El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de Perú ha impuesto una sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones del expresidente Pedro Castillo con el exterior, después de que publicara en enero una carta en la red social Twitter en la que aseguraba ser “prisionero político” del Gobierno de Dina Boluarte.
El INPE ha señalado que el 26 de enero de 2023 inició un procedimiento administrativo disciplinario a Castillo “por la comisión de una presunta falta disciplinaria”. “Culminado el proceso administrativo disciplinario, el Consejo Técnico Penitenciario del establecimiento penitenciario de Barbadillo -donde se encuentra recluido- determinó se disponga la sanción disciplinaria de limitación de las comunicaciones con el exterior, por el periodo de 15 días”, reza un comunicado.
El organismo ha especificado que esta medida implica la restricción de las visitas de familiares y amistades durante el periodo antes señalado, aunque “no impide el ingreso de sus abogados en ejercicio de su derecho a la defensa ni su participación en audiencias jurisdiccionales”. Además, el expresidente tiene otro proceso administrativo disciplinario en su contra, anunciado en febrero, después de que brindase desde prisión una entrevista a un medio español.
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Castillo publicó una carta en la que se consideraba prisionero político de la actual mandataria, la que fuera su vicepresidenta durante su mandato, y la responsabilizó de las muertes de los manifestantes en las protestas antigubernamentales que se sucedieron durante semanas en el país, exigiendo la liberación del expresidente, elecciones adelantas y el cese de Boluarte.
Pedro Castillo se encuentra interno en la cárcel de Barbadillo, a las afueras de Lima, desde el pasado 17 de diciembre, después de que el Poder Judicial dictaminara prisión preventiva tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
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Fuente: Europa Press.
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“Gobierno de Abdo usó el Estado como garrote contra H. Cartes”
Los senadores del movimiento Honor Colorado, Derlis Maidana y Gustavo Leite, se refirieron a la solicitud de desestimación fiscal de la denuncia impulsada en el 2022 por el exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el expresidente de la República, Horacio Cartes.
“La desestimación de la causa solo nos afirma que estuvimos acertados en todo momento, pero lo más grave de este hecho es que se demuestra cómo se utilizó el aparato del Estado para dañar la reputación y la vida de ciudadanos paraguayos. Con esto no solo se perjudicó a Horacio Cartes, sino que se atentó contra la institucionalidad y el Estado de derecho”, sostuvo Maidana en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.
Giuzzio había acusado falsamente al titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR) por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. La denuncia fue formulada el 26 enero del año 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público.
“Esperemos que nunca más facciones políticas utilicen el poder político como garrote contra los adversarios coyunturales. La lucha por un Paraguay mejor debe ser democrática, transparente y debe unir a los paraguayos; el gobierno no está para fomentar odios como lo hizo en este caso. Esta desestimación es una reivindicación del Estado de derecho y de la institucionalidad de la República”, refirió el legislador.
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la realizó en carácter personal, aunque con el aval del exjefe de Estado y líder del movimiento Fuerza Republicana, Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre de 2022.
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En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
“Si el Ministerio Público desestima las denuncias quiere decir que no hubo méritos. Para todo el show mediático que se armó es evidente que hubo mala fe y denuncias falsas con la sola finalidad de dañar al expresidente Cartes“, refirió Leite respaldando las afirmaciones de su colega Maidana.
El requerimiento de desestimación fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer. En la solicitud, manifestaron que se conformaron diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con el fin de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Denuncia falsa de Giuzzio: Fiscalía pidió desestimar causa contra Cartes
El Ministerio Público requirió la desestimación de la denuncia impulsada por el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, contra el expresidente de la República, Horacio Cartes, por supuesto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, evasión de impuestos y contrabando. El requerimiento fue realizado por los agentes fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer.
La denuncia fue formulada el 26 enero del 2022 ante la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y no ante el Ministerio Público. En ese momento, el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) había alegado que decidió presentar la acusación ante la primera institución debido a que tiene facultades de conseguir de forma más directa y rápida información confidencial y financiera a nivel nacional e internacional.
Asimismo, había señalado que la Seprelad recibe informes de bancos y otros entes sobre los movimientos financieros y que si encuentra elementos sospechosos puede solicitar más datos y, de última, comunicar a la Fiscalía. Cabe recordar que la Seprelad fue instrumentalizada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez para realizar terrorismo de Estado y persecución política contra sus adversarios, una causa que no avanza debido a las múltiples chicanas de los exfuncionarios abdistas.
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Suposiciones del denunciante
En el documento de desestimación fiscal, se indica que Giuzzio tomó conocimiento de estos hechos a través de numerosas publicaciones de diferentes medios de prensa nacional e internacional, así como de páginas oficiales de la Contraloría. El pedido detalla que el exministro concretamente expresaba que Horacio Cartes Jara habría creado, en un solo día, tres empresas de papel en Panamá, de las cuales, dos de ellas figuraban a nombre de su hermana y una a nombre del exmandatario y sus hijos, las cuales habrían sido creadas luego que se conociera una investigación de Estados Unidos por supuesto lavado de dinero.
Asimismo, Giuzzio señalaba que, de las declaraciones juradas de bienes presentadas, se evidenciaba la supuesta existencia de bienes no declarados oportunamente y un conjunto de inconsistencias patrimoniales que en carácter indiciario indicaban la posible existencia de un incremento patrimonial no justificado, además, existirían indicios de irregularidades administrativas en el ámbito financiero, como ser: cuentas a cobrar de gran cuantía que visibilizan la actividad habitual de prestamista o intermediario financiero.
