El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, recorrió el fin de semana comunidades rurales de la frontera con Bolivia, para conocer las necesidades de las familias campesinas y avanzar en una estrategia de relevo generacional que busca incorporar a los jóvenes a la producción rural, con acceso a tierra, financiamiento y seguridad jurídica.

La nueva jornada de trabajo en colonias ubicadas en la zona fronteriza con Bolivia es en el marco de las acciones impulsadas por el gobierno de Santiago Peña y Pedro Alliana, para consolidar una “Nueva Ruralidad” en Paraguay, brindando incentivos a los jóvenes como el cero por ciento de interés por el precio de un inmueble de la reforma agraria, créditos e infraestructura, para producir y lograr el bienestar en su propia tierra.

La presencia del titular del Indert en estas comunidades busca acercar la institución a las familias rurales, conocer las condiciones en las que desarrollan sus actividades productivas y evaluar, en territorio, las acciones necesarias para fortalecer el arraigo, la producción y el acceso a la seguridad jurídica sobre la tierra.

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La agenda forma parte de la visión de desarrollo rural promovida por el Gobierno, que plantea una transformación del campo paraguayo basada en el fortalecimiento de la productividad, la formalización de la tenencia de la tierra, el acompañamiento a las familias rurales y la generación de mayores oportunidades para las comunidades.

En este proceso, el Indert cumple un papel estratégico, especialmente en la regularización y titulación de tierras, como herramienta fundamental para brindar certeza jurídica a los productores y convertir la tierra en un verdadero activo para el desarrollo.

La presencia institucional en las colonias fronterizas adquiere especial relevancia por tratarse de territorios donde el fortalecimiento del arraigo y de las actividades productivas contribuye también a consolidar la presencia del Estado y las oportunidades para las familias paraguayas.

Ruiz Díaz viene impulsando una gestión con mayor presencia territorial, orientada a que las políticas de desarrollo rural lleguen directamente a las comunidades. Durante la jornada, el titular del Indert mantuvo contacto directo con pobladores y referentes de las colonias, recogiendo sus inquietudes y evaluando las alternativas institucionales para acompañar el crecimiento de estas comunidades.

Con este tipo de recorridos, el Gobierno busca fortalecer una política rural que tenga como protagonista a la familia paraguaya asentada en el campo, promoviendo condiciones para producir, crecer y permanecer en sus comunidades con dignidad y seguridad jurídica.

La Nueva Ruralidad apunta a que la tierra deje de ser solamente un espacio de asentamiento y se convierta en la base de un proceso sostenible de desarrollo, producción y arraigo, en el marco de un relevo generacional que otorgue a los jóvenes las condiciones adecuadas para trabajar y asentarse en su propia tierra.

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El presidente Bolivia, Rodrigo Paz, destituyó este viernes al ministro de Economía después de que el Congreso lo censurara por no presentarse a una interpelación sobre su gestión en medio de una grave crisis económica.

La destitución de José Gabriel Espinoza ocurre mientras Bolivia atraviesa su peor turbulencia económica en cuatro décadas, que el gobierno de centroderecha de Paz, elegido el año pasado, está bajo presión para resolver.

Paz dejó sin efecto la designación de Espinoza y nombró como su reemplazo interino al actual ministro de Medio Ambiente, Óscar Mario Justiniano Pinto, según un decreto publicado en la gaceta oficial.

Espinoza fue convocado el martes al Congreso en La Paz para responder sobre emisiones de bonos soberanos y retrasos en la formulación en el presupuesto general del Estado, entre otros temas. Pero comunicó que no podría asistir porque tenía programado viajes a Santa Cruz (este) y a Brasil.

En la misma jornada, 91 de los 129 senadores y diputados presentes en la sesión votaron a favor de remover al ministro, lo que obligaba al presidente a destituirlo.

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El gobierno de Paz consideró que no se habían alcanzado los dos tercios de votos necesarios para retirar a Espinoza del cargo, pues los miembros de la Asamblea son 166, y presentó una acción judicial ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la decisión del Congreso.

Este viernes, la Presidencia comunicó que “el mandatario acató la decisión de destituir al ministro de Economía (...) mientras espera el fallo” del máximo órgano de justicia del país.

El Tribunal Constitucional fijó audiencia para examinar el caso el 24 de agosto.

La salida de Espinoza se produce días después de la detención del asesor personal de Paz, el argentino Fernando Cerimedo, denunciado por su expareja de planificar un ataque armado contra ella.

