El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó que la exmandataria chilena y ex alta comisionada de la ONU sobre derechos humanos, Michelle Bachelet, defiende “criminales”, y rechazó las críticas contra su política antipandillas. Bachelet afirmó el jueves en un foro en Antigua Guatemala, al suroeste de la capital guatemalteca, que los derechos humanos “se han violado” en la “guerra” contra las pandillas en El Salvador.
“Es interesante darse cuenta de que estos organismos de ‘derechos humanos’ en realidad solo existen para defender los derechos de los criminales”, dijo el gobernante centroamericano en su cuenta de X, en alusión al cargo en la ONU que ejerció la expresidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018). Bukele recordó que Bachelet cuando “fue presidenta de Chile, llegó a El Salvador en 2015 (el año en que nos convertimos en el país más peligroso del mundo) y se deshizo en elogios para el gobierno de ese entonces”.
“Ahora critica a El Salvador, cuando somos el país más seguro del hemisferio occidental”, afirmó el gobernante. Bachelet en su discurso consideró que “cuando uno no respeta [el debido proceso], es autoritario, mete a 50.000 jóvenes a la cárcel... claro, la gente dice ‘¡Oh!, qué eficiente’, que es el caso de El Salvador”.
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“Pero la verdad es que allí [en El Salvador] se han violado [los] derechos humanos. No ha habido debido proceso, la gente está aglomerada en las cárceles con condiciones infrahumanas”, fustigó en el evento organizado por el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
Bukele libra una “guerra” contra las pandillas bajo un régimen de excepción vigente en el país desde marzo de 2022 que permite arrestos sin orden judicial. Unos 82.000 pandilleros han sido arrestados bajo esa herramienta criticada por grupos de derechos humanos, que denuncian abusos y detención de personas inocentes.
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Fuente: AFP.
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Bolivia: Defensoría, Iglesia y grupo de DD. HH. llaman al diálogo a manifestantes
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un grupo de defensores de derechos humanos en Bolivia pidieron ayer domingo establecer un diálogo entre el gobierno y los trabajadores, que exigen con fuertes protestas la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz. En un comunicado conjunto, también pidieron esclarecer la supuesta muerte de una persona, denunciada por manifestantes y negada por el gobierno, durante un operativo el sábado con policías y militares que chocaron con los huelguistas para abrir carreteras tomadas al sur de La Paz, sede del gobierno.
Los cortes en las principales vías de acceso a la ciudad altiplánica han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, mientras Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.
Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir su dimisión. “Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de diálogo por el bien común”, dijeron en un comunicado conjunto la Defensoría, la Iglesia y la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
También demandaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos (el sábado), en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.
El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de “alterar el orden democrático”. Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.
Fuente: AFP.
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Congreso sobre Derechos Humanos se realizó en Encarnación
El XII Encuentro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales se realizó los días 8 y 9 de mayo, organizado por la Facultad de Ciencias Jurídicas, Humanas y Sociales (FCJHS) de la Universidad Autónoma de Encarnación (Unae), a través de las carreras de Derecho y Psicopedagogía. El evento reunió en Encarnación a investigadores, docentes, estudiantes y profesionales en espacios de análisis, debate e intercambio científico.
La apertura estuvo a cargo del decano de la FCJHS, el doctor Yonny Hernán Flick, y contó con una destacada intervención artística de la Escuela de Teatro de la UNAE, con una puesta escénica centrada en los derechos humanos, la vulnerabilidad y las realidades sociales contemporáneas.
El encuentro se desarrolla en torno al lema “El estado actual de los Derechos Humanos en Latinoamérica” y cuenta con la participación de reconocidos especialistas nacionales, entre ellos el doctor Juan Martens, la doctora Elba Núñez, la doctora Shirley Franco, el doctor Pablo Villalba Bernié, el licenciado Gustavo Silvero, el licenciado José Domínguez y la licenciada Liliana Álvarez.
La programación de la última jornada del sábado incluyó seminarios, talleres y presentación de comunicaciones científicas, en modalidad presencial y transmisión en vivo a través de Conecta UNAE desde el Campus Urbano de la UNAE. en la ciudad de Encarnación. El evento fue declarado de interés institucional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Paraguay; y dde interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur). Programa completo: https://info.unae.edu.py/3VJRqJ8.
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Estado paraguayo impulsa acciones para cumplir compromisos con pueblos originarios
El vicepresidente y presidente en ejercicio, Pedro Alliana, destacó que la protección y restitución de los derechos de los pueblos originarios son un compromiso fundamental del Gobierno del Paraguay y el eje central de la gestión en la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de Derechos Humanos (CICSI).
Al respecto, desde la Vicepresidencia de la República informaron que el Estado paraguayo coordina acciones para cumplir los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, en las comunidades Yakye Axa y Xákmok Kásek. En ese marco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional encabezada por la directora general de Derechos Humanos, María Teresa Peralta, y el director de Cumplimiento de Sentencias Internacionales, Santiago Ammatuna.
El encuentro reunió a representantes convencionales de las comunidgdes indígenas Yakye Axa y Xákmok Kásek, junto con referentes estratégicos del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Durante la reunión, se definieron pasos críticos para garantizar los derechos territoriales y la calidad de vida de las comunidades, destacándose los siguientes puntos:
- Titulación de tierras: avances técnicos en los trabajos de mensura, paso fundamental para la seguridad jurídica de sus territorios. Infraestructura y acceso: gestiones para asegurar la transitabilidad permanente del camino de acceso a la comunidad Yakye Axa.
