Lima, Perú | AFP
La desaprobación del presidente peruano, el izquierdista Pedro Castillo, se sitúa en 60% tras casi seis meses de iniciado su gobierno, según una encuesta publicada este domingo. “La desaprobación es la más alta registrada desde que asumió el cargo”, indicó en su cuenta de la red Twitter la firma Ipsos, responsable de este sondeo sobre la gestión pública del presidente, quien tomó su cargo el 28 de julio por un período de cinco años.
En diciembre, Castillo había cerrado con 58% de desaprobación, luego del 57% registrado en noviembre y del 48% en octubre, según la encuesta difundida por el diario El Comercio. Por su parte, el porcentaje de aprobación es de un 33%, mientras que un 7% de los interrogados evitó o no quiso evaluar la labor presidencial, se indicó.
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Perú: Fiscalía pide 34 años de prisión para expresidente
La Fiscalía de Perú pidió el viernes 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo, acusado de rebelión por su fallido intento de disolver el Congreso y “perpetrar un golpe de estado” en diciembre de 2022. “Ministerio Público solicita 34 años de prisión contra Pedro Castillo Terrones por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública”, informó la fiscalía a través de la red social X (antes Twitter).
“El expresidente es acusado de perpetrar el golpe de estado el pasado 7 de diciembre de 2022″, según el requerimiento presentado a la justicia por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El documento fue entregado al juez encargado del caso, Juan Carlos Checkley, quien deberá en las próximas semanas revisar los fundamentos de la acusación.
Castillo, un izquierdista de 54 años, cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025 en una cárcel para exmandatarios. El 7 de diciembre de 2022, Castillo leyó un mensaje al país anunciando la disolución del Congreso y la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para presidentes dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima.
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Castillo ha defendido su inocencia. “Nunca me levanté en armas”, ha alegado Castillo en audiencias ante magistrados indicando que su pedido de disolver el Congreso no se consumó porque sus órdenes no fueron acatadas por las fuerzas armadas. El expresidente (2021-2022) reiteró su versión de que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigían su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
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Fuente: AFP
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Sancionan al expresidente de Perú por publicar una carta en Twitter
El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ha impuesto una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicara en enero una carta en la red social Twitter en la que aseguraba ser “prisionero político” del Gobierno de Dina Boluarte.
El INPE ha señalado que el 26 de enero de 2023 inició un procedimiento administrativo disciplinario a Castillo “por la comisión de una presunta falta disciplinaria”. “Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo -donde se encuentra recluido- determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, reza un comunicado.
El organismo ha especificado que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque “no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales”. Además, el expresidente tiene otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindase desde prisión una entrevista a un medio español.
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Castillo publicó una carta en la que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, la que fuera su vicepresidenta durante su mandato, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, exigiendo la liberación del expresidente, elecciones adelantas y el cese de Boluarte.
Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
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Fuente: Europa Press.
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Caso Pedro Castillo: allanan casa de jefe de policía peruana
La fiscalía peruana allanó este lunes pasado la casa y el despacho del máximo jefe de la policía, el general Raúl Alfaro, en el marco de la investigación por una presunta red criminal que operó bajo el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Uniformados, acompañados por el fiscal Luis Martínez -del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder-, ingresaron en la vivienda y en la oficina del oficial dentro del comando, en el centro de Lima, según imágenes de canales locales.
Una fuente del organismo confirmó a la AFP “la diligencia de allanamiento”, pero se abstuvo de revelar más detalles porque no estaba autorizada para hablar con la prensa. “La División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) desde tempranas horas de la mañana se encuentra en las instalaciones del despacho del comandante general, donde se encuentra presente el general Raúl Alfaro y su abogada, cumpliendo con lo dispuesto por la fiscalía”, indicó en Twitter la policía.
