Una treintena de soldados fueron liberados ayer jueves luego de tres días retenidos en un enclave guerrillero plagado de narcocultivos y donde opera la mayor disidencia de la extinta guerrilla FARC, anunció la Defensoría del Pueblo. Tras fuertes combates con los rebeldes, el lunes unos 600 pobladores impidieron la salida de las tropas en el departamento del Guaviare (sureste) en una acción que el gobierno del izquierdista Gustavo Petro consideró un “secuestro”.

"En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare (...) Llamamos a no estigmatizar a la comunidad", dijo en la red X la defensora del pueblo, Iris Marín. Delegaciones del gobierno, la Defensoría del Pueblo y la ONU mediaron para la liberación de los soldados.

Las retenciones de militares y policías son frecuentes en Colombia y suelen realizarlas campesinos, según el gobierno obligados o manipulados por los grupos armados en zonas con poca presencia del Estado. Imágenes compartidas en redes sociales muestran a los militares, armados, junto a campesinos con botas de caucho y desarmados.

Inicialmente, las autoridades dieron un balance de 34 soldados retenidos, pero luego corrigieron la cifra a 33. Desde el domingo empezaron enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla al mando de Iván Mordisco que dejaron 10 muertos y dos capturados. Mordisco es el hombre más buscado de Colombia, que Petro compara con el difunto barón de la cocaína Pablo Escobar.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la liberación y se refirió a los lugareños como “personas vestidas de civil que perpetraron un grave delito, así como asonada y obstrucción a la función pública”, en un mensaje en X. Su cartera presentó una denuncia por secuestro ante la fiscalía. El ejército reforzó “la seguridad con más tropas para evitar cualquier ataque en ese ambiente hostil” en el que la población local “está instrumentalizada” por los rebeldes, según una declaración del almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

Estos hechos “vulneran gravemente los derechos humanos de nuestros militares al impedírseles la movilidad y negárseles el acceso al agua y alimentos”, agregó. Las autoridades públicas locales confirmaron a la AFP que los pobladores exigían la entrega del cuerpo de un civil muerto en los combates entre el Ejército y los rebeldes.

“Uno de los muertos es un civil que vivía en un caserío donde fueron los combates”, dijo Willy Rodríguez, alcalde de San José del Guaviare, capital del departamento. En junio, la Defensoría alertó sobre la “crítica situación humanitaria y de seguridad” de la población de la zona debido al fuego cruzado entre disidencias guerrilleras enemigas.

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La semana pasada, otro grupo al mando de Mordisco hizo estallar un camión bomba que mató a seis personas y dejó más de 60 heridos en Cali (suroeste). Conocida como el Estado Mayor Central (EMC), esta estructura es el principal bloque de frentes que se negaron a firmar el acuerdo de paz de 2016 con el que se desmovilizó el grueso de las FARC.

El desarme de la guerrilla dejó un vacío de poder en los territorios que fue aprovechado por grupos rebeldes disidentes, paramilitares y carteles. Las organizaciones se han fortalecido con las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, según expertos. Mordisco sostuvo acercamientos de paz con Petro durante un año, pero abandonó las conversaciones en 2024 y aumentó su presión violenta contra el Estado.

Fuente: AFP.

Colombia atraviesa horas de conmoción tras dos ataques coordinados atribuidos a disidencias de las FARC.

Un camión cargado con explosivos estalló este jueves en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejando al menos seis muertos y decenas de heridos, mientras que en Amalfi, Antioquia, un helicóptero de la Policía fue derribado por un dron, provocando la muerte de 13 agentes.

El presidente Gustavo Petro calificó lo ocurrido como “un día de muerte” y responsabilizó a facciones enfrentadas de las disidencias de la extinta guerrilla. En Cali, las autoridades confirmaron la captura de al menos dos sospechosos y reforzaron la seguridad en la zona.

