“¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas?”: con una consulta popular, el presidente colombiano Gustavo Petro quiere someter a aprobación de los ciudadanos sus reformas de izquierda que rechaza el Congreso.

El mandatario presentó ayer martes las 12 preguntas que desea llevar al proceso electoral, tachadas de obvias y populistas por la oposición. ¿En qué consiste la consulta?

Petro busca el apoyo de los colombianos para reformar los sistemas de salud y trabajo, luego de que sus proyectos se hundieran en el Legislativo. La consulta, para ocurrir, primero tiene que pasar un filtro arriesgado en el Congreso: el voto del Senado, en el que no tiene mayoría.

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Si la Cámara Alta no la avala con 53 de sus 105 votos, no habrá consulta popular. El segundo filtro será la participación ciudadana. Para que sea válida, al menos 13,6 millones de personas deben participar en la votación, por encima de los 11,2 millones que votaron por Petro en el balotaje de 2022.

De superar el umbral, las preguntas con respuesta afirmativa se harán realidad si obtienen la mitad más uno de los votos válidos. “La consulta obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas por el pueblo, y si el congreso no las aprueba, el presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, advirtió Petro en la red X. Los congresistas han rechazado la mayoría de sus proyectos.

Las preguntas están diseñadas con dos únicas respuestas posibles: Sí o no. “¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100 % el trabajo en día de descanso dominical o festivo?”, dice otra de las preguntas anunciadas por los ministros del Interior y Trabajo.

En su mayoría los interrogantes conducen a reducir la jornada y ampliar los derechos laborales. Una de ellas, por ejemplo, plantea que las trabajadoras obtengan licencias por “periodos menstruales incapacitantes”.

La derecha sostiene que el mandatario colombiano en realidad está intentando ganar electores para la izquierda con miras a las presidenciales de 2026, en las que por ley él no podrá buscar la reelección.

Es una jugada “para aferrarse al poder a través de los recursos públicos. Hacen politiquería con los impuestos de los colombianos”, opinó en la red X el senador Miguel Uribe, del partido opositor Centro Democrático. “No nos digamos mentiras: esto no es participación, es campaña electoral disfrazada”, aseguró Juan Manuel Galán, jefe del partido Nuevo Liberalismo.

Los últimos dos procesos de este tipo en el país fracasaron. Una “consulta anticorrupción” de 2018 promovida por políticos de centro-izquierda que no alcanzó el umbral necesario y el plebiscito de 2016 para aprobar el histórico acuerdo de paz con las FARC.

El expresidente Juan Manuel Santos perdió en las urnas y tuvo que reformular el acuerdo con los rebeldes. En 2017 el grueso de las FARC depuso las armas. Convencido de conservar el apoyo popular que lo llevó a ser el primer presidente izquierdista de Colombia en 2022, Petro jugará sus cartas en la consulta.

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El mandatario ha convocado en distintas ocasiones a sus seguidores a marchar en las calles a favor de sus reformas y en contra de lo que llama un bloqueo institucional en el Congreso. Esta vez les solicitó manifestarse el 1 de mayo en defensa de la consulta popular, en el marco del Día Internacional de los Trabajadores.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que las preguntas son “necesarias”. “Si no se aprueban lo que hay es una conspiración contra la clase obrera y contra el presidente de la República”, dijo a medios.

Fuente: AFP

Desde la presidencia de la República informaron sobre el resultado de la reunión que mantuvo el presidente de la República, Santiago Peña, con el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, y el embajador de Paraguay en Brasil, Juan Ángel Delgadillo. Al respecto, indicaron que el diplomático paraguayo brindó toda la información relacionada a la acción de inteligencia contra Paraguay, que fue ordenada por el gobierno anterior de la República Federativa del Brasil.

Del encuentro desarrollado en la mañana de este lunes en Mburuvichá Roga, también participaron el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún, el titular del Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación (Mitic) Gustavo Villate, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión.

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Delgadillo informó al jefe de Estado sobre la situación sociopolítica que se vive en Brasil a raíz de la publicación de la acción de investigación que llevó a cabo el gobierno Jair Bolsonaro, durante los meses de junio 2022 a marzo 2023, y que guarda relación con la negociación de Itaipú.

Detalló además sobre la posición que tomó el actual Gobierno del presidente Luiz Inácio “Lula” Da Silva con relación al incidente. Asimismo, el diplomático paraguayo le puso al tanto, al jefe de Estado sobre el seguimiento que está llevando a diario la embajada paraguaya en Brasil.

