Hasta el mes de febrero del presente año, el Paraguay adquirió una deuda externa de un total de US$ 9.498,7 millones, un 11,6% más que el pasivo contraído hasta el mismo periodo del 2019 cuando la cifra llegó a los US$ 8.507,1 millones, según datos proporcionados por el Ministerio de Hacienda.
Esta cifra fue adquirida ante una serie de préstamos y emisiones de bonos soberanos realizados desde hace años por parte del Estado paraguayo y la misma corresponde al 23,6% del Producto Interno Bruto (PIB) que actualmente es de aproximadamente US$ 40.000 millones.
Es importante explicar que estas cifras no incluyen la emisión de bonos soberanos de 500 millones realizada a mediados de enero de este año y los préstamos de US$ 1.600 millones.
Al respecto, el analista económico Stan Canova comentó que la deuda externa del Paraguay es la menor en comparación con los demás países de la región teniendo en cuenta el PIB.
“Lastimosamente emitir deuda será el mal menor dado que se necesita liquidez en el mercado local para dinamizar la economía”, explicó Stan Canova.
A finales de marzo, el ministro de Hacienda, Benigno López, explicó que existe bastante espacio para seguir endeudando al país y llegar hasta el 35% del PIB, lo cual es aun un pasivo razonable.
Con relación a las inversiones física, el año pasado el Paraguay cerró ese periodo con un déficit fiscal del 2,8%, equivalente a un total de US$ 1.120 millones los cuales fueron ejecutados en diversas obras de infraestructuras.
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Rolón destaca voluntad de regularizar deuda con IPS y aguarda informes sobre títulos falsos
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, se refirió a las gestiones impulsadas para regularizar la situación contractual y financiera con el Instituto de Previsión Social (IPS). A la vez hizo mención a los avances en investigaciones de relevancia, específicamente sobre el anuncio realizado por el Ejecutivo sobre la detección de aproximadamente 550 títulos universitarios y certificados de docentes presuntamente falsos o clonados.
Con relación a la deuda, Rolón comentó que la Fiscalía avanzó en las gestiones para regularizar la situación contractual y financiera con la previsional, respecto al inmueble donde funcionan importantes dependencias fiscales en Asunción.
Detalló que la deuda existente se originó a raíz de diferencias contractuales mantenidas con administraciones anteriores del IPS, relacionadas con obligaciones adicionales que, según argumentó, no corresponderían al arrendatario.
No obstante, el titular del órgano extrapoder destacó la voluntad institucional de cumplir con los compromisos pendientes y valoró la predisposición de las actuales autoridades previsionales para alcanzar un acuerdo que permita destrabar el proceso de pago y formalizar un nuevo contrato, de acuerdo a las informaciones proveídas desde el Ministerio Público.
A la vez, abogó sobre la necesidad de fortalecer el presupuesto institucional para garantizar condiciones adecuadas de funcionamiento, considerando que aproximadamente el 90 % de las sedes fiscales operan en inmuebles arrendados, muchos de los cuales no reúnen las condiciones requeridas para responder a las exigencias de la investigación penal moderna.
Rolón también destacó los avances de las obras del futuro edificio del Ministerio Público en Encarnación, infraestructura que permitirá centralizar servicios especializados y fortalecer la capacidad operativa de la institución en gran parte de la región sur y este del país.
Títulos falsos
Respecto al anuncio realizado desde el Poder Ejecutivo sobre la detección de más de 500 títulos de presunta dudosa procedencia, de los cuales más de la mitad corresponden a la carrera de Ciencias de la Educación, Rolón mencionó que hasta el momento la Fiscalía no recibió oficialmente los antecedentes correspondientes.
Sin embargo, el fiscal general del Estado garantizó que, una vez remitida la documentación pertinente, se analizará la conformación de equipos fiscales especializados para el análisis e investigación del caso, siguiendo modelos de trabajo aplicados en otras causas de alta complejidad.
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S&P sube la nota de la deuda argentina a B- con miras a recuperación económica
La agencia de calificación S&P Global elevó este miércoles la calificación crediticia de Argentina a “B-” debido a “la reducción de las vulnerabilidades económicas y la mejora gradual de la liquidez externa”.
De esta manera, S&P iguala la calificación otorgada por Fitch, que en mayo también ubicó en “B-” al país conducido por Javier Milei, cuyas reformas “sientan las bases para la continuación de la recuperación económica”, señaló la entidad en un informe.
S&P atribuyó la mejora al superávit fiscal sostenido, a la menor inflación y a un mayor acceso del gobierno al financiamiento.
