El expresidente de Bolivia, quien entregó el poder el 8 de noviembre tras finalizar su gobierno, fue detenido este miércoles 10 de diciembre, supuestamente por corrupción. Se lo acusa de irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a un programa del llamado Fondo Indígena, durante su época como ministro de Economía.

Según las autoridades judiciales se le imputa haber autorizado desembolsos estatales hacia cuentas particulares, cuando esos recursos deberían haber sido destinados a proyectos de apoyo a comunidades indígenas.

Te puede interesar: La Fed recorta las tasas de EE. UU. en un cuarto de punto por tercera vez consecutiva

Según diversos medios, la detención generó denuncias de su entorno. Por ejemplo, la exfuncionaria de su gobierno, María Nela Prada, declaró que la detención fue arbitraria y la calificó de “secuestro ilegal”.

En un corto video publicado por Nela en redes sociales, el medio RT informó que Arce fue “secuestrado de manera totalmente ilegal” en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz.

“De forma extraoficial, indicó que fue conducido a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), en La Paz. Luego le confinaron al local Grupo Fides que efectivamente está allí para brindar declaraciones“, indicaron.

A Luis Arce se lo acusa penalmente por presunto desfalco o malversación de fondos públicos. Su detención abre un proceso judicial —por ahora bajo investigación— que podría derivar en cargos formales, medidas cautelares, y eventualmente juicio. Agregaron que la situación podría tener repercusiones políticas ya que afecta al legado del gobierno saliente y al partido al que él pertenece.

Leé también: Brasil reduce la inflación a nivel esperado por Banco Central

El mandato presidencial de Arce había finalizado hace pocos días y su detención ocurre en un momento de transición de gobierno, tras las elecciones que dieron paso a una nueva administración.

El nuevo gobierno boliviano de centroderecha denunció ayer martes desvíos multimillonarios de combustibles bajo las pasadas administraciones del Movimiento al Socialismo (MAS), que impactaron incluso al país en la reciente crisis por escasez de carburantes. Bolivia compra en el exterior diésel y gasolina para distribuirlos en el mercado interno a precio subsidiado. Los precios están congelados desde hace 20 años, cuando la izquierda asumió el poder por primera vez.

A raíz de eso, se disparó el contrabando en las fronteras. Desde 2023, esa política de subvención ha vaciado las reservas de divisas y propiciado un abastecimiento muy irregular de carburantes, y elevado el costo de vida para los bolivianos. El desvío de combustible es un “daño enorme que se le hace al país, entre 800 y 1.000 millones de dólares cada año” por “contrabando y corrupción”, dijo este martes el presidente Rodrigo Paz en rueda de prensa, sin precisar el período en que ocurrió la presunta afectación.

Esta semana la fiscalía allanó la petrolera estatal YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, sobre las que investiga presuntos casos de corrupción. El jefe de YPFB, Yussef Akly, comentó este martes que los desvíos eran en “todos los formatos, compraventa, reventa (...) manipulación de cisternas”, a la televisora Unitel.

Lea más: Crece el descontento en países asiáticos que suman 1.300 muertos por inundaciones

Esas prácticas comprometían “el 25 % de todo el volumen que se recibe y se comercializa”, afirmó, en el marco de las auditorías dispuestas por el Ejecutivo ante la red de corrupción que asegura que habría montado el MAS.

Desde que asumió el poder el pasado 8 de noviembre, el gobierno de Paz denunció que encontró “un sistema de corrupción” en las instituciones públicas dedicado al “robo de combustibles”. El mandatario prometió un recorte a los subsidios a los carburantes, aún sin concretar.

El mes pasado conformó una “comisión de la verdad” para investigar posibles delitos en el sector Hidrocarburos, cometidos durante la era socialista de Bolivia que duró casi 20 años, iniciada por Evo Morales (2006-2019) y seguida por Luis Arce (2020-2025). Paz ha señalado que durante sus primeros días de gobierno ha encontrado el aparato estatal convertido en “una cloaca de dimensiones extraordinarias”.

Fuente: AFP.

Lea también: El dolor de una madre australiana convertido en lucha contra el acceso infantil a redes

La junta militar que tomó el poder en Guinea-Bisáu nombró el jueves a un general como presidente de transición, mientras que el jefe de Estado destituido, Umaro Sissoco Embalo, abandonó el país y se marchó a Senegal. El día anterior, los militares anunciaron que habían derrocado a Embalo y suspendido las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados debían anunciarse en breve en ese país lusófono de África Occidental con una extensa lista de golpes de Estado.

El nombramiento del general Horta N’Tam como presidente y jefe de la junta es por un año, añadieron los militares en una conferencia de prensa en Bisáu. La capital estaba paralizada el jueves, con la mayoría de las tiendas y mercados cerrados y una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en las calles, prácticamente desiertas, constató la AFP.

