El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer viernes el inicio de “conversaciones” en el extranjero con el clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

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“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles. El anuncio se da mientras el país atraviesa su peor ola de violencia, provocada por los grupos ilegales, desde el histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Estos están sometidos a un sistema de justicia transicional, en el que prima la reparación a las víctimas y la memoria histórica por sobre las penas de cárcel. Para los expertos en procesos de paz, el grupo narcotraficante no cumple con los requisitos para acceder a la justicia transicional.

“Su conexión con economías ilícitas desde su fundación” y la falta de un “proyecto político detrás de la organización” la alejan de esta categoría, dijo a la AFP Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para La Paz (FIP). A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme.

Desde que arrancó su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados, sin éxito hasta ahora. “Estamos intentando quitar las finanzas” de los grupos que “hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”, declaró el presidente.

Durante el mandato de Petro, los grupos armados, financiados por actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, se han fortalecido, según expertos. Con el estancamiento de la política de paz y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, Arias considera que “no hay tiempo” para lograr un acuerdo de paz con el Clan del Golfo.

“No hay tiempo ni espacio político para avanzar en un proceso de paz (...) Hay una clara instrumentalización de estos anuncios para hacer campaña electoral para 2026”, dijo. En medio del récord de narcocultivos en el país, con 253.000 hectáreas registradas en 2023 según la ONU, las fuerzas armadas llevan a cabo una gran ofensiva para intentar frenar al grupo narcotraficante.

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Los analistas afirman que el recrudecimiento de la ofensiva contra los grupos ilícitos responde a presiones de Estados Unidos, socio histórico de Colombia, en sus horas más bajas de relación bilateral. El anuncio de las conversaciones llega el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para combatir a los cárteles latinoamericanos considerados “terroristas globales”.

Se espera que en setiembre Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

Fuente: AFP