Donald Trump puso en peligro la “seguridad nacional” de Estados Unidos al quedarse con documentos confidenciales, algunos de ellos con secretos nucleares, tras abandonar la Casa Blanca, según documentos judiciales divulgados el viernes. El expresidente republicano, que aspira a un segundo mandato el año próximo, enfrenta 37 cargos, como “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia”, según el acta de acusación.

También se le acusa de falso testimonio y de connivencia con su asistente personal Walt Nauta -también procesado- para ocultar documentos solicitados por el FBI. Trump anunció el jueves haber sido imputado por la justicia federal por la forma en la que gestionó los archivos de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente. Está citado a comparecer ante un tribunal de Miami el martes.

“Soy inocente”, clamó y dijo ser víctima de una maniobra de sus adversarios demócratas. El presidente demócrata Joe Biden, también en la carrera para las elecciones de 2024, aseguró este viernes que no trató el asunto con el fiscal general, Merrick Garland. “No hablé con él ni hablaré”, declaró a un periodista que le preguntó sobre el tema.

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La ley de Estados Unidos obliga a los presidentes a enviar todos sus correos electrónicos, cartas y otros documentos de trabajo a los Archivos Nacionales una vez que terminan su mandato. Además, prohíbe almacenar secretos de Estado en lugares no autorizados e inseguros.

“Tenemos un conjunto de leyes en este país y se aplican a todos”, dijo el fiscal especial Jack Smith, después de que se hiciera público que se acusa a Trump de haberse apropiado de documentos altamente secretos. Al dejar la Casa en enero de 2021 Trump se mudó a su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, y se llevó decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia.

Un año después, y tras varias órdenes judiciales, accedió a devolver 15 cajas que contenían casi 200 documentos. Pero el FBI consideró que no había entregado todo y que seguía guardando documentos en su club de Palm Beach. Los agentes del FBI efectuaron allí un registro el 8 de agosto y se incautaron de otra treintena de cajas con 11.000 documentos. Según la acusación, encontraron documentos clasificados “en un salón de baile”, pero también “en un cuarto de baño, en la ducha”, en “un despacho” y en “un dormitorio”.

El material encontrado incluía “información sobre la capacidad de defensa de Estados Unidos y otros países”, “sobre los programas nucleares estadounidenses” y “sobre las vulnerabilidades potenciales en caso de ataque a Estados Unidos y sus aliados”. Su potencial “divulgación hubiera puesto en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y sus relaciones internacionales”, dijo Smith, nombrado en noviembre para supervisar la investigación de forma independiente.

Paralelamente otro fiscal especial investiga el caso de documentos clasificados hallados a principios de año en el antiguo despacho y domicilio de Biden. Estos hallazgos, junto a otros del exvicepresidente Mike Pence, permitieron a Trump restar importancia a la gravedad de la acusación. A diferencia de Trump, Biden cooperó con la justicia al entregar voluntariamente todos los documentos, que eran muchos menos que los de su antecesor.

Por ahora los republicanos cierran filas en torno a Trump, incluso sus rivales por la nominación presidencial del partido a los que aventaja ampliamente. Los fiscales intentarán darse prisa para que el juicio se celebre antes de las presidenciales. Aunque fuera condenado a prisión antes de los comicios, podría seguir siendo candidato. Políticamente es poco probable que esto desanime a sus partidarios, quienes lo defienden y lo consideran víctima de una artimaña política.

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El resultado de las elecciones sería crucial dado que una victoria lo protegería de la cárcel. Los problemas del expresidente no se limitan a este caso. Una fiscal de Georgia tiene previsto divulgar en septiembre el resultado de una investigación sobre las supuestas presiones de Trump para impugnar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en este estado.

En abril la justicia del estado de Nueva York acusó a Trump de fraude contable, en relación con un pago realizado en 2016 a una actriz porno para que guardara silencio sobre una supuesta aventura. Además, el fiscal Smith, un aguerrido jurista en temas de corrupción y de persecución de criminales de guerra en Kosovo, sigue investigando si Trump desempeñó un papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Trump debe pronunciarse en dos convenciones republicanas en los estados de Georgia y Carolina del Norte. Se espera que el magnate inmobiliario, quien insiste en denunciar que es víctima de una caza de brujas con motivaciones políticas, aproveche ambas plataformas para atacar al FBI y acusar a fiscales federales de atacarle injustamente.

