La justicia argentina abre este martes un juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan que implosionó sumergido con sus 44 tripulantes en 2017 sin que se haya logrado dilucidar cómo ocurrió esa tragedia, la mayor de la Armada en tiempos de paz. Los restos deformados del submarino fueron localizados un año después. Todavía permanecen a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa de Santa Cruz, en cuya capital Río Gallegos comienza el primer juicio.

El submarino había zarpado en patrullaje siete días antes de su desaparición desde el austral puerto de Ushuaia y regresaba a la base en Mar del Plata (sur de Buenos Aires). El 15 de noviembre de 2017 reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio. Fue su último mensaje. Su búsqueda aunó esfuerzos de decenas de países y mantuvo en vilo a la sociedad y al gobierno del expresidente de derecha Mauricio Macri (2015-2019).

No se espera la presencia en el juicio de ninguno de los familiares de las víctimas, 43 hombres y una mujer. “No pueden ni pagar las fotocopias, menos un avión y hospedaje. Lo más importante es haber llegado a juicio”, explicó a la AFP la abogada Valeria Carreras que representa a 34 familias de víctimas.

“Son personas sin poder, dinero ni apellido, se han sentido los nadies en estos ocho años, por eso hay mucha expectativa. Es importante la visibilidad para que el olvido y el tiempo no sean cómplices de la impunidad”, agregó. Las penas posibles -de uno a 5 años de prisión- contrastan con la dimensión de los hechos. Se sospecha faltas administrativas, de mantenimiento y seguridad.

“Fue una tragedia evitable, pero está mal visto en la Armada decir tengo miedo, existen riesgos, hay una cultura de silencio”, dijo Carreras al recordar que la Marina “fue la fuerza de mayor hermetismo durante la dictadura” (1976-1983). Los cargos son incumplimiento y omisión de deberes y estrago culposo agravado.

Los acusados, que llegan a juicio en libertad, son el extitular del Comando de Adiestramiento Luis López Mazzeo, el excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, el exjefe del Estado Mayor del Comando Submarinos Héctor Alonso y el exjefe de Operaciones Hugo Correa. En 2021 un Consejo de Guerra destituyó a Villamide por negligencia y castigó con arresto de hasta 45 días a otros oficiales por ocultar información.

La justicia desoyó un pedido del abogado Luis Tagliapietra, padre de Alejandro -muerto en el ARA a los 27 años-, para que el juicio se realice en Mar del Plata, a 400 km de la capital argentina, donde residían los tripulantes. Allí los familiares realizaron protestas frente a los edificios de la Armada en el tiempo que duró la búsqueda y también luego del hallazgo, una exposición que incomodó a la fuerza.

Los familiares denunciaron que fueron víctimas de espionaje, una causa en la que Macri fue procesado y que la Corte Suprema cerró en 2025. “Llevando el debate a Río Gallegos, a tanta distancia de Buenos Aires, buscan invisibilizar la tragedia”, dijo a la AFP el abogado que representa a una veintena de familiares.

El juicio se fijó allí por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. “Este es el primer proceso, todavía no se terminó la investigación respecto a los demás responsables de la línea de mando que llega hasta Macri”, agregó el abogado al recordar que restan analizar “67.000 fotografías y horas de video”. De su lado Carreras confió en que durante este juicio los más de 90 testigos aporten pruebas. En la instrucción “a muchos les falló la memoria, ahora eso puede cambiar”, opinó.

Las audiencias se desarrollarán durante cuatro días consecutivos, con pausas de una semana antes de la siguiente tanda. La hipótesis es que el submarino tuvo un fallo de válvula que permitió el ingreso de agua al compartimiento de baterías, desató un incendio y luego una explosión. Pero para corroborarla deberían reflotarse los restos, un operativo millonario, dicen querellantes.

“Es muy difícil condenar a alguien por un delito cuando no se sabe realmente lo que ocurrió. El juicio puede terminar en absolución”, dijo Tagliapietra. “Hubo muchas falencias previo al hundimiento, los mandos en tierra no tomaron decisiones adecuadas, pero todavía no sabemos por qué se hundió”, dijo Tagliapietra. “Hay resignación de familiares. Yo sigo luchando, es la promesa que le hice a mi hijo”.

