• Por Mônica R. de Carvalho

Hace más de cien años, la econo­mista Katharine Coman publicó un artículo en la American Economic Review (1911), en el que abordaba la “tragedia de los comunes”, un concepto discutido repetidamente a lo largo de la historia desde Malthus. Transcu­rrido tanto tiempo, el pro­blema y la controversia planteados siguen siendo no solo actuales, sino cada vez más complejos. Cuando Coman escribió su artículo, reflexionaba aún sobre los problemas de irrigación de tierras y sobre cómo resol­ver la cuestión de los bie­nes “comunes”: aquellos cuyo uso por parte de una persona impide el uso por parte de otra (bienes riva­les), pero que, al mismo tiempo, son de acceso abierto y están disponi­bles para todos (bienes no excluyentes).

Incertidumbre, dispersión espacial y temporal, larga duración. ¿Cuántos proble­mas de la actualidad se pre­sentan de esta manera? En particular, podemos pensar en los problemas ambien­tales. Las cuestiones de acceso abierto están asocia­das a preocupaciones cre­cientes relacionadas con la calidad del aire y del agua, los residuos peligrosos, la extinción de especies, la preservación del ozono estratosférico y la estabili­dad del clima global frente a la acumulación constante de gases de efecto inverna­dero. Sin embargo, lo más interesante es que, a pesar de los grandes avances en los estudios económicos a lo largo del último siglo, los instrumentos para el desa­rrollo de políticas econó­micas destinadas a con­tribuir a la resolución de estos problemas son, en cierta medida, antiguos. Hablamos, por ejemplo, de impuestos sobre las emisio­nes de carbono o de merca­dos en los que se negocie el derecho a contaminar.

¿Pero realmente fun­cionan? Durante mucho tiempo, la respuesta fue más teórica que empírica. En 2024, un grupo lide­rado por Jan Minx publicó en Nature Communica­tions el artículo Systema­tic Review and Meta-Analy­sis of Ex-Post Evaluations on the Effectiveness of Car­bon Pricing, que analizó 483 estimaciones extraí­das de 80 evaluaciones realizadas sobre 21 siste­mas de fijación de precios del carbono en funciona­miento en distintas partes del mundo. El veredicto es alentador y modesto al mismo tiempo: en al menos 17 de estos casos, la intro­ducción de un precio al car­bono produjo reducciones inmediatas y significativas de las emisiones, de entre el 5 % y el 21 %, alrededor del 10 % en promedio, o cerca del 7 % cuando se corrige el sesgo de publicación típico de esta literatura. Y ello a pesar de que los precios aplicados son, casi siempre, demasiado bajos en com­paración con lo que reco­mienda la ciencia climá­tica. Es decir, la intuición centenaria de que es posi­ble disciplinar el uso de un bien común simplemente cobrando por él resiste la prueba de los hechos y de los datos. El problema no parece residir en el instru­mento, sino en la intensidad con que se aplica, así como en la reticencia política a hacerlo.

En el artículo Global Eco­nomic Exposure to Climate Change Amplified by Spa­tially Compounding Cli­mate Extremes (BIESS, B.; GUDMUNDSSON, L.; SENEVIRATNE, S. I., Nature Communications, marzo de 2026), investigadores del Instituto Federal de Tecnología de Zúrich muestran que el riesgo cli­mático ha dejado de ser un problema local. Cruzando proyecciones de modelos climáticos con datos del PIB distribuidos a escala global, miden no las pérdi­das ya contabilizadas, sino la riqueza expuesta a olas de calor, lluvias extremas, sequías y escasez de agua y, sobre todo, la probabili­dad de que varios lugares sean afectados simultánea­mente.

La conclusión es inquie­tante: las regiones de meno­res ingresos son precisa­mente las más propensas a enfrentar fenómenos extre­mos simultáneos junto con otras partes del mundo, lo que reduce las posibilidades de ayuda externa y ampli­fica la inestabilidad econó­mica. Se trata de la “trage­dia de los comunes” en su versión contemporánea: el gas emitido en un patio trasero presenta la factura en otro, y el seguro natu­ral contra las pérdidas, la diversificación geográfica del riesgo, se desvanece pre­cisamente cuando más se necesita. Después de más de cien años, las solucio­nes siguen siendo conoci­das: impuestos, mercados de cuotas y regulación. Lo que ha cambiado es el costo de seguir postergándolas. Bajo un cielo sin fronteras, el patio es de todos noso­tros.

Texto elaborado por Mônica R. de Carvalho, Core Faculty y profesora asociada de la Fundación Dom Cabral, donde actúa en las áreas de Finanzas y Gobierno Cor­porativo. Mônica es econo­mista y doctora en Estudios Globales por la Sophia Uni­versity (Japón).

Una niña de 12 años herida en el reciente tiroteo en una escuela de Tailandia falleció este sábado, dijo el Ministerio de Salud del país, lo que eleva a ocho el saldo de muertos por el suceso.

El viernes, un joven de 14 años mató a sus abuelos en su casa con un arma de su abuelo y luego se dirigió a su escuela al norte de Bangkok donde mató a otras cinco personas del personal escolar antes de suicidarse.

