Tras mantener ayer un encuentro con el presidente en ejercicio, Pedro Alliana, el titular del Instituto de Previsión Social, Derlis León, manifestó que existe un panorama propicio para que la institución inicie el cobro de USD 70 millones al Ministerio de Salud Pública por los gastos acumulados por la atención médica y los servicios sanitarios brindados a personas no aseguradas durante la pandemia del covid-19.

“Según los informes que tengo recabados, la deuda asciende a un poco más de USD 70 millones, pero, como somos dos instituciones que trabajan en conjunto, quedó para el diálogo también la posibilidad de una compensación que lo hacemos casi a diario en el sentido de la cooperación en servicios o medicamentos. Ahora la situación está propicia para que avancemos al mecanismo de compensación”, refirió León, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

A la vez, se refirió sobre el pedido realizado a la Cámara de Diputados referente a postergar el proyecto que declara la emergencia en IPS, teniendo en cuenta que el contexto de urgencia varió desde el momento en que fue planteado desde el Congreso Nacional. Incluso se analiza la posibilidad de requerir al Ejecutivo el veto de llegarse a sancionar.

“El escenario es un poco más alentador que hace 3 meses. Tanto la versión del Senado como Diputados coincidían en algún instrumento para ayudarnos a afrontar nuestros requerimientos en recursos humanos, porque eso también fue y es una crisis para la institución, donde nuestros especialistas terminaron migrando al Ministerio de Salud por una diferencia salarial”, manifestó.

León acotó que “ambas versiones sugerían que seamos ágiles para contratar más médicos y también, de alguna manera, reponer velozmente las renuncias, solamente en lo que va de los últimos 8 meses han renunciado más de 150 enfermeros, más de 80 médicos, principalmente por la precariedad salarial que está planteada también dentro de nuestra situación actual. Antes de que inicie esta propuesta para ayudar al IPS, nosotros no teníamos la posibilidad de contratar a los 500 médicos, que ya estamos contratando en las últimas dos semanas para seguir cumpliendo la ley de reducción de carga horaria”.

No obstante, refirió que quedará pendiente contratar enfermeros u otros personales extranjeros de alta capacitación. Así mismo, comentó que el escenario también es diferente en cuanto a la adquisición de medicamentos e insumos.

La iniciativa de emergencia plantea la búsqueda de mecanismos abreviados para las compras públicas. “Hemos accedido a más de G. 800 mil millones y llegaremos a G. 1 billón en el presupuesto del 2027 para la emisión de órdenes de compras y poder abastecernos y eso arrancó hace 4 semanas atrás aproximadamente. Ya la ciudadanía irá sintiendo que el IPS está abastecido, ayer martes tuvimos una llegada importante de medicamentos”, puntualizó.

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Con relación a las alternativas que manejan para el pago de las deudas vencidas de la previsional, León refirió que una de ellas consistiría en acceder a un crédito bancario a una tasa del 9 % colocando las reservas técnicas de la institución de garantía.

“La versión del proyecto de Senadores consistía en aumentar el tope de depósito en la banca, pero el escenario también es diferente en este momento. Me reuní con el equipo administrativo y solicité el estudio de una alternativa o plan B, el cual ya surgió. La reserva técnica es de G. 300 mil millones, el cual se puede utilizar como garantía para un préstamo a la misma tasa, es un ejercicio habitual y avanzaremos hacia este lado”, detalló.

Por otra parte, León calificó de positiva la reunión que mantuvo con Alliana, a quien planteó una serie de iniciativas para zanjar los conflictos que subsisten en la previsional. “Fue la presentación de un análisis de la percepción de la gestión y sugerencia para fortalecer las áreas más débiles. Como es sabido, en IPS nuestra dificultad mayor es el stock de los medicamentos y el acceso a los servicios, entonces fue un momento de diálogo. La instrucción del presidente Santiago Peña y del vicepresidente Pedro Alliana es que redoblemos los esfuerzos para estas dos áreas”, refirió.

El médico agregó que “ambos piden especial atención en el abastecimiento de medicamentos y el acceso a nuestros servicios de salud, fue muy buena la reunión y nos fuimos planteándole muchas estrategias para buscar resultados en el menor tiempo posible”.

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• Por Arturo Peña Villaalta
• arturo.pena@nacionmedia.com

Desde el 2021, cada 19 de setiembre se recuerda en nuestro país el Día del Intensivista. La conmemoración nos remonta directamente a ese tiempo de la historia reciente que marcó al mundo: la pandemia de covid-19.

Paraguay estaba quizás entre los países menos preparados para un desafío de tal magnitud. Según los registros del Ministerio de Salud, para el 2020 había 194 profesionales intensivistas censados. Con estos soldados y unas 380 camas en las UTI del país fuimos a la guerra contra el covid.

Para el 2021 la cantidad de camas se duplicó pero se abría la crisis de la falta de personal. Muchos fueron formados en el campo de batalla. Escasez de medicamentos, falta de oxígeno, nuevos equipos que había aprender a manejar, el temor por sus propias vidas y las de sus familias… Es imposible dimensionar lo que los trabajadores de la salud pasaron durante ese tiempo. En especial aquellos que trabajaron horas y horas encerrados en las unidades de terapia intensiva.

Durante la pandemia el trabajo periodístico tampoco se detuvo. Las salas de prensa pasaron obligadamente a trabajar a distancia, sin embargo, muchos periodistas, fotógrafos, camarógrafos y choferes siguieron realizando la cobertura desde las calles, desde los hospitales, informando a diario sobre el transcurrir de esos difíciles días.

