El presidente de la República, Santiago Peña, pidió cautela a los docentes que exigen aumento salarial por encima de los índices de inflación. Indico que, el gobierno está llevando adelante varios programas sociales que demandan mucha inversión y la prioridad es cuidar el tope del déficit fiscal.

Mientras que en las calles de Asunción se llevaba a cabo este lunes una manifestación de varios gremios de docentes, en Alberdi, departamento de Ñeembucú, el jefe de Estado señaló ante varios medios de prensa que el interés de parte de los sindicatos docentes siempre es genuino, al momento de buscar ganar un mejor salario.

Recordó que en la época que asumió como ministro de Hacienda, existía una ley que establecía el salario mínimo docente, pero el cual por más de 15 años no se había cumplido; desde que llegaron a la cartera de Estado se buscó trabajar en ese proceso y a lo largo de 7 años se cumplió con el escalafón docente.

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“Ellos están planteando un aumento por encima de la inflación y nosotros les estamos pidiendo que seamos conscientes de los enormes esfuerzos que se están haciendo en materia social. Este año se ha tenido un enorme crecimiento en los programas sociales, no solamente Hambre Cero, también el programa Tekoporá Mbareté, el programa de Adultos Mayores que ha incorporado 40 mil beneficiarios”, comentó.

Agregó que si bien, con la creación de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) en el 2024, se logró un aumento muy importante de los ingresos; pero este año ya no se está teniendo ese volumen.

Señaló que ya están culminando el proyecto del Presupuesto General 2026, que en días más se presentará al Congreso nacional. “Nosotros le pedimos cautela a los docentes, porque debemos cumplir también nuestro compromiso de ir reduciendo el déficit fiscal, para cumplir también con la Ley de Responsabilidad Fiscal que por tantos años no se ha cumplido”, expresó.

El mandatario insistió en que reconocen las demandas genuinas de los docentes, y que durante las mesas de negociación se les dio todo lo que pidieron. Pero hoy hay un punto en que no se está contando con el suficiente recurso, como para responder a la demanda del aumento salarial.

“Lastimosamente, hoy no contamos con esos recursos, porque finalmente tendríamos que cortar recursos de los programas sociales para poder darles ese aumento. Por eso, les estamos pidiendo que este año no tengamos esta discusión. Sí nos podríamos sentar nuevamente el próximo año a discutir” expresó.

El presidente Peña señaló que el sueño y anhelo de su gobierno es contar con docentes bien capacitados, bien remunerados porque esa es la clave, ya que no existe sistema de educación pública que no cuente con docentes bien capacitados y bien remunerados.

Por otra parte, el mandatario fue consultado respecto a las gestiones para lograr un paso fronterizo entre Alberdi y Formosa, a lo que resaltó las buenas relaciones con el gobierno provincial de Formosa y el gobierno nacional de Argentina.

Indicó que son muy conscientes de que algunas medidas son más fáciles que otras, pero de todos modos se están logrando avances enormes. Citó por ejemplo el paso fronterizo entre Encarnación y Posadas, que por años fue un paso complicado, y sin embargo, en la actualidad se logró el Centro Fronterizo Unificado el cual se busca replicar en todos los pasos fronterizos.

“Aquí entre Alberdi y Formosa no contamos con un puente y la balsa cumple un gran rol, el cual es fundamental. Pero se seguirá insistiendo para concretar un puente”, expresó.

Sostuvo que existe una excelente armonía, así como una enorme gana de cooperar, pero más allá del intercambio económico hay un intercambio cultural entre ambos pueblos. Reconoció que tanto la ciudad de Alberdi, como el Paraguay en general tienen un sentido de gratitud.

“Los alberdeños han recibido tantas muestras de generosidad por parte del pueblo de Formosa en momentos tan difíciles. Hay un sentimiento de hermandad enorme y queremos seguir trabajando; solo que hay que tener un poco de paciencia, porque algunas cosas salen más rápido que otras. Pero no hay que perder el sentido de hermandad que siempre nos ha caracterizado como pueblos hermanos”, concluyó.

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El consumidor se queja con razón cuando se percata de que el etique­tado de vencimiento sobrepasó con creces el plazo de vigencia del pro­ducto y más cuando no son escuchados ni aten­didos sus legítimos reclamos.

