Un riguroso control se debe realizar sobre los recursos destinados a paliar las necesidades que padece actualmente el Paraguay ante la circulación de COVID-19. Ante esta situación, numerosos sectores reclaman el uso correcto de los fondos que fueron proporcionados por diversas fuentes, entre ellas, préstamos internacionales que son de aproximadamente US$ 1.600 millones.
Desde la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) sostienen que es prioritario y crucial un cierto control cercano y preciso de los recursos. Así manifestó el representante legal de la misma, Rubén Ramírez.
“Se debe realizar una rendición de cuentas transparente en los momentos que vivimos. No se puede malgastar los fondos y se debe priorizar la salud de las personas, principalmente, las más vulnerables”, manifestó el representante de la CAP.
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Asimismo explicó que de esta situación vivida actualmente se aprenderá una serie de cuestiones, entre ellas, la necesidad de mejorar la calidad del gasto que registra el Estado.
“Esperamos que esta etapa sea la oportunidad de abordar definitivamente una reforma que mejore la calidad del gasto público”, expresó Ramírez.
Por su parte, el analista económico Stan Canova expresó que los recursos que son destinados a la emergencia que vive actualmente el país deben ser honrados con el uso adecuado y transparente.
Comentó que este hecho inesperado deja una serie de enseñanzas, y que las autorizadas estatales y la población en general deben cambiar la manera de ver las cuestiones que atañen a temas presupuestarios, sobre todo, las prioridades como el sector de salud y educación.
“Hay que tener cambiar la manera de mirar las cosas, de ser más exigentes en el destino de los recursos y en la manera que se utilizan los mismos, que sea efectiva y transparente”, señaló.
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Fideicomiso, cimientos de confianza
Esta figura permite separar los bienes de un proyecto del patrimonio de sus participantes, ordenar los aportes de capital y establecer reglas para administrar los recursos. La notaria pública Annabel Villalba explica sus ventajas, alcances y aspectos importantes antes de invertir.
El fideicomiso inmobiliario gana cada vez más relevancia como alternativa para estructurar negocios, atraer inversores y brindar mayor previsibilidad a los proyectos de construcción. En Paraguay, está regulado por la Ley N.º 921/1996, de Negocios Fiduciarios, y por las disposiciones del Banco Central del Paraguay (BCP). La notaria pública Annabel Villalba señaló que su principal característica es la constitución de un patrimonio autónomo, separado tanto de los bienes de quien los aporta como de los de la entidad que los administra.
Pero, ¿cómo funciona y quiénes participan? El mecanismo consiste en transferir un terreno, dinero u otros bienes a un fiduciario, que los administra para cumplir una finalidad establecida en un contrato. Esta función está reservada a bancos, financieras y empresas fiduciarias autorizadas y supervisadas por el BCP.
A diferencia de una compra tradicional en pozo, en la que el comprador paga directamente al desarrollador, en el fideicomiso los fondos ingresan a cuentas propias del negocio y solo pueden utilizarse para el objetivo pactado. “El fideicomiso es una forma de ordenar la confianza”, acotó Annabel.
De esta manera, el desarrollador puede sumar inversores o propietarios de terrenos, mientras que quienes aportan capital conocen el destino previsto de sus recursos.
Más opciones para financiar obras. El fideicomiso no presta dinero, sino que facilita la organización de aportes provenientes de distintas fuentes, como terrenos, inversores, cuotas de preventa y créditos. También puede estructurarse como garantía para respaldar una financiación bancaria.
La separación patrimonial constituye una protección relevante, ya que los bienes afectados al negocio no quedan expuestos a los acreedores particulares de quien los aportó. Además, los fondos deben mantenerse en cuentas identificadas identificadas, cada fideicomiso lleva su propia contabilidad y el fiduciario debe informar al menos trimestralmente.
En proyectos de construcción, también se contemplan controles sobre el terreno, su tasación, la solvencia del constructor y las condiciones financieras para completar la obra. Los desembolsos pueden vincularse al avance y la fiscalización debe estar a cargo de un profesional independiente.
Costos y decisiones antes de invertir. Constituir un fideicomiso implica honorarios de estructuración y administración, además de gastos de escrituración, registros y tasaciones. La operación debe analizarse también desde el punto de vista tributario, porque el tratamiento depende de la naturaleza de los aportes y de los beneficiarios.
La especialista recomienda evaluar la escala del proyecto, la entidad fiduciaria, la situación jurídica del inmueble y las condiciones del contrato. También es importante distinguir entre proyectos a precio fijo, en los que el desarrollador asume los desvíos de costos, y aquellos al costo, donde estos pueden recaer sobre los compradores.