Los militares vigilaban los alrededores del palacio presidencial, donde intensos disparos sembraron el pánico entre la población durante el golpe militar. El derrocamiento se suma a otros ocurridos desde 2020 en la región, concretamente en los vecinos Mali, Burkina Faso, Níger y Guinea-Conakry.

Lea más: El peor incendio de Hong Kong alcanza 128 muertos en complejo de rascacielos

“Acabo de ser investido para dirigir el Alto mando”, dijo el general Horta N’Tam, hasta ahora jefe del Estado Mayor del ejército de tierra. “Guinea-Bisáu atraviesa un período muy difícil de su historia. Las medidas que se imponen son urgentes e importantes, y requieren la participación de todos”, declaró el nuevo presidente de esta transición.

Mientras tanto, Embalo, quien fue destituido el miércoles, llegó “sano y salvo” a Senegal el jueves a bordo de un avión fletado por ese país, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores senegalés en un comunicado. El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “profundamente preocupado” por la situación y denunció que “cualquier desprecio por la voluntad del pueblo que emitió su voto de manera pacífica durante las elecciones generales del 23 de noviembre constituye una violación inaceptable de los principios democráticos”.

Lea también: Gobierno de EE. UU. anuncia que revisará residencia permanente de ciudadanos en casi 20 países

El golpe del miércoles se produjo la víspera de la esperada publicación de los resultados electorales provisionales de las presidenciales y legislativas celebradas el pasado domingo. Tanto el presidente saliente Embalo como el opositor Fernando Dias de Costa reivindicaban la victoria. En su primera comunicación tras tomar el poder, los militares anunciaron que habían detenido al mandatario y suspendido el proceso electoral en curso.

“Lo que nos ha empujado a hacerlo (el golpe) es el ánimo de garantizar la seguridad a nivel nacional y restablecer el orden”, dijo el miércoles a la prensa el general Denis N’Canha, jefe del gabinete militar de la presidencia. Argumentó que los servicios de inteligencia detectaron “un plan destinado a desestabilizar el país, con la implicación de los barones nacionales de la droga”. Según dijo, ese plan incluía la introducción de armas en el territorio “para alterar el orden constitucional”.

Guinea-Bisáu, un país empobrecido de apenas 2,2 millones de habitantes, sufre problemas de corrupción y es conocido por ser una importante plataforma del narcotráfico entre Sudamérica y Europa, una lacra favorecida por su inestabilidad política crónica. También fue detenido el miércoles, según dos fuentes cercanas, el líder opositor Domingos Simoes Pereira, al que la Corte Suprema no permitió concurrir como candidato presidencial.

Este país ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos fallidos. La Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (Cedeao) anunció el jueves la “suspensión de Guinea-Bisáu de todos los órganos decisorios” de la organización tras el nuevo derrocamiento.

Fuente: AFP.

El coronel Michael Randrianirina insistió el jueves, en la víspera de su toma de posesión como nuevo dirigente de Madagascar, que la toma del poder tras la huida del presidente Andry Rajoelina de la isla “no fue un golpe de Estado”. El mandatario depuesto confirmó por primera vez que abandonó el país tras semanas de protestas que desembocaron en la toma del poder por parte de una unidad militar.

"Un golpe de Estado es cuando los soldados entran en el palacio presidencial con armas. Disparan. Hay derramamiento de sangre (...) Esto no es un golpe de Estado", declaró el jueves a la prensa el coronel Randrianirina, que tiene previsto jurar el cargo el viernes.

Su nombramiento como presidente por parte del máximo órgano judicial del país demuestra, según él, que no ha “tomado el poder”. “Me han dado el poder, me han transferido el poder, es diferente”, insistió el militar. La destitución de Rajoelina se produjo tras un movimiento de protesta iniciado por jóvenes el 25 de septiembre por la falta de agua y electricidad.

El dirigente partió de la isla entre el 11 y 12 de octubre después de que “se hicieran amenazas explícitas y extremadamente serias contra la vida del jefe de Estado”, indicó la presidencia en un comunicado la noche del miércoles. Las amenazas se dieron en momentos en que Rajoelina debía realizar un viaje internacional oficial, según el comunicado.

Medios de prensa informaron que el líder de 51 años fue evacuado el domingo en un avión militar francés. El lunes dijo que se había refugiado en un “lugar seguro”, sin dar más detalles. Rajoelina, quien llegó al poder en 2009 tras un golpe apoyado por los militares, acusó a la Asamblea Nacional de aliarse con los militares para removerlo de la presidencia.

La comunidad internacional expresó alarma con los acontecimientos y el secretario general de la ONU condenó “el cambio inconstitucional de gobierno en Madagascar” en un comunicado emitido el jueves por su portavoz. La Unión Africana anunció el miércoles la suspensión de Madagascar del bloque. Madagascar es la última de varias excolonias francesas africanas en caer bajo control militar desde 2020, luego de los golpes en Malí, Burkina Faso, Níger, Gabón y Guinea.

Fuente: AFP.