Resulta todavía más grave si se refiere a un bien a ser consumido en los hogares. Los riesgos de intoxicación están latentes pudiendo provocar severos daños a las personas de todas las edades y más si se trata de niños y ancianos.

Aquí no hacemos apología del sentimentalismo. Creemos que antes de lamentar lo peor, es mejor prevenir antes que curar, como sabiamente dice aquel antiguo y vigente refrán. Y si los proble­mas son sistemáticos y graves afectando a toda una cadena de locales de cualquier comercio, se hace necesaria la prevención a favor del consu­midor dado que se está ante un escenario ries­goso que amerita una acción rápida y, insisti­mos, antes de lamentar lo peor.

En el caso suscitado horas atrás y que guarda relación con la suspensión de las actividades de la cadena Biggie Express por parte de la Secre­taría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), la medida toma en cuenta y valora al consumidor. Los motivos expuestos en las resoluciones administrativas que hacen al citado caso expresan haberse detectado la comercialización irregular de productos venci­dos y reetiquetados.

Para tal efecto fueron creados los organismos arriba citados. De igual modo se procedió en otras ocasiones con establecimientos que fue­ron notificados con similar medida de suspen­sión de sus actividades. La aplicación de la legis­lación en materia de bienes de consumo es una manera de precautelar la salud de la población.

La venta de productos vencidos y reetiquetados suele ocurrir en los comercios, de manera que lo acaecido en la cadena Biggie no es una excep­ción. Si hay evidencias de riesgo para la salud de los consumidores en los productos que guardan relación con la alimentación, llámense cárni­cos y embutidos en general, por citar algunos, entonces se procede de acuerdo a la normativa correspondiente. Se está ante un riesgo inmi­nente. Se podría desencadenar no solo a la hos­pitalización por grave intoxicación de una o de varias personas que de buena fe compran el producto colocado a la venta, sino que también podrían darse casos de fallecimiento, lo que es todavía más grave.

La responsabilidad es suprema. Ya sea que una persona quede intoxicada y hospitalizada con altos gastos de atención médica costea­dos a su cuenta y hasta puede fallecer; o que el negocio haya incumplido con el deber de cui­dado o que las autoridades en su tarea de velar por la seguridad de los productos no cumplan con sus funciones.

Tampoco se trata de una persecución hacia un específico establecimiento. Si se aceptara esta variable para aplicar la ley, se estaría desoyendo el deber del funcionario público e igualmente se dejaría de hacer lo que tanto se predica.

Si se deja a la ley como cuestión secundaria sin el debido rigor, se hace lugar al favoritismo. Esto solo es de provecho para los que cuentan con mayores recursos, los fuertes económica­mente hablando. De ese modo unos cuantos se salen con las suyas en perjuicio de los con­sumidores quienes muchas veces no son escu­chados como tampoco encuentran un modo de hacer valer sus legítimos reclamos.

Y cuando hablamos del consumidor, insisti­mos, nos referimos a las personas que diaria­mente disponen de su dinero en sus compras y que en muchas ocasiones se quejan de la salu­bridad de los productos y del local de expen­dio. La apertura de un sumario es lo mínimo que se podría dar en este caso. Esto no signi­fica que la suspensión de las actividades del mencionado comercio no pueda ser revisado mediante el recurso de reconsideración y luego corregido con la reinspección corres­pondiente.

Por lo demás, y para que no haya dudas al res­pecto, en el caso sobre el que nos estamos refi­riendo, los derechos de los trabajadores están protegidos debido a que se está ante un tema de índole sanitario.

Este es el motivo por el cual no pueden darse despidos laborales ante una situación sanita­ria en un local determinado puesto que serían injustificados, más aún si por las resultas investigativas se probara –siempre garanti­zando el debido proceso– que las irregularida­des provienen de la negligencia e irresponsabi­lidad de los gerentes de los locales en cuestión.

Cuando se trata de la venta de productos de consumo, un modo de proteger al consumidor es previniendo la salud de la población, san­cionando a aquellos comercios que infringen medidas de salubridad.

El presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicacio­nes (Conatel), Juan Carlos Duarte, explicó que inicia­ron el proceso para la adju­dicación de licencias para el uso de la tecnología 5G en Paraguay, de acuerdo al pliego de bases y condiciones. El periodo de consultas ter­mina el 20 de julio, la presen­tación para solicitudes será el próximo 4 de agosto y entre el 10 y 11 de setiembre se adju­dicaría la licencia.