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Para 2026 la agencia proyectó un crecimiento del 2,7 % y una inflación del 32 %, cerca del 32,4 % interanual actual y muy lejos del 117,8 % de 2024.
Entretanto, según el último dato disponible, la economía argentina registró en marzo un crecimiento interanual del 5,5 %.
Sin embargo, S&P advirtió que la deuda externa y la volatilidad siguen siendo fuentes de riesgo.
Desde su llegada a la presidencia en diciembre de 2023, Milei sostiene una política de duros recortes que le permitió cerrar sus dos primeros años de gobierno con superávit fiscal.
- Fuente: AFP
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IPS recuperó G. 9.391 millones en 2024 de una deuda cuya quita fue acordada en la era Abdo
En un nuevo caso de manipulación mediática, el diario Abc Color del Grupo Zuccolillo pretende atribuir al mandatario Santiago Peña haber digitado un acuerdo con quita millonaria de la deuda de una empresa de la familia política de Mario Abdo Benítez, en perjuicio del Instituto de Previsión Social (IPS).
Sin embargo, fue en el 2018, durante la gestión abdista que se “arregló” un acuerdo que recortaba la deuda de más de G. 10.000 millones a G. 5.557 millones en beneficio del Consorcio Hotelero Sudamericano, propiedad de sus familiares políticos.
Fue en el 2024, durante la presidencia de Peña que, al verificarse el incumplimiento del acuerdo del 2018, se ejecutó el cobro de G. 9.391 millones de la deuda en favor del IPS, quedando pendiente de cobro lo adeudado desde el 2018 en adelante.
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Empresa de la familia
El Consorcio Sudamericano SA (de Jorge López Moreira y Colaso Bo, familia política de Mario Abdo Benítez) adeudaba desde el 2014 la suma de G. 5.547 millones al Instituto de Previsión Social (IPS), deuda que fue litigada por muchos años por la previsional, que logró ganar en todas las instancias judiciales el cobro del capital y los intereses.
Para el 2017, la deuda ya alcanzaba más de G. 10.000 millones. Al año siguiente, pese a haber ganado el juicio, la previsional aceptó un acuerdo extrajudicial para que la deuda quede en G. 5.557 millones.
Esto generó una poda de la deuda de hasta G. 5.000 millones durante la era Abdo; además, se permitió el pago fraccionado en 120 cuotas, con un interés del 1% mensual (12% anual) aplicable a la mora de las cuotas. Un acuerdo favorecedor para la empresa.
Cobro en la era Peña
La situación cambió en el 2024, ya en el gobierno de Peña, cuando la previsional verificó el acuerdo y constató su incumplimiento, exigiendo el pago correspondiente por medio de la ejecución de cobro. Así, IPS logró cobrar en una primera instancia G. 7.500 millones y posteriormente G. 1.891 millones, sumando así un ingreso total de G. 9.391 millones a las arcas de la institución.
A pesar de la recuperación de la deuda y del nuevo acuerdo, el medio de los Zuccolillo trató de tergiversar lo ocurrido, atribuyendo al gobierno de Peña la quita acordada en plena era Abdo para la empresa de su familia política.
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Diputado asegura que Estado honrará deuda con vialeras
El diputado Alejandro Aguilera indicó que el gobierno nacional es serio, responsable y está llevando bien las riendas de la economía. Afirmó además que no tiene dudas de que las deudas con las empresas vialeras serán saldadas.
“Es una cuestión sencilla, las obras que se hicieron se tienen que pagar. Las empresas que hicieron esos trabajos tienen que cobrar ese dinero. Mucha gente depende de esas empresas”, señaló a TV Cámara.
El legislador colorado dijo que tanto obreros como proveedores de materiales dependen de esas empresas viales.
“El Estado tiene que ver los mecanismos para honrar esos compromisos. Y creo que está en condiciones de hacerlo. Es un gobierno serio y responsable. Está llevando bien las riendas de la economía el presidente de la República y no me queda la menor duda de que eso se va a cumplir”, indicó.
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Al igual que las farmacéuticas, las constructoras también rechazan el plan de factoraje que propone el Ministerio de Economía para saldar las deudas acumuladas al sostener que la medida no es equitativa.
Mediante un comunicado la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco)sentó postura en contra del factoraje reglamentado por el Poder Ejecutivo.
Para las vialeras, saldar la deuda es urgente, pero no es razonable presentar como propuesta de cumplimiento lo que, en realidad, “es un castigo al que ya cumplió”, conforme expresan.
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