El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, negó ayer miércoles haber cometido “ningún delito” en una comparecencia ante el Congreso, donde presentó su balance de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, una señal de respaldo en medio de sospechas de corrupción por su crecimiento patrimonial. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, dijo Adorni ante el plenario, mientras Milei y parte de su gabinete lo aplaudía desde los palcos en una inusual presencia presidencial en el Congreso.

Adorni lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta por revelaciones sobre la compra de propiedades en operaciones con prestamistas que omitió declarar y que investiga la Justicia. También suntuosos viajes familiares y gastos que no condicen con su patrimonio desde que asumió como funcionario en diciembre de 2023. El presidente lo ha respaldado sin medias tintas. “Los corruptos son ustedes, son ustedes”, les respondió a los periodistas que lo abordaron cuando ingresó al Congreso y le preguntaron por qué seguía sosteniendo a Adorni.

El gobierno de Milei, que ha proclamado “hacer de la moral una política de Estado”, se vio sacudido por varios escándalos por sospechas de corrupción, desde desvíos de fondos para discapacidad y ocultamiento patrimonial de varios miembros del gobierno hasta una supuesta estafa millonaria con la criptomoneda Libra, que salpica al propio presidente.

Esta semana, el propio jefe de la agencia recaudadora de impuestos quedó bajo sospechas por la supuesta omisión de declarar bienes en el exterior y el ministro de Economía echó a su secretario de coordinación tras descubrirse que no había declarado al fisco siete departamentos en Miami. En este marco, el habitual informe de gestión del jefe de gabinete se convirtió en una suerte de interpelación con más de 4.000 preguntas. “¿Cómo explica que cobra en pesos y gasta en dólares mucho más de sus ingresos?”, le preguntó la diputada de izquierda Myriam Bregman. De 46 años, Adorni consideró todas las acusaciones “tendenciosas y falsas”.

El ministro ratificó que la política de austeridad y equilibrio fiscal “es innegociable” y anunció que continuarán los recortes presupuestarios en todos los ministerios. “Eliminamos nueve ministerios, 100 secretarías, 25 organismos.... hoy hay 65.000 empleados menos en el Estado. El ahorro anual supera los 2.505 millones de dólares”, dijo.

Adorni admitió que el aumento sostenido de la inflación (3,4 % en marzo pasado) en los últimos meses es un dato negativo, pero lo atribuyó a “una turbulencia generada por el kirchnerismo, empresarios prebendarios y algunos medios de comunicación”, más que a debilidades del plan económico.

En los alrededores del Congreso, el gobierno montó un fuerte operativo de seguridad. Un puñado de jubilados realizó su protesta habitual de cada miércoles por mejoras en sus haberes y repudiaron al jefe de Gabinete. “Estoy acá porque el pueblo ya no puede más, hay una crisis que nunca viví en mi vida”, dijo a la AFP Ana Martínez, una jubilada de 76 años. “Adorni es un chorro (ladrón) y no tiene vergüenza, utiliza el dinero del pueblo para viajar, es un delincuente”.

Manifestantes montaron una improvisada olla popular en protesta. “Este gobierno no nos ve, todos se enriquecen y no piensan en nosotros”, dijo Lucía Guzmán, de 58 años. El caso coincide con señales adversas: la actividad económica cayó 2,1 % anual en febrero y la confianza en el gobierno retrocedió por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella.

Fuente: AFP.

Un alto tribunal de justicia de Argentina anuló ayer miércoles el procesamiento contra el expresidente Alberto Fernández en la causa por presunta corrupción en la contratación irregular de seguros para organismos públicos durante su gestión (2019-2023). La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal de Argentina después de la Corte Suprema, revocó por motivos procesales la resolución de un tribunal de apelaciones dictada en noviembre de 2025.

En el fallo al que tuvo acceso la AFP, el alto tribunal sustentó su decisión en que la cámara de apelaciones confirmó el procesamiento de Fernández pese a que el fiscal en la instancia había pedido que se “dictara la falta de mérito” por considerar “que no existían elementos de prueba suficientes”. Esto implica que no había una base acusatoria suficiente para avanzar penalmente.

