El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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La Comisión Europea, brazo ejecutivo de la UE, anunció este miércoles la imposición de cuantiosas multas por valor de centenas de millones de euros a Apple y Meta, una iniciativa susceptible de desatar la furia del gobierno estadounidense.

Apple recibió una multa de 500 millones de euros (unos 570 millones de dólares) y Meta (matriz de Facebook e Instagram) una sanción por 200 millones de euros (casi USD 230 millones), por vulneración de las normas vigentes sobre competencia.

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Se trata de las primeras multas aplicadas por la Comisión bajo la ley de Mercados Digitales (DMA, en inglés), que entró en vigor al año pasado y que exige a los gigantes del sector adaptarse a las normas europeas sobre competencia.

La Comisión advirtió que las multas podría aumentar en caso de que Apple y Meta no inicien su adaptación en un plazo de 60 días. Desde que Donald Trump retornó a la Casa Blanca, la DMA y la ley que la acompaña, sobre Servicios Digitales (DSA), se convirtieron en blanco de duras críticas por parte del gobierno estadounidense.

Las autoridades en Washington sostienen que la normativa constituye una “barrera no arancelaria” que afecta de forma desproporcionada a las empresas estadounidenses.

En el comunicado en que anunció las multas, la comisaria europea de Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, afirmó que las sanciones son “un mensaje fuerte y claro”, aunque apuntó que las medidas son “firmes pero equilibradas”.

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En este caso específico, Apple es acusada de limitar la capacidad de operación de desarrolladores de aplicaciones alternativas, quienes no pueden ofrecer precios menores. En tanto, Meta fue multada por el modelo de privacidad impuesto a sus usuarios, que deben autorizar el uso de la información que proporcionan o deben pagar una tarifa, un sistema que la Comisión consideró que “no se ajusta a la DMA”.

En un comunicado, Apple adelantó que apelará la multa. Por su parte, Meta acusó a la UE de buscar “perjudicar a las empresas estadounidenses exitosas, aunque permite a las empresas chinas y europeas operar bajo diferentes estándares”.

Fuente: AFP

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), dispuso extender de manera excepcional el plazo para presentación de estados financieros para los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), con el objetivo de alivianar la carga y con ello evitar la generación de incumplimientos.

La Resolución General N° 29/2025 establece que los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal cerrado el 31 de diciembre de 2024 podrán presentarse durante junio de 2025, en lugar de la fecha original, conforme al Calendario de Vencimientos de Declaraciones Juradas Informativas.

Por otro lado, los contribuyentes del IRP con cierres en abril o junio de 2025 deberán presentar sus informes en los plazos ya fijados, sin cambios, informaron desde la DNIT.

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El gremio de contadores solicitó a la DNIT extender el plazo para la presentación de los estados financieros de los contribuyentes del Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), alegando que tuvieron inconvenientes en la plataforma a la hora de cargar los informes.

En la nota presentada, explicaron que en el periodo 2024 muchos contribuyentes experimentaron inconvenientes tras la implementación de la factura electrónica, por lo que algunos pueden requerir una solución. Mencionaron además que al acoplar sistemas diferentes, pueden afectar los resultados, con registros y documentos que contienen diferencias.

La DNIT estableció que desde el 1 de abril todas las personas jurí­dicas que se inscriban como nuevos contribuyentes del Registro Único del Contribu­yente (RUC) deberán emitir sus documentos tributarios solo de forma electrónica. Los tributantes deberán realizar este procedimiento digital a través del sistema E-kutia o del sistema E-kua­tia’i con excepción del com­probante de retención vir­tual.

Según un reporte de mediados de marzo, la institución sumó más de 8.000 facturadores electrónicos a nivel país y superó la marca de 1.260 millones de documentos electrónicos recibidos mediante el Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).

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La Cámara de Diputados tiene previsto analizar como primeros puntos del orden del día en su próxima sesión ordinaria, dos proyectos de ley que plantean la exoneración de pagos de las tasas de peajes en todo el país, por un lado y por otro, la exoneración de la misma tasa en los peajes del departamento de Itapúa.

Durante la última reunión de la Mesa Directiva de la Cámara Baja, establecieron el orden del día para la plenaria ordinaria del próximo martes 1 de abril. Como primer punto incluyeron el proyecto de ley “Que establece el procedimiento jurídico marco para la exoneración del pago de la tasa de peajes en todo el país”.

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Esta propuesta busca que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tenga una herramienta legal a la hora de exonerar el pago de la tasa de peaje a los ciudadanos. El documento expone que la iniciativa surge en respuesta a las constantes manifestaciones de pobladores de diversos distritos, que se oponen al pago de la tasa de peaje y solicitan su exoneración en los puestos habilitados dentro de sus municipios.

El proyecto establece, además la exoneración total del pago del peaje a los habitantes de los distritos donde se encuentran los puestos de cobro. “Este beneficio aplicaría para un máximo de dos veces al día (ida y vuelta) y solo en los peajes ubicados dentro del municipio de residencia del beneficiario. Además, se propone una reducción del 50% en la tarifa para los residentes de distritos aledaños dentro del mismo departamento”, explica el documento.

Asimismo, la iniciativa que se encuentra en su primer trámite constitucional contempla la exoneración total del pago de peajes para ambulancias, unidades de emergencia médica, vehículos oficiales de las Fuerzas Públicas y cuerpos de bomberos, con el fin de garantizar la operatividad de estos servicios esenciales sin costos adicionales.

Por otra parte, se incluyó además una segunda propuesta similar, pero en este caso, se solicita la exoneración del pago de peaje dentro del Departamento de Itapúa. Plantea la exoneración de las tasas al tránsito automotor en la estación ‘Portal de Itapúa’, ubicada en el kilómetro 281 de la Ruta PY01, distrito de General Delgado del Departamento de Itapúa, a los vehículos de ciudadanos de la comunidad de San Ramón del distrito de Santiago (Misiones) y Gral. Delgado (Itapúa)”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa tiene como objetivo aliviar la carga económica de los habitantes de la región, los que deben desplazarse diariamente por dicho tramo para cumplir con sus obligaciones laborales, comerciales, educativas y de salud.

Añade que la iniciativa surge en respuesta al Decreto Nº 3.420, emitido el 28 de febrero de 2025 por el Poder Ejecutivo, que ordenó el traslado del peaje del distrito de Coronel Bogado al distrito de General Delgado.

“Esta reubicación, que entró en vigencia el 4 de marzo del presente año, ha generado un fuerte rechazo por parte de los ciudadanos afectados, los que han manifestado su descontento y exigen alternativas que mitiguen el impacto económico de la medida”, expresa parte del documento de fundamentación del proyecto.

El proyecto de ley, que también se encuentra en su primer trámite constitucional, establece la exoneración del 100% del pago de peaje para los ciudadanos de San Ramón y General Delgado, siempre que presenten documentos que acrediten su residencia en dichas localidades.

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