Más de siete millones de niños fueron afectados por el devastador terremoto que golpeó a Turquía y Siria el 6 de febrero, aseguró este martes Unicef, que expresó su temor de que hayan muerto “muchos miles” más. “En Turquía, el número total de niños que viven en las diez provincias sacudidas por el terremoto asciende a 4,6 millones. En Siria, hay 2,5 millones de niños afectados”, dijo James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en una rueda de prensa en Ginebra.

“Unicef teme que varios miles de niños hayan muerto”, dijo Elder, advirtiendo que “incluso sin cifras verificadas, está claro que los números seguirán creciendo”. Según Unicef, decenas de miles de familias que viven a la intemperie tras el sismo están expuestas al frío. “Todos los días se informa de un número cada vez mayor de niños que sufren hipotermia e infecciones respiratorias”, afirmó Elder, señalando que las familias duermen con sus hijos en la calle, centros comerciales, escuelas, mezquitas, estaciones de autobuses y bajo los puentes.

En Turquía, Unicef, en coordinación con el ministerio de la Familia y los servicios sociales, desplegó trabajadores sociales en los hospitales para ayudar a identificar a los niños separados de sus familias. Paralelamente a estos esfuerzos, Unicef trabaja para proporcionar apoyo psicosocial a los niños afectados. En la vecina Siria, dijo Elder, “cada niño menor de 12 años sólo ha vivido el conflicto, la violencia o el desplazamiento. Algunos niños han sido desplazados seis o siete veces”, aseguró.

La foto de un constructor inmobiliario detenido cuando intentaba huir de Estambul es el símbolo de la indignación en Turquía contra las mafias de la construcción, acusadas por el derrumbe de miles edificios durante el terremoto de hace una semana. El conjunto residencial “Rönesans” (Renacimiento) construido en Antakya, en el sur de Turquía, tenía ocho plantas y 250 apartamentos. Fue levantado hace diez años y contaba hasta con una piscina.

Presentado como un entorno de lujo, la torre se derrumbó sobre sus habitantes. Este edificio es uno de los miles que colapsaron tras el sismo de magnitud 7,8 ocurrido el lunes pasado a la madrugada y con un saldo, solamente en Turquía, superior a 30.000 muertos. Frente a la creciente indignación, retratada en la prensa y difundida por las redes sociales, las autoridades turcas reaccionaron rápidamente con decenas de detenciones y mandatos de arresto que se multiplican.

El domingo diez personas ya estaban detenidas, entre ellas dos promotores inmobiliarios que intentaron huir a Georgia, mientras 114 estaban prófugas, anunció el ministro turco de Justicia, Bekir Bozdag. El destino de la residencia “Rönesans” se convirtió en un caso emblemático de las malas prácticas denunciadas desde hace tiempo.

Otro caso es el del hotel Isias, en Adiyaman, donde fallecieron 35 miembros de la delegación de voleibol juvenil de Chipre del Norte. Varios testigos afirmaron a la cadena de televisión NTV que el hotel había sido cerrado debido a “irregularidades” en la construcción, pero que volvió a abrir.

“Quiero que esta gente sea juzgada, son asesinos”, afirmó un familiar de una víctima. Un testigo contó que vio las paredes romperse como si fuera hojas de papel. La reacción del gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan -que está en campaña con miras a las elecciones generales del 14 de mayo- no tiene precedentes.

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Hasta ahora, los constructores y emprendedores corruptos lograron arreglárselas, pese a las reiteradas alertas de ingenieros y arquitectos reconocidos. En 1999, cuando otro terremoto había dejado 17.000 muertos en el noroeste de Turquía, en la provincia de Kocaeli, pasaron seis meses antes de que se produjera el primer arresto.

El diario Milliyet tituló “Solamente ocho arrestos y 17.000 vidas perdidas”. Posteriormente, se abrieron más de 2.000 causas contra los promotores de las viviendas afectadas, pero 1.800 de estas terminaron sin que se dictara ninguna pena debido a una amnistía decretada en 2000. Finalmente, la mayoría de los responsables se beneficiaron de la prescripción de los delitos en 2007.

