Un jurado de Los Ángeles declaró el miércoles a Meta y YouTube responsables de haber perjudicado a una joven mediante el diseño adictivo de sus plataformas de redes sociales, y ordenó a las empresas pagar 3 millones de dólares en daños.

La decisión abre la puerta a posibles indemnizaciones mucho mayores.

El jurado respondió afirmativamente a las siete preguntas que se le plantearon sobre ambas compañías, y concluyó que Meta y YouTube fueron negligentes en el diseño y funcionamiento de sus plataformas y que esa negligencia fue un factor central en el daño causado a la demandante.

Los jurados también determinaron que ambas empresas sabían o deberían haber sabido que sus servicios representaban un peligro para los menores, que no advirtieron adecuadamente a los usuarios de ese peligro y que un operador razonable de una plataforma sí lo habría hecho.

“La hora de rendir cuentas ha llegado”, dijeron los abogados de la demandante en un comunicado.

Un portavoz de Meta señaló que la empresa “respetuosamente discrepa” con el veredicto.

El panel atribuyó a Meta el 70 % de la responsabilidad por el daño sufrido por la demandante -una parte de 2,1 millones de dólares de la indemnización compensatoria- y a YouTube el 30 % restante, es decir, 900.000 dólares.

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“Tres millones de dólares es un tirón de orejas para empresas como Meta y YouTube, que son dos de los mayores vendedores de publicidad del mundo”, dijo Jasmine Engberg, de Scalable, que hace un seguimiento de la industria de las redes sociales.

“Pero si estas empresas se ven obligadas a rediseñar sus productos, eso supone una amenaza existencial para sus modelos de negocio”, enfatizó.

El jurado determinó que ambas compañías actuaron con malicia, conducta abusiva o fraude, una conclusión que abona el terreno para una fase separada de daños punitivos.

La demandante, identificada en los documentos judiciales por sus iniciales K.G.M. y presentada solo como Kaley en el juicio, es la figura central de un caso modelo que podría determinar si las empresas de redes sociales pueden ser consideradas legalmente responsables de perjudicar la salud mental de los menores.

Kaley comenzó a usar YouTube a los seis años, descargando la aplicación en su iPod Touch para ver videos sobre brillo labial y un juego infantil en línea.

Se unió a Instagram a los nueve, burlando un bloqueo que su madre había implementado para mantenerla fuera de la plataforma.

Declaró ante el jurado que su uso casi constante de las redes sociales “realmente afectó (su) autoestima”, y afirmó que las aplicaciones la llevaron a abandonar aficiones, tener dificultades para hacer amigos y compararse constantemente con los demás.

En los alegatos finales, el abogado de la demandante, Mark Lanier, presentó el caso como una historia de codicia corporativa.

Sostuvo que funciones como el desplazamiento infinito (scrolling), la reproducción automática de videos, las notificaciones y los contadores de “me gusta” fueron diseñados para fomentar un uso compulsivo entre los jóvenes.

Meta y YouTube sostuvieron en todo momento que los problemas de salud mental de Kaley no tenían nada que ver con sus plataformas.

El abogado de Meta, Paul Schmidt, destacó la conflictiva relación de Kaley con su madre y puso a los jurados una grabación en la que aparentemente se escucha a la madre gritarle e insultarla.

YouTube cuestionó cuánto tiempo pasaba realmente Kaley en su plataforma; su abogado dijo al tribunal que los registros de uso mostraban que ella promediaba poco más de un minuto al día en las mismas funciones que sus abogados calificaron de adictivas.

El jurado rechazó los argumentos de la defensa en las siete preguntas de cada formulario de veredicto que les fue entregado.

Un jurado diferente de Nuevo México determinó el martes que Meta era responsable de poner en peligro a los niños al hacerlos vulnerables a depredadores en sus plataformas, y a otros riesgos.

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La fiscalía había solicitado la indemnización máxima de 2.200 millones de dólares, pero el jurado otorgó una cantidad menor, de 375 millones de dólares.

Fuente: AFP

El operativo policial permitió detener a uno de los criminales más buscados de la región, quien fue expulsado del país y trasladado por la DEA rumbo a Estados Unidos.

La captura del narco­traficante uruguayo Sebastián Marset en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra puso fin a una de las fugas más prolonga­das y mediáticas del crimen organizado en Sudamérica. El procedimiento fue ejecu­tado durante la madrugada del viernes en un operativo de fuerzas especiales bolivia­nas, que irrumpieron en una vivienda donde el prófugo se ocultaba junto a integrantes de su entorno. Tras varios meses de trabajo de inteli­gencia y cooperación inter­nacional, las autoridades lograron ubicar su paradero y detenerlo sin que se regis­traran enfrentamientos.