El fideicomiso, advirtió, no elimina todos los riesgos ni garantiza que una obra termine según lo previsto. Por eso, comprender las obligaciones de cada parte y los mecanismos previstos ante incumplimientos resulta esencial para proteger la inversión.
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Caso ueno bank: Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, actuar con transparencia y evitar la impunidad
La Iglesia pide priorizar a los más vulnerables, empezando por los jubilados y trabajadores, pequeños ahorristas y emprendedores para la recuperación de sus dineros lo antes posible, “sin trámites ni esperas innecesarias”, con especial ayuda a los adultos mayores, manifestaron los obispos en un comunicado dado a conocer este miércoles tras la crisis financiera desatada con la resolución de ueno bank.
Asimismo, expresaron su cercanía a las personas y familias afectadas. “Miles de personas se quedaron sin acceso a su dinero: el sueldo del trabajador, la jubilación del abuelo, la caja del pequeño negocio, el ahorro de toda una vida. Detrás de cada depósito hay esfuerzos, proyectos y esperanzas que deben ser respetados”, recordaron.
El mensaje dirigido a la ciudadanía fue emitido en el marco de la 250.ª Asamblea General Ordinaria, por los obispos de la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP), dando su postura ante la realidad nacional y los recientes acontecimientos.
Los religiosos católicos también reclaman transparencia en la información sobre dinero público y de la previsional. “Que se informe con claridad cuánto dinero, cuánto dinero del IPS y del Estado estaba en este banco y cómo se va a proteger, con participación de las partes interesadas. Ese dinero es del pueblo”, puntualizaron.
Hacen un llamado a las autoridades a impartir justicia sin dar lugar a la impunidad. ”Que el Congreso, la Fiscalía, la Contraloría y el propio Banco Central investiguen a fondo, sin importar cargos ni cercanías al poder. Que se esclarezcan los hechos, se determinen las responsabilidades y, si se comprueban, se apliquen las sanciones que manda la ley y se repare el daño causado”, sentenciaron.
Por otra parte, invitan a la ciudadanía a estar alerta. “Invitamos a todos a seguir de cerca las decisiones de las autoridades, con responsabilidad y respeto para que la verdad salga a la luz. La corrupción y la impunidad no pueden tener lugar en el Paraguay”, subrayaron.
Finalmente, piden a las parroquias acompañar a los afectados y les ayuden con los trámites, atendiendo a no caer en manos de estafadores. “No entreguen sus claves a nadie que prometa ‘recuperar’ su dinero”, advierten.
Los obispos, por su parte, se unen en oración rogando superar este difícil momento que afronta nuestro país.
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Caso ueno bank: defensor del pueblo exige transparencia y garantías para ahorros y fondos del IPS
Ante la situación de ueno bank, el defensor del Pueblo exige transparencia, responsabilidades y garantías concretas para proteger los ahorros de la ciudadanía y los fondos jubilatorios. Advierte que la incertidumbre sobre el dinero de miles de familias no puede quedar sin respuesta.
El defensor del Pueblo, Rafael Luis Ávila Macke, expresó su profunda preocupación ante la crisis financiera de ueno bank y considera inadmisible que miles de ciudadanos enfrenten incertidumbre sobre sus ahorros, salarios y recursos destinados a su subsistencia. La situación adquiere especial gravedad ante los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), comprometidos en la entidad bancaria, recursos que pertenecen a los trabajadores y jubilados paraguayos y cuya protección debe ser una prioridad absoluta del Estado.
“El dinero de los trabajadores, jubilados y ahorristas no puede quedar a merced de decisiones irresponsables ni de eventuales irregularidades financieras. Detrás de cada cuenta bancaria hay familias, medicamentos que comprar, alimentos que llevar a la mesa y obligaciones que cumplir. La ciudadanía no tiene por qué pagar las consecuencias de errores ajenos”, manifestó el defensor del Pueblo.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exige al Banco Central del Paraguay (BCP) y a las instituciones competentes respuestas inmediatas, información transparente y garantías efectivas para la recuperación de los depósitos, sin someter a los afectados a trámites interminables ni a una incertidumbre injustificada.
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Asimismo, considera indispensable esclarecer cómo se llegó a esta situación, determinar si existieron fallas en los mecanismos de supervisión y establecer las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. “No basta con anunciar que los depósitos están garantizados. La gente necesita saber cuándo y cómo recuperará su dinero. La confianza pública no se recupera con discursos, sino con hechos, transparencia y responsables que rindan cuentas”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo sostiene que ninguna consideración económica, empresarial o política puede estar por encima de los derechos de la ciudadanía. Los ahorros de los paraguayos deben ser protegidos, los fondos jubilatorios resguardados y los hechos investigados hasta sus últimas consecuencias. La ciudadanía merece respuestas, no excusas.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.