Bolivia lanzó el jueves, en la ciudad de Guayaramerín que limita con Brasil, un plan de seguridad fronterizo para combatir el narcotráfico en su territorio, ante la expansión de grupos criminales brasileños. Según las autoridades, las bandas armadas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) se disputan violentamente el control de corredores para traficar cocaína, lo que ha desatado una ola de crímenes en zonas limítrofes de Bolivia.

El gobierno les atribuye una serie de 10 asesinatos perpetrados por sicarios en las últimas semanas, algo inusual en el país de 11,3 millones de habitantes. El plan bautizado como Fronteras Seguras contempla una mayor presencia policial especializada en los límites del país, según un documento que el Ministerio de Gobierno boliviano compartió con la AFP.

También incluye un “intercambio táctico de inteligencia” con la Policía Federal de Brasil y cooperación recíproca para capturar a criminales que crucen las fronteras. Se debe “fortalecer entre instancias nacionales, pero también en este caso con Brasil, una relación estrecha para que nuestras sociedades (...) estén más seguras”, dijo durante el lanzamiento del plan el presidente centroderechista Rodrigo Paz, en la pequeña ciudad fronteriza de Guayaramerín, en la región Beni (norte).

El Ministerio de Gobierno considera que Guayaramerín, que vive del comercio con Brasil, es junto con otros poblados una especie de “refugio” de grupos criminales, donde compran inmuebles y asientan a sus miembros. El mandatario también aseguró que impulsaría una cooperación similar con sus otros países vecinos.

Según datos del gobierno, desde que Paz asumió el poder en noviembre se capturaron y expulsaron del país 17 “capos” de organizaciones criminales internacionales. Bolivia es el tercer productor mundial de cocaína, después de Colombia y Perú, según la ONU. Comparte con Brasil una frontera de 3.400 kilómetros.

Fuente: AFP.

El presidente de Bolivia Rodrigo Paz envió el martes al parlamento un proyecto de ley para atraer inversión extranjera, la primera de un paquete destinado a cambiar las políticas de los gobiernos de izquierda que lo precedieron durante 20 años. El centroderechista Paz, en el poder desde noviembre pasado, se posicionó como un duro crítico de las políticas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025).

Dijo que recibió un país burocrático, corrupto, con millonarias inversiones estatales sin resultados económicos. Comparó al Estado con una “cloaca de dimensiones extraordinarias”. El proyecto de ley de 103 artículos, tiene tres ejes. El primero es “normalizar” al capital privado, debido a que “hoy por hoy la inversión es el hecho atípico en Bolivia”, dijo el martes el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en rueda de prensa.

Según el gobierno, el porcentaje de inversión extranjera directa en otros países de la región oscila entre el 20 % y 30 % del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en Bolivia no supera el 2 % o el 3 %. El segundo y tercer eje es crear un sistema de incentivos y de regulación que permita dar seguridad, estabilidad y confianza al inversionista.

Espinoza dijo que el objetivo es dar seguridad jurídica, tras gobiernos izquierdistas que privilegiaron el rol estatal. Morales, por ejemplo, nacionalizó en su gobierno empresas de hidrocarburos, eléctricas, telefónicas, de pensiones y mineras que estaban en manos de capitales extranjeros. A su llegada al gobierno, Paz propuso abrir el país a las inversiones extranjeras occidentales, con la idea de que “la ideología no da de comer”.

Bolivia, con Morales y Arce, fue amigo de Cuba, Venezuela, China y Rusia y se alejó de las inversiones de empresas privadas internacionales. Tras presentar este proyecto de ley de inversiones, el gobierno anunció que enviará próximamente otras leyes estratégicas para la explotación en hidrocarburos, minería, electricidad y litio. Bolivia busca salir de la peor crisis económica de los últimos 40 años.

Fuente: AFP.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aseguró el jueves que su gobierno de centroderecha comenzó a sacar el país de su peor crisis económica en cuatro décadas, en su primer discurso a la nación tras su asunción hace nueve meses. Paz asumió el poder el 8 de noviembre tras 20 años de gobiernos de izquierda, encabezados primero por Evo Morales (2006-2019) y luego por Luis Arce (2020-2025).

