El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la lucha contra el crimen organizado y el fortalecimiento del sistema de Justicia requieren de una coordinación estratégica entre instituciones y un enfoque estructural. Durante sus declaraciones ante la prensa, remarcó que la Justicia que anhela el pueblo paraguayo solo será posible si se corrigen los cuatro eslabones fundamentales del sistema.

Respecto a la lucha contra el crimen organizado, Riera enfatizó la necesidad de proteger a jueces y fiscales que enfrentan riesgos en zonas de alta peligrosidad como Amambay, Canindeyú, Concepción y San Pedro. “No se puede ni se debe utilizar jueces y fiscales locales de lugares complicados, porque sus familias están expuestas”, explicó.

Por ello, los operativos más delicados, incluyendo órdenes de allanamiento y detención, se ejecutan desde Asunción, con equipos especializados y en estricto sigilo para evitar filtraciones, según manifestó. El ministro también destacó los resultados del reciente operativo “Dominatus” en el barrio Ricardo Brugada, como parte de una serie de intervenciones dirigidas a desarticular organizaciones criminales.

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Según Riera, este trabajo es fruto de una labor de inteligencia y preparación minuciosa. Asimismo, reconoció que en varias gobernaciones del país existen grupos criminales de distinto alcance que operan en rubros como el abigeato, la extorsión y el secuestro. “Necesitamos hacer un ‘Veneratio’ o un ‘Dominatus’ en cada uno de los departamentos y eso se va a lograr a medida que la Policía crezca”, enfatizó.

Asimismo, sostuvo que para lograr la Justicia que la ciudadanía quiere, también se deben tener en cuenta el mejoramiento de todos los eslabones que involucran a la Justicia con relación a los otros delitos que también tienen un alto impacto en los niveles de inseguridad. Según Riera, el proceso empieza con una Policía Nacional que detenga a los criminales.

Esto continúa con fiscales que presenten acusaciones sólidas, jueces que emitan condenas justas, y culmina con un sistema penitenciario que haga cumplir las penas e impulse la reinserción social de los condenados. “Si esos cuatro eslabones no funcionan, nosotros tenemos un problema”, advirtió, reconociendo que actualmente el sistema no opera de manera óptima.

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En ese contexto, informó que se mantiene un diálogo directo con el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a través de la Mesa por la Justicia, una instancia de trabajo interinstitucional para coordinar acciones y mejorar la respuesta estatal ante el crimen.

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, acusó ayer miércoles a las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector de “lavado de dinero” para cárteles de la droga y les prohibió “algunas transferencias de fondos”. El magnate republicano ha convertido la lucha contra el fentanilo en una de sus prioridades y acusa a México de no hacer lo suficiente para combatirlo, lo que le llevó a imponerle aranceles.

Según Washington, los cárteles del narcotráfico mexicanos fabrican ilegalmente ese opioide sintético con sustancias procedentes de China, lo cual dejó casi 50.000 muertes por sobredosis en 2024 en Estados Unidos. En este contexto la Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) llevó a cabo una investigación que concluye que esas tres instituciones financieras mexicanas estarían implicadas en lavado de dinero de la droga, explica el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Se trata de CIBanco e Intercam, dos bancos comerciales con más de 7.000 millones de dólares y 4.000 millones de dólares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11.000 millones de dólares, especifica. Washington los acusa de haber desempeñado un papel “vital en el lavado de millones de dólares en nombre de los cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de productos químicos” necesarios para producir fentanilo.

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Las medidas impedirán que “hagan negocios con nosotros”, declaró el subsecretario del Tesoro, Michael Faulkender, en rueda de prensa. En un comunicado la secretaría de Hacienda mexicana se quejó de que el Departamento del Tesoro no ha aportado pruebas.

“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras actuaremos con todo el peso de la ley, sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, asegura en un comunicado.

Además, CIBanco afirmó que “no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad” en una publicación en la red social X. Faulkender dio algunos ejemplos de “cómo estas instituciones con sede en México colaboran con los cárteles para blanquear dinero”.

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“En 2023, un empleado de CIBanco facilitó a sabiendas la creación de una cuenta para supuestamente blanquear 10 millones de dólares en nombre de un miembro del cártel del Golfo” y a finales de 2022 “ejecutivos de Intercam se reunieron directamente” con presuntos miembros de la misma organización delictiva “para discutir esquemas de lavado de dinero, incluida la transferencia de fondos desde China”.

Además de 2013 a 2021, prosiguió Faulkender, un presunto miembro del cártel de Sinaloa “empleó diversos métodos para blanquear dos millones de dólares (...) a través de Vector”. Estos señalamientos prohíben a las tres instituciones financieras facilitar ciertos envíos de fondos, pero no se trata de sanciones económicas como las que impone la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, explicó en la rueda de prensa una funcionaria que pidió mantener el anonimato.

“A diferencia de la mayoría de las sanciones de la OFAC, las medidas especiales de FinCEN no bloquean la propiedad ni prohíben de manera general las transacciones con estas entidades” a todos los estadounidenses, añadió. Las medidas además afectan a los establecimientos en México. Sus sucursales en el extranjero pueden llevar a cabo las transferencias siempre que sean independientes.