Fuente: AFP.

Un lamentable suceso de inseguridad ocurrió en la madrugada de este lunes en la ciudad de Ñemby, donde un hombre intentó evitar que una mujer fuera asaltada, pero al intentar impedir el robo recibió un disparo en el rostro y lamentablemente falleció.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 sobre la calle 11 de Septiembre, a una cuadra de Manuel Ortiz Guerrero, en el barrio La Lomita. Una mujer que circulaba en una motocicleta fue interceptada por dos desconocidos que también se desplazaban en un biciclo.

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La víctima fatal circulaba detrás de la mujer y decidió intervenir para defenderla. En ese momento, uno de los delincuentes le disparó en el rostro. “Uno de los asaltantes le dijo al otro: ”disparale a este”, mencionó el comisario Alcides Torres, de la Comisaría 55, en contacto con la 1020 AM. Finalmente, los malvivientes robaron la motocicleta de la mujer y huyeron.

El fallecido fue identificado como Juan Carlos Espaini Bernal (55). La Fiscalía acudió al lugar para el levantamiento del cuerpo e iniciar las primeras diligencias. Según las averiguaciones preliminares, el hombre se dedicaba a la venta de carbón y no conocía a la víctima del robo; simplemente decidió actuar de forma heroica. Se solicitará la colaboración de los comercios locales para obtener imágenes de las cámaras de vigilancia.

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Una gavilla de delincuentes asaltó esta madrugada una distribuidora de bebidas, ubicada en el kilómetro 13, lado Monday, de Ciudad del Este y robó parte de la recaudación del fin de semana.

Además, tomaron como rehenes a dos guardias, identificados como Ángel Aníbal Cardozo López (62) y Domingo Fretes Peña (51). Rompieron la caja fuerte y se llevaron aproximadamente G. 222 millones. La investigación se encuentra en curso.

El comisario Juan López brindó detalles en contacto con C9N. “Siendo las 2:30 ocurrió un robo agravado a la empresa de bebidas. Según los guardias de seguridad, se acercaron aproximadamente 8 a 9 personas armadas, descendieron del vehículo y perpetraron el hecho”, refirió el jefe policial.

Los malhechores sabían perfectamente el movimiento de la empresa, cómo operaban los fines de semana, y otros hechos llamativos que hacen presumir que la información que manejaban era muy precisa.

“Manejaban la cantidad de guardias que había, ya que directamente fueron a proceder a maniatarle a uno y a otro para que se les pueda abrir el portón para entrar al local. También la cantidad de obreros que había en el lugar en el momento, que eran solamente dos”, detalló el interviniente.

Tras reducir a los empleados, rompieron la caja fuerte que se encontraba dentro de la oficina y se alzaron con el millonario botín, la suma de G. 222 millones aproximadamente.

De acuerdo con la investigación, es una caja donde los funcionarios que ya no llegan en horario de oficina de administración, depositan el dinero en el lugar todos los días, porque hay muchos camiones distribuidores. Sin embargo, la firma habría retirado el grueso del dinero antes del atraco.

En caso contrario, los delincuentes se habrían llevado la suma de casi 2 mil millones. “La información que nosotros recibimos de la gente de administración es que siendo las 20:30, gente de Prosegur llevaron toda la plata de la recaudación, aproximadamente 1.000 a 1.500 millones de guaraníes y posteriormente llegaron dos camiones a realizar la entrega correspondiente. Lo que pagaron los mismos fue el botín que se llevaron los delincuentes”, comentó el agente de la Policía Nacional.

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El golpe tiene mucha similitud con otros perpetrados durante la semana en la zona de Alto Paraná, en cuanto al modus operandi, la vestimenta, las armas utilizadas y también el vehículo de similares características.

