La fiscalía peruana pidió el martes 30 años y 10 meses de prisión para la excandidata presidencial Keiko Fujimori en el juicio por lavado de activos que enfrenta en el marco del escándalo Odebrecht.
“En total la pena concreta para la acusada Keiko Sofía Fujimori Higuchi solicitada por el Ministerio Público es de 30 años y 10 meses de pena privativa de libertad”, expresó el fiscal José Domingo Pérez al exponer el escrito acusatorio.
Fujimori, líder de Fuerza Popular, el principal partido de derecha de Perú por el cual se postuló tres veces a la presidencia, es acusada de recibir dinero ilegal para financiar sus campañas electorales de 2011 y 2016.
La Fiscalía acusa a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) por lavado de activos y crimen organizado, obstrucción a la justicia, así como declaración falsa en un procedimiento administrativo.
El fiscal también pidió al tribunal que sea inhabilitada para ejercer cargos públicos por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026.
La audiencia fue suspendida por la jueza Juana Caballero hasta el miércoles al cabo de tres horas y media.
Keiko Fujimori, de 49 años, no asistió al tribunal, adonde Pérez llegó usando un chaleco antibalas a diferencia de la audiencia previa en la que había prescindido de él.
Antecedentes
Fujimori estuvo dos veces en prisión preventiva, 16 meses en total, imputada de recibir 1,2 millones de dólares ilegalmente del gigante brasileño de la construcción Odebrecht para las campañas de 2011 y 2016. Fujimori siempre proclamó su inocencia.
Aunque en esa época estaban permitidos los aportes a las campañas por parte de empresas extranjeras, el Ministerio Público la procesó por no haber declarado el ingreso de dinero de Odebrecht.
El juicio contra la dirigente y más de 40 coacusados contará con 1.500 testigos y podría tardar más de un año.
La trama del escándalo de corrupción de Odebrecht en Perú salpicó además a cuatro expresidentes del país.
Fuente: AFP
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Fiscalía, la cachiporra de Matute
EL PODER DE LA CONCIENCIA
- Por Alex Noguera
- Periodista
- alex.noguera@nacionmedia.com
Es imposible contar la infinidad de películas y series en los que los policías fueron los protagonistas de la pantalla. Incluso antes de que tuviera sonido el cine, el icónico Chaplin ya era perseguido por algún representante de la ley. Luego, la televisión sumó otra gran variedad de uniformados que se convirtieron en clásicos como el pelado Kojak, Starsky y Hutch, Sonny Crockett y Ricardo Tubbs o Sledge Hammer hasta los investigadores de NCIS.
Todos tenían sus características especiales, pero la verdadera imagen que de niños aprendimos a confiar y respetar fue la que proyectaba el oficial Matute, el dolor de cabeza de don Gato y su pandilla. Era el policía fiable, honesto y de buen corazón. No necesitaba de pistolas ni violencia; le bastaba su cachiporra, que solo era un implemento decorativo. No servía más que para dar vueltas en su muñeca.
Matute enseñó a toda una generación que los ciudadanos podían recurrir a los policías cuando tuvieran problemas. Pero esa idea poco a poco comenzó a ser relegada al subconsciente cuando el mundo demostró que la realidad era muy distinta. La imagen romántica se marchitó con denuncias de corrupción, bien expuestos en programas como Los Intocables, de Elliot Ness, donde todos los uniformados cobraban de la nómina clandestina del hampa.
Dudar de una institución como la de la Policía desequilibra todos los cimientos de una sociedad, pero más grave es cuando esa duda se convierte en traición que no proviene de simples y codiciosos policías, sino de personajes que recibieron la confianza y el voto a través de las urnas.
Así como la imagen de un Matute es la de un policía que ofrece protección y justicia, la ilusión que tiene una nación de un presidente es que trabaje para que ese pueblo tenga una vida más fácil y digna, pero cada vez saltan más ejemplos de que el cargo solo es excusa para hartarse del dinero ajeno.