Espinoza había asumido en noviembre de 2025, cuando Paz llegó a la presidencia y puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

En un giro en su política exterior, Bolivia se acercó a Estados Unidos y a los organismos multilaterales de crédito en busca de ayuda financiera.

Durante la gestión de Espinoza se consiguieron programas de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF y el Fondo Monetario Internacional por unos 9.500 millones de dólares.

Bolivia agotó sus reservas internacionales de dólares para financiar una política de subsidios a los combustibles, una bandera de los gobiernos socialistas, que Paz eliminó a fines de 2025.

Aunque entre noviembre y julio la inflación interanual pasó del 21 % al 5 %, la nación andina aún enfrenta un tipo de cambio encarecido, una economía estancada y un desabastecimiento crónico de carburantes.

“No son momentos fáciles para el país. Nos han dejado en bancarrota”, dijo Paz el jueves, durante un acto público con representantes indígenas.

El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo entre junio y agosto entre 0,7 % y 1 %, estima el Ministerio de Economía.

Fuente: AFP

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A orillas del fronterizo río Mamoré, decenas de viajantes suben y bajan de lanchas sin detenerse en el control migratorio de Guayaramerín, una de las puertas de entrada de las mafias brasileñas que expanden su violencia por Bolivia. “Nunca nadie revisa” a los pasajeros, dice Donald Somoza, un albañil retirado de 75 años, en las cercanías del pequeño puerto amazónico que vive del comercio con Brasil.

La pequeña ciudad de 40.000 habitantes, con pistas de polvo rojizo que contrasta con el verdor de la selva, parece calma durante el intenso calor del día. Pero los lugareños denuncian una creciente inseguridad. Según el gobierno boliviano, Guayaramerín, como otras localidades fronterizas de Bolivia, se ha convertido en “refugio” del Primeiro Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho (CV), grupos armados brasileños enfrentados por el control de corredores para traficar cocaína hacia el Atlántico.

Una docena de asesinatos atribuida a estas bandas sorprendió en las últimas semanas al país, donde es inusual ver crímenes tan feroces, entre ellos la matanza de una familia, el descubrimiento de cuerpos decapitados o el homicidio de un agente policial. Somoza asegura que fue testigo de un sonado asesinato que estremeció a la población local semanas atrás: la víctima extranjera recibió más de 80 balazos en plena plaza de armas, por un presunto ajuste de cuentas del narcotráfico.

Esto es “un fenómeno bastante nuevo en Bolivia”, un “país muy seguro hasta hace unos cuantos años”, explica a la AFP el investigador Joaquín Chacín, especialista en crimen organizado.

Las bandas de narcotraficantes antes trabajaban con cierta permisividad del Estado, que no los enfrentaba para evitar un brote de violencia, mientras regía entre ellas una “pax mafiosa”, dice. “Y esto se ha roto de alguna forma”.

Ariana Roca, una maestra boliviana de 35 años, regresa con sus bolsas de compras tras cruzar el tranquilo río Mamoré. Llega de la ciudad brasileña de Guajará-Mirim, visible desde el lado boliviano.

Ahora hay delitos más “seguido” y “a veces pasan cosas hasta en las narices de los policías”, dice a la AFP.

Entre enero y septiembre de 2025, se denunciaron 774 homicidios de todo tipo, frente a los 325 del mismo período del año anterior, según datos del Ministerio de Gobierno.

También crece una fuerte sensación de inseguridad por asaltos armados, secuestros y otras agresiones.

El cambista de divisas Ademar Zapata, protegido del sol por una sombrilla, últimamente fue atacado dos veces por asaltantes, la última a inicios de agosto. Uno de ellos era brasileño, según las investigaciones.

El gobierno del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que puso fin a 20 años de gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), acusa a sus predecesores de permitir la propagación de la criminalidad.

Según el Ministerio de Gobierno, desde el inicio de la gestión de Paz, en noviembre, se capturó a 17 capos de bandas delictivas internacionales.

La semana pasada Paz lanzó en Guayaramerín un plan de seguridad para aumentar la presencia policial en las fronteras, intercambiar información de inteligencia con Brasil y capturar en ambos lados a criminales fugitivos.

Para Chacín, contingentes policiales en las fronteras pueden disuadir la violencia, pero el crimen organizado debe ser atacado en su estructura económica, hay que investigar cómo se lava el dinero y quién se enriquece.

