• Fuente: AFP

Más de 1.600 personas, en su mayoría integrantes de pandillas armadas, murieron en Haití durante los tres primeros meses de 2025, cuando los grupos criminales intensificaron su ofensiva territorial, anunció el miércoles la ONU.

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo, “1.617 personas murieron y 580 resultaron heridas como consecuencia de la violencia en la que participaron bandas, grupos de autodefensa y miembros no organizados de la población, así como durante operaciones de las fuerzas de seguridad”, según el informe trimestral de la misión política de la ONU en el país (BINUH, por sus siglas en inglés).

Estas cifras representan un descenso con respecto al trimestre anterior (1.741 muertos de octubre a diciembre) y al primer trimestre de 2024 (2.505 muertos), pero la intensidad de la violencia no es necesariamente lineal con las cifras, variando según los ataques de las bandas y las operaciones policiales.

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“Entre enero y marzo de 2025, a pesar del gran número de muertos entre sus filas (936 individuos), las bandas intensificaron sus esfuerzos para extender su control territorial en la zona metropolitana de Puerto Príncipe y sus alrededores”, señaló el informe.

“Se han centrado especialmente en barrios como Delmas 30 y Carrefour Feuilles, que, de ser tomados, les facilitarían el paso a Pétion-Ville, “una de las últimas zonas que no se han visto afectadas por el control de las bandas” y donde se encuentran embajadas, bancos y otras instituciones.

A finales de marzo, las pandillas también lanzaron “ataques violentos” contra las localidades de Mirebalais y Saut-d’Eau, en el departamento del Centro, para “controlar el acceso a la frontera con la República Dominicana en un tramo de casi 70 km”.

La ONU también resaltó que “se han consolidado tres dinámicas de violencia y abusos” que habían surgido claramente en 2024: la violencia directamente vinculada a la actividad delictiva de las bandas (responsable del 35 % de los muertos y heridos), las operaciones policiales contra las bandas y las “ejecuciones en las que participan” agentes de policía (56 % de los muertos y heridos) y, por último, las acciones violentas de los grupos de autodefensa, en particular el movimiento de justicia popular conocido como Bwa Kalé (9 % de los muertos y heridos).

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• Naciones Unidas, Estados Unidos. AFP.

Haití, escenario de una nueva escalada de las violentas pan­dillas en las últimas semanas, se acerca a un “punto de no retorno” que amenaza con sumir al país caribeño en un “caos total”, advirtió la repre­sentante especial de la ONU, la ecuatoriana María Isabel Salvador.

“Los haitianos viven en una vulnerabilidad cada vez mayor y son cada vez más escépticos sobre la capacidad del estado para responder a sus necesi­dades”, subrayó Salvador ante el Consejo de Seguridad de la ONU, que examinó la situa­ción del país caribeño.

“Nos acercamos a un punto de no retorno”, alertó.

En su informe trimestral, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subraya los “temores de un colapso inmi­nente de la presencia del estado en Puerto Príncipe”, la capital haitiana controlada en un 85 % por las bandas criminales que siguen aumentando su presen­cia en el resto del país.

Se necesita “de inmediato” apoyo adicional a la policía para evitar que “la capital se deslice hacia el abismo”, escribe Guterres, en el informe al que tuvo acceso la AFP.

En esta situación, la diplo­mática ecuatoriana instó a la comunidad internacional a que brinde ayuda “deci­siva, concreta y sin dilación” ya que de lo contrario, el país más pobre de América podría caer en el “caos total”.

• por Lourdes Torres
• lourdes.torres@nacionmedia.com
• Fotos: Gentileza

En esta entrega de “Paraguay en la historia”, abordamos un hecho acaecido en el convulsionado periodo de la posguerra del 70: el asesinato del presidente de la República Juan Bautista Gill a plena luz del día y en pleno microcentro de Asunción.

Era la mañana del 12 de abril de 1877. El joven presidente Juan Bau­tista Gill, quien entonces tenía 37 años, estaba reali­zando su tradicional cami­nata por la otrora calle Villarrica, hoy Presidente Franco. Al alcan­zar el cruce con Independen­cia Nacional, lo aguardaban los conspiradores, que dispara­ron con escopeta a la altura del estómago, causándole la muerte casi al instante.