Se trata de un Toyota Premio plateado año 2002. “Hay varios hechos ya perpetrados por este automóvil, que ahora fue incinerado en el kilómetro 10, jurisdicción de la comisaría puesto 5, hasta donde se acercó a la gente Criminalística para el procedimiento de rigor”, apuntó el entrevistado.

Por otro lado, se desconoce la identidad de los presuntos autores, atendiendo que actuaron con el rostro cubierto. “Los asaltantes vinieron con armas largas, con la cara totalmente tapada, no se pudo divisar ningún rostro, según los guardias de seguridad”, precisó López.

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La controvertida reforma laboral del presidente argentino Javier Milei, destinada a flexibilizar el régimen laboral vigente, ya es ley tras un tratamiento parlamentario acompañado de protestas sindicales y una huelga general que afectó la actividad la semana pasada.

La llamada “ley de modernización laboral” es presentada por el gobierno como una herramienta para fomentar el empleo en blanco, facilitar nuevas contrataciones y reducir la litigiosidad; mientras los sindicatos la consideran “regresiva” y “anticonstitucional”, la repudiaron en la calle y se aprestan a combatirla también en los tribunales. A continuación, cuatro claves de la reforma laboral impulsada por Milei:

La “Ley de Modernización Laboral” modifica la Ley de Contrato de Trabajo vigente y otros regímenes.

Permite extender la jornada diaria de ocho a hasta 12 horas sin pago de horas extras, pero compensadas con horas libres a convenir a partir de un banco de horas o con francos compensatorios.

Las vacaciones pueden fraccionarse en tramos de siete días, en lugar de en un mínimo de 14 como era hasta ahora.

Aunque el proyecto explicita que estos cambios serán de mutuo acuerdo, los sindicatos interpretan que la disparidad de fuerza irá en detrimento del trabajador.

La ley reduce los montos de las indemnizaciones por despido y habilita para costearlas un fondo financiado con contribuciones mensuales deducidas de los aportes jubilatorios.

Además, explicita los criterios de actualización de montos para el pago de los juicios laborales, que hasta ahora quedaban a consideración de cada juez, y permite a los empleadores pagar las sentencias condenatorias en hasta 12 cuotas.

El gobierno sostiene que la norma permitirá “unificar criterios”, evitar juicios laborales y aliviar a las pequeñas y medianas empresas.

Matías Cremonte, Presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, dijo a la AFP que estas modificaciones incumplen “el deber del Estado de proteger la fuente de trabajo” al eliminar el “efecto disuasivo” de las indemnizaciones sobre los despidos sin causa.

Dirigentes opositores advirtieron que podría redundar en un desfinaciamiento de las cajas previsionales.

La nueva norma habilita a los empleadores a pagar salarios en moneda extranjera o parcialmente en especies: es decir, con comida, habitación u otros bienes y servicios.

Además permite renegociar contratos para ajustar salarios según métricas de productividad, cumplimiento de objetivos o desempeño.

Los convenios colectivos hechos por empresa o regionales tendrán prioridad por sobre los convenios establecidos de cada sector laboral.

Además, se derogan algunos estatutos profesionales, entre ellos el de periodistas.

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y los sindicatos del sector rechazaron la derogación al considerar que constituye “un grave retroceso para la calidad institucional y la independencia del periodismo argentino”.

La norma incorpora porcentajes mínimos de funcionamiento durante huelgas del 75 % para rubros como telecomunicaciones, aeronáutica comercial y educación y del 50 % para un amplio número de industrias incluyendo medicamientos, siderurgia, alimentos, construcción, minería y comercio electronico.

Además, las asambleas de personal y los congresos de delegados deberán contar con autorización del empleador, y el trabajador no cobrará por ese tiempo.

Para Cremonte “la restricción del derecho de huelga es ostensiblemente contraria a toda la normativa de la Organización Internacional del Trabajo y de la Convención Americana de Derechos Humanos”.

El Abogado, que asesora a varios sindicatos locales, explicó que el control de constitucionalidad en Argentina es “difuso” por lo que “pueden pasar años hasta que se vaya consolidando una jurisprudencia que determine que haya inconstitucionalidad”.

Fuente: AFP.