La Cancillería de Colombia anunció ayer miércoles la salida del embajador de Bolivia como medida recíproca, horas después de que La Paz expulsara a la embajadora colombiana tras acusarla de “injerencia”. El presidente izquierdista Gustavo Petro se refirió durante el fin de semana a las protestas que enfrenta el gobierno de su homólogo Rodrigo Paz como una “insurrección popular”, motivo por el que ese país expulsó a la embajadora Elizabeth García.

Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas. Se anuncia "por reciprocidad, la conclusión de sus funciones al señor Ariel Percy Molina Pimentel“, dijo la Cancillería colombiana en un comunicado.

El gobierno de Bolivia acusa al mandatario colombiano de “injerencia directa”. Petro, cercano al expresidente Evo Morales, dijo que en Bolivia están “matando” al pueblo y se ofreció a mediar entre los manifestantes y el gobierno. “Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, se está pasando a extremismos”, dijo el presidente durante una entrevista con Caracol Radio.

“En Bolivia (...) hay un gobierno que está cuestionado por (el) pueblo”, agregó. Paz, que juramentó como presidente hace seis meses, cuenta con el apoyo de Estados Unidos como nuevo aliado del presidente Donald Trump en América Latina. Su llegada al poder puso fin a 20 años de gobiernos socialistas liderados por Morales y Luis Arce (2020-2025).

Bolivia atraviesa su crisis económica más grave desde la década de 1980. Agotó sus reservas de dólares para sostener una política de subsidios a los combustibles, que Paz eliminó en diciembre, y la inflación interanual se situó en el 14 % en abril.

Fuente: AFP.

Bolivia anunció ayer miércoles la expulsión de la embajadora de Colombia a la que acusa de “injerencia” luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta el gobierno de Rodrigo Paz como una “insurrección popular”. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores exigen con fuertes manifestaciones la renuncia del recién asumido mandatario boliviano, en medio de la peor crisis económica del país en cuatro décadas.

La decisión “responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados“, dijo la cancillería boliviana en un comunicado. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que dio a la embajadora, Elizabeth García, un “plazo”, sin precisar, para que abandone el país, y agregó que esta decisión no implica una ruptura de relaciones bilaterales.

En su cuenta en la red social X, Petro dijo el pasado domingo que “Bolivia vive una insurrección popular” como “respuesta a la soberbia geopolítica”, y agregó que su gobierno “está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana”.

Bolivia “considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país” se haga con “responsabilidad” y “prudencia diplomática”, precisó la cancillería. En declaraciones a Caracol Radio ayer miércoles, Petro respondió al conocer la medida de Bolivia: “Si por proponer un diálogo sacan a la embajadora, es porque se están pasando a extremismos”.

“Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra a un gran diálogo nacional (...), o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población”, agregó el mandatario colombiano. Con constantes enfrentamientos con la policía y bloqueos de carreteras que aíslan y mantienen desabastecida a la ciudad de La Paz, sede de gobierno, los manifestantes insisten en pedir la renuncia del presidente boliviano.

El gobierno de Paz considera que las protestas en su contra son un intento de “golpe de Estado” y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, prófugo de la justicia por un caso de presunta trata de una menor. La expulsión de la embajadora colombiana llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente a Paz. “Esto es un ‘golpe’ financiado por esa alianza entre política y crimen organizado en toda la región” de América Latina, dijo el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau.

Fuente: AFP.

Seis personas, incluido un líder social, fueron asesinadas a tiros el martes en Colombia, en una zona bajo asedio guerrillero cerca de la frontera con Venezuela, cuando se desplazaban con custodia oficial a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales.

Colombia vive su peor crisis de violencia en la última década por la presión de grupos delictivos, guerrilleros y narcotraficantes, que frecuentemente hostigan a líderes sociales en territorios bajo su influencia.

El ataque del martes ocurrió en horas de la madrugada en la región del Catatumbo (noreste), que desde inicios de 2025 es escenario de sangrientos enfrentamientos guerrilleros entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las extintas FARC, que han dejado más de un centenar de muertos y decenas de millas de desplazados.

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En una zona rural del municipio de Ábrego “fueron halladas sin vida seis personas”, entre ellas Freiman Velásquez, líder de una asociación campesina local, informó en un comunicado la policía del departamento de Norte de Santander.

Velásquez y otras cinco personas fueron atacadas por varios sujetos “con armas de fuego de largo alcance” cuando se trasladaban en un vehículo de la Unidad Nacional de Protección, organismo estatal que resguarda a políticos y líderes sociales amenazados, agregó la policía.

Según medios locales, entre las víctimas figuran guardaespaldas estatales encargados de proteger a Velásquez.

Las autoridades aún no han determinado la autoría del crimen, pero en este sector opera principalmente el ELN, que ataca frecuentemente a la fuerza pública, política y civil.

Colombia vive su campaña electoral más violenta en la última década, marcada por el asesinato a tiros en 2025 del precandidato presidencial de derecha Miguel Uribe.

Más de un tercio de los municipios del país están bajo riesgo de violencia electoral de cara a la primera vuelta del 31 de mayo, según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE).

En lo que va de año 55 líderes sociales han sido asesinados y se han registrado medio centenar de masacres, una cada tres días, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

• Fuente: AFP

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El movimiento migratorio en Paraguay continúa mostrando cifras en ascenso. Este lunes, durante una reunión entre autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Dirección Nacional de Migraciones, se analizaron los registros acumulados del año.

Según informó el MEF, el ministro Oscar Lovera y el director de Migraciones, Jorge Kronawetter, conversaron sobre las inversiones actualmente en marcha para agilizar los procesos migratorios y fortalecer los controles vinculados a la seguridad.

Durante el encuentro, Kronawetter destacó que actualmente se trabaja en un nuevo sistema de control aeroportuario que apunta a mejorar los estándares de seguridad y optimizar el ingreso y salida de personas del país.

Según explicó, el sistema incorporará mayores niveles de interoperabilidad con otras plataformas de seguridad, lo que permitirá reforzar los controles migratorios y mejorar la eficiencia operativa en aeropuertos.

“Este sistema contará con un mayor nivel de interoperabilidad con otras plataformas de seguridad, lo que fortalecerá los controles migratorios y mejorará la eficiencia operativa”, señaló el director.

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Asimismo, indicó que las inversiones actuales también están orientadas al desarrollo de un sistema informático más moderno y ágil, enfocado en optimizar los tiempos de respuesta para los trámites de radicación.

De acuerdo con datos de la Dirección Nacional de Migraciones, durante el primer trimestre del año Paraguay recibió 18.071 solicitudes de residencia de ciudadanos extranjeros. La cifra representa un incremento del 85 % en comparación con las 9.760 solicitudes registradas en el mismo periodo anterior.

Además, el volumen acumulado en apenas los primeros tres meses del año ya equivale al 30 % del total de solicitudes ingresadas durante todo el 2025, cuando se contabilizaron 47.687 trámites, considerado un récord por la institución.

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