La ciudad de Asunción se alista para el partido que se disputará este jueves 4 de septiembre entre Paraguay y Ecuador, en el estadio Defensores del Chaco; ante esto se prevé operativos especiales de seguridad. Además, se instalarán pantallas gigantes en varios puntos de la ciudad con acceso libre y gratuito.

A partir de mañana miércoles, la Policía Municipal de Vigilancia (PMV) en coordinación con la Policía Nacional, iniciarán con el operativo de seguridad y logística, en todo el microcentro de la ciudad. La idea es garantizar la seguridad de las personas que visiten la zona.

“Ya estamos encaminando todo. Queremos que el jueves sea una verdadera fiesta, un evento para compartir en familia y que se viva con la emoción que merece la posibilidad de volver a un Mundial, después de quince años”, explicó Ariel Andino, director de la PMV.

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Resaltó que el operativo incluye presencia institucional no solo en inmediaciones del estadio, sino también en varios puntos del microcentro. Se tiene previsto instalar varias pantallas gigantes para aquellos que no logren entrar al estadio, pero que luego quieran participar de los festejos.

“Las pantallas estarán ubicadas en la vía pública y el acceso será gratuito. Varias empresas se sumaron a esta iniciativa, como farmacias y comercios del centro, sin ningún tipo de actividad comercial que condicione el acceso. Se estima que más de 50.000 personas estarán solo en el microcentro”, puntualizó.

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México inauguró una “nueva era” ayer el lunes con la instauración de los primeros jueces elegidos por voto popular, un hito para la justicia de un país dañado por la impunidad, pero que la deja expuesta al influjo del poder político y del crimen organizado. Los jueces de la Suprema Corte, magistrados del tribunal electoral y numerosos juzgadores federales y locales completan los más de 2.000 cargos que entraron en funciones este lunes, tras los inéditos comicios del pasado 1 de junio.

En una ceremonia realizada por la noche en el Senado mexicano, los nueve ministros del máximo tribunal, encabezados por su presidente, el abogado indígena Hugo Aguilar, juraron sus cargos. Tras ello, los ministros se dirigieron a la sede de la Suprema Corte para una ceremonia a la que asistió la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aguilar, quien portó una toga con bordados indígenas de vivos colores, fue quien abrió, en un acto simbólico, las puertas del recinto mientras era aclamado por numerosas personas que lo esperaron horas en la calle. “Esta es una invitación. Todos y todas los que requieran la atención de Suprema Corte, a partir de mañana tendrán las puertas totalmente abiertas”, dijo.

El partido oficialista Morena y sus aliados dieron la bienvenida en el Senado a los nuevos jueces con la promesa de sanear un sistema al que consideran plagado de “corrupción” y al servicio de los poderosos. Pero dos partidos opositores cuestionaron a este nuevo Poder Judicial, al que describieron como carente de legitimidad por surgir de un proceso “plagado de irregularidades”. La elección fue cuestionada tanto por la escasa participación, de apenas 13 % del electorado, como por denuncias de irregularidades y mecanismos ilícitos para encauzar el voto hacia candidatos afines al oficialismo de izquierda.

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Por la tarde, los magistrados participaron en una ceremonia indígena realizada en el Zócalo (plaza central) de la capital para marcar de manera simbólica el inicio de sus funciones. En medio de danzas, humo de incienso y discursos en lenguas originarias, autoridades de pueblos indígenas entregaron el denominado “bastón de mando” a los integrantes del máximo tribunal.

“Los pueblos indígenas somos la raíz más profunda de México, somos el antecedente más lejano de estas tierras”, proclamó el presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar, un jurista de la etnia mixteca. Al rendir su primer informe anual de gobierno este lunes, la presidenta Sheinbaum dio la bienvenida al nuevo Poder Judicial.

Con los jueces electos, “se termina la era del nepotismo, corrupción y privilegios y comienza una nueva era de legalidad y justicia” para los mexicanos, dijo la mandataria. Aguilar fue el candidato más votado y por ello presidirá la Suprema Corte, conformada por nueve ministros, seis de ellos cercanos al oficialismo. Este jurista será el segundo indígena en encabezar el máximo tribunal luego de que Benito Juárez, considerado padre del México moderno, lo hiciera brevemente antes de ser electo presidente (1858-1872).