- Conectividad: acuerdos sobre el reglamento interno para el uso de caminos de interconexión.
- Reparación simbólica: revisión de la propuesta estatal para la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional.
“El objetivo central es articular de manera efectiva las acciones del Estado para honrar los compromisos asumidos ante los organismos internacionales y asegurar el bienestar de las familias indígenas", señalaron las autoridades durante el cierre de la jornada.
Compromisos a corto plazo
Como conclusión de la mesa de trabajo, las instituciones presentes resolvieron potenciar la capacidad de gestión del Indi en coordinación directa con los ministerios competentes. Esta sinergia busca eliminar trabas burocráticas y dar cumplimiento efectivo a los puntos acordados, reafirmando la voluntad del Estado de saldar las deudas históricas con ambas comunidades.
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Paraguay presenta ante la ONU avances históricos y desafíos en derechos humanos
En un hecho de alta relevancia internacional para el Gobierno del presidente Santiago Peña, la delegación del país, encabezada por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, presentó hoy el informe nacional ante el Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante durante la 52ª sesión del Grupo.
El ministro Nicora estuvo acompañado por la delegación conformada por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el embajador Raúl Cano Ricciardi; representantes del Ministerio de Justicia; la directora general de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Belén Morra; el defensor público general, Javier Dejesús Esquivel; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Leticia Ocampos.
Durante la sesión desarrollada en el Palais des Nations en Ginebra, el Estado paraguayo expuso los avances históricos y los desafíos pendientes en materia de protección y promoción de los derechos fundamentales.
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Cumplimiento de recomendaciones
En ese marco, el ministro Nicora resaltó que la República del Paraguay se destaca por tener un alto nivel de cumplimiento de las recomendaciones anteriores, habiendo aceptado el 96 % de las sugeridas en 2021. “Este esfuerzo se ha canalizado a través del sistema SIMORE Plus, una herramienta clave para el monitoreo de políticas de derechos humanos que ha servido de modelo regional", indicó.
Señaló que el Paraguay resalta su rol activo en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la reciente reacreditación con Estatus “A” de la Defensoría del Pueblo, lo que garantiza que la institución cumple con los estándares internacionales de independencia y eficacia.
Desarrollo social y reducción de la pobreza
Asimismo, destacó que uno de los pilares de la gestión ha sido la mejora de los indicadores socioeconómicos. “Entre 2022 y 2025, Paraguay logró una reducción histórica de la pobreza monetaria, bajando del 24,5 % al 16 %, mientras que la pobreza extrema alcanzó su punto más bajo registrado (2,4%)”, indicó.
Explicó que estos resultados se atribuyen a programas estratégicos como Hambre Cero, que universalizó el almuerzo escolar para más de un millón de niños, y el fortalecimiento de redes de protección como Tekoporã y la Pensión Universal para Adultos Mayores.
Reveló también que el acceso a la vivienda se dinamizó mediante el programa Che Róga Porã, facilitando créditos hipotecarios con un fuerte enfoque en la inclusión de mujeres y migrantes.
Justicia, salud y seguridad social
En el ámbito jurídico y de salud, el ministro señaló que el Estado ha implementado la Ley de Salud Mental 7018/22, que prioriza un enfoque humanitario y comunitario. En cuanto al empleo, la Estrategia de Formalización 2025-2028 busca reducir la informalidad laboral, apoyada por herramientas digitales como EmpleaPy.
Por otro lado, indicó que la lucha contra el abuso de drogas se ha abordado de manera integral con el Plan SUMAR, que articula la prevención y el tratamiento, especialmente para poblaciones vulnerables y adolescentes en conflicto con la ley.
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Transformación del Sistema Penitenciario
El ministro destacó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario bajo un nuevo modelo de gestión centrado en la dignidad humana. “Un hito fundamental fue la ejecución de los operativos Umbral 1 y 2, que permitieron, por primera vez en la historia del país, la separación efectiva entre personas condenadas y procesadas, tanto en el sector masculino como en el femenino", resaltó.
Mencionó que esta reorganización busca eliminar el hacinamiento y facilitar los programas de reinserción social, incentivando la educación y el trabajo mediante nuevas normativas de redención de penas.
Protección de grupos vulnerables
En su informe, el ministro detalló los avances específicos para diversos sectores sociales; como la autonomía económica y participación política de las mujeres, junto con el alcance territorial de Ciudad Mujer Móvil.
En cuanto a la niñez, destacó el programa Abrazo con el que combate el trabajo infantil, mientras que para las personas con discapacidad, la Ley 7371/25 marcó un hito al reemplazar el modelo de interdicción por uno de capacidad jurídica plena con apoyos.
Mencionaron los esfuerzos por garantizar la seguridad territorial de los pueblos indígenas, la implementación de leyes contra el racismo para afrodescendientes y el fortalecimiento de la lucha contra la trata de personas y el cambio climático.
Desafíos y compromiso final
Finalmente, señaló que el gobierno de Paraguay reconoce que aún persisten desafíos en la reducción de desigualdades, la formalización del empleo y la mejora de los servicios públicos. Por ello, el Estado mantiene su firme decisión de impulsar políticas basadas en evidencia, con enfoque de derechos humanos y coordinación internacional.
“Con esta presentación, Paraguay consolida su posición en el ámbito multilateral como un país comprometido en la implementación de las observaciones, comentarios y recomendaciones que surjan de este examen, los cuales serán una hoja de ruta fundamental para consolidar una institucionalidad inclusiva, transparente y centrada en la dignidad de todas las personas”, concluyó.
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