La Cámara Federal de Casación también canceló dos medidas contra Fernández: un embargo por más de 14.600 millones de pesos (unos 10,3 millones de dólares al cambio oficial), y la prohibición de salir del país. Además de esta causa, el expresidente de 67 años aguarda su juicio por supuesta violencia de género contra su expareja, la periodista Fabiola Yáñez.

En la causa por los seguros, Fernández era investigado por el “delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”. El caso involucra supuestas contrataciones de seguros para distintas oficinas del Estado a través de un intermediario que cobraba comisiones por la gestión, pese a que podían hacerse de forma directa.

Según un decreto firmado por el propio Fernández, los seguros del Estado los cubría la aseguradora del estatal Banco Nación. Además de Fernández, fueron procesados un amigo suyo y corredor de seguros, y su exsecretaria privada, María Cantero, entre otros. Con la decisión de la Cámara Federal Penal del miércoles, la causa sigue abierta y podría revisarse la situación del resto de los imputados, e incluso podría volver a incriminarse a Fernández, según medios locales.

Durante el peritaje del teléfono de Cantero se conocieron testimonios e imágenes que derivaron en una denuncia por violencia de género que le hizo Yáñez. Por esta otra causa, Fernández enfrentará un juicio oral por los delitos de “lesiones graves” y “amenazas coactivas”. El expresidente ha negado cualquier violencia contra Yáñez, con quien mantuvo una relación de aproximadamente diez años y con quien tuvo un hijo nacido en 2022.

Fuente: AFP.

Elon Musk se enfrentó el miércoles a un intenso interrogatorio en el juicio contra OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT a la que acusa de haberle engañado al convertir un proyecto altruista en una máquina de generar beneficios. Su segundo día de declaración ante el tribunal federal de Oakland (California) fue tenso. Incluso el propietario de Tesla y SpaceX llegó a autodefinirse como “tonto” por prestar dinero para construir un proyecto sin ánimo de lucro.

Musk, que ayudó a cofundar OpenAI en 2015 junto con Sam Altman y otras figuras de Silicon Valley, ha pedido que se obligue a la empresa a volver a ser una organización puramente sin ánimo de lucro. También busca la destitución de Altman y del presidente de la empresa, Greg Brockman. “Sus preguntas no son sencillas. Están pensadas para engañarme”, se quejó Musk al abogado principal de OpenAI, William Savitt.

“Señor Musk, usted es un tipo inteligente. Le estoy haciendo preguntas que, en su mayoría, tienen una respuesta de sí o no”, replicó Savitt. Los abogados defensores pretendían desmontar la versión que Musk había construido durante el interrogatorio de su propio abogado. En horas de testimonio, Musk —que abandonó el proyecto en 2018— insistió en que le tomó por sorpresa la transformación de OpenAI en una importante empresa tecnológica con ánimo de lucro.

“Les di 38 millones de dólares de financiación prácticamente gratuita que luego utilizaron para crear una empresa con ánimo de lucro valorada en 800.000 millones de dólares. Literalmente, fui un tonto”, declaró Musk ante el tribunal el miércoles, antes de que comenzara el interrogatorio de los abogados de OpenAI.

La justicia de Estados Unidos recibió ayer miércoles siete demandas contra OpenAI en nombre de familias afectadas por un tiroteo en un pueblo canadiense en febrero. El gigante de la inteligencia artificial enfrenta críticas por su decisión de no haber informado sobre el uso perturbador de la cuenta de ChatGPT de Jesse Van Rootselaar, la mujer transgénero de 18 años que mató a ocho personas en su casa y una escuela.

OpenAI suspendió su cuenta en junio de 2025, pero afirmó que no informó a la policía canadiense porque no vio pruebas de un ataque inminente en el pueblo de Tumbler Ridge. Las demandas presentadas en un tribunal federal de Estados Unidos alegan que OpenAI decidió no denunciar a Van Rootselaar “porque informar de un caso significaría informar de miles”, según un comunicado del equipo legal.