• Guayaquil, Ecuador. AFP.

Ecuador recapturó ayer miércoles luego de un año y medio de búsqueda a alias Fito, máximo criminal y narcotraficante del país, desangrado por la guerra entre el Estado y los grupos delincuenciales que negocian con cocaína. El presidente Daniel Noboa anunció el arresto del líder mafioso de Los Choneros, la principal banda ecuatoriana dedicada también a delitos como el tráfico de armas y el sicariato.

Su gobierno había informado en enero del año pasado de la fuga del capo de una prisión en el puerto de Guayaquil, suroeste del país. La recaptura ocurrió durante un operativo en la ciudad de Manta, un puerto pesquero en el oeste de Ecuador y bastión de Los Choneros. Adolfo Macías, nombre real del narco, “está en manos del Bloque de Seguridad”, un grupo especial de las fuerzas militares y policiales en la lucha contra el narcotráfico, celebró el mandatario en la red X.

Tras su detención, Fito fue llevado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en Guayaquil. Llegó a la ciudad en una avioneta de la que bajó escoltado por policías y militares, observó un fotógrafo de la AFP.

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El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró en una rueda de prensa que los uniformados hallaron a Fito escondido en un búnker. El escondite de Macías evoca escenas de película. A ese sótano se accedía al levantar una baldosa del piso en una lujosa residencia.

El gobierno, que promueve la mano dura contra el crimen, prometió capturar a más mafiosos. “Estamos atrás de ellos, nada y nadie nos va a detener”, lanzó Reimberg.

Las fotografías de la captura muestran al criminal barbado y tirado con el pecho contra el piso. En otras aparece usando pantalones cortos junto a los ministros del Interior y de Defensa.

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Tras la fuga de Macías, Ecuador enfrentó amotinamientos en prisiones, la toma armada de un canal de televisión, explosiones de autos bomba y la retención temporal de unos 200 guardias carcelarios.

El escape y los posteriores hechos violentos significaron un fuerte golpe para Noboa, que le declaró la guerra a los grupos armados que hicieron del país uno de los más violentos de Latinoamérica.

Estos hechos llevaron al mandatario a declarar un “conflicto armado interno” en Ecuador, lo que le permite desde entonces mantener militares desplegados en las calles y prisiones.

Fito estaba preso desde 2011 y pagaba una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Cuando escapó era sospechoso de ordenar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, baleado en Quito en agosto de 2023. Sin embargo, esa indagación tomó otro rumbo y apuntó hacia Los Lobos, rivales de Macías.

Ecuador está atrapado en medio de una sangrienta guerra de bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro y las extorsiones. En su mayoría están aliadas con carteles mexicanos y de países balcánicos, así como con guerrillas colombianas.

La tasa de homicidios en el país creció de 6 por cada 100.000 personas en 2018 a 38 en 2024, con el récord histórico de 47 en 2023. Las mafias se enfrentan entre sí por el control de los territorios para el envío de droga, cuyo principal destino es Estados Unidos y Europa.

Noboa aseguró que inició trámites para la extradición de Macías a Estados Unidos. “Estamos a la espera de su respuesta”, indicó. La fiscalía de Nueva York lo acusa de tráfico de cocaína y de armas.

Washington “apoya al Ecuador en sus esfuerzos para combatir el crimen transnacional a favor de la seguridad de la región”, señaló la embajada de Estados Unidos en Quito en un mensaje de felicitación a Noboa en la red X.

La maniobra militar y policial para capturar a Macías duró 10 horas. Fue un operativo que “se ejecutó con precisión, sin bajas, con un alto nivel de preparación”, dijeron las Fuerzas Militares. Noboa advirtió que “caerán más” delincuentes. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció.

El mandatario atribuyó la captura de Fito a leyes aprobadas recientemente por el Congreso de mayoría oficialista para combatir las economías criminales y ampliar las facultades del Bloque de Seguridad. La detención de Macías se da pocos días después de la fuga de otro líder criminal, identificado como alias Fede, quien comandaba al grupo Las Águilas.

Un hombre barbado y corpulento puso en jaque a Ecuador hasta su recaptura este miércoles: Adolfo Macías, alias Fito, la mente maestra del crimen en un país sumido en la violencia del narco. El antiguo taxista convertido en capo de la mafia pasó a ser el principal objetivo de la fuerza pública en enero de 2024, luego de fugarse de una cárcel del puerto de Guayaquil (suroeste).

El gobierno del presidente Daniel Noboa divulgó entonces imágenes de su rostro con la leyenda “SE BUSCA” y ofreció un millón de dólares por información que llevara a su paradero. Sus hombres, agrupados en una banda llamada Los Choneros, respondieron con fuerza: coches bomba, retenciones de guardias penitenciarios e incluso la toma armada de un canal de televisión que transmitía un programa en vivo.

Tras meses de persecución, Fito cayó en la ciudad costera de Manta en un fuerte operativo militar y policial en el que no hubo disparos. Estaba, según las imágenes divulgadas por la prensa, en un búnker al que se accedía al levantar una baldosa del suelo en una lujosa mansión.

