El inicio del desembolso del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) por parte del Banco Central del Paraguay (BCP) tras la intervención de ueno bank puso a prueba la capacidad de respuesta del sistema financiero nacional. Con un plazo de hasta 5 días, un desembolso inicial de G. 197.191 millones para 722.037 ahorristas cubiertos hasta el límite legal de 40 salarios mínimos, la gran interrogante de los usuarios gira en torno a los plazos exactos de cobro.

Anoche, en una conferencia de prensa de urgencia, la banca matriz activó el mecanismo, poniendo en marcha un despliegue financiero sin precedentes: 2,8 millones de cuentas involucradas.

A pesar de que el FGD cuenta con una liquidez sólida de más de G. 1,6 billones para cubrir saldos de hasta 40 salarios mínimos, la logística del cobro dejó al descubierto una marcada brecha operativa: la segmentación de las acreditaciones según el grado de bancarización previa del usuario.

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Una de las interrogantes centrales durante la cobertura de la conferencia fue por qué se paga primero a quienes ya poseen cuenta en otros bancos y se deja para el final (de la contingencia) a los no bancarizados. Desde la vocería del BCP explicaron que la razón es estrictamente operativa:

Con cuenta previa: acreditar a personas que ya poseen cuenta en otras entidades financieras se ejecuta mediante transferencias automáticas e inmediatas a través del sistema de pagos.

Sin cuenta previa (262.000 clientes): para este grupo, el procedimiento exige la apertura de nuevas cuentas de manera automática e interinstitucional distribuida entre 15 entidades financieras de plaza, lo que requiere un tiempo de procesamiento significativamente mayor.

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Esta diferencia logística generó que quienes contaban con una segunda cuenta en el sistema tradicional recibieran la restitución de sus saldos casi de inmediato, mientras que los usuarios que dependían únicamente de la plataforma digital ingresaron a una etapa de espera regulada por la asignación de oficio entre los bancos adquirentes.

Es decir, la normativa establece una ventana de hasta 5 días hábiles para completar la devolución de los depósitos garantizados (hasta 40 salarios mínimos) a partir del inicio formal del proceso. Mientras que, para los 262.000 clientes sin otra cuenta, el cobro no queda postergado para después de la liquidación de grandes depositantes, sino que se ejecuta progresivamente dentro de la misma ventana de contingencia.

Según explicaron en la conferencia, el diseño del esquema de compensación dentro de la ventana de 5 días hábiles fijada por ley establece pautas claras para los diferentes tipos de compromisos financieros:

Ahorristas sin deudas pendientes: fueron incluidos en la primera tanda de acreditaciones limpias para acelerar la restitución del capital.

Clientes con préstamos vencidos: sus saldos de ahorro serán neteados antes de recibir el pago de garantías a partir de las siguientes fases, pasando la cartera de créditos a ser administrada por las entidades que absorban los activos.

Tarjetas de crédito: la cartera de plásticos no se ejecutará ni se descontará en esta primera etapa de 5 días; será negociada de manera independiente en un proceso posterior con los bancos adquirentes.

Depósitos en dólares: conforme a la normativa de resolución bancaria, la devolución de los saldos constituidos en moneda extranjera se liquida en guaraníes, tomando el tipo de cambio oficial al momento de la devolución y trasladando el riesgo cambiario al depositante.

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Con esto, se expone el modelo de bancarización digital reciente; se aceleró la apertura de cuentas de pago desde aplicaciones móviles, pero no se completó una integración profunda con el ecosistema bancario tradicional.

A medida que el regulador complete la asignación de las 260.000 cuentas restantes entre las entidades del mercado, el foco pasará de la contingencia a la reestructuración del sistema bancario nacional, elevando las exigencias sobre los estándares de gobernanza crediticia y la protección operativa de los usuarios más vulnerables.

JP Morgan es uno de los grupos financieros y bancarios más grandes e importantes del mundo, con sede en Nueva York, Estados Unidos, que recomienda mantener la apuesta por los activos paraguayos, pese a la volatilidad generada por el caso ueno bank.

En su análisis de estrategia de mercado, la entidad financiera internacional aconseja mantener una posición de sobreponderación (OW) en guaraníes y bonos locales, al considerar que los fundamentos macroeconómicos del país siguen siendo sólidos y que el episodio difícilmente derive en una crisis sistémica.