“Hace falta un plan serio, pero no se escucha que se esté trabajando en algo así”, dice.

Paz anunció además que Guayaramerín se construirá un puente que unirá a Brasil con Bolivia, como parte de lo que será un corredor vial que llegue hasta el Pacífico, en Perú.

Muchos lugareños, como el cambista Zapata, están de acuerdo porque dinamizará el comercio, aunque también les genera preocupación.

“Las pandillas, las mafias de robo, pueden cruzar” con más facilidad, teme Yestin Durán, una comerciante de bebidas tropicales de 31 años. El propio jefe policial de la localidad, el coronel Johnny Rivas, lo reconoce. La violencia “va a aumentar”” y “nos va a exigir que aumentemos más efectivos”, dice a la AFP.

Fuente: AFP.

La policía de Bolivia detuvo el martes al argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Rodrigo Paz y quien es investigado por “tentativa de feminicidio” luego de que su expareja lo denunciara por presuntamente planificar un atentado en su contra. Cerimedo es un consultor político que colaboró con varias campañas de derechistas en Latinoamérica, como Javier Milei, Jair Bolsonaro y el propio Paz, con quien continuó trabajando tras asumir la presidencia en noviembre.

Su expareja, la abogada boliviana Nadia Beller, fue atacada la noche del lunes en la puerta de un hotel de Santa Cruz. Recibió tres balazos de sicarios que llegaron ataviados como repartidores de comida, según imágenes difundidas por medios locales. “Claramente él quería deshacerse de mí”, dijo Beller el martes mientras se recuperaba en una habitación de una clínica privada de esa ciudad, en una entrevista con la televisora local DTV.

“Fui testigo por mi relación con Fernando Cerimedo de los negociados que hace el gobierno de Rodrigo Paz” y su familia política con él como operador, agregó la abogada. Citó presuntos casos de corrupción, entre ellos uno relacionado al manejo estatal de los combustibles y otro a contrataciones públicas de seguros, y acusó a Cerimedo de agresiones físicas en el pasado.

La víctima, que además aseguró tener cuatro semanas de embarazo, pidió protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Quiero expresar mi solidaridad con la Sra. Nadia Beller (...). Debe contrar con toda la seguridad y las garantías necesarias”, dijo en su cuenta de X el presidente Rodrigo Paz.

Tras reforzar la seguridad de la mujer con 15 efectivos policiales, el gobierno aseguró que el asesor presidencial “no ha recibido ni recibirá ningún tipo de protección política”.

“El presidente ni nadie de este gobierno va a encubrir (...) a nadie que haya cometido ilícitos, pero tampoco vamos a tolerar acusaciones infundadas que no tengan pruebas contundentes”, afirmó José Luis Gálvez, vocero de la presidencia, en conferencia de prensa.

Cerimedo es investigado por presunta “tentativa de feminicidio”, según la fiscalía. Las otras acusaciones de corrupción hechas por Beller primero “tendrán que ser valoradas”, dijo el jefe del Ministerio Público, Roger Mariaca.

Beller comentó detalles del atentado.

Según dijo, fue citada al hotel donde le dispararon a través de un mensaje anónimo con la promesa de que recibiría pruebas de una denuncia contra el exmandatario izquierdista Evo Morales, principal opositor de Paz.

Cerimedo “me dio la confianza para que yo vaya y él me mintió con que me había mandado con escoltas”, denunció. Los sicarios robaron su celular y su cartera antes de fugarse, según la policía.

Beller fue candidata a diputada del Movimiento al Socialismo, entonces liderado por el izquierdista Evo Morales (2006-2019). Recientemente, la prensa informó sobre su cercanía con figuras de derecha. Y el martes afirmó haber trabajado con el gobierno de Paz para revisar proyectos legales.

Temprano, Cerimedo viajó a Santa Cruz desde La Paz. Tenía programado un vuelo hacia Buenos Aires, que no llegó a abordar, según la prensa. Cerimedo fue llevado a una dependencia policial donde fue interrogado por fiscales. La Fiscalía aseguró que solicitará su detención preventiva en una cárcel boliviana.

En el pasado, Cerimedo fue investigado por la policía de Brasil por una supuesta participación en una “milicia digital” para desconocer el triunfo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien venció en 2022 al exmandatario Jair Bolsonaro. Él rechazó entonces esos cargos, y dijo que eran una difamación.

Fuente: AFP.