Tras su recaptura el presidente Noboa pronosticó que “caerán más” capos de la mafia. “Recuperaremos el país. Sin tregua”, sentenció. Poco más se conoce sobre el líder de Los Choneros que su pasado humilde y su ascenso hasta lo más alto de la organización tras los fallecimientos de sus predecesores y amigos, entre ellos alias Rasquiña, un ícono del mundo criminal en el país.

Antes de la fuga, Fito era el mandamás de su prisión en Guayaquil. La cárcel estaba adornada con imágenes que exaltaban su propia figura, las armas, los dólares y los leones. Videos dan cuenta de las celebraciones que tenía dentro del centro penitenciario con músicos y pirotecnia. Incluso llegó a grabar en un patio un videoclip de un narcocorrido en su honor, interpretado por un mariachi y su hija. En la grabación aparece saludando, riendo y acariciando un gallo de pelea.

Fito ejercía “un control interno importante del centro penitenciario”, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en un reporte de 2022 realizado tras un encuentro con el capo El nuevo capo se graduó de abogado en prisión, donde pagaba una condena a 34 años por los delitos de tenencia de armas, tráfico de drogas, delincuencia organizada y asesinato.

Los Choneros, que primero se dedicaban al crimen común con asaltos en alta mar, lograron nexos con narcotraficantes colombianos y luego mexicanos. Actualmente tienen vínculos con los carteles de Sinaloa, el Clan del Golfo (mayor exportador de cocaína del mundo) y mafias balcánicas, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. El Ministerio de Defensa estima que la banda hace presencia en 10 de las 24 provincias de Ecuador.

En redes sociales, Los Choneros amenazan a periodistas y lanzan advertencias a otras bandas en videos con ritmos urbanos de fondo. “Activos, Choneros, aquí somos leones. Con el tío Fito, como se supone, controlando el barrio aquí somos patrones”, dicen en una de sus tantas canciones. Cuando Fito escapó de prisión, lo señalaban como el autor intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en agosto de 2023.

El entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023) ordenó su traslado a una cárcel de máxima seguridad, en una espectacular operación de la fuerza pública que desató protestas de reclusos. La investigación luego tomó otro rumbo y se enfocó en Los Lobos, la banda rival, como responsables del magnicidio. En 2013, Fito ya se había escapado, pero su evasión duró apenas tres meses.

Paraguay se convirtió en el país con mayor número de miembros del Primer Comando da Capital (PCC) fuera de Brasil. El dato, revelado en un mapeo del Ministerio Público de São Paulo y divulgado de manera exclusiva por GloboNews y G1, exhibe con crudeza una realidad que lleva años en gestación: el territorio paraguayo se transformó en una pieza clave para la expansión internacional del grupo criminal más poderoso de América del Sur.

Según el reporte, 699 miembros del PCC operan en Paraguay, de los cuales 341 están en prisión y 358 en libertad.

Esta cifra representa más de un tercio de todos los integrantes de la facción criminal brasileña que se encuentran fuera del país de origen. En total, incluyendo Brasil, el PCC tiene alrededor de 40 mil miembros .

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Paraguay comparte una frontera extensa y porosa con Brasil, posee una infraestructura penitenciaria con debilidades estructurales y se encuentra en un corredor logístico estratégico para el narcotráfico hacia otros países del Cono Sur y hacia Europa.

Estos elementos, sumados a la alta permeabilidad del sistema carcelario, facilitaron que el PCC no solo se instale, sino que también crezca, reclute y consolide su influencia en territorio nacional.

El caso más crudo ocurrió en 2019, cuando una rebelión en la cárcel de San Pedro —liderada por miembros del PCC— dejó diez muertos y una docena de heridos. Fue apenas un síntoma de una enfermedad más profunda: el control territorial dentro de las prisiones, que es donde la facción encuentra su mayor fuerza organizativa.

“No conozco ninguna organización criminal en el mundo que sea más eficiente en términos de control penitenciario que el PCC. En Paraguay sofocaron facciones locales y bautizaron ciudadanos paraguayos para integrar su estructura”, explicó el fiscal brasileño Lincoln Gakiya.

Lo que preocupa a investigadores de Brasil, Europa y Paraguay es que la facción ya no solo usa el país como pasaje o punto logístico, sino como base de residencia, influencia y expansión.

La operación no es solo criminal, es transnacional y económica. Incluye tráfico de armas, drogas, lavado de dinero, sobornos y control en puertos, zonas rurales y terminales estratégicas.

El caso de Portugal y la mafia italiana muestra cómo el PCC aprendió a moverse en escenarios globales. El informe habla incluso de vínculos en Japón, Líbano y Serbia, con estructuras que replican el modelo de reclutamiento y control carcelario iniciado en Paraguay.

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El informe del Ministerio Público paulista fue compartido con embajadas y consulados, y busca fortalecer la cooperación internacional. Para Paraguay, esto implica revisar sus sistemas penitenciarios, reforzar controles fronterizos y reconstruir sus mecanismos de inteligencia.

Pero la clave es otra: entender que la presencia del PCC no es una amenaza externa, sino una infiltración interna en marcha.