Una corte estadounidense autorizó ayer martes al estado de Texas a exhibir permanentemente los Diez Mandamientos en las salas de clase de escuelas públicas, en una batalla que enfrenta a autoridades conservadoras y defensores de la libertad de culto. Esta disposición ya había sido aprobada por el Parlamento de Texas de mayoría republicana en junio de 2025 pero, en diciembre, autoridades escolares locales, familias y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) consiguieron que un tribunal de distrito la bloqueara, con el argumento de que atentaba contra la libertad de religión, amparada por la Constitución.

Sin embargo, según este nuevo fallo de un tribunal federal de apelaciones con sede en Nueva Orleans, la norma, conocida como S.B. 10, "no autoriza ninguna instrucción religiosa ni otorga a los maestros licencia alguna para contradecir las creencias religiosas de los niños (o las de sus padres). A ningún niño se le obliga a recitar los Mandamientos, a creer en ellos ni a afirmar su origen divino".

Tampoco “dicta a las iglesias, sinagogas o mezquitas qué deben creer, cómo deben rendir culto ni a quiénes deben emplear como sacerdotes, rabinos o imanes. No sanciona a nadie que rechace los Diez Mandamientos, independientemente del motivo”, agrega esta decisión, que levantó la prohibición, y que puede ser apelada en instancias superiores.

“Esta es una victoria trascendental para Texas y para nuestros valores morales”, dijo el fiscal general de Texas, Ken Paxton. “Mi oficina se enorgulleció de defender la SB 10 y de garantizar con éxito que los Diez Mandamientos se exhiban en las aulas de todo Texas. Los Diez Mandamientos han tenido un impacto profundo en nuestra nación, y es importante que los estudiantes aprendan de ellos cada día”, agregó. En los últimos meses Paxton también ha pedido a las autoridades escolares que implementen a la brevedad otra norma, la SB 11, que incluye un período de oración y lectura de textos religiosos en el aula.

Los demandantes han expresado su temor de que sus hijos sean obligados a observar y venerar lo que consideran una versión de los mandamientos impuesta por el estado de Texas, atentando contra su libertad religiosa. “El derecho de los estudiantes a estar libres de adoctrinamiento religioso está protegido por la Constitución. No dejaremos de luchar”, declaró ACLU en sus redes sociales.

Fuente: AFP.

A pocas horas de que terminara la cuenta regresiva, el presidente Donald Trump prorrogó indefinidamente ayer martes la tregua con Irán para dar más tiempo a las negociaciones de paz, mientras un desafiante Teherán profirió más amenazas contra sus vecinos del Golfo. El mandatario republicano atribuyó su decisión a una solicitud del mediador Pakistán y subrayó la necesidad de permitir al “fracturado” gobierno iraní que elabore una propuesta para ponerle fin al conflicto. Sin embargo, afirmó que el bloqueo de los puertos iraníes continuará.

Trump había indicado previamente que no extendería el alto el fuego de dos semanas y había advertido de la reanudación de los bombardeos cuando este expirara. "He ordenado a nuestras Fuerzas Armadas que continúen con el bloqueo y, en todos los demás aspectos, permanezcan listas y preparadas, y por lo tanto prolongaré el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta y las conversaciones concluyan, de una forma u otra", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

Antes de la intervención de última hora de Trump, no estaba claro exactamente cuándo expiraría cese de hostilidades original, aunque Pakistán había indicado que terminaría a las 23:50 GMT del martes. Ese momento pasó sin que se reportaran nuevas actividades militares por parte de Irán, que consideraba que el alto el fuego finalizaría a las 0:00 GMT y no ha hecho ningún comentario público inmediato en respuesta al anuncio de Trump.

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, en su figura de interlocutor, celebró la prórroga. “Sinceramente espero que ambas partes continúen respetando el cese el fuego y puedan concluir un ‘Acuerdo de Paz’ integral en una segunda ronda de diálogos programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto”, escribió en la red social X. El jefe de la ONU, António Guterres, elogió el anuncio y se refirió a un “avance importante hacia la desescalada”, según un comunicado de su portavoz.

El vicepresidente JD Vance, quien debía volver a encabezar la delegación estadounidense en las negociaciones entre las partes, finalmente no partió el martes hacia Pakistán, donde se preveía un nuevo encuentro, confirmó la Casa Blanca. Irán se negaba, en ese momento, a enviar una delegación a Islamabad. Antes del anuncio de Trump, Teherán había amenazado incluso con reanudar los ataques contra los países del Golfo y poner en peligro el suministro mundial de petróleo.

“Nuestros vecinos del sur deben saber que, si su geografía y sus instalaciones se utilizan al servicio de los enemigos para atacar a la nación iraní, deberán despedirse de la producción de petróleo en Oriente Medio”, habían advertido los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán.

Previo a estas amenazas, los precios del petróleo, sometidos a tensión por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del suministro mundial, ya habían vuelto a subir un 3 %. Irán sabe cómo “resistir a las intimidaciones”, zanjó el canciller iraní, Abás Araqhi, al denunciar el bloqueo estadounidense de los puertos del país como “un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego”.