La caída del narcotraficante era seguida de cerca por agen­cias de seguridad de varios países. Sobre él pesaban órde­nes de captura y pedidos de cooperación judicial vincula­dos al tráfico internacional de drogas y al lavado de dinero. Además, el Gobierno de Esta­dos Unidos había ofrecido una recompensa por información que permitiera dar con su ubi­cación, lo que evidenciaba la magnitud del caso y la dimen­sión internacional de la red criminal que se le atribuía.

Marset, de nacionalidad uru­guaya, se había convertido en los últimos años en una figura central dentro de las investigaciones sobre nar­cotráfico en la región. Las autoridades lo señalaban como uno de los principa­les articuladores de rutas de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, a través de una estructura que operaba en varios países. Su nombre apareció en investigacio­nes en Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, donde se lo vinculó con organizaciones dedicadas al envío de gran­des cargamentos de droga hacia puertos europeos.

Antes de convertirse en uno de los hombres más busca­dos del continente, Marset había tenido antecedentes por narcotráfico en su país de origen. Tras recuperar la libertad, logró reorgani­zar su estructura criminal y expandir sus operacio­nes, utilizando empresas de fachada, identidades fal­sas y una red de colabora­dores para moverse entre distintos países. Durante su etapa como prófugo, su figura estuvo rodeada de controversias. Su nombre fue mencionado en diversas investigaciones vinculadas al crimen organizado regio­nal e incluso surgieron sos­pechas sobre su posible rela­ción con episodios violentos ligados al narcotráfico, lo que incrementó el interés de las agencias internacio­nales en lograr su captura.

“El uruguayo capturado Sebastián Marset fue expul­sado de Bolivia hace ins­tantes”, informó la Secre­taría Nacional Antidrogas (Senad) en una publica­ción en redes sociales a las 11:35 del viernes, con imá­genes del procedimiento realizado en el Aeropuerto Internacional Viru Viru, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, desde donde despegó en un avión con matrícula estadouni­dense a las 9:09, a cargo de agentes de la DEA de Esta­dos Unidos.

El avión que transportaba al capo narcotraficante uru­guayo, tras su expulsión de Bolivia, aterrizó en el aero­puerto de Lima, Perú. En este lugar, la DEA, agen­cia federal estadounidense que se encarga de combatir el narcotráfico, cambió de aeronave y continuó su viaje hacia los Estados Unidos.

Según las informaciones que dieron a conocer las autori­dades, la DEA completará el traslado de Marset hacia Estados Unidos para some­terse a la justicia norteame­ricana por diversos cargos, hasta la ciudad de Nueva York.

La detención cierra, al menos por ahora, un capítulo que durante años mantuvo en alerta a los organismos de seguridad de la región y que expuso el alcance transna­cional del narcotráfico sud­americano.

El ministro de Gobierno de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, detalló que las investigaciones permitieron establecer que Mar­set había instalado una base de operaciones en Santa Cruz de la Sierra, lo que motivó el despliegue de un procedimiento meti­culoso y profesional a cargo de unidades especiales policiales y equipos de investigación. “Unidades especializadas de la Policía trabajaron durante varias semanas para proceder a la captura y posterior expulsión de Sebastián Marset. Esta tarea se realizó con absoluta discreción, sin dar información parcial ni generar especulaciones; una vez producidos los hechos informamos a la opinión pública”, señaló Oviedo. El operativo se ejecutó alrede­dor de las 3:00 de la madrugada en Santa Cruz, con intervencio­nes simultáneas en dos inmuebles vinculados al narcotraficante. “El inmueble A era la residencia donde se encontraba Marset, mientras que el inmueble B funcionaba como refugio del grupo de seguridad de este señor”, explicó.

De acuerdo con el informe oficial, ambas acciones se rea­lizaron con pocos minutos de diferencia. Primero se inter­vino el lugar donde se encontraba el equipo de seguridad del prófugo.

Marset utilizaba identidades falsas, presentándose en ocasiones como Luis Amorim Santos o Gabriel de Souza Beumer.

El uruguayo Sebastián Enri­que Marset Cabrera, que fue capturado ayer en Santa Cruz, Bolivia, figuraba entre los fugitivos más buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

La agencia norteameri­cana ofrecía una fuerte recompensa de hasta USD 2.000.000 por informa­ción que permitiera su cap­tura o condena. El uruguayo estaba acusado por la Jus­ticia estadounidense del delito de “conspiración para cometer lavado de dinero”, al haber utilizado presun­tamente el sistema finan­ciero de ese país para mover ganancias provenientes del narcotráfico internacional.

