El juez Juan Merchan, que instruye el caso contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el marco del presunto soborno a la actriz de cine porno Stormy Daniels, ha recibido “decenas de amenazas de muerte y llamadas de acoso” en los últimos días, según han denunciado fuentes próximas al magistrado a la cadena ABC.
La mayoría de las intimidaciones contra el magistrado han sido efectuadas por teléfono o en forma de “amenazas de muerte por correo electrónico” y tienen lugar después de que Trump acusara al juez de falta de imparcialidad al haber sido “designado” por la Fiscalía que presentó los cargos contra el exmandatario.
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Trump recordó además que el magistrado había instruido el caso que desembocó en una condena por fraude contra su compañía, la Trump Organization, y llegó a manifestar incluso que Merchan le guardaba animadversión personal. “Me odia”, escribió Trump en su red Truth Social.
En su comparecencia del martes ante el juez, los abogados de Trump intentaron restar importancia a los ataques por escrito del expresidente contra el magistrado y matizaron que el expresidente simplemente estaba considerando, en términos generales, que estaba siendo objeto de “una grave injusticia”.
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Por su parte, un portavoz de la Oficina de Administración de Tribunales de EE. UU. se ha limitado a comentar a la cadena ABC que el departamento ha incrementado la seguridad de sus trabajadores desde el comienzo del proceso contra el exmandatario.
“Durante las últimas semanas hemos continuado evaluando cuestiones de seguridad, así como amenazas potenciales y hemos mantenido una mayor presencia de seguridad en los juzgados y sus alrededores”, asegura el portavoz.
Fuente: Europa Press.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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El músico Pablo Benegas volverá a la cárcel tras denuncias de acoso a una mujer
Un Tribunal de Sentencia ordenó que el cantautor Pablo Benegas regrese a la cárcel para seguir cumpliendo su condena de 12 años de prisión, tras ser hallado culpable de abuso sexual en niños. Esta decisión se tomó luego de que fuera denunciado por el presunto acoso de una mujer.
El condenado gozaba de arresto domiciliario con tobillera electrónica. Según los antecedentes, Benegas habría hostigado de manera insistente a la víctima, quien incluso recurrió a un Juzgado de Paz para obtener medidas de protección. Esta situación fue considerada por los magistrados para disponer su reclusión inmediata.
Aunque el músico había accedido al arresto domiciliario por motivos de salud, actualmente deberá volver a ser recluido en una penitenciaría a la espera de una nueva disposición sobre las medidas que pesan en su contra. La decisión fue adoptada por unanimidad por los jueces Lourdes Garcete, Juan Francisco Ortiz y Rossana Maldonado, quienes lo habían condenado tras considerar probado en el juicio oral que abusó sexualmente de una niña de 11 años en situación de vulnerabilidad.
El hecho por el cual recibió la pena ocurrió en noviembre de 2023. La sentencia de 12 años, ratificada en segunda instancia, aún no se encuentra firme debido a que está bajo estudio en la Corte Suprema de Justicia.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Denuncian salvaje agresión a una adolescente a la salida del colegio por ser “linda y nueva”
Una madre desesperada denunció este jueves que su hija 17 años fue brutalmente agredida a la salida del colegio de la ciudad de Asunción y hasta el momento el director no activó el protocolo de protección.
Afirmó que el ataque físico responde a un acoso sistemático previo que ya había sido advertido a la máxima autoridad de la institución.
El hecho se registró el pasado viernes 25 de setiembre, sobre la calle Brasil de la ciudad capital y hasta la fecha no hubo respuesta por parte de las autoridades de la institución educativa, por lo que la madre decidió hacer una denuncia pública. Todo el ataque quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad de la zona.
De acuerdo al testimonio de la madre de la menor agredida, su hija ya había salido del colegio y se estaba dirigiendo a su casa en compañía de un familiar, momento en que una de las involucradas la atacó por la espalda junto con otras tres chicas. En la zona se encontraba más adultos que la ayudaron.
“Mi hija está mal y no quiere acudir al colegio, ya hice la denuncia correspondiente. Esta situación ya viene de hace tiempo porque es nueva y por linda, ya hablé con el director de la institución y jamás se activó un protocolo antes ni ahora, la agresora continúa asistiendo al Colegio”, denunció la mujer, en entrevista con “Dos en la Ciudad” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.
Intervino la supervisión
Tras la denuncia realizada por la madre en los medios de comunicación, llegó hasta el colegio la supervisora Dora Ríos con el equipo de la dirección de Educación de Capital, bajo la indicación de la dirección de Promoción y Protección del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Sonia Escauriza.
Desde el Ministerio de la Niñez confirmaron que se dieron por enterados sobre este caso mediante el programa de Nación Media y que la intervención se desarrolló recién cerca de las 11:00 de hoy. La supervisora Dora Ríos confirmó que se activaron los protocolos departe del colegio de forma inmediata.
La madre de la víctima, confirmó que la estudiante que inició la pelea sigue asistiendo a la institución como si nada y que su hija tiene miedo a ser agredida nuevamente. Pode apoyo del Ministerio Público, el Ministerio de Educación y las autoridades correspondiente para proteger a su hija.
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