Este informe obedece a una de las acciones inmediatas que tomó el Poder Ejecutivo, ni bien tuvo conocimiento sobre las acciones de investigación que llevó a cabo el vecino país durante 9 meses, que coincidió con el gobierno de Mario Abdo Benítez, que no reportó este incidente hasta que emitió un decreto el último día de su mandato el 14 de agosto del 2023.

Asimismo, el gobierno de Paraguay continúa aguardando las respuestas del gobierno brasileño a las notas que fueron enviadas la semana pasada al embajador de Brasil en Asunción, José Antonio Marcondes. En tanto, que el Mitic lleva adelante una investigación en el período que habría ocurrido el espionaje.

Hasta que esta situación sea satisfactoriamente aclarada, toda negociación con Brasil con respecto al Anexo C de Itaipú quedó suspendida hasta nuevo aviso.

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El analista político, Mario Paz Castaing, opinó sobre el supuesto esquema de hackeo impulsado por Brasil contra autoridades del gobierno paraguayo en el marco de las negociaciones de la nueva tarifa de la entidad binacional Itaipú. El espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado en la era de Luiz Inácio Lula da Silva.

“Esto es gravísimo, porque impacta en un elemento muy fuerte de las relaciones internacionales y, en particular, en las relaciones bilaterales: la confianza. Tenemos una asociación muy fuerte con Brasil en emprendimientos del tamaño de Itaipú, entre otros. En términos diplomáticos, el gobierno de Lula dio una respuesta muy rápida, pero muy lacónica”, dijo a la 1020 AM.

De acuerdo a las publicaciones periodísticas realizadas por medios de comunicación del vecino país, como UOL y el diario O Estado, la operación fue eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin). El periodo del espionaje fue autorizado por el gobierno de Bolsonaro en junio del 2022 y dejada sin efecto el 27 de marzo del 2023, refirió el gobierno de Lula mediante un comunicado responsabilizando exclusivamente a Bolsonaro.

“Ante una acción ilegal que daña e impacta en la confianza y la transparencia en las relaciones bilaterales, yo hubiese esperado una investigación seria, que el gobierno de Lula da Silva se comprometa a determinar quienes fueron los autores materiales, intelectuales y mediante el resultado de esas investigaciones que se ratifique los intereses y vínculos que compartimos con el Brasil”, sostuvo Castaing.

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Señaló además que dependerá del presidente de la República, Santiago Peña, determinar las acciones legales a tomar en el ámbito internacional. “Un país serio se comprometería a investigar a fondo esta situación; esperaba que Brasil diga que trabajará en esto para determinar a los responsables. Peña es quien maneja las relaciones internacionales en términos constitucionales. Tenemos un servicio de inteligencia, un área que se llama Codena, que deberá estudiar y ver hasta dónde llegan las responsabilidades sobre este tema”, comentó.

La información fue dada a conocerse tras las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos.

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Desde algunas agen­cias de comunicación de Brasil, como UOL y el diario O Estado, revela­ron un supuesto esquema de hackeo contra autoridades del gobierno paraguayo durante la gestión del actual presi­dente de la República Fede­rativa de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acuerdo a la investigación realizada por un columnista del medio UOL, Aguirre Talento, el plan de espionaje se habría iniciado en la ges­tión de Jair Bolsonaro y eje­cutado por la Agencia Brasi­leña de Inteligencia (Abin) en la era Lula da Silva. El objetivo sería obtener infor­mación sensible y confiden­cial del gobierno paraguayo antes de las negociacio­nes de la tarifa de la Itaipú entre Paraguay y Brasil en el marco del Anexo C.

De acuerdo a la publicación periodística, la acción de espionaje habría sido eje­cutada por el actual direc­tor de Abin, Luiz Fernando Corrêa. La agencia de inteli­gencia ingresó a las compu­tadoras de las instituciones del Estado de Paraguay para obtener las informaciones reservadas, que de acuerdo a la información periodís­tica, resultó en la captura de diversos objetivos vinculados a autoridades de Paraguay.

El trabajo de investigación del columnista se basa en las declaraciones de un servidor de Abin a la Policía Federal realizadas en noviembre del año pasado y que tuvo una participación directa en la acción. Estas declaraciones fueron obtenidas de manera exclusiva por el profesional de periodismo. Los datos tam­bién fueron confirmados por UOL con tercera persona, que también tuvo acceso de las informaciones de esta acción.