En comunicación con Uni­verso 970 AM/Nación Media, Duarte detalló que darán 4 licencias, es decir, habrá 4 licenciatarios y el costo de cada una será de USD 1 millón por mega. Pero en lo que más insisten es en que cada empresa invierta entre USD 12 y 15 millones en la infraestructura para que se garantice la operatividad de la tecnología. “La semana pasada ya pagaron por el pliego de bases y condicio­nes las firmas Claro, Tigo y Personal; esta semana lo hará Copaco. Hicimos un sondeo en la región y la tendencia actual no es pedir mucho por la licencia, sino que ellos inviertan más en infraestruc­tura. El máximo de licencias que daremos es de 4”, precisó Juan Carlos Duarte.

Respecto a los beneficios de esta tecnología, el presidente de Conatel expuso que el 5G es muy importante para todos los sectores industriales del país, ya que se podrán auto­matizar muchos servicios y trabajos. “Es muy importante porque mejora muchísimo la velocidad de la señal, da más capacidad de conexión y se va a poder usar más la inte­ligencia artificial, se dará paso a la automatización de industrias. Es un paso muy importante a nivel tecnoló­gico”, enfatizó.

Los gobiernos de Estados Unidos y de la República de China (Taiwán) manifes­taron su apoyo ante el pro­ceso de licitación que lleva a cabo el Gobierno paraguayo. Ambos países emitieron un comunicado expresando su apoyo y reafirmando que están dispuestos a colabo­rar con el Ministerio de Tec­nologías de la Información y Comunicación (Mitic) para la expansión del acceso público a internet en el país.

“Reafir­mamos nuestro firme com­promiso de seguir trabajando de manera conjunta con los Estados Unidos de América y el Gobierno del Paraguay para mejorar la conectividad en todo el territorio nacional, con el objetivo de impulsar el desarrollo y bienestar de todos los paraguayos”, reza parte del escrito de Taiwán.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) avanza con el proceso de licitación para la adjudicación de licencias para la implementación de la tecnología 5G en Paraguay. Así lo informó el presidente del ente regulador, Juan Carlos Duarte, quien detalló que el proceso ya se encuentra en la etapa de publicación del pliego de bases y condiciones (PBC).

Según explicó Duarte, las empresas interesadas podrán presentar sus solicitudes hasta el próximo 4 de agosto, mientras que el periodo de consultas vencerá el 20 de julio. La adjudicación de las licencias está prevista para los días 10 y 11 de septiembre.

“La tecnología 5G es muy importante porque mejora muchísimo la velocidad de la señal, tendremos mayor capacidad de conexión y podrá utilizarse para inteligencia artificial y automatización industrial. Es un paso muy importante a nivel tecnológico”, expresó el titular de la Conatel en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.

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Como parte de los requisitos, el pliego establece que los oferentes deberán presentar un documento que acredite reciprocidad diplomática y comercial entre Paraguay y el país de origen de los equipos que serán instalados. “Uno no puede tener gestión comercial si no hay una relación diplomática con dicho país”, subrayó Duarte. De hecho, este punto ya figura como condición obligatoria en el PBC.

Además, se exige un estándar de seguridad en la cadena de suministro, lo que implica que los equipos deberán cumplir ciertos requisitos técnicos en materia de ciberseguridad. Esta postura fue respaldada por los gobiernos de Estados Unidos y Taiwán, que emitieron comunicados apoyando esta exigencia.

Duarte indicó que las empresas Tigo, Claro y Personal ya accedieron al pliego, mientras que Vox-Copaco estaría haciéndolo en el transcurso de esta semana. El proceso contempla la posibilidad de adjudicar hasta cuatro licencias por parte de Conatel.

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En cuanto a las condiciones económicas, señaló que Paraguay se alinea con la tendencia regional de no fijar montos elevados por las licencias, pero sí de exigir una fuerte inversión en infraestructura. Actualmente se estipula un pago de USD 1 millón por cada 100 megas, además de una inversión mínima de entre USD 10 a 15 millones durante los primeros cinco años, que es el plazo de vigencia de cada licencia.