El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre prácticas de derechos humanos, en el que destaca que la situación en Paraguay durante 2024 enfrentó desafíos importantes, especialmente en áreas como la libertad de expresión y la protección de los derechos laborales.

El informe señaló que el Congreso adoptó medidas que afectaron a la sociedad civil y a la prensa, y que la Oficina no observó con buenos ojos ciertos aspectos vinculados a las organizaciones no gubernamentales. Mencionó sobre la entrada en vigencia de una legislación que establece el control sobre las organizaciones civiles.

En el ámbito de la libertad de prensa, el informe explicó que “hubo varios casos en los que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa para silenciar a sus oponentes”. También se señala que “algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por informar sobre abuso de poder y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales”.

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En cuanto a los derechos laborales, el documento indicó que “el Gobierno rara vez investigaba las actividades antisindicales y, según informes, solo lo hacía cuando lo solicitaba la parte afectada”. Señaló que los empleadores que no reconocían o negociaban colectivamente con un sindicato registrado podían enfrentar sanciones, aunque “generalmente eran ineficaces y rara vez se aplicaban a los infractores”.

Respecto a la seguridad y Justicia, el informe describe que “la prisión preventiva prolongada, debido a la acumulación de casos judiciales y la corrupción, es un problema” y que “un número insuficiente de jueces y funcionarios judiciales que solicitaban sobornos para adelantar los procedimientos a menudo causaba retrasos en los juicios”.

Sobre la tortura y otros tratos inadecuados, se indica que “la ley prohibía tales prácticas, pero existían informes fidedignos de que funcionarios gubernamentales las empleaban”. La Fiscalía abrió investigaciones sobre 124 denuncias de tortura y otros abusos, aunque “no hubo condenas durante el año”.

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El informe concluye que, si bien se han registrado algunas medidas de protección de los derechos humanos, “todavía existen áreas que requieren atención y fortalecimiento institucional para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”.

Cuando empiezan a sonar las sirenas de alerta sobre los cielos de Tel Aviv, la familia Weisman y millones como ellos buscan refugio de los misiles en camino y hoy continúan recogiendo los escombros de sus vidas.

Vera Lucía Papaterra, de origen dominicano, reportera del periódico estudiantil The Independent Florida Alligator (Gainesville, EE. UU.) busca ser una corresponsal internacional y fue invitada a Israel por la agencia de noticias del Medio Oriente para el mundo hispano parlante, Fuente Latina, para adentrarse a lo más profundo de un país que sigue en guerra pero que una vez más, da muestra de resiliencia, tras los ataques sufridos desde Irán, semanas atrás.

Una de sus entrevistadas fue una mujer israelí residente en Tel Aviv, Hadar Weisman, quien le relata como es la vida casi cotidiana bajo el sonar de las sirenas.

El decir por favor y gracias. Cómo usar cubiertos. Respetar a los mayores. A esa lista de lecciones básicas, la israelí Hadar Weisman añadió una que sus hijos repiten sin dudar: qué hacer en los 90 segundos después de que suenan las sirenas que indican que algún o varios misiles vienen en camino.

El 22 de junio de 2025 fue uno de esos días. En la llamada “Guerra de los doce días”, Israel y Estados Unidos habían atacado instalaciones nucleares iraníes e Irán había devuelto el fuego, lanzando decenas de misiles contra Israel. Varias zonas residenciales de Tel Aviv y en otras ciudades resultaron impactadas; 30 personas fallecieron y al menos 23 personas quedaron heridas. En Tel Aviv resultaron con daños severos varios edificios de Ramat Aviv,incluido el de Weisman. Fue una mañana de concreto roto y vidrios pulverizados que dejó a miles de israelíes sin casas, aunque con vida.

Aquella mañana, a las 7:23, tocaron a la puerta de Weisman. Eran los repartidores de un gavetero que había pedido una semana antes. Lo pusieron en el dormitorio. Apenas salieron, sonó la alerta. “Estamos muy acostumbrados a entrar al cuarto seguro”, cuenta Weisman. “Con los niños lo hacemos desde antes del 7 de octubre (del 2023 cuando terroristas de Hamás atacaron Israel)”.

Todos en casa de Weisman estaban ya vestidos y despiertos por el ruido de los obreros, así que caminaron con calma hacia la mamád, la habitación reforzada que muchos israelíes tienen en sus casas para protegerse de los misiles. El impacto llegó minutos después. El misil cayó entre los edificios de la cuadra. Ninguna estructura recibió un golpe directo, pero el golpe de la onda expansiva convirtió la casa en escombros. “Todo el edificio se sacudió y se cortó la luz”, recuerda Weisman, doctora en economía y profesora de microeconomía en la Universidad de Tel Aviv que vivía en ese apartamento desde 2019. “Nos quedamos 45 minutos en la oscuridad, sin saber qué habría cuando abriéramos la puerta”.