“La referida operación fue autorizada por el gobierno anterior en junio de 2022 y dejada sin efecto por el direc­tor interino de la Abin el 27 de marzo de 2023, tan pronto la actual administración tuvo conocimiento del hecho”. También deslinda al actual director de Abin, Luiz Fer­nando Corrêa, como ejecutor del supuesto esquema de espionaje.

“El actual director gene­ral de la Abin estaba, en ese momento, en proceso de apro­bación de su nombre por el Senado Federal y recién asu­mió el cargo el 29 de mayo de 2023″, aclara el documento. Finalmente, se ratifica el compromiso del mandatario brasileño con las relaciones diplomáticas con el Paraguay.

“El gobierno del presidente Lula reitera su compromiso con el respeto y el diálogo transparente como elemen­tos fundamentales en las rela­ciones diplomáticas con Para­guay y todos sus socios de la región y del mundo”, ratifica el escrito.

De acuerdo a la publicación del medio brasileño UOL, la Policía Federal investiga en este momento si esta operación de hackeo tuvo carácter ilegal. La misma se realizó meses antes de concluir la negociación entre Paraguay y Brasil con respecto a la tarifa de la Itaipú Binacional sobre la energía que compra el país vecino, en mayo del 2024, por lo que se investiga también si el espionaje tuvo incidencia en estas negociaciones.

La investigación se da entorno a desvíos de la Agencia de Inte­ligencia, bajo el exdirector Alexandre Ramagem, en el gobierno de Bolsonaro, pero también se detectaron supuestas irregulari­dades en la gestión del actual director. Esta investigación llevó al supuesto esquema de espionaje contra Paraguay.

En las declaraciones del servidor de Abin señalan que fue utili­zado un programa llamado Cobalt Strike, usado para la invasión de dispositivos informáticos. “El Cobalt Strike era una herra­mienta utilizada para el desenvolvimiento de un artefacto de intrusión en las computadoras del gobierno paraguayo para datos relacionados a las negociaciones de Itaipú. El objeto de la operación era la obtención de los valores que serían negociados del Anexo C de los valores de venta de la energía producida por Itaipú”, esta es la transcripción publicada de la declaración del funcionario.

El canciller paraguayo Rubén Ramírez indicó ayer que Paraguay no tiene ninguna evidencia de que Brasil haya atacado sus sistemas informáticos para obtener información.

“Esto es algo de carácter per­manente, no es algo puntual, pero tampoco podemos decir que Brasil ha hackeado nues­tro sistema. Nosotros tene­mos la tranquilidad de que la información que administra­mos en el marco de nuestras negociaciones internaciona­les están resguardadas”, dijo hoy el canciller consultado sobre el supuesto hackeo del Brasil al sistema informático del Paraguay.

Añadió que con Brasil actual­mente no se están negociando tarifas, las cuales han sido ya establecidas a satisfacción de ambas partes hasta el 2027, y que las negociaciones sobre el Anexo C del Tratado de Itaipú también tienen un acuerdo de plazo de conclusión entre ambas partes.

“Estamos trabajando orde­nadamente y con todos los elementos que nos permi­tan resguardar la informa­ción de nuestro país”, rati­ficó Ramírez.

Así también afirmó, con rela­ción a las publicaciones perio­dísticas vertidas ayer sobre el supuesto hackeo, que “jamás la diplomacia paraguaya se administra bajo publicaciones de medios y todos nues­tros canales y conductos de comunicación con el Brasil son de carácter institucional y oficial para tomar las deter­minaciones”.

En ese sentido indicó que está en contacto permanente con su par brasileño y que “nues­tros organismos de inteligen­cia y seguridad también están en contacto”.

Señaló que las investigacio­nes sobre el supuesto hackeo están en marcha y que todos los organismos de investiga­ción, así como el Ministerio de Tecnologías de la Informa­ción y Comunicación (Mitic), están haciendo las averigua­ciones.

“Los organismo de inteligen­cia también están en comu­nicación con el Brasil y me informaron que va a haber una aclaración respectiva de parte del Brasil”, añadió. Ramírez reconoció que Para­guay sufre ataques ciberné­ticos de manera constante y que todos los organismos de seguridad del gobierno están permanentemente actuando, con la cooperación particu­larmente de Estados Unidos y de Taiwán.