La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) presentó un proyecto de ley que busca ampliar los mecanismos de pago del Estado para cubrir deudas acumuladas con proveedores del sistema de salud, en un contexto en el que el sector reporta compromisos por encima de los USD 1.200 millones, según declaraciones de su representante, Rocío Figueroa, en comunicación con la 650 AM.

De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, la deuda oficial asciende a USD 1.027 millones, aunque los proveedores del gremio estiman un monto mayor, lo que evidencia una brecha que presiona la sostenibilidad financiera de las empresas del sector.

El principal obstáculo radica en la normativa vigente, que limita la cesión de créditos exclusivamente al rubro 350, correspondiente a medicamentos. Esta restricción deja fuera 102 objetos de gasto vinculados al sistema sanitario, afectando la capacidad de recuperación de capital por parte de las empresas.

Como consecuencia, varias compañías han optado por suspender su participación en licitaciones públicas, lo que compromete la provisión de insumos y medicamentos, especialmente en casos sensibles como tratamientos bajo orden judicial.

El proyecto de ley, que ingresará al Congreso para su estudio inmediato, busca corregir estas limitaciones y habilitar mecanismos más amplios que permitan a los proveedores acceder a sus pagos en condiciones más ágiles.

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La acumulación de deuda, sumada a la emisión de nuevas órdenes de compra, profundiza la brecha financiera del sector, generando un efecto dominó en la cadena de suministro sanitario.

En este contexto, la Cripfa ya remitió la documentación técnica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para su validación formal, en busca de acelerar una solución estructural.

Además, los gremios solicitaron un tratamiento legislativo urgente tras la Semana Santa, considerando el riesgo creciente de interrupciones en el abastecimiento hospitalario.

Como parte de la hoja de ruta, las autoridades nacionales convocaron a una reunión para el próximo 7 de abril, cuando se analizará el impacto financiero real de la deuda en la provisión de servicios de salud.

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El retraso en los pagos del Estado a empresas vialeras y farmacéuticas está generando efectos en la cadena de pagos y en la actividad económica, al tiempo que plantea desafíos para la sostenibilidad fiscal en un escenario de menores ingresos, según señaló el analista financiero Stan Canova en conversación con La Nación/Nación Media.

De acuerdo con el especialista, cualquier incumplimiento en pagos previamente programados provoca un efecto dominó sobre los acreedores del Estado, quienes a su vez deben cumplir con compromisos financieros propios. “Las empresas también tienen acreedores y obligaciones. Si no reciben los ingresos previstos, se ven obligadas a reprogramar pagos, incorporando incluso intereses moratorios como costos”, explicó.

En este contexto, indicó que la interrupción en los flujos de pago afecta no solo a los proveedores directos, sino a toda la cadena económica, reduciendo la previsibilidad y generando presiones adicionales sobre la liquidez del sector privado.

Respecto a la sostenibilidad fiscal, Canova sostuvo que el Presupuesto General de la Nación (PGN) fue aprobado en un contexto con fuerte componente político, lo que derivó en ampliaciones que hoy enfrentan restricciones financieras. “La realidad obliga a entrar en una economía de priorización. Seguir acumulando compromisos sin respaldo en un contexto de menor recaudación puede afectar la credibilidad fiscal”, afirmó.

Asimismo, consideró que el ajuste no debería centrarse en una suba de impuestos, teniendo en cuenta que los ingresos fiscales han mostrado incrementos en los últimos años mediante mejoras en la gestión tributaria.

En cuanto al comportamiento del tipo de cambio, el analista señaló que la reciente debilidad del dólar incidió en la recaudación en guaraníes, particularmente en el componente aduanero. No obstante, aclaró que también genera un efecto compensatorio al reducir el costo de las obligaciones del Estado en moneda extranjera.

“Las principales fuentes de ingresos siguen siendo el IVA y el IRE, por lo que el impacto debe analizarse de forma integral”, puntualizó.

Sobre el mecanismo de factoraje impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Canova explicó que se trata de una herramienta que permite a los proveedores acceder a liquidez mediante la cesión de facturas a entidades financieras.

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Sin embargo, advirtió que este esquema implica costos adicionales. “El factoring facilita el cobro, pero el costo financiero no desaparece. El Estado termina asumiendo tanto los intereses por mora como el descuento aplicado en la operación”, indicó.