El informe observa que los activos paraguayos reaccionaron negativamente a los acontecimientos recientes, con una depreciación del guaraní del 2 % en una jornada y presiones de venta sobre los bonos locales. La moneda acumula un periodo de debilidad y volvió a cotizar en niveles registrados por última vez en junio. Este comportamiento también responde a factores externos, como las repercusiones de las elecciones brasileñas, y estacionales, debido a la menor entrada de divisas por exportaciones de soja en esta parte del año.

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Pese a este escenario, el análisis considera que el episodio de ueno bank no sería suficiente para desestabilizar la historia de crecimiento e inversión de Paraguay. Entre los argumentos menciona que los proyectos de inversión extranjera directa (IED) dependen principalmente de financiamiento externo y no del mercado financiero local, por lo que la volatilidad interna difícilmente comprometería su viabilidad.

Asimismo, destaca que el tamaño relativo de ueno bank dentro del sistema bancario limita, en principio, la posibilidad de que su situación derive en un problema financiero generalizado. Sin embargo, condiciona esta perspectiva a que el proceso de resolución y la restitución de los depósitos se desarrollen adecuadamente y con rapidez. También resalta los fundamentos macroeconómicos del país, como las políticas favorables a la inversión, la inflación controlada y el compromiso fiscal de las autoridades.

Finalmente, advierte que la rapidez con la que se resuelva el caso será determinante para preservar la confianza. Un retraso en el pago de los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) podría extender la preocupación entre los ahorristas y generar retiros masivos en otras entidades. Esto presionaría tanto al mercado cambiario, por una mayor demanda de dólares, como al de tasas de interés, ante la eventual necesidad de los bancos de vender títulos del Tesoro para responder a los retiros.

El sector financiero concentra el 71 % de los instrumentos del Tesoro en circulación bajo ley local. Por ahora, la recomendación es mantener la apuesta por los activos paraguayos y considerar la volatilidad como una oportunidad de compra, aunque esta postura sería revisada si la resolución de la crisis no se concreta rápidamente.

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La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) trabaja con el equipo interventor del Banco Central del Paraguay (BCP) para identificar los créditos otorgados a través de ueno bank con recursos de la banca pública y establecer nuevos canales de pago para los clientes. La presidenta de la institución, Stella Guillén, aseguró a Gen/Nación Media que el proceso administrativo no afectará las condiciones de los préstamos ni la calidad crediticia de los beneficiarios.

La medida alcanza tanto a los créditos de vivienda como a los destinados a otros sectores, entre ellos el productivo y forestal. Guillén explicó que el primer paso consiste en individualizar la cartera financiada con recursos de la AFD, para luego recuperarla mediante el mecanismo de privilegio de cartera previsto en la legislación de la entidad. Esto permitirá que la administración de esos préstamos vuelva a manos de la agencia.

“La ciudadanía tiene que tener la máxima tranquilidad: esto no va a implicar ningún cambio en las condiciones del crédito que hayan tomado, en plazos ni en tasas”, enfatizó la titular de la AFD.

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Una vez recuperada la cartera, la institución deberá definir cómo continuará la administración de los préstamos. Entre las alternativas se contempla transferir los créditos a otros bancos o cooperativas interesados en adquirirlos, o recurrir a un fideicomiso. En cualquiera de los escenarios, la AFD tendrá la responsabilidad de comunicar a cada beneficiario dónde y cómo deberá realizar sus pagos, a través de los canales oficiales.

“En el medio de ese proceso, ninguna condición puede ser alterada para el ciudadano en términos de plazo, de tasa y tampoco puede implicar un costo adicional por retrasos”, afirmó Guillén. Asimismo, aclaró que las eventuales demoras en la habilitación de los nuevos mecanismos de pago no deberán perjudicar el historial ni la calificación crediticia de los clientes.

Respecto al plazo para restablecer estos canales, la presidenta evitó establecer una fecha concreta, aunque señaló que ya se remitió formalmente al equipo interventor la información sobre el tamaño de la cartera y los créditos involucrados.

La AFD estima que unas 2.500 personas mantienen operaciones con alguna de sus líneas a través de la entidad financiera. Finalmente, Guillén pidió a los beneficiarios no entregar datos personales a terceros y aguardar las comunicaciones oficiales sobre los nuevos procedimientos.

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El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.

Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas

El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.

“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.

Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.

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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.

“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.

El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.

“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.

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