Hace apenas unos días, fuimos testigos de que la Justicia puede tardar. Un hombre al que todos creían íntegro y que incluso daba charlas sobre democracia, Álvaro Uribe, fue hallado culpable de dos delitos graves: fraude procesal y soborno en actuación penal, por lo que fue condenado a 12 años de prisión y una multa considerable. Y aunque su defensa tiene la posibilidad de apelar el fallo de la jueza Sandra Heredia, Uribe no es al único al que los colegas de Matute lograron atrapar.
Un mes antes, en junio, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena de 6 años de cárcel y la inhabilitación de por vida de ocupar cargos públicos para Cristina Kirchner. Antes que ella, Carlos Saúl Menem también fue condenado por venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador y también por pago de sobresueldos a funcionarios.
En Brasil, por Lava Jato Lula da Silva también fue preso 580 días en una cárcel de Curitiba hasta que el Supremo Tribunal Federal revocó la condena. En Ecuador, el expresidente Rafael Correa fue condenado a 8 años e inhabilitado por 25 años de cargos políticos. No cumple la sentencia porque obtuvo asilo en Bélgica. En Perú, otro exmandatario como Alberto Fujimori también fue declarado culpable y pasó varios años en la cárcel.
Hace poco más de una semana a Paraguay llegó una publicación acerca de una investigación de un periodista argentino que exponía que el expresidente Mario Abdo tendría dos cuentas secretas en Seychelles con nada menos que 21 millones de dólares.
A diferencia de los otros países, en los que los ciudadanos exigieron que sus exmandatarios paguen por sus actos ilícitos, acá toda la oposición en lugar de ser la voz de los oprimidos asumió un silencio cómplice al igual que dos grandes medios de comunicación, que hace tiempo perdieron la vergüenza.
Esa publicación argentina hizo que el Parlamento paraguayo instara a que se investiguen las presuntas cuentas de Abdo Benítez y que incluso lleguen al Departamento del Tesoro de EE. UU.; sin embargo, el Ministerio Público de Paraguay hace años que tiene elementos para investigar, pero no presenta ningún resultado convincente. Como la cachiporra de Matute, solo da vueltas como un implemento decorativo.
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Ministerio Público habilita parcialmente su nuevo edificio en Encarnación
Con el objetivo de fortalecer la infraestructura institucional en el sur del país, el fiscal general del Estado, Dr. Emiliano Rolón Fernández, encabezó este jueves el acto de habilitación parcial del nuevo edificio del Ministerio Público en la ciudad de Encarnación.
El evento contó con la presencia de autoridades del sistema judicial y de entes del Estado, entre ellos, las fiscales adjuntas Fabiola Molas (Área V) y Matilde Moreno, el secretario general de la Entidad Binacional Yacyretá, Dr. Mario Cáceres, y el vicepresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Gustavo Miranda. También participaron agentes fiscales, directores y funcionarios del área.
La sede, ubicada en el barrio La Paz, marca un paso importante en el proceso de descentralización y modernización de la justicia en Paraguay. En esta primera etapa se habilitaron el área de denuncias, el departamento de Psicología Forense, la sala de reuniones y la Fiscalía Adjunta.
“Estamos iniciando el uso gradual del edificio, que cuenta con 11 pisos. En esta fase inicial priorizamos los espacios esenciales para la atención ciudadana y la gestión interna”, explicó el fiscal general Rolón Fernández, quien también anunció que para el año 2026 se prevé el funcionamiento completo del edificio.
Durante su intervención, el titular del Ministerio Público adelantó que en los próximos meses continuarán las obras de adecuación, incluyendo la incorporación de un Laboratorio Forense con tecnología de última generación.
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“La construcción del nuevo edificio representa una inversión significativa en infraestructura pública, orientada al fortalecimiento institucional del Ministerio Público en el sur del país”, destacó Rolón. Asimismo, recalcó que la nueva sede permitirá mejorar el acceso a la justicia, optimizar trámites, reforzar investigaciones y ofrecer una atención más eficiente a la ciudadanía.
Una vez culminado, el complejo se convertirá en una de las instalaciones más modernas del Ministerio Público a nivel nacional, contribuyendo directamente al fortalecimiento del sistema judicial y al bienestar de la población.