Dentro del cuarto seguro, un detalle dominguero: la tapa plástica del conducto del aire acondicionado salió volando y por ahí entraron polvo y residuos del edificio tras el impacto. Sentados en un colchón, con el teléfono en una mano y una bolsa de caramelos en la otra, los padres usaron el tiempo para hacer llamadas y tranquilizar a los niños. El mayor, de nueve años, lloró pensando en sus juguetes.

El impacto en el más pequeño, su hijo de tres años y medio, se mide más allá de una preocupación por sus cosas. En sí, el niño siempre pregunta la ubicación del cuarto seguro —como quien pregunta por el baño— cuando llega de visita a una casa desconocida. “Es una forma de vida y no debería serlo”, dice visiblemente emocionada Weisman. “No es manera de criar a nuestros hijos”.

Afuera, el grupo de WhatsApp del edificio se convirtió en un mapa humano. Vecinos reportaban quién estaba adentro y quién estaba en la calle para que los equipos de rescate no perdieran tiempo en búsquedas inútiles. Policías, bomberos y la unidad de rescate de la Fuerza de Defensa israelí subieron piso por piso. Forzaron la puerta acorazada del quinto piso, que quedó doblada, del apartamento de los Weisman. “Menos mal que esperamos”, dice. “Si hubiéramos intentado salir, el corredor estaba cubierto de muebles y cosas caídas. Nos habrían caído encima”.

El edificio de Weisman es uno de los más nuevos en el barrio y sus cimientos resistieron mejor que otros. Otros en la cuadra, no tanto. La familia pasó dos semanas en un hotel y luego consiguió un subarriendo en el mismo barrio para que los niños siguieran asistiendo a su misma escuela y su kínder. “Volveremos, dicen que para Pascua”, explica, con ese optimismo que nace de una rutina resistente. “Creo que será más tarde, quizá en julio”, añade con una sonrisa corta, como quien ya aprendió a negociar con la incertidumbre.

El ataque del 22 de junio fue parte de una escalada de doce días que cruzó fronteras y agendas políticas. Para Weisman, sin embargo, la política se traduce en una caminata sabatina. Ella asiste cada sábado a las manifestaciones por la paz que se llevan a cabo en la avenida Begin de Tel Aviv, donde discurso tras discurso pide el fin de la guerra y el retorno de todos los rehenes. “Voy desde antes de octubre”, cuenta, refiriéndose al 7 de octubre del 2023. “Esto no puede seguir así. Incluso si alguien creyó que al principio había justificación, ya no se ve un final ni resultados positivos. Es la forma equivocada de hacer las cosas”.

Su crítica tiene varios destinatarios. A su gobierno, que a su juicio no ha ofrecido una salida real ni ha priorizado un acuerdo para los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre. A Hamás, “una organización terrible, mala para Israel y aún peor para los gazatíes”. Y a cualquiera que crea que “disparar es mejor que hablar”, o que la vida de alguien vale menos que “un pedazo de tierra”. “Es inexcusable porque es obra humana”, dice Weisman, y la frase le tiembla en la garganta.

La confianza, admite, ya estaba dañada antes de octubre. “Siguen intentando cambiar el Estado de derecho en medio de la guerra”, señala Weisman sobre las modificaciones constitucionales que el gobierno trata de implantar para fortalecer los poderes ejecutivos y legislativos a expensa del judicial, algo que ha creado malestar en sectores de la sociedad israelí. Weisman escucha rumores sobre comicios, sospechas de fraude y un clima que erosiona las instituciones. Aun así, la decisión íntima no es simple. “Si nos paramos y decimos que esto es demasiado y nos vamos, ¿quién se queda? ¿Los que creen que esto está bien? Tampoco quiero que mi hijo cargue con esto”. Lo discuten en casa, una y otra vez.

Al volver a su apartamento en ruinas para recoger papeles y ropa, Weisman mira por la ventana y ve fachadas abiertas como casas de muñecas. Luego baja la mirada al pasillo, donde antes no se podía caminar sin tropezar, y recuerda la lección que repite a los niños: Hay una alarma. Se hace lo que toca. La vida va primero. “Estamos bien”, les dice. “La casa es solo cosas”.

La normalidad se despega a veces en pequeños gestos. Volver al subarriendo con mochilas y bolsas. Hacer la tarea de matemática. Preparar una cena sencilla. Y sí, repetir las reglas: por favor y gracias, respetar a los mayores, así se agarra un tenedor. Y esa otra, más urgente y aprendida a la fuerza, que suena como un juego pero enseña a sobrevivir: Sirenas en el aire. Un minuto y medio. Respira. Vete al búnker. Cierra su puerta reforzada. Espera. Vuelve a salir. Sigue adelante.

Estados Unidos publicó ayer martes un informe sobre derechos humanos en el mundo adaptado a las prioridades del presidente Donald Trump en el que ensalza a sus aliados, como El Salvador, y fustiga a los que considera rivales como Brasil.

