Ecuador empezó ayer jueves a desplegar hasta 3.000 militares para mantener el orden en Quito en medio de fuertes protestas indígenas contra el gobierno, informó el Ejército. Convocados por la mayor organización de pueblos originarios (Conaie), aborígenes bloquean carreteras de algunas provincias -como en Pichincha, donde está la capital- desde el 22 de setiembre.
Los indígenas rechazan la eliminación del subsidio al diésel porque, consideran, encarece el costo de vida en sus empobrecidas comunidades agrícolas. Las protestas, que se han concentrado en las afueras de Quito, dejan un manifestante fallecido, unos 160 heridos entre civiles, militares y policías, y unos 110 detenidos, según cifras oficiales y de oenegés de derechos humanos.
“Personal militar, medios aéreos y terrestres han iniciado un gran despliegue hacia la ciudad de Quito”, señaló el Ejército en un grupo de WhatsApp con periodistas. Apuntó que el contingente de hasta 3.000 agentes tiene la misión de “precautelar la seguridad” en la capital.
En el marco del “paro” de la Conaie, una agrupación de indígenas que viven en Quito tiene previsto realizar una “marcha pacífica” este domingo en medio de un estado de excepción que rige para la mitad de las provincias del país, incluida la andina Pichincha.
“Fuerzas Armadas no permitirán el caos y vandalismo, así como la destrucción de bienes públicos y privados”, indicó el Ejército, que divulgó imágenes de soldados recorriendo el centro histórico, donde la sede presidencial se encuentra cercada con rejas.
En el pasado, los reclamos sociales liderados por la Conaie derivaron en violentas manifestaciones en la capital que causaron el derrocamiento de tres mandatarios. El último fin de semana, el titular de esa organización, Marlon Vargas, anunció una radicalización de las protestas y que si hace falta “vamos a tomarnos” Quito. El presidente Daniel Noboa manifestó que aplicará la ley. “Nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital”, expresó.
Fuente: AFP.
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El Canal de la Muerte: el macabro vertedero que refleja la violencia en Ecuador
Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.
El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.
A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.
“La muerte nos visita”
“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.
“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Abusos
Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.
Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.
Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
“Matan por otras partes”
La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.
Fuente: AFP.
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Tragedia en Ecuador: desbordamiento de un río deja 5 muertos tras fuertes lluvias
Cinco personas fallecieron por el desbordamiento de un río que arrasó casas y vegetación en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, informó ayer sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Las intensas lluvias en la región amazónica provocaron la emergencia el viernes en la noche en una zona rural de la ciudad de Zamora. Imágenes difundidas en medios locales muestran viviendas y autos destruidos, y zonas enteras inundadas o cubiertas por lodo.
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El presidente Daniel Noboa lamentó la muerte de dos funcionarios “mientras ayudaban a evacuar a familias afectadas por la emergencia”. “Su vocación de servicio y su entrega hasta el último momento merecen el respeto y la gratitud de todo un país. Ecuador no los olvidará”, indicó el mandatario en X.
Según el Ministerio de Defensa, “han sido rescatados 38 ciudadanos y 10 bomberos”. “Las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan en la zona”, añadió en un comunicado.
El Ministerio de Defensa informó este domingo a través de un posteo en la red social X que las operaciones de búsqueda y asistencia continúan sin descanso.
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Fuente: AFP
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EE. UU. designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers
Estados Unidos anunció el miércoles que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.
Chone Killers “ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas” explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.
Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en setiembre del año pasado.
“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos” aseguró el comunicado.
Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones “narcoterroristas” a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.
Coordinar la lucha contra el crimen
Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea.
Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de setiembre pasado.
Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.
El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.
El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado.
Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.
Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.
El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.
Fuente: AFP
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El Chapare, la región cocalera donde se esconde el prófugo Evo Morales
A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno. En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el actual mandatario de derecha Rodrigo Paz.
El izquierdista Morales anunció la última semana de junio una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas. Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.
Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona. “La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno”, dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico “salchipapa” en la plaza del municipio de Shinahota.
“Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad”, agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).
Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución. La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.
“La vida por Evo”
La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol. La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90 % de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.
Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el “chasqueo”: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.
“En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa”, dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.
“En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo”, advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.
El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.
Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.
En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.
Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.
“No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno”, dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.
“Somos discriminados”
En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos. “Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos”, dice Nicolás García, un chofer de 52 años.
En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno. “Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos”, dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota. “Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa”, lanzó.
Fuente: AFP.