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Tormenta de arena y polvo sorprende en el sur de Perú
Los fuertes vientos provocados por un anticiclón en el Pacífico sur provocaron una gran tormenta de arena y polvo que sorprendió ayer jueves a pobladores de cuatro regiones costeras del sur de Perú, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). El Senamhi indicó que en la región Ica (a unos 400 km al sur de Lima) se registraron fuertes ráfagas de viento que alcanzaron hasta 50 km/h.
En Lima, la capital del país, también se registraron vientos de 30 km/h que produjeron la caída de algunos árboles. “Se trata de un evento provocado por el anticiclón del Pacífico Sur que se ha intensificado y se encuentra muy cerca del continente, generando vientos descendentes de alta velocidad en la superficie”, dijo Rosario Julca, especialista de Senamhi a canal N de televisión.
“Un anticiclón es un giro antihorario que tenemos en la parte del Océano Pacifico que cuando se acerca al continente hace que se incrementen los vientos”, explicó. Julca indicó que “la presencia de estos vientos descendentes, combinados con la superficie desértica, ha generado un levantamiento de polvo repentino y de gran magnitud”.
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Senamhi informó en un comunicado que hasta el domingo se mantendrá “el incremento de velocidad del viento de moderada a fuerte intensidad” en la costa peruana. La tormenta en Ica obligó a paralizar el tránsito vehicular en las carreteras y paralizar por tres horas las actividades turísticas.
Los efectos del inusual fenómeno también se registraron en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna (fronteriza con Chile) que alcanzaron los 32 km/h. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), indicó que las autoridades locales evalúan los daños.
Fuente: AFP.
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Presidenta de Perú rechaza orden de Corte IDH de suspender ley de amnistía a militares
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó este jueves la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de suspender la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de dos décadas que azotó al país.
La ley, aprobada el 9 de julio y que aún debe ser promulgada por Boluarte, beneficia a miembros de las fuerzas de seguridad acusados, investigados o juzgados por delitos derivados de su participación en la lucha del Estado contra la insurgencia izquierdista entre 1980 y 2000.
La Corte IDH, el máximo órgano judicial del continente, ordenó el 24 de julio al Estado peruano detener “inmediatamente” el trámite de la ley, y en caso de promulgarla, abstenerse de aplicarla mientras analiza sus efectos sobre los derechos de las víctimas.
Boluarte criticó este jueves esa exigencia durante una ceremonia de la Policía Nacional en Lima.
“No permitiremos la intervención de la Corte Interamericana que pretende suspender un proyecto de ley, que busca justicia para miembros de las fuerzas armadas, policía y los comités de autodefensa que lucharon arriesgando sus vidas contra la insanía del terrorismo”, dijo.
“No lo vamos a permitir. Somos defensores de los derechos humanos y esta posición del gobierno es soberana autónoma, libre y justa para un país que anhela paz”, enfatizó la mandataria conservadora.
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Expertos de la ONU ya habían pedido al gobierno de Boluarte que vetara la ley, alegando que las normas internacionales prohíben amnistías o indultos por crímenes graves.
Antes de la aprobación legislativa, la oenegé Amnistía Internacional había exhortado al Congreso a ponerse del lado de las víctimas y rechazar con firmeza la legislación.
Las organizaciones de derechos humanos estiman que esta ley de amnistía beneficiaría a unos 900 militares y policías, entre ellos varios generales.
Perú aprobó en agosto de 2024 una ley que declara prescritos los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002 en la lucha contra las guerrillas.
La iniciativa, que los defensores de los derechos humanos llaman “Ley de Impunidad”, benefició al hoy fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), condenado por ordenar dos matanzas de civiles llevadas a cabo por el ejército en 1991 y 1992, así como a 600 militares procesados.
El conflicto interno en Perú, en el que las fuerzas del Estado se enfrentaron a las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), dejó unos 70.000 muertos y más de 20.000 desaparecidos, según cifras oficiales.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación indicó que existen en Perú más de 4.000 fosas clandestinas producto de la violencia entre 1980 y 2000.
La Corte IDH tiene jurisdicción sobre una veintena de países de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que han reconocido su competencia contenciosa.
- Fuente: AFP
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