Para poner en contexto este suceso, el historiador Claudio Velázquez comenzó expli­cando que Juan Bautista Gill asumió la presidencia de la República en noviembre de 1874 en reemplazo de Salva­dor Jovellanos.

En este sen­tido, señaló que durante la pos­guerra Gill supo ganarse el favor del Ejército bra­sileño, que en aquel tiempo ocu­paba Asunción. “Para tener una idea de la fuerza que ejer­cía el Ejército brasileño, había de 2.000 a 2.500 brasileños que formaban parte del ejér­cito de ocupación en la pos­guerra. Mientras que el Ejér­cito paraguayo, la fuerza de policía le daba con suerte 700 efectivos. Eran muchí­simos más los brasileños. Gill supo ganarse la causa brasileña y era cuestión de tiempo nada más para que asuma la presidencia”, sos­tuvo.

Velázquez recordó que pre­viamente Gill fue ministro de Hacienda y su gestión fue objeto de cuestionamien­tos por el despilfarro de los dos grandes empréstitos que hizo el Paraguay tras la gue­rra contra la Triple Alianza. Aun así, asumió el Gobierno en gran parte, como se men­cionó, gracias al apoyo de las fuerzas imperiales.

Agregó que en ese proceso de ascenso al poder Gill se ganó muchos adversarios políti­cos, quienes finalmente ter­minarían tramando y ejecu­tando el primer magnicidio de la historia del Paraguay.

“Gran parte de ese crimen se debió a que para abril de 1877 ya no estaban las fuer­zas de ocupación brasileñas en Asunción. Gill ya no tenía protectores que pudieran tutelarle, entonces esa situa­ción es plenamente aprove­chada por sus adversarios para asesinarlo”, precisó.

El historiador señaló que uno de los principales adversarios políticos de Gill fue Juan Sil­vano Godoy, un intelectual del derecho, político y autor para­guayo. Godoy fue el que orga­nizó y planificó el asesinato de Gill con ayuda de su hermano Nicanor, Matías Goyburú y José Dolores Molas, el legen­dario Pa’i Loló, de destacada actuación en la guerra.

“El presidente Juan B. Gill realizaba su caminata tra­dicional sobre la calle Villa­rrica, hoy llamada Presi­dente Franco. Una cuadra antes de la intersección con Independencia Nacional, curiosamente la esposa de su vicepresidente, Higinio Uriarte, quien era su primo, lo ve desde una ventana y le advierte que existen rumores sobre una conspiración para asesinarlo”, relató.

Con soberbia, Gill le dijo que no se preocupara, ya que estaba bien cuidado. Sin embargo, una cuadra más adelante, al llegar al citado cruce, estaban sus asesinos esperándolo: José Dolores Molas y Nicanor Godoy. El historiador señaló que, de acuerdo a los testimonios, ante la falta de proyectiles usaron las patas de un soporte de ollas.

Velázquez detalló que Gill estaba acompañado de dos edecanes (oficiales de alta graduación que eran sus escoltas), que también resul­taron heridos. A partir de ahí se inició una persecución porque la Policía reaccionó rápidamente ante el aten­tado. Tras el magnicidio, ese mismo día fue asesinado su hermano, Emilio Gill, a quien posterior a su muerte le des­membraron las orejas como prueba de que se cumplió el encargo.

Velázquez indicó que, tras el crimen, se abrió un proceso. Tanto Juan Silvano Godoy como su hermano Nicanor quedaron impunes debido a que lograron huir cruzando el río Paraná y se instalaron en Corrientes. “Sí se abrie­ron algunos procesos con­tra José Dolores Molas y otros personajes. Algunos injustamente fueron endil­gados de culpables en este proceso. Uno de ellos fue Facundo Machaín”, pre­cisó. Respecto a este último, explicó que existían algu­nos rumores políticos en su contra a raíz de que fue una eminente figura política y sus adversarios deseaban truncar su carrera.