Antes de anunciar la extensión de la tregua, Trump pidió a Teherán que “liberara” a varias mujeres que, según él, estarían amenazadas de ejecución. Sería un “muy buen comienzo para las negociaciones”, estimó. La AFP no pudo confirmar estas amenazas de ejecución ni la identidad de las mujeres cuyas fotografías reprodujo el presidente estadounidense para respaldar su petición. Irán ha desmentido cualquier ejecución de ese tipo.

En Teherán, donde los principales aeropuertos reabrieron el lunes tras varias semanas cerrados, la vida ha vuelto a la normalidad. Algunos residentes en la capital contactados por la AFP desde París aprovechan el alto el fuego para tomarse un respiro, aunque con el temor de que la guerra vuelva pronto. “He salido sin estresarme, he paseado, he ido a cafeterías, restaurantes”, dice Mobina Rasoulian, una estudiante de 19 años, que pasea por la capital iraní.

En el otro frente de la guerra, el jueves se llevarán a cabo en Washington nuevas conversaciones directas entre Israel y Líbano, según la diplomacia estadounidense. Al igual que las primeras, el 14 de abril, se celebrarán a nivel de embajadores. El viernes entró en vigor un frágil alto el fuego de 10 días entre Israel y Hezbolá, grupo proiraní, que ambas partes se han acusado mutuamente de violar.

El ejército israelí afirmó el martes que atacó un lanzacohetes de Hezbolá después de que el movimiento chiita aliado de Irán disparara contra sus tropas en el país vecino. En un comunicado Hezbolá dijo que fue “en defensa del Líbano y su pueblo, y en respuesta a las flagrantes” violaciones del alto el fuego por parte de Israel. Ese país se convirtió en el otro gran frente de la guerra desde que Hezbolá lo arrastró al conflicto el 2 de marzo con el lanzamiento de cohetes contra Israel en apoyo a Irán. Al menos 2.454 personas han muerto en bombardeos israelíes.

Fuente: AFP.

Al menos cinco prisioneros murieron durante un motín en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela, informó el martes el ministerio de Servicio Penitenciario.

Las prisiones en Venezuela son objeto de constantes denuncias por condiciones de hacinamiento, conflictos violentos entre la población carcelaria y los custodios y el control que ejercen grupos delictivos.

El lunes “se suscitó una riña entre privados de libertad que devino en un motín” en la cárcel Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas, informó el ministerio de Servicio Penitenciario en un comunicado difundido en redes.

“Deja como resultado el fallecimiento de cinco personas privadas de libertad”, añade el escueto texto.

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Las autoridades penitenciarias no detallaron las razones del conflicto, tampoco si hubo heridos.

La Fiscalía venezolana anunció la víspera una investigación sobre el incidente.

La cárcel consta de tres instalaciones: Yare I, II y III.

En 2023 el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por bandas delictivas.

Decenas de presos fueron trasladados a Yare III tras estas operaciones.

La instalación vecina, Yare II, sirve como prisión política.

La semana pasada al menos 46 presos políticos vinculados con la industria petrolera fueron excarcelados de ese centro de detención, constató un equipo de la AFP.

La oenegé Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) registró 105 muertes en cárceles venezolanas durante 2024 vinculadas con las precarias condiciones de reclusión.

Fuente: AFP

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La Cámara de Apelación de Crimen Organizado ratificó la condena de 21 años de cárcel y 9 años de medidas de seguridad, totalizando así 30 años de pena para Armando Javier Rotela, líder del clan Rotela. Asimismo, se confirmaron las sentencias condenatorias para varios procesados por el tráfico de drogas y armas desde el penal de Tacumbú. La resolución lleva la firma de los camaristas Mario Camilo Torres, Arnulfo Arias y Paublino Escobar.

Además de Rotela, también se confirmaron las penas de Juan Javier Rodas Román (19 años más 4 de medidas de seguridad); Vicente Ignacio Chase Lauseker (18 años más 4 de medidas de seguridad); y Carlos Damián Fernández González, con una pena privativa de libertad de 14 años.

Del mismo modo, se confirmó la condena de 10 años de cárcel para Carmen Carolina Ortiz Figueredo; 12 años de encierro para Fredy Magdaleno Pérez Montiel y Ronald Herminio Cantero Ibáñez; y 13 años para Christian Mario Martínez Medina. Todos ellos fueron procesados por narcotráfico y violación de la Ley de Armas.

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El camarista Camilo Torres, quien fue preopinante, estudió uno por uno los recursos y consideró que corresponde la confirmación de la determinación adoptada en primera instancia.

La investigación del caso se inició en el 2021, durante la pandemia, cuando se logró interceptar llamadas telefónicas mediante autorización judicial. Según la Fiscalía, Armando Javier Rotela seguía operando desde Tacumbú a través de los mismos guardiacárceles, quienes facilitaban la entrega de sustancias y la introducción de armas de fuego bajo sus órdenes.

En el caso de Armando Rotela, en abril de 2024, una jueza unificó dos sentencias en su contra y determinó una pena total de 23 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad. Se trataba de una sentencia previa de 19 años de cárcel y 8 años de medidas de seguridad, sumada a otra pena de 8 años de prisión. Con esa decisión, deberá permanecer en prisión hasta el año 2046.

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