También impugnan la afirmación de que la cuenta de ChatGPT de Van Rootselaar fue bloqueada. Sostienen que, cuando se cierra una cuenta por comportamiento peligroso, OpenAI indica a la persona cómo reanudar su uso, incluso con consejos sobre cómo eludir el período de suspensión de 30 días.

Según los informes, Van Rootselaar abrió una segunda cuenta de ChatGPT después de que le cerraran la primera. El equipo jurídico estadounidense dijo que está trabajando en coordinación con abogados canadienses que presentaron previamente una demanda contra OpenAI en nombre de la familia de Maya Gebala, una niña de 12 años gravemente herida en el tiroteo.

“Habrá más casos. En las próximas semanas, un equipo transfronterizo... presentará más de dos docenas de demandas en nombre de las víctimas del tiroteo masivo de Tumbler Ridge. Las demandas se presentarán en oleadas”, señalaron. Van Rootselaar mató a su madre y a su hermano en la casa familiar antes de dirigirse a la escuela secundaria local, donde asesinó a cinco niños y a un docente. La atacante se suicidó después de que la policía entrara en el edificio.

A principios de abril, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, se disculpó ante la comunidad de Tumbler Ridge y afirmó que “lamentaba profundamente que no hubiéramos alertado a las fuerzas del orden sobre la cuenta que fue suspendida en junio”. La empresa también señaló que, bajo sus políticas de seguridad actuales, las cuales se han revisado desde junio, la conducta de Van Rootselaar habría sido informada a la policía.

Fuente: AFP.

El jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, acude este miércoles al Congreso para dar su informe de gestión acompañado por el presidente Javier Milei, en una contundente muestra de respaldo en medio de cuestionamientos sobre su patrimonio. Adorni lleva casi dos meses en el ojo de la tormenta, afectado por revelaciones sobre la compra de propiedades y la realización de suntuosos viajes familiares desde que asumió como funcionario.

“Claro que voy a ir a acompañar a Manuel, voy a ir a escuchar a mi jefe de gabinete”, dijo Milei la semana pasada en una entrevista al canal de streaming Neura. La Constitución obliga al jefe de Gabinete a informar mensualmente al Congreso, pero Adorni no había cumplido desde su nombramiento en noviembre pasado.

La habitualmente rutinaria sesión informativa toma esta vez un carácter inquisitivo: según medios locales, los diputados le enviaron unas 4.800 preguntas. Adorni, de 46 años, se convirtió en uno de los colaboradores más importantes de Milei desde el rol de vocero presidencial. Con un tono confrontativo e irónico, hizo de sus conferencias de prensa uno de los principales espacios de defensa de la narrativa del gobierno contra la corrupción y a favor de la austeridad en la función pública.

Sin embargo, no habla públicamente desde el 25 de marzo, cuando tuvo un accidentado intercambio con los medios en momentos en que el escándalo apenas comenzaba. “No tengo nada que esconder (...) con mi dinero hago lo que quiero”, declaró en aquella oportunidad, al acusar “una operación política y mediática para dañar al gobierno”.

Bajo el escrutinio de los medios se incluye un viaje oficial a Nueva York, al que llevó a su esposa —una decisión que él mismo reconoció como “un error, no un delito”—, así como viajes vacacionales en jet privado con su familia. Otras filtraciones se han centrado en el patrimonio personal de Adorni, lo que desencadenó una investigación sobre posibles discrepancias entre su declaración jurada de bienes y ciertos gastos —particularmente aquellos relacionados con bienes inmuebles— incurridos durante los últimos dos años.

La fiscalía ha avanzado con la indagación a la escribana de Adorni y sobre documentación vinculada a los viajes, propiedades e hipotecas, aunque el ministro no fue citado a declarar. El caso coincide con señales adversas para el gobierno: la actividad económica cayó 2,1% anual en febrero, la inflación subió a 3,4% mensual en marzo y la confianza en el gobierno retrocedió por cuarto mes consecutivo, según la Universidad Di Tella.

Fuente: AFP.