Este informe anual suele generar polémica independientemente del partido en el poder, pero este año el Departamento de Estado ajustó la parte redactada por el gobierno del expresidente demócrata Joe Biden, por ejemplo, en lo relacionado con las políticas favorables a la diversidad o el aborto. En política extranjera pasó otro tanto. Washington arremete contra países con los que mantiene una relación tensa como Sudáfrica o Brasil.

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“La situación de los derechos humanos en Brasil se deterioró” en 2024, se lee en el texto días después de que Estados Unidos impusiera aranceles del 50 % al país por lo que considera una “caza de brujas” contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista en 2022.

El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva “socavó el debate democrático” y reprimió “de manera desproporcionada la expresión de los partidarios” de Bolsonaro, así como de periodistas y políticos, añade este informe, solicitado anualmente por el Congreso.

Los tribunales brasileños adoptaron medidas “desproporcionadas para socavar la libertad de expresión” y en internet, sostiene Washington, que sancionó recientemente al juez de la Corte Suprema de Brasil Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro.

En la lista de los malos alumnos de América Latina Washington también incluye a Venezuela y Nicaragua, donde dice que la situación de los derechos humanos “empeoró” el año pasado. No ve “cambios significativos” en Cuba, otro país latinoamericano muy criticado por el jefe de la diplomacia Marco Rubio.

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También salen mal parados algunos de los aliados europeos de Estados Unidos como Reino Unido, Alemania o Francia, donde considera que la situación se ha deteriorado, principalmente en lo relativo a la libertad de expresión. No ve cambios en España. No es la primera vez que la administración Trump ve presunta censura en Europa.

El vicepresidente JD Vance dejó atónitos a los alemanes y a los europeos en general con un discurso pronunciado en Múnich (sur) a mediados de febrero, en el que afirmó que la libertad de expresión está “retrocediendo” en Europa, en particular en Alemania. Por el contrario, Trump ve con muy buenos ojos la gestión del presidente salvadoreño Nayib Bukele, un gran aliado del republicano en su lucha contra la inmigración ilegal que se prestó a encarcelar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

“No hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en el país, afirma el Departamento de Estado. “Los informes de violencia de pandillas se mantuvieron en un mínimo histórico bajo el estado de excepción” gracias a las “detenciones masivas”, añade. Este panorama apologético contrasta con las denuncias de las oenegés y de los migrantes detenidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, adonde Trump expulsó en marzo a más de 250 venezolanos a los que acusó de pertenecer a la pandilla Tren de Aragua, antes de que fueran liberados como parte de un canje.

Una vez en libertad, varios de estos migrantes contaron a la AFP haber vivido un infierno con palizas constantes, comida podrida y celdas de castigo diminutas. Además, en un informe de julio de 2024, Human Rights Watch documentó violaciones de los derechos humanos contra niños en el Salvador.

Otra oenegé, Socorro Jurídico Humanitario, denunció incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) casos de torturas, desapariciones de personas y muertes de presos en este país bajo el régimen de excepción invocado por Bukele como parte de su “guerra” contra las pandillas.

Israel, otro gran aliado de Trump, se beneficia de las alteraciones. Washington reconoce casos de arrestos arbitrarios y asesinatos por parte de Israel, pero afirma que las autoridades tomaron “medidas creíbles” para identificar a sus responsables. Senadores demócratas expresaron hace meses su preocupación por los cambios introducidos en el informe que, según ellos, perjudican la credibilidad de Estados Unidos.

Fuente: AFP.

Desde el Departamento Mujer de la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, exteriorizaron su preocupación por el alto índice de abuso sexual en comunidades indígenas.

María Luisa Duarte, secretaria de dicha organización, denunció que las principales víctimas son mujeres indígenas y en su mayoría menores de edad.

“Las violaciones, el maltrato, eso no se puede apañar. Hay un porcentaje que llama mucho la atención, todas son abusadas. Abusos sexuales, ya sea interna o externa, entonces hay que hacer una campaña”, señaló a la 680 AM.

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Dijo que como “mujer guaraní” están propiciando una campaña buscando revertir este flagelo. “Hay varias mujeres que están militando ya en el derecho de la mujer indígena a nivel país”, expresó.

La representante de los Ayoreos también se mostró preocupada por el alto índice de mortalidad materno-infantil.

“A nosotros nos preocupa las mujeres indígenas que no tenían que morir y mueren por falta de atención direccionada”, lamentó.

Se quejó de la lentitud con que actúan las instituciones encargadas de investigar los delitos que afectan a las mujeres indígenas.

“A veces actúan con rapidez y a veces nada. Porque la promoción, prevención y actuación, a veces actúan ya ocurridos los hechos y los ministerios deben actuar en la prevención. Cuando hay indicios de acciones, entonces ahí tienen que actuar, no importa quien sea el autor”, subrayó.

Afirmó que los que cometen delitos contra las mujeres indígenas “actúan con premeditación”, por lo que exigió justicia.

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