El ministro de Industria y Comercio (MIC), Marco Riquelme, sostuvo que es necesario que el viceministerio de Minas y Energía pase a depender del Ministerio de Industria, como parte de una estrategia para dar un enfoque más comercial y productivo al desarrollo energético y minero del país.

Según explicó a la 1000 AM, no existe revolución industrial sin energía eléctrica, y resaltó que Paraguay necesita alinear su política energética con su política industrial. Desde su perspectiva, el MIC es la institución que debe liderar esa articulación, ya que es la cartera encargada de generar condiciones para la inversión, la producción y la generación de empleo.

Actualmente, Minas y Energía depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Para Riquelme, ese esquema responde a una lógica más vinculada a infraestructura que a desarrollo económico. El ministro sostiene que el sector energético y minero debe tener una mirada orientada a los negocios, a la atracción de capital y a la generación de nuevas industrias.

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En ese mismo marco, el ministro también planteó que el turismo debería tener una visión más comercial. Considera que el sector necesita mayor enfoque en resultados económicos, inversión privada y generación de ingresos, más allá de una promoción meramente aspiracional.

Respecto a la minería, Riquelme afirmó que Paraguay es un país con potencial aún no explorado. Señaló que históricamente el Estado no invirtió en estudios de prospección, por lo que no se conoce con precisión la riqueza mineral disponible.

En ese sentido, propuso establecer políticas públicas claras que den seguridad jurídica al sector privado para realizar exploraciones e invertir en el desarrollo de proyectos mineros.

Desde el punto de vista económico, la eventual reestructuración institucional apunta a integrar energía, minería e industria bajo una misma estrategia de desarrollo productivo. El argumento central es que sin energía suficiente y sin aprovechar recursos naturales estratégicos, el país no podrá consolidar su proceso de industrialización ni atraer grandes inversiones.

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En conversación con La Nación/Nación Media, Víctor Fernández, presidente de la Cámara Paraguaya de Minería (Capami), analizó los desafíos del marco legal vigente y el potencial impacto económico que tendría una actualización del Código Minero en Paraguay.

El debate sobre la modernización de la legislación minera cobra fuerza en el país ante el interés creciente en proyectos vinculados a minerales estratégicos. Desde el sector señalan que la Ley 3180/2007, si bien permitió impulsar la exploración, hoy presenta limitaciones que dificultan la llegada de grandes inversiones.

Fernández explicó que varios proyectos lograron completar la fase exploratoria, pero enfrentaron obstáculos al momento de solicitar concesiones. Según indicó, la reglamentación posterior introdujo exigencias técnicas en plazos reducidos y procesos administrativos extensos, lo que generó demoras y pérdida de oportunidades en contextos internacionales favorables para la minería.

De acuerdo con estimaciones del sector, Paraguay podría captar inversiones de entre USD 1.000 y USD 1.500 millones si logra consolidar un marco legal competitivo. Los proyectos más avanzados están relacionados principalmente con titanio, hierro y uranio.

El presidente de Capami sostuvo que estas iniciativas podrían generar cerca de 20.000 empleos directos e indirectos, además de promover infraestructura industrial, servicios asociados y nuevas cadenas productivas. También señaló que la minería podría convertirse en un factor de diversificación económica, contribuyendo al crecimiento del producto interno bruto (PIB) y fortaleciendo la balanza comercial.

Uno de los aspectos que se busca fortalecer en la reforma es la incorporación formal de la etapa de “desarrollo”, que comprende la construcción de infraestructura, estudios económicos y ambientales detallados y la preparación técnica previa a la explotación. Fernández destacó que esta fase implica inversiones significativas y requiere estabilidad jurídica para reducir riesgos financieros y políticos.

El sector considera fundamental que la normativa contemple planes de cierre desde el inicio de cada proyecto. Según Fernández, una operación minera planificada y ambientalmente responsable es clave para la sostenibilidad económica y social de la actividad. Asimismo, subrayó que los proyectos deben cumplir estrictamente la legislación ambiental y contar con planes de gestión y restauración supervisados por las autoridades competentes.

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Además de la extracción, existen perspectivas de industrialización local. Entre ellas, un proyecto vinculado al titanio en Alto Paraná, que evalúa instalar una fundidora para producir escoria de titanio, hierro de alta calidad y posiblemente vanadio.

También se estudian iniciativas relacionadas con uranio en Caazapá y Caaguazú, que requerirían plantas de procesamiento y podrían impulsar nuevas capacidades industriales en el país. Fernández destacó que la minería suele atraer industrias complementarias, proveedores tecnológicos, logística especializada y servicios técnicos, ampliando el impacto económico.

El desarrollo del sector demandaría mano de obra calificada en áreas como geología, ingeniería, electricidad, química, operación de maquinaria pesada y gestión ambiental. Según el dirigente, esto representaría una oportunidad para la formación de capital humano nacional y la transferencia de conocimientos técnicos hacia las comunidades.

Fernández vinculó el creciente interés en la minería paraguaya con la demanda global de minerales críticos impulsada por la transición energética, el desarrollo tecnológico y la expansión de la inteligencia artificial. En ese contexto, sostuvo que contar con una legislación moderna y competitiva será clave para que Paraguay pueda aprovechar esta coyuntura y consolidar un nuevo polo de desarrollo industrial.

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El ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, confirmó el viernes que es uno de los tres funcionarios chilenos sancionados por Estados Unidos acusados de “socavar la seguridad regional”.

“Efectivamente, he sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente”, dijo Muñoz en un video enviado a la prensa.

El gobierno chileno criticó la decisión del gobierno de Donald Trump y convocó al embajador de Estados Unidos en Chile para conocer más detalles sobre la sanción y la identidad de los afectados.

• Fuente: AFP

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La explosión de un camión que transportaba gas provocó ayer jueves la muerte de al menos cuatro personas y dejó 10 heridos en Santiago, informaron las autoridades chilenas. La explosión generó una gran columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital. El conductor del vehículo perdió el control cerca de la periférica localidad de Renca e impactó una barrera de contención, lo que provocó un incendio.

"Tenemos cuatro víctimas fatales, 10 heridos de diversas consideraciones, cinco de los cuales se encuentran en riesgo vital", reportó a la prensa el delegado presidencial Gonzalo Durán. Se desconocen por ahora las causas del accidente. El general de policía Víctor Vielma indicó que la explosión alcanzó “a algunos vehículos que se encontraban al interior de un recinto colindante y afectó un domo existente en el sector”. Los bomberos combaten el fuego.

Fuente: AFP.