El general todavía no se ha pronunciado sobre la orden de registro que emitió el poder judicial en las últimas horas. “El gobierno va a tomar una decisión el día de hoy”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, en referencia a la cúpula policial. “No puedo decir nada más al respecto porque estamos haciendo un seguimiento a las decisiones de la fiscalía, pero creemos que es un tema muy importante para el país y que requiere una respuesta rápida que será expresada a través de una decisión de la presidenta”, agregó.
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El domingo, el programa informativo “Cuarto Poder” difundió una fotografía en la que se ve a Alfaro en una celebración junto al español Jorge Hernández, exasesor de inteligencia de Castillo y detenido dentro de las investigaciones por la “red criminal” que supuestamente encabezaba el exmandatario.
La justicia vinculó al comandante a la investigación por presunta “organización criminal” y otros delitos en “agravio del Estado peruano”. Alfaro está al frente de la policía desde agosto, cuando fue designado por el entonces presidente Castillo, ahora preso en Lima por su intento de disolver el Congreso el 7 de diciembre.
El exmandatario de 53 años fue destituido por el legislativo y llevado a la cárcel por múltiples denuncias de presunta corrupción. Su salida agravó la crisis política con protestas que dejan 54 muertos y cientos de heridos desde entonces. En el último mes las manifestaciones han perdido fuerza.
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Fuente: AFP.
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Perú: amplían prisión contra expresidente Castillo a 36 meses
El exmandatario de 53 años Pedro Castillo deberá seguir tras las rejas hasta diciembre de 2025, mientras la fiscalía avanza en las investigaciones y decide su eventual llamado a juicio por ambos delitos. Este jueves pasado, la justicia peruana extendió a 36 meses la prisión preventiva por presunta corrupción al expresidente, quien responde desde la cárcel por cargos de rebelión tras su fallido autogolpe de Estado en diciembre.
En una audiencia virtual, el juez Juan Carlos Checkley ordenó la segunda sanción preventiva contra Castillo, luego de haberle dictado 18 meses por el intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso. “Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria impone 36 meses de prisión preventiva a Pedro Castillo por ser presunto líder de una organización criminal por delitos cometidos en Petroperú y en los ministerios de Transportes, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento”, señaló el Poder Judicial en Twitter.
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Castillo hizo una corta intervención ante la cámara desde la cárcel para expresar su desacuerdo con la medida: “Vamos a hacer lo que la ley me faculta: apelaremos”, dijo. El magistrado también dispuso 36 meses de prisión preventiva al exministro de Transportes Juan Silva, prófugo de la justicia, mientras que un exministro de Vivienda, Geiner Alvarado, seguirá el proceso en libertad.
Tras su fracasada maniobra contra el Legislativo, Castillo fue destituido y llevado el 7 de diciembre al penal Barbadillo, una minicárcel para altos funcionarios dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, al este de Lima. Su caída profundizó la crisis política en Perú con protestas que dejan al menos medio centenar de muertos, incluidos seis soldados que perecieron ahogados en un río el fin de semana cuando supuestamente intentaban huir de manifestantes que los atacaron a pedradas en la región de Puno.
“Secuestrado injustamente”
El martes, durante una audiencia previa, Castillo dijo sentirse “secuestrado injustamente” al negar ante un juez los cargos de corrupción por los que seguirá preso. “Niego rotunda y categóricamente ser autor y ser parte de una red criminal. El único delito que he cometido es servir a mí país como presidente de la república”, afirmó.
Con tono vehemente se defendió de los señalamientos en contra: “Van a pedir 36 meses de prisión cuando tengo la prisión preventiva. ¡Voy a llegar a cien días de estar secuestrado injustamente!”, agregó. La tesis de la fiscalía es que Castillo dirigía una red de corrupción de lavado de activos y de concesión de contratos de obras públicas integrada por su entorno familiar y político.
El expresidente peruano, quien había sido elegido en 2021 para gobernar hasta 2026, fue destituido cuando llevaba 17 meses en el poder. Su vicepresidenta, Dina Boluarte, asumió el cargo en medio de manifestaciones que exigen su renuncia, el cierre del Congreso y adelanto de elecciones a 2023.
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Fuente: AFP.