, sino se robaron la tranquilidad de la familia por falta de medicamentos. Por eso pedimos que esta imputación llegue hasta el final y que los responsables devuelvan lo robado”, sostuvo.

Brun señaló estar conforme juntos con los demás jubilados por una parte, porque el actual presidente de la entidad previsional apoyó la denuncia del sector.

El Ministerio Público ordenó la imputación y pidió la prisión preventiva de los expresidentes del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia, y Jorge Brítez, por supuesta lesión de confianza (daño patrimonial). Además imputó a otras siete personas. Brítez obtuvo libertad ambulatoria, mientras continúa el proceso. El ex presidente del IPS accedió a la fianza de G. 1.000 millones.

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Los otro cuatro funcionarios accedieron también a la libertad ambulatoria. Ellos son: la exasesora jurídica Rosa Colmán; el exdirector de Mantenimiento, José Coronel; el exgerente de Abastecimiento, Hugo Aranda; y el exdirector de Contrataciones, Juan Manuel Villar.

Según la Fiscalía, existen elementos de sospecha seria sobre el caso. Los otros funcionarios imputados son: Hugo Enrique Aranda, José Raúl Coronel Acosta, Juan Villar López, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón y Verónica Blanco Bogado.

Los investigados habrían firmado adendas irregulares a un contrato para instalar quirófanos en el Hospital Central, generando un perjuicio de G. 61.000 millones.

El Ministerio Público también solicitó el embargo de bienes por G. 61.000 millones y la inhibición general de vender y gravar bienes de todos los procesados.

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