Por último, la denuncia del exministro de Abdo manifestaba la existencia de presuntas investigaciones civiles y penales realizadas por órganos jurisdiccionales de distintos países e incluso de nuestro país, que indicarían la masiva comercialización ilegal (contrabando) de cigarrillos producidos por Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), la cual, sería propiedad del señor Horacio Cartes Jara, principalmente en territorio brasileño, colombiano e incluso Centroamérica y México.
Adversario electoral
Giuzzio había alegado que la denuncia contra Cartes la había realizado en carácter personal, aunque con el aval del presidente Mario Abdo Benítez. Llamativamente, la acusación se produjo en medio de las recientes elecciones internas coloradas del 18 de diciembre del año 2022. En ese entonces, Cartes y Abdo Benítez pujaban por la titularidad de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y contaban con sus respectivos precandidatos para la presidencia de la República, Santiago Peña (Honor Colorado) y Arnoldo Wiens (Fuerza Republicana).
En el pedido de desestimación, que contiene más de 30 páginas, los agentes fiscales refieren que se habían conformado diversos equipos de trabajo con la Dirección Nacional de Aduanas, la Seprelad y la entonces Subsecretaría de Estado de Tributación (SET, actual DNIT), con la finalidad de indagar la falsa denuncia impulsada por Giuzzio.
Con los informes remitidos por estas instituciones estatales, los fiscales no detectaron ningún indicio de hecho punible, por ende, correspondía archivar la acusación. El requerimiento de la Fiscalía deberá ser evaluado por uno de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia o Humberto Otazú.
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Marset vinculado al crimen de Pecci: “Están encontrando el camino hacia el esclarecimiento”
“Yo creo que, finalmente, las fiscalías colombiana y paraguaya están encontrando el camino hacia el esclarecimiento y esto lo debemos celebrar”, dijo el abogado Pedro Ovelar, al referirse al informe del fiscal general Emiliano Rolón que señala al narco uruguayo Sebastián Marset como uno de los principales autores intelectuales de la muerte del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.
“Desde que apareció Francisco Correa Galeano (fallecido sicario colombiano), introduciendo el nombre del expresidente de la República, Horacio Cartes, el proceso se llevó totalmente hacia un callejón sin salida. Lo único que hicieron fue beneficiar a los verdaderos mandantes del crimen de Marcelo”, manifestó este martes el representante legal del exmandatario al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El abogado argumentó que “detrás de esa información falsa fueron todos los que tienen intereses políticos para perjudicar a Horacio Cartes. Hay que comprender que cuando el Ministerio Público da un nombre o genera una expectativa respecto a una investigación debe llegar hasta el final, no puede limitarse. El Ministerio Público no opina, debe sostener una versión porque tiene la carga legal de perseguir y llegar a la condena de los responsables”.
La vinculación de Marset con el asesinato de Pecci surge mediante las investigaciones impulsadas por el Ministerio Público de Colombia, encabezado por Luz Adriana Camargo. Según las informaciones que fueron proveídas al fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón, el narco uruguayo formaría parte del segundo anillo de autoría intelectual del crimen registrado el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).
Respecto a si Marset será imputado por el asesinato de Pecci, Ovelar comentó: “La verdad que es difícil vaticinar la decisión que tomará la investigación, lo que la ley exige o el parámetro a tener en cuenta es la simple sospecha sobre la base de elementos objetivos que la Fiscalía deba imputar, pero en materia de crimen organizado se busca un poco más de certeza al momento de realizar una imputación para llevar el caso a un juicio“.
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Buscaban “alejar la verdad”
Para Ovelar es “lógico y objetivo” que los asesinos de Pecci se encuentren vinculados al narcotráfico debido a que “era su ámbito de actuación. Se buscó inventar algo que no existe con el fin de perjudicar políticamente a Cartes. Sus adversarios y medios de comunicación lo único que hacían era alejar la verdad y desnaturalizar el proceso”.
Ovelar señaló que el castigo para quienes se valieron de las afirmaciones de Correa Galeano para atacar a Cartes, será “soportar su éxito, el arrastre político y aceptación que tiene en la población paraguaya, a pesar de que insistan en montar historias, inventar situaciones”.
El criminal y sicario colombiano Francisco Luis Correa Galeano fue asesinado el 2 de enero de 2025 en una riña particular en la cárcel de La Picota de Bogotá; mientras negociaba una salida judicial por delatar el esquema que participó en el crimen de Pecci, del cual fue su principal articulador, contratando a los asesinos y cómplices.
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Expresidente de Patria Querida a favor de que Miguel Prieto sea indagado
El analista político y extitular del Partido Patria Querida (PPQ), Mario Paz Castaing, indicó que se encuentra a favor de que la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, sea indagado mediante una intervención.
“No voy a defenderlo por una cuestión meramente política, tiene que defenderse. Si Prieto cometió errores debe ser verificado y tendrá que asumir la responsabilidad del caso“, afirmó en una entrevista con la 1330 AM.
De esta manera Paz Castaing, rechazó el discurso esgrimido por el líder del movimiento Yo Creo y sus correligionarios opositores, consistente en sostener que el solicitud de intervención por parte de la Contraloría General de la República, obedece a una persecución política por parte del oficialismo colorado.
“Si en Ciudad del Este también se falló, si existen irregularidades tiene que ser investigado. Si Miguel Prieto supera y avanza sobre todas estas cuestiones de manera institucional, será mucho más creíble y confiable su liderazgo político”, sostuvo.
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Asimismo siguió sosteniendo que “la vara tiene que ser para todos, si vamos a aplicar el concepto de irregularidad. Cuando se falla hay que someterse, para eso están los organismos, los controles, que hacen a la institucionalidad de un país”.
No obstante, Paz Castaing dijo que la Contraloría no cuenta con facultades para requerir la intervención de municipios. “Los pasos que se deben dar deben ser institucionales. Yo no sé hasta que punto un contralor tiene el derecho de pedir la intervención”, comentó.
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