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La elección judicial, que tendrá una segunda etapa en 2027 para renovar otros cargos federales y locales, es parte de una reforma constitucional propuesta por López Obrador y ejecutada por Sheinbaum. Opositores y activistas han cuestionado los verdaderos objetivos del proceso. Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la oenegé Defensorxs, el oficialismo busca “capturar políticamente al Poder Judicial”.

El activista opina que se trató de una “operación de Estado” que designó candidatos afines al gobierno y distribuyó masivamente volantes para favorecer su triunfo. Defensorxs detectó además al menos 25 aspirantes “altamente riesgosos” con antecedentes penales por delitos desde corrupción hasta trata de personas, o enfrentaban acusaciones de complicidad con el crimen organizado.

Seis de estas personas resultaron elegidas, señala Meza. Entre ellas está Silvia Delgado, exabogada del encarcelado capo del narcotráfico Joaquín “Chapo” Guzmán, quien será jueza penal en el estado de Chihuahua (norte). Delgado demandó judicialmente por violencia política de género a 14 medios de comunicación y al propio Meza por haber informado sobre su vínculo con el “Chapo”. El activista teme que la multiplicación de este tipo de personajes constituya juzgados “capturados y que trabajan para el crimen organizado” o para políticos “involucrados” con estas mafias.

Fuente: AFP.

Ecuador negocia un nuevo programa con Estados Unidos para recibir a 300 personas cada año con estatus de refugiado en ese país, que no hayan cometido delitos ni tengan problemas de salud, dijo el lunes la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Sin ahondar en detalles, la ministra hizo el anuncio a dos días de la llegada a Quito del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en momentos en que los gobiernos de ambos países estrechan lazos.

“Va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características como buen estado de salud”, dijo Sommerfeld al canal Ecuavisa.

Según la canciller, su nación está en capacidad de recibir a unos 300 refugiados al año enviados por Estados Unidos, aunque precisó que el acuerdo es distinto al existente con El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

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Sommerfeld también admitió que “hay (la) posibilidad” de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano. “Se viene trabajando sobre ello y esperamos en un tiempo prudente poder dar buenas noticias”, indicó.

Uno de los mayores aliados de Estados Unidos en la región, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa planea reformar la constitución vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

“No necesariamente (debe ser) una base para asuntos militares, pero sí (una) base de diferentes tipos de cooperación”, matizó Sommerfeld.

El expresidente Rafael Correa (2007-2017) sepultó un acuerdo con Estados Unidos para el uso por una década de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en operaciones antidrogas, que finalizó en 2009.

Tras su llegada el miércoles, Rubio se reunirá con Noboa el jueves en el marco de una gira que incluye a México para promover una mayor cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico.

A causa de una guerra por el poder entre bandas del narco, Ecuador fue en 2024 uno de los países más peligrosos de Latinoamérica con 39 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.

• Fuente: AFP

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El Gobierno del Paraguay oficializó la designación de tres nuevos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios en países de la región. En una ceremonia desarrollada en el Palacio de Gobierno, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó juramento a los diplomáticos que representarán a nuestro país en el extranjero.

De esta forma, Octavio Odilión Ferreira Gini, asumirá funciones ante la República del Perú; Enrique José Guerrero Clari, fue nombrado representante ante el Estado Plurinacional de Bolivia y Roberto Hugo Benítez Fernández, ejercerá como embajador en la República del Ecuador.

A través de las resoluciones n.° 1.368, 1.369 y 1.370 respectivamente del 6 de agosto, la Cámara de Senadores prestó el acuerdo constitucional para la designación de los embajadores. “El artículo n.° 238 de la Constitución faculta a quien ejerce la presidencia de la República a designar embajadores con acuerdos del Senado", dice el documento del nombramiento

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A través de este acto también se otorgó las cartas credenciales para ejercer el cargo ante las mencionadas naciones.

“Juran ante Dios y la patria desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de embajadores extraordinarios y plenipotenciarios del Paraguay ante la República del Perú, el Estado Plurinacional de Bolivia y la República del Ecuador“, expresó el mandatario, a lo al unísono respondieron, “Sí juro”.

La lectura del acta de juramento estuvo a cargo de Ana María Zubizarreta, escribana mayor de Gobierno, documento que fue firmado por el jefe de Estado, los embajadores, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez y los testigos de honor.

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