“No encontraron mejor solución para terminar la brillante defensa que ejer­cía Facundo Machaín en los juicios que hacer una supuesta intentona de fuga masiva de la cárcel pública, que estaba ubicada al lado de la Catedral Metropoli­tana. La Policía reaccionó y ese incidente fue aprove­chado para acabar con la vida de Facundo Machaín, José Dolores Molas y otros a quienes se atribuía haber participado del magnicidio de Gill. De esa forma ter­minó el proceso del primer magnicidio en la historia paraguaya”, refirió.

Finalmente, como balance de su gobierno de casi dos años y medio, Velázquez citó la firma del Tratado de Lími­tes, Paz, Comercio y Navega­ción con la Argentina, rubri­cado por Facundo Machaín y Bernardo de Irigoyen, en el cual se definieron los límites con el vecino país tras la gue­rra contra la Triple Alianza.

Además, mencionó que durante el gobierno de Gill se implementó el Código Civil argentino o Código de Vélez Sarsfield, que fue un cuerpo legislativo fun­damental para organizar la sociedad paraguaya de la época. En tanto, en lo econó­mico tomó medidas como el estanco del tabaco con vis­tas a aumentar las recauda­ciones y mejorar las escuá­lidas finanzas del Estado paraguayo.

Por Lourdes Torres

La jornada del martes 23 de marzo de 1999 quedó marcada con sangre en la historia del Paraguay. A tempranas horas de la mañana, una noticia sacudió al país y especialmente al ámbito político, con repercusiones que alcanzaron la prensa internacional. Ese día, el vicepresidente de la República, Luis María Argaña, fue asesinado a balazos en un atentado, considerado el mayor crimen político de la naciente era democrática iniciada el 2 de febrero de 1989.

En esa incipiente democracia de diez años, existía una fuerte disputa de poder dentro del partido de gobierno, la Asociación Nacional Republicana (ANR). Así lo recuerda el historiador e investigador Eduardo Ortiz Mereles en comunicación con La Nación/Nación Media.

Al cumplirse 26 años del magnicidio, el historiador Ortiz recuerda la fuerte pugna entre el general Lino César Oviedo y el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy. El primero, fue uno de los hacedores del derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner; el segundo, fue el primer mandatario civil electo en Paraguay desde 1950.

En abril de 1996, Oviedo lideró un levantamiento militar contra el gobierno de Wasmosy, lo que motivó su retiro forzoso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, “el exmilitar se lanzó a la arena política, triunfando en las internas coloradas de 1997 con Raúl Cubas Grau como dupla, frente al movimiento oficialista encabezado por el presidente Wasmosy y la estructura partidaria manejada por Luis María Argaña”, señaló Ortiz.

El historiador agregó que las aspiraciones políticas de Oviedo se vieron truncadas cuando, el 9 de marzo de 1998, un Tribunal Militar Extraordinario lo condenó a diez años de cárcel por su intento de golpe de Estado en 1996. Esta sentencia fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia, lo que dejó a la ANR con una nueva dupla presidencial para las elecciones generales de 1998: Raúl Cubas Grau como candidato a la presidencia y Luis María Argaña como vicepresidente.

“Ambas fuerzas (Cubas y Argaña), enfrentadas en las internas coloradas, quedaron unidas en la nueva chapa. Aunque, siempre se sostuvo que la fuerza seguía siendo de Oviedo, por lo que la muerte de Argaña le interesaba para tener el control total del poder. Sin embargo, nunca se comprobó su supuesta autoría moral del atentado”, explicó el historiador.

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El actual ministro del Interior, Enrique Riera, quien en esa época ejercía el cargo de diputado por el Partido Colorado recordó a La Nación / Nación Media que las causas visibles del magnicidio y de los enfrentamientos ciudadanos fueron la intolerancia y la incapacidad de diálogo entre dos líderes partidarios muy fuertes, Argaña y Oviedo.

Riera citó también la suma de la oposición a las posiciones del vicepresidente Argaña y el incumplimiento de las promesas de campaña de Cubas, entre ellas, “liberar” a Oviedo. Con el mensaje “Tu voto vale doble”, Cubas prometió el indulto del exmilitar al asumir el Gobierno y así lo hizo, pero la Corte Suprema de Justicia tendría la última palabra.