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El atentado en Cali, descrito como el más grave desde 2019, provocó daños en viviendas y comercios, lo que obligó a evacuar varios sectores. En Antioquia, el ataque contra el helicóptero se produjo durante labores de erradicación de cultivos ilícitos, en un hecho atribuido al frente 36 de las disidencias.

La Fiscalía colombiana investiga la participación de estructuras vinculadas al llamado Estado Mayor Central, mientras que el Gobierno anunció un refuerzo militar en las regiones afectadas.

Estos hechos se producen en un contexto de creciente violencia, tras años de relativa calma desde la firma del acuerdo de paz de 2016. Analistas advierten que, si bien el país está lejos de los niveles de violencia de décadas pasadas, los ataques muestran una reorganización y capacidad operativa renovada de los grupos armados ilegales.

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Ocho personas murieron y otras ocho resultaron heridas el jueves tras enfrentamientos y un ataque con dron de una disidencia de la guerrilla de las FARC en el noroeste de Colombia, informaron las autoridades.

El ataque se produjo en el departamento de Antioquia durante un operativo para erradicar narcocultivos en medio de la peor crisis de violencia que vive el país desde la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016.

Un funcionario de la policía dijo a la AFP que los atacantes “hostigaron” a un grupo de erradicadores de hoja de coca, componente base de la cocaína, y atacaron con un dron a uno de sus helicópteros, que se precipitó a tierra. Aún no se sabe si las víctimas estaban en la aeronave.

Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los atacantes son guerrilleros de una disidencia de las extintas FARC.

Inicialmente, las autoridades atribuyeron erróneamente el ataque al cartel Clan del Golfo.

Información más reciente recogida por la policía “confirma que el ataque fue perpetrado por la (estructura) E36 de las disidencias criminales” bajo el mando de alias Calarcá, dijo Sánchez en la red social X.

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Imágenes publicadas en redes sociales muestran al helicóptero sobrevolando la zona y luego un estruendo seguido de la caída de la aeronave. En otras imágenes se ve una humareda negra saliendo de la montaña.

Los bloques bajo el mando de alias Calarcá son una escisión del Estado Mayor Central (EMC), la mayor agrupación de frentes que retomaron las armas tras la firma de la paz de la guerrilla con el gobierno.

La organización sostenía desde 2023 nuevos acercamientos de paz con el gobierno del izquierdista Gustavo Petro, pero se dividió en dos cuando su líder máximo, alias Iván Mordisco, abandonó la mesa de negociaciones un año después.

La facción leal a Calarcá se mantuvo en los diálogos, que han tenido escasos avances. Un cese al fuego entre los rebeldes de ese grupo y las autoridades venció en mayo pasado y, desde entonces, la fuerza pública sostiene operaciones contra la estructura.

El uso de drones cargados con explosivos para arremeter contra policías y militares, grupos armados rivales e incluso población civil es cada vez más común en Colombia.

Según un informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), las víctimas de artefactos explosivos, especialmente por el “uso intensivo” de drones, se duplicaron en los primeros meses de 2025.

Colombia, la mayor productora de cocaína del mundo, registró un récord de 253.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en 2023. El gobierno de Petro impulsa un plan para la erradicación voluntaria por parte de los campesinos a través de incentivos económicos

• Fuente: AFP

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Las autoridades colombianas apuntaron este miércoles a la disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

“Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación”, dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

En las últimas semanas, sus familiares celebraron su entrada en un proceso de neurorehabilitación. Su hermana, María Carolina Hoyos, aseguró recientemente que su recuperación es un “milagro”.

Hasta el momento hay seis detenidos por el caso incluido el atacante, un menor de 15 años. A principios de julio la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, cerebro logístico del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales.

El ataque a Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas. La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descarta la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así “consolidar control territorial”, poner a este gobierno o el próximo “contra las cuerdas” o “parecer más grandes de lo que son”, señaló en declaraciones a Blu Radio.

Fuente: AFP