Según las autoridades esta­dounidenses, Marset uti­lizaba identidades falsas, presentándose en ocasiones como Luis Amorim Santos o Gabriel de Souza Beumer, lo que le ayudaba a movili­zarse y eventualmente esca­par entre distintos países y evitar su detección. De esa forma habría evadido el último operativo, en julio de 2023, que fue frustrado a última hora en Santa Cruz.

Las investigaciones lo ubican como uno de los principales articuladores del tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia Europa, con opera­ciones que se extendían por Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil y otros países.

En Paraguay estaba aso­ciado al poderoso clan de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y de su socio, Jaime Franco, que tenían a su cargo los envíos de car­gas de cocaína hacia Europa, a través de los puertos pri­vados en Paraguay y Uru­guay. Según los organis­mos de seguridad, su red criminal estuvo vinculada al envío de más de 16 tone­ladas de cocaína, incluyendo un cargamento de 11 tone­ladas incautado en 2021 en el puerto de Amberes, Bél­gica, considerado uno de los mayores decomisos regis­trados en ese continente.

También las penitenciarías que alojan a procesados y condenados, vinculados al narcotraficante Sebastián Marset, cuentan con las mismas medidas. El penal de máxima seguridad de Emboscada en el pabellón de mujeres, se encuentra en alerta tras la captura de Sebastián Marset en Bolivia, teniendo en cuenta que la esposa del mismo, Gianina García, se encuentra en esta penitencia­ría. El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, refirió que estarán atentos a cualquier información o movimiento que pueda surgir. “Teniendo en cuenta que está privada de libertad la pareja de esta persona (Sebastián Marset) siempre es importante el trabajo interno que se hace con el refuerzo de seguridad, la atención del personal asignado y por sobre todo el trabajo conjunto con la Poli­cía Nacional y las Fuerzas Militares”, dijo a la 730 AM. Indicó que también en otras penitenciarías se encuentran otras personas con procesos abiertos y otras con condena que tienen vínculos con Marset, por lo que “el monitoreo y la información que puedan surgir en materia de inteligencia para nosotros es fundamental, el conocimiento para tomar las medidas necesarias”.

Además de sostener una vida marcada por el lujo y la clandestinidad, dos aspectos que represen­tan continuos movimientos de dinero, Sebastián Marset dedicó años a una faceta que lo acom­pañó casi como una obsesión: su deseo de ser futbolista. No era un simple pasatiempo, el narco­traficante uruguayo capturado ayer, encontró en el fútbol una forma de proyectar otra identidad pública, maquillando su doble vida en el mundo de la mafia y, al mismo tiempo, alimentar una aspiración personal que muchos describen como la de un futbolista aficionado. En Paraguay pro­tagonizó uno de los episodios más comentados de esa etapa. Cuando se vinculó al Deportivo Capiatá, que por entonces disputaba la división Intermedia del fútbol paraguayo, Marset habría pagado USD 10.000 para utilizar la camiseta número 10. Su relación con el club de la ciudad de los mitos no se limitó al campo de juego. Según datos recogidos por la Fiscalía paraguaya, el uru­guayo realizó importantes aportes económicos al equipo, financiando gastos e incluso entre­gando obsequios de alto valor al entorno deportivo.

“Este no es un hecho ais­lado, es el inicio de una serie de acciones que refle­jan la determinación de nuestro gobierno de hacer de Bolivia un país libre del crimen organizado, del narcotrá­fico y de la corrupción y de la impunidad”, dijo en conferencia de prensa el presidente boliviano, Rodrigo Paz, tras confirmar la captura del narco uruguayo en Bolivia.

Agregó que la captura de Marset significa que Bolivia se encuentra de pie defendiendo la ley y contribuyendo activa­mente a la seguridad de “nuestra región y del mundo”. “Esta no es una victoria del Gobierno nacional, esta es una victo­ria de todos los bolivianos y de todas las bolivianas. Asuma­mos con grandeza este paso fundamental para transformar la patria”, puntualizó. Añadió que la captura reafirma su volun­tad en la lucha contra el crimen organizado y las mafias “por encima de intereses políticos, sectoriales o regionales”.

El presidente de Colom­bia, Gustavo Preto, se pro­nunció sobre la captura del narcotraficante Sebastián Marset, uno de los hombres más buscados en la región. El mandatario recordó que Mar­set lo había mandado a matar durante el ejercicio de su cargo, además de sindicarlo como responsable del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. “Este señor me quería asesinar en el ejercicio de mi cargo como presidente de la República, era muy amigo de gente de la Fiscalía de alto nivel, que permitieron que se borrara su nombre de los expedientes del asesinato del fiscal paraguayo Pecci en Cartagena, Colombia. El fiscal Pecci fue ase­sinado en su luna de miel y ante su mujer embarazada, como si la vendetta reviviera”, publicó en su cuenta oficial de X. El man­datario colombiano aseguró además que Marset es miembro de la junta del narcotráfico en Dubái y sus socios son los grandes capos de la cocaína en Europa y Medio Oriente.