Esta aparición también prepara el escenario para una carrera por llegar a la Casa Blanca con un ambiente como ninguna otra antes, con el Departamento de Justicia del gobierno del presidente demócrata Joe Biden persiguiendo el enjuiciamiento de quien aparece como claro favorito para la nominación republicana.

Los dos actos se producen pocos días antes de que Trump comparezca ante un tribunal federal en la ciudad de Miami (sureste del país) para responder a cargos explosivos de que puso “en riesgo” la seguridad nacional de Estados Unidos por la forma en que gestionó los archivos confidenciales de la Casa Blanca, algo inédito para un expresidente.

Los 37 cargos de acusación que pesan sobre Trump, divulgados el viernes y centrados en su presunto mal manejo de materiales clasificados, exponen al expresidente (2017-2021) a un ajuste de cuentas mucho más severo que los cargos de mala conducta personal, política y comercial que ha manejado en gran medida en el pasado.

Presentados por el fiscal especial del Departamento de Justicia, Jack Smith, los cargos incluyen la “retención ilegal de información de seguridad nacional” y “obstrucción a la justicia” y conllevan hasta 20 años de prisión cada uno. Trump ya respondió a la acusación con una serie de publicaciones en su plataforma Truth Social y una declaración en video, llamando a Smith “trastornado” y “odiador de Trump”. En su visión, la acusación constituye una interferencia electoral orquestada por Biden y su campaña de cara a las elecciones de 2024.

“Me persiguen porque ahora volvemos a liderar en las encuestas por mucho contra Biden”, dijo. Quien aparece como su retador más firme dentro del Partido Republicano, el gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, también consideró que el Departamento de Justicia está “armado” para llevar adelante una campaña contra los candidatos de su fuerza.

Jack Smith, el fiscal especial federal que hizo historia inculpando a Donald Trump, ha investigado casos de corrupción que involucran a políticos en Estados Unidos y crímenes de guerra en Kosovo. Smith, de 54 años, fue designado en noviembre por el fiscal general y secretario de Justicia Merrick Garland para supervisar dos investigaciones sobre el expresidente republicano.

Cuando lo nombró el jurista trabajaba en La Haya para el Tribunal Especial para Kosovo sobre un caso en el que está implicado el expresidente kosovar Hashim Thaci. Su designación como fiscal especial en Washington se produjo tres días después de que Donald Trump anunciara que era candidato a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024.

En un comunicado emitido minutos después del anuncio de Garland, Smith se comprometió a llevar a cabo “independientemente” las investigaciones sobre los casos de Trump y cualquier eventual enjuiciamiento. “El ritmo de las investigaciones no se detendrá ni decaerá bajo mi supervisión”, dijo.

En las pocas fotos que circulan de él en internet, Smith, un hombre muy deportista que afirma haber realizado más de 100 triatlones en Estados Unidos y el extranjero, transmite una imagen austera. Hace unos días, un reportero de NBC News dio con él en una calle de Washington tras haber rastreado sus movimientos. En el breve video, Jack Smith ignora la presencia del periodista y no responde a ninguna de las preguntas sobre la acusación inminente de Donald Trump.

El jurista “se ha involucrado mucho” en la investigación y se le considera “un bulldog, muy agresivo” por los métodos que emplea, según un periodista de MSNBC. Jack Smith se graduó en la facultad de derecho de Harvard y trabajó como fiscal en los estados de Nueva York y Tennessee. Durante cinco años también dirigió la unidad de integridad pública del ministerio de Justicia, supervisando las investigaciones de corrupción contra políticos demócratas y republicanos. Más tarde, como fiscal principal del Tribunal Especial para Kosovo, vivió varios años en La Haya.

Al designarlo en noviembre, el secretario de Justicia dijo que, en vista de las “circunstancias excepcionales”, Jack Smith era “la elección correcta” para supervisar las dos investigaciones “de manera urgente e imparcial”. La primera tiene que ver con las eventuales presiones de Donald Trump para que se impugnaran los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. En este contexto sus partidarios asaltaron el Capitolio el 6 de enero de 2021 para intentar impedir que se certificara la victoria electoral de Joe Biden.

La segunda versa sobre la forma en la que el expresidente gestionó una gran cantidad de documentos confidenciales que supuestamente tenían que estar archivados. Esta última fue la que motivó su inculpación. Jack Smith es el primer fiscal federal en inculpar penalmente a un expresidente de Estados Unidos.

Fuente: AFP.