Más de 30 personas resultaron heridas en el tiroteo, entre ellas una niña de 12 años que falleció este sábado en un hospital cercano, según el ministerio. Las otras víctimas fueron una profesora de matemáticas, una profesora de tailandés, una orientadora, una responsable de temas estudiantiles y una secretaria del centro, había explicado la policía.

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Catorce heridos por el tiroteo continuaban ingresados en el hospital este sábado por la noche, siete de ellos en estado crítico. La policía interroga a testigos como parte de su investigación, incluidos los padres del atacante.

Tailandia tiene una de las tasas más altas de posesión de armas de fuego en la región, con alrededor de 10 millones en circulación, es decir, una por cada siete habitantes.

Las anteriores promesas de endurecer la legislación sobre armas no han evitado que los tiroteos se repitan de forma recurrente. En febrero, un adolescente abrió fuego en una escuela del sur del país y mató al director antes de ser detenido por la policía.

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Y en 2022, un expolicía armado con una pistola y un cuchillo irrumpió en una guardería en el norte del país y mató a 24 niños y 12 adultos.

Fuente: AFP

El ministro de Defensa, Óscar González, informó hoy sobre los planes de contingencia que el Gobierno lleva adelante ante la inminente llegada del fenómeno climático El Niño, especialmente para departamentos como Alto Paraguay.

“La posibilidad de que llegue El Niño es del 99% y en su peor versión”, alertó este martes en declaraciones a la 1020 AM y advirtió que el fenómeno podría impactar al país en su versión más intensa a finales de agosto.

En el corto plazo hay alta probabilidad de inundaciones pluviales y, para los primeros meses de 2027, se prevén inundaciones fluviales por el aumento del nivel del agua en Brasil.

“Advierten que a partir de los primeros meses del año 2027 podamos tener inundaciones, por causa del aumento del nivel del agua en el Brasil. Y lo que vamos a tener en los próximos meses son inundaciones por culpa de las lluvias”, puntualizó.

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El ministro de Defensa afirmó que todo el trabajo del Gobierno está enfocado en reducir al máximo el impacto del fenómeno en la población. “Todo el esfuerzo que se está haciendo es para mitigar los efectos de El Niño, es decir, que la gente sea afectada lo menos posible, porque la naturaleza no se puede controlar”, indicó González.

Asimismo, pobladores de zonas ribereñas “deben ser informados sobre el crecimiento del nivel del río en setiembre u octubre”, añadió.

Por otra parte, coordinan acciones para brindar asistencia en Alto Paraguay. “Estamos realizando todas las coordinaciones y tareas propias para prever una emergencia como esta”, expresó el ministro.

En ese sentido, el viernes pasado participaron de una reunión en Fuerte Olimpo convocada por el gobernador de Alto Paraguay. “Hablamos en forma práctica y útil, capitalizando las experiencias e inconvenientes que tuvimos en la emergencia pasada”, mencionó.

Al respecto, citó el uso de aeronaves, como aviones o helicópteros, y embarcaciones para socorrer a la gente en esa parte del país. “En términos militares, se tiene que planear partiendo de la peor hipótesis y es lo que estamos haciendo”, aseveró. También se realizará una próxima reunión con productores.

Las Fuerzas Armadas también están preparando espacios para albergar a damnificados. “El ministro de la SEN tiene la cantidad de familias que van a ser afectadas, y con esa estimación las Fuerzas Militares están preparando los locales de las FF. AA. en donde pueden ser albergadas las personas afectadas”, explicó el ministro González.

El ministro de Defensa descartó solicitar una ampliación presupuestaria para atender los efectos de El Niño. “Cada institución debe afrontar sus tareas con el presupuesto asignado”, subrayó.

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El mes de julio concluyó con dos situaciones que marcaron la agenda española: un balance histórico de fallecimientos provocados por la intensa ola de calor y la llegada de miles de migrantes marroquíes a la ciudad autónoma de Ceuta, en medio de un escenario de fuerte presión sobre las autoridades. En el plano sanitario, las temperaturas extremas dejaron el registro más preocupante de la temporada.

De acuerdo con datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), difundidos por Europa Press, durante julio se contabilizaron 2.026 muertes asociadas al calor extremo, una cifra que representa un incremento cercano al 91 % respecto al mismo mes de 2025, cuando se habían reportado 1.060 decesos.

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El impacto fue especialmente severo en Cataluña, que encabezó la lista con 544 fallecimientos. Le siguieron Andalucía, con 262 casos; la Comunidad Valenciana, con 235; y el País Vasco, con 140. En contraste, Baleares fue la única comunidad autónoma que no registró víctimas mortales vinculadas a las altas temperaturas.

Las estadísticas acumuladas desde finales de mayo también reflejan la magnitud del fenómeno climático. En ese período, el sistema MoMo registró 3.158 muertes relacionadas con el calor, distribuidas en 101 durante mayo, 1.031 en junio y las 2.026 correspondientes a julio.

Las autoridades sanitarias han insistido en la necesidad de reforzar las medidas de prevención frente a los episodios de calor extremo, especialmente entre adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y otros grupos considerados de mayor vulnerabilidad, ante la previsión de que este tipo de eventos continúe intensificándose durante el verano europeo.

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