El presidente uruguayo, Yamandú Orsi, fue consul­tado ayer por la captura del narcotraficante Sebas­tián Marset, quien cayó en Bolivia. “Por lo que tengo entendido ya se estaría yendo hacia Estados Unidos”, respondió el mandatario en rueda de prensa.

“Acabo de cortar de hablar con el presidente (Rodrigo) Paz. Estuvimos hace pocas horas juntos, hablando del tema, y bueno, hoy nos despertamos con esta noticia, lo llamé y bueno, tuvieron que superar algunas cosas internas que tenían, que no permitía la captura rápida, pero bueno, por lo que me dijo él se pudo resolver y esto habla de la necesidad de coordinación”, agregó el mandatario. “Existe bastante más coordinación de la que todos suponemos entre los organis­mos y los responsables de la seguridad de los países”, enfatizó el presidente.

La ciudad natal del encarcelado capo del narcotráfico mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán fue blanco de ataques con drones explosivos, informó este martes el gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), sacudido por una prolongada guerra intestina en un poderoso cártel. El violento conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa estalló en septiembre del año pasado y deja un saldo de al menos 1.700 personas asesinadas, 57 de ellas menores de edad, y casi 2.000 desaparecidos.

El bombardeo con drones, cuya fecha no fue precisada por las autoridades, afectó a Badiraguato, cuna de la familia de Guzmán y bastión histórico del narcotráfico en México, y provocó el desplazamiento forzado de decenas de habitantes de esa zona, detalló el gobernador Rubén Rocha Moya.

“En efecto se han estado usando drones” para estos ataques, declaró a periodistas el mandatario estatal, quien aseguró que su gobierno atiende a quienes huyeron de la zona. “Ha habido un fenómeno repentino de desplazamiento y lo hemos estado atendiendo en Badiraguato y aquí en Culiacán”, agregó Rocha sobre la capital estatal.

Según testimonios de algunos de los desplazados, que pidieron a la AFP mantener su identidad en reserva, los ataques afectaron al rancho La Tuna, perteneciente a la familia del Chapo, y a otras propiedades donde más de 80 familias se vieron amenazadas por grupos armados. Los ataques con drones comenzaron el 16 de septiembre, según una habitante de Bacacoragua, una de las comunidades de Badiraguato, quien abandonó su pueblo a inicios de octubre y se refugió en Culiacán.

Hombres armados en motocicletas y vehículos todo terreno bloquearon los accesos a los ranchos, y cortaron el suministro eléctrico en la zona, según otra testigo que huyó del pueblo de San José del Llano, en el mismo municipio. La AFP no pudo obtener de momento una versión oficial sobre estos hechos.

La guerra intestina se inició tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, quien fue traicionado y llevado a Estados Unidos en 2024 por un hijo de su antiguo socio, el “Chapo”. Ahora cumple prisión de por vida.

Guzmán, en tanto, cumple desde 2019 una sentencia de cadena perpetua en una cárcel estadounidense. En México, diversos grupos criminales utilizan drones de forma frecuente para realizar ataques contra sus rivales o contra autoridades. El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha utilizado estos artefactos al menos desde 2020, según un reporte del centro de pensamiento Insight Crime.

Fuente: AFP.

Un Tribunal de Sentencia encontró culpable al cantante Pablo Benegas de ser el responsable de los hechos punibles de abuso sexual en niños y pornografía infantil, luego de quedar probado en un juicio oral y público que abusó de dos niñas de 16 y de 11 años, que estaban en estado de vulnerabilidad.

Asimismo, los jueces de Sentencia Lourdes Garcete, Rossana Maldonado y Juan Ortiz tuvieron por probado que el acusado grabó las partes íntimas de una de las víctimas cuando estaba dormida y vestida de colegiada.

Para los magistrados no se probaron los hechos punibles de proxenetismo y coacción sexual y violación. La presidenta del tribunal indicó que no quedó claro si realmente existió ofrecimiento de una suma de dinero y tampoco que haya sido Benegas el que dopó a las menores.

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El juicio fue dividido en dos partes, por lo cual primero declararon la reprochabilidad del acusado y en la etapa siguiente analizarán la pena a ser impuesta conforme a los hechos que fueron acreditados en el juicio oral. La pena a la que se expone Benegas podría superar los 20 años de cárcel.

El juicio oral y público prosigue el próximo miércoles, cuando la fiscalía tendrá que pedir los años de cárcel. Asimismo, luego de dicho paso ya los jueces tendrán que estudiar a cuántos será condenado el cantante, quien está preso en la cárcel de Emboscada.

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