El Facebook me recordaba esta semana una edición especial del diario La Nación del 6 de setiembre de 2020, en homenaje al personal de blanco que daba batalla en hospitales en momentos en que la curva de contagios iba en ascenso. Fue un compendio de notas realizadas en diferentes puestos sanitarios, con testimonios de primera mano del personal de salud, sus vivencias, sus temores. Con un equipo de prensa fuimos a realizar un reportaje al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Prof. Dr. Juan Max Boettner, el Ineram. Este hospital se había vuelto la principal trinchera de la lucha contra el covid. Allí pudimos conversar con trabajadores de varias áreas, quienes –algunos entre lágrimas– contaron cómo la pandemia les había llevado al límite de su capacidad tanto profesional como humana.

“Una vez que un paciente ingresa, ya se queda 100 % a nuestro cuidado. El personal de blanco también tiene que estar viendo no solo la parte pulmonar o cardiaca, sino también la parte psicológica, la contención. Hacemos también enfermería psicológica”, relataba el jefe de la UTI de adultos del Ineram. Mencionaba el impacto que tenía en muchos pacientes los trajes especiales que se utilizaban. Algunos intensivistas llegaron a imprimir fotos de sus rostros y pegarlos sobre las máscaras, para que los enfermos pudieran reconocerlos y no se sintieran tan intimidados.

Con la aprobación de la Ley n.º 7.159/2023, los especialistas en medicina crítica e intensiva pudieron alcanzar algunas reivindicaciones y beneficios. Según Salud, a los cerca de 300 existentes actualmente, este año se sumó la contratación de otros 270 nuevos médicos asignados a las UTI.

La pandemia, que se extendió desde el 2020 al 2023, dejó lecciones muy duras que nunca debemos olvidar. Una de ellas es la importancia de un sistema de salud fuerte y de equipos humanos suficientes, especializados y remunerados de forma acorde.

“Nos cambió la vida realmente este virus y nos hizo saber que hay cosas más importantes por las que luchar y no por cosas banales puramente”, me decía en aquel reportaje el entonces director del Ineram, el doctor Felipe González.

Mientras nos perdemos en discusiones banales y torcidas en las redes sociales, en las UTI del país, en este momento, se libra la batalla cotidiana por preservar la vida. Por lo menos en este día, el del Intensivista, tomemos conciencia de ello.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), continúa este jueves con el pago a proveedores y acreedores del Estado, con un desembolso total de G. 132.936 millones, financiado con Recursos del Tesoro, del Crédito Público, e Institucionales.

Del monto previsto G. 670 millones corresponden a la Fuente 10, destinados a caja chica y gastos reservados. En tanto, G. 30.385 millones serán desembolsados con Fuente 20 para el pago a proveedores y acreedores del Estado. La Tesorería General procesará la totalidad de los compromisos correspondientes a las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) ingresadas el martes 8 y miércoles 9 de setiembre.

Por su parte, la mayor parte del desembolso sumará G. 101.881 millones, correspondiente a la Fuente 30, también destinada a caja chica, gastos reservados y al pago a proveedores y acreedores del Estado. El MEF señaló que de esta manera las transferencias continúan de manera sostenida, conforme a las solicitudes presentadas.

También se encuentra disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), dentro de compras públicas, en el apartado pagos, así como en la sección “Enlaces de Interés” del Sistema de Proveedores del Estado (Sipe). El calendario de pagos puede ser consultado en el sitio web institucional, en el apartado consulta ciudadana, luego calendario de pagos, e ingresando a pago a proveedores.

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Asimismo, el martes pasado el MEF desembolsó G. 222.265 millones para el pago a empresas proveedoras de bienes y servicios al Estado. En la fecha se procesaron la totalidad de los compromisos correspondientes a las STR ingresadas a la DGTP los días jueves 3, viernes 4 y lunes 7 de setiembre de 2026.

Del total previsto, G. 94 millones correspondieron a la Fuente 10, destinados a caja chica y gratuidad en la Educación Superior, G. 169.753 millones a la Fuente 20, para el pago a proveedores y acreedores del Estado, mientras que G. 52.419 millones a la Fuente 30, también destinados al pago a proveedores y acreedores del Estado.

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Entre enero y agosto de 2026, la Itaipú Binacional transfirió alrededor de USD 310 millones al Gobierno del Paraguay en concepto de royalties, cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande).

Estos desembolsos están contemplados en el Anexo C del Tratado y son destinados a gobernaciones, municipios y a la empresa estatal de energía eléctrica para llevar adelante obras y proyectos en beneficio del país.

De acuerdo con el reporte de la Dirección Financiera de Itaipú, en estos ocho meses del presente ejercicio, el Tesoro paraguayo recibió USD 175 millones por royalties e ingresó USD 89 millones por cesión de energía.

La Ande recibió USD 46 millones por resarcimiento de las cargas de administración y utilidades del capital.

En lo que corresponde únicamente a las remesas efectuadas en agosto, los royalties totalizaron unos USD 22 millones, mientras que la compensación por cesión de energía alcanzó unos USD 11 millones.

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Por su parte, la compañía eléctrica tuvo un ingreso de USD 1,7 millones por resarcimiento. De esta manera, fueron transferidos alrededor de USD 35 millones durante ese mes.

Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra parte es transferida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a los gobiernos departamentales y municipales.

En el caso de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y otro porcentaje es distribuido entre municipios y gobernaciones.

Vale destacar que los pagos a la Ande le permiten a la compañía eléctrica contar con fondos garantizados y previsibles para cumplir con sus planes de inversión, con el objetivo de mejorar la prestación del servicio de electricidad en todo el Paraguay.

Además de mantener su nivel de generación de energía, la binacional continúa realizando las transferencias y cumpliendo con sus compromisos financieros, cuyos recursos son destinados al Estado paraguayo conforme a lo establecido en el Anexo C del Tratado.

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