A solo meses de asumir, se volvió ingobernable para Cubas. “La crisis institucional incluyó también a la Corte, que después de muchas presiones dictaminó como inconstitucional el decreto de Cubas y exigió que Oviedo vuelva a prisión (diciembre de 1998)”, narró el ministro.

Esta fue la antesala del magnicidio de Argaña, que terminó en “confrontaciones en la plaza, con un saldo de muertos y heridos lamentablemente”, recordó Riera.

El magnicidio ocurrió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando la camioneta Nissan Patrol en la que viajaba Argaña fue interceptada por un Fiat Tempra sobre la calle Diagonal Molas, antes de llegar a la avenida Venezuela, rumbo al edificio de la Vicepresidencia. Además de Argaña, en el vehículo atacado se encontraban su guardaespaldas, el suboficial Francisco Barrios González, y su chofer, Víctor Barrios Rey, quien fue el único sobreviviente.

Los asesinos, identificados como Pablo Vera Esteche, Luis Rojas y Fidencio Vega, descendieron del Fiat Tempra y abrieron fuego contra el vehículo y sus ocupantes. “El chofer de Argaña reacciona y retrocede intentando huir del lugar, pero impacta la parte trasera del vehículo, que queda en llanta después de un tiempo”, agrega Ortiz.

El peritaje confirmó que los sicarios vestían uniformes militares y que huyeron en el mismo vehículo tras el crimen. También señala que portaban armas de distintos calibres, incluyendo pistolas .38, .380, granadas de mano y una escopeta calibre 12.

El ministro Riera, por su parte, recordó que ese día estaba en el Palacio de Justicia buscando datos estadísticos para un trabajo académico. Lamentó lo ocurrido e indicó que “la Justicia juzgó y condenó a los autores materiales”, pero aclaró que “hasta la fecha se discute quién o quiénes fueron los autores morales”.

El asesinato de Argaña provocó una crisis política sin precedentes a poco más de diez años de la caída de Stroessner. Miles de ciudadanos, entre ellos grupos campesinos y manifestantes autoconvocados, se concentraron en la Plaza del Cabildo en la jornada del viernes 26 de marzo, coincidentemente “un viernes de dolores”, exigiendo la renuncia de Cubas Grau.

Paralelamente, también se movilizaron seguidores del oficialismo y simpatizantes de Oviedo, quien era señalado como el autor moral del atentado de Argaña, recordó el historiador y reiteró que “nunca se pudo confirmar esta hipótesis”.

“Hubo una confrontación entre ciudadanos; por un lado, los que apoyaban al gobierno, y por otro, los conocidos luego como “Jóvenes por la democracia”. Lastimosamente, hubo siete jóvenes muertos y muchos heridos entre ambos bandos”, acotó Ortiz y calificó lo ocurrido como un punto de inflexión dentro de la política y de la historia contemporánea del Paraguay.

El domingo 28 de marzo de 1999, Cubas Grau tomó la decisión de renunciar a la presidencia del Paraguay. Asumió el entonces presidente del Congreso Nacional, senador Luis Ángel González Macchi, atendiendo la doble acefalía dentro del Ejecutivo.

El ministro Riera señaló que con la renuncia de Cubas Grau se descomprimió la situación, pero aclaró que la herida abierta terminó con la caída del Partido Colorado en el 2008, cuando Fernando Lugo asumió la presidencia de la República.

Añadió que otro efecto fue la división dentro de la ANR, con la expulsión de un sector que luego fundó la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), liderada por Oviedo. Además, la crisis política dio paso a un gobierno de “unidad nacional”, con González Macchi (ANR) como presidente y Julio César Franco (PLRA), como vicepresidente.

De acuerdo a Riera, “se repartieron espacios en la función pública entre opositores, lo que dio pésimos resultados en lo económico y social, además de serios indicios de corrupción”, concluyó.

Hasta la fecha, el magnicidio de Argaña y el Marzo Paraguayo son recordados como un episodio crítico en la historia del Paraguay, que marcaron un antes y un después en la política nacional.

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