Ecuador anunció el jueves que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

Serán dos los drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. “¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!”, dijo el ministerio de Defensa en redes sociales. Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.

“La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló el ministerio en un comunicado. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que “con dos de estos (drones)” se puede cubrir “los 732 kilómetros de frontera con Colombia”.

“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones” estadounidenses, añadió.

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental.

Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Conocidos como “cazadores asesinos”, los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas “de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados” que “amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales”, de acuerdo con el ministerio.

Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.

Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año.

La Constitución de Ecuador prohíbe las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratificaron en un referéndum el año pasado esa restricción. Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Trump.

Fuente: AFP.

El ministro de Defensa Nacional, Gral. Óscar González, destacó el apoyo de las Fuerzas Armadas para asistir a las familias afectadas por el temporal.

Explicó que elementos multi-rol del Comando Logístico -electricistas, carpinteros y albañiles- están refaccionando viviendas precarias dañadas.

“Hubo un temporal antes del sábado que afectó a Yhú (Caaguazú) que arrasó algunos cultivos y también viviendas precarias. Las casas están siendo refaccionadas por elementos del Comando Logístico”, comentó a la 1020 AM.

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Detalló que en esta localidad, alrededor de 15 viviendas precarias fueron destruidas por la tormenta. “Pero muchísimas familias fueron afectadas, no solo en Yhú, también en 25 de Diciembre. La Secretaría de Emergencia Nacional pudo intervenir ahí y nosotros nos quedamos en el sector de Yhú”, refirió.

Con respecto al temporal que azotó Asunción, Central y varios departamentos el sábado 3 de octubre, el ministro González manifestó que los efectivos militares se congregaron en el Instituto Nacional del Cáncer (Incan).

“Ahí hubo muchos árboles caídos, muchos destrozos, 50 efectivos militares de la Academia Militar, del Comando Logístico y del Ejército trabajaron ahí y para el mediodía eso ya estaba totalmente despejado. Todas las vías de acceso al hospital estaban despejadas y el presidente de la Ande ordenó que se instale ahí un generador”, indicó.

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Investigadores hallaron una nueva especie de rana milimétrica y venenosa que llamaron “desconcertante” y que está amenazada por la minería en Ecuador, informó el viernes el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio). Científicamente conocida como excidobates perplexus, esta rana mide entre 15,1 y 18,3 milímetros de longitud.

Dos poblaciones fueron identificadas en la cuenca del río Paute y al norte de la Cordillera del Cóndor, en el sur de Ecuador. Pequeño pero megadiverso, el país acoge a 703 especies de anfibios. Sólo Colombia y Brasil tienen más variedades en un territorio mucho más extenso.

“La nueva especie pertenece al género Excidobates, un grupo de ranas venenosas cuya diversidad todavía no se conoce completamente”, señaló el Inabio en un comunicado. Aunque son de la misma especie, las dos poblaciones conocidas tienen diferente coloración. Las de la Cordillera del Cóndor tienen el dorso verde con manchas amarillas irregulares y las otras son de color negro con patrones escarlata.

Esa diferencia hizo pensar que se trataba de especies distintas, pero análisis genéticos lo descartaron. La curiosa variedad en el color llevó a los investigadores a bautizar a esta rana como perplexus, que significa “desconcertante” o “confuso”, según el Instituto.

“Esta nueva especie enfrenta serias amenazas, la población del Cóndor se encuentra dentro de grandes concesiones mineras destinadas a la extracción de cobre, oro y molibdeno”, anotó el Inabio. Además, este tipo de ranas son codiciadas en mercados ilegales por su atractivo como animales de colección, agregó. Excidobates perplexus vive en bosques bien conservados, con árboles que superan los 15 metros de altura y cuyas raíces son uno de los lugares elegidos por los machos de la especie para emitir su canto.

En el hallazgo participaron científicos del Jungle Dave’s Science Foundation, el Inabio, la Universidad San Francisco de Quito, la Universidad del Azuay, la Fundación Nukamp, la University of Central Florida y la Universidad Católica del Ecuador. La descripción fue publicada en la revista científica Zootaxa.

Fuente: AFP.

Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.