En esa línea, señaló que este mecanismo podría incrementar el costo total de las obras o servicios en el mediano plazo, a pesar de aliviar la liquidez en el corto plazo.

“El enfoque debe estar en eliminar gastos no prioritarios y alinear los compromisos con los ingresos proyectados”, sostuvo, al tiempo de subrayar que el principal desafío radica en mejorar la asignación del gasto más que en la generación de nuevos ingresos.

Finalmente, remarcó que el escenario actual no compromete el funcionamiento básico del Estado, pero sí exige una mayor disciplina fiscal de cara a los próximos ejercicios presupuestarios.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) introdujo cambios en el Sistema de Pagos del Paraguay (Sipap) y en el Sistema de Pagos Instantáneos (SPI), con el objetivo de ampliar y modernizar las operaciones digitales dentro del sistema financiero, en un contexto de fuerte crecimiento de las transacciones electrónicas en el país.

Uno de los principales ajustes es el aumento del límite para las transferencias realizadas mediante el SPI. Desde el 14 de marzo, las entidades financieras y bancos pueden realizar transferencias instantáneas de hasta G. 10 millones por operación, disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Además, el BCP incorporó un módulo central de interoperabilidad para pagos con código QR dentro del sistema de pagos. Esta herramienta permite interconectar a bancos, financieras y billeteras electrónicas, de modo que los pagos realizados mediante QR puedan funcionar entre distintas plataformas.

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Con esto se busca que un mismo código QR pueda ser utilizado por usuarios de diferentes entidades financieras o aplicaciones de pago, impulsando la interoperabilidad y simplificando las transacciones en comercios.

En paralelo, la nueva reglamentación habilita el uso de la tecnología NFC (Near Field Communication) como método de iniciación de pagos electrónicos dentro del ecosistema regulado. Esta tecnología permite realizar pagos sin contacto acercando dispositivos como teléfonos celulares, relojes inteligentes u otros equipos digitales a terminales habilitadas, ampliando las alternativas de pago digital disponibles para los usuarios.

Solo en diciembre de 2025 se registraron alrededor de 47 millones de transferencias a través del sistema, por un valor total cercano a PYG 84 billones (unos USD 13.000 millones), reflejando la creciente adopción de los canales digitales para operaciones financieras.

En el caso de los pagos con QR, datos de Bancard indican que en 2025 se realizaron más de 180 millones de transacciones a través de este mecanismo. Solo en diciembre del año pasado se alcanzaron cerca de 20 millones de operaciones. A

Actualmente, se estima que 7 de cada 10 pagos realizados en comercios adheridos ya se efectúan mediante código QR, consolidándolo como uno de los medios de pago digitales más utilizados en el país.

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Con el objetivo de avanzar en mecanismos que fortalezcan la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y de los productores de la agricultura familiar en la cadena de suministro del Programa Hambre Cero en las Escuelas, desde el gobierno buscan articular acciones para mejorar el flujo de trabajo.

En este sentido, el viceministro de Mipymes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Giménez, mantuvo una reunión con representantes de la Cámara de Alimentación Escolar del Paraguay, encabezada por el presidente Victor Mendoza Larroza. Durante el encuentro, una de las principales iniciativas analizadas fue la implementación del programa Adelanta.

Este programa permitirá a proveedores cobrar en un plazo menor a una semana las facturas emitidas a las empresas adjudicadas del programa alimentario. El viceministro puntualizó que actualmente unas 28 empresas están a cargo de la provisión dentro de Hambre Cero.

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“Buscamos que tanto las mipymes como los productores no tengan que esperar el cobro y que esto se convierta en una oportunidad para tener más oxígeno financiero y poder seguir produciendo y creciendo dentro de toda la cadena de suministro”, indicó Giménez.

Otro de los puntos abordados fue la posibilidad de incrementar el valor agregado de los productos utilizados en el programa mediante un mayor proceso de industrialización dentro de la cadena productiva.

En ese sentido, equipos técnicos del MIC, en coordinación con el Viceministerio de Industria y la Cámara de Alimentación Escolar, evaluaron cuáles son los productos con mayor potencial para ser industrializados a partir de la producción de la agricultura familiar, ampliando así también las oportunidades para las Mipymes.

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