“Nos dejaron una patria arrasada y moribunda”, afirmó el mandatario, quien acusó a sus predecesores de haber llevado a Bolivia a una situación en la que “apenas podía respirar”. Paz pronunció su discurso en Sucre, capital constitucional de Bolivia, con motivo del 201 aniversario de la independencia del país.

Aseguró que se tomaron decisiones “impopulares”, pero “necesarias para que la crisis deje de dañar a nuestra economía y sacrificar nuestro futuro”, dijo. Su gobierno enfrentó su mayor desafío entre mayo y junio, cuando varias ciudades sufrieron escasez de alimentos, combustibles y medicamentos por bloqueos de rutas contra el Ejecutivo.

El gobierno acusa a Morales de haber orquestado esos bloqueos. El expresidente es objeto de una orden de aprehensión por su presunto papel en esas manifestaciones. “Acabamos de vencer 53 días de una resistencia del pasado que se niega a aceptar que una nueva Bolivia está naciendo”, afirmó Paz.

El mandatario destacó el regreso de la confianza de los mercados, las reformas emprendidas y la apertura diplomática del país andino. También elogió los resultados de su gobierno en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, al resaltar la expulsión de “17 jefes de las organizaciones criminales que vivían en Bolivia con protección y absoluta impunidad”, entre ellos, el buscado narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Fuente: AFP.

Miles de personas marcharon este jueves en Buenos Aires contra un proyecto de ley a favor de la propiedad privada impulsado por el presidente Javier Milei, en una protesta que derivó en choques con la policía.

La fuerza pública se dispersó con balas de goma, gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes que arrojaron piedras a los uniformados en medio de corridas frente a la sede del Congreso, según periodistas de la AFP.

Previamente, el gobierno debía retirar de la iniciativa un punto polémico que liberaba la venta de tierras a extranjeros, el cambio más rechazado.

Aun así, los manifestantes se movilizaron. “Yo quiero que caiga la ley completa”, dijo a la AFP Roxana Parapugna, una socióloga de 51 años frente a la sede del legislativo.

Para Carlos Miño, un jubilado de 67 años, “casi todo el proyecto está en la misma dirección: entregar de una u otra forma nuestros bienes, nuestras cosas”.

La iniciativa que comenzó a debatirse este jueves en el Senado busca dificultar expropiaciones del Estado, facilitar desalojos ‘express’ y destrabar el cambio de uso y venta de tierras rurales afectadas por incendios.

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Convocada por sindicatos, partidos de izquierda y movimientos sociales, la protesta más importante se registró frente al Congreso, en el centro de una Ciudad de Buenos Aires pese al día de intensas lluvias.

“La patria no se vende” fue la principal consigna de los manifestantes que se multiplicó en cánticos y banderas.

El denominado proyecto de “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada” llevaba semanas sin poder tratarse por el apartado que flexibilizaba la Ley de Tierras Rurales para extranjeros.

El Gobierno de Milei sostiene que las restricciones de la ley actual, vigente desde 2011, desalienta inversiones. La norma limita al 15 % la proporción de tierras que pueden venderse a extranjeros, porcentaje que se aplica a cada provincia y cada municipio individualmente.

El gobierno quería liberarlo, luego propuso ampliarlo a 25% y sobre el total de cada provincia. Pero resolvió quitarlo del proyecto por falta de apoyos.

Según datos de un estudio de la Universidad de Buenos Aires y del Conicet, el organismo estatal de investigación científica de Argentina, más de 13 millones de hectáreas del país (superficie similar a Inglaterra), pertenecen a extranjeros.

Aunque en ninguna de las 23 provincias argentinas se supera el 15% de la ley, según el Registro de Tierras Rurales 31 departamentos ya pasan ese límite, en algunos municipios de Misiones (noreste) llega al 80%.

Tras el rechazo social generalizado, gobernadores aliados habitualmente al gobierno sumaron su rechazo y el oficialismo suprimió el cambio. La ley aún debe debatirse en la Cámara de diputados. El resto del proyecto también genera críticas.

Otros capítulos buscan reforzar las barreras para la expropiación de tierras o inmuebles o acelerar los desalojos por impagos de alquiler. También propone eliminar o flexibilizar la Ley de Manejo del Fuego, que restringe la venta de tierras incendiadas.

• Fuente: AFP

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