En su declaración, el constructor de la residencia “Rönesans”, Mehmet Yasar Coskun, rechazó las acusaciones en contra suya y de sus socios. “Yo ignoro por qué se derrumbó el edificio. Se emitieron todos los permisos después de que la municipalidad y la compañía de control efectuaran los estudios”, afirmó.

El permiso para esta residencia fue firmado en 2021 por el distrito de Ekinciler, en Hatay. El alcalde de entonces, Seyfettin Yeral, confirmó al portal de información T24 que entregó el permiso, pero dijo que “el control fue efectuado por una empresa privada”.

“De todos modos no teníamos empleados para hacerlo”, afirmó. Turquía adoptó una serie de normas y de regulaciones copiadas de las que existen en California, que son revisadas periódicamente, la última vez en 2018. Pero, según ingenieros y arquitectos interrogados esta semana por AFP, la mayoría son ignoradas por los constructores.

“En el papel, las normas son respetadas, con contratos delegados a empresas privadas encargadas de controlar”, explicó el arquitecto Aykut Köksal. “Cada constructor pasa el suyo”, detalló, en referencia a que el control es una negociación amistosa entre las dos partes, con demasiada laxitud para los empresarios.

En el pasillo de un viejo bazar de Antakya - una ciudad afectada por el devastador sismo que golpeó el sur de Turquía - un joven corre a toda prisa con la cabeza ensangrentada, perseguido por un comerciante con una barra de hierro que lo acusa de saquear la tienda.

En esta ciudad milenaria, las calles están vacías, abandonadas y llenas de polvo tras el terremoto de magnitud 7,8 que devastó el sur del país y la vecina Siria, dejando casi 26.000 muertos. Aprovechando la devastación y la huida de los habitantes, grupos de saqueadores destruyeron escaparates y arrancaron las rejas que protegen algunas tiendas.

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La situación se tensó repentinamente el sábado, por lo que comerciantes y policías decidieron montar guardia, listos para reaccionar ante cualquier sospecha. Hace unos días, familias enteras vaciaron los supermercados para alimentarse tras el sismo. Pero los saqueos también afectaron a tiendas de teléfonos, de ordenadores y de ropa.

En una tienda de tecnología, ya solo quedan los carteles con el nombre de las marcas de teléfonos. El resto está vacío, con algunas cajas en el suelo. En el comercio de al lado, los maniquíes, en el piso, ya no tienen ropa. Los distribuidores de dinero tampoco se salvan. Cuatro de ellos fueron arrancados y vaciados.

Según los servicios de seguridad, al menos 48 personas fueron arrestadas por saqueos en ocho provincias afectadas por el sismo. Entre ellas, 42 en la provincia de Hatay, donde se encuentra Antakya. Cuando fueron arrestadas, llevaban importantes sumas de dinero, teléfonos móviles, ordenadores, armas, joyas y tarjetas bancarias.

“Vigilamos nuestras casas, nuestros coches”, cuenta Aylin Kabasakal a la AFP. “Los saqueadores también llegan a las casas. No sé qué decir, estamos destruidos, en estado de conmoción, es una pesadilla”, continúa. “Nuestras autoridades deben protegernos”, añade la mujer.

En esta provincia fronteriza con Siria, que en 2021 contaba con más de 430.000 refugiados de este país, las sospechas se dirigen hacia los “extranjeros”. Las redes sociales están repletas de amenazas hacia los saqueadores, con vídeos que muestran escenas en las que se golpean a personas.

“Los turcos también pueden hacer eso”, opina Nizamettin Bilmez, un comerciante de electrodomésticos. La entrada de su tienda quedó parcialmente tapada tras el derrumbe de un edificio aledaño, por lo que la mayoría de sus aspiradoras siguen ahí.

Bilmez cree que lo que se vio en los supermercados estos días es “normal”. “La gente necesitaba encontrar comida, pañales para los bebés. La ayuda no llegaba”, recuerda. Ante esta situación, el Estado trata de actuar. Un decreto publicado el sábado permite ahora que los fiscales tengan detenidos a los sospechosos de saqueo durante siete días, y no cuatro.

De visita en Diyarbakir (sureste), el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recordó que en el país rige el estado de emergencia. “Esto significa que, a partir de ahora, las personas implicadas en pillajes o secuestros deberían saber que la mano firme del Estado está encima de ellos”. Mientras tanto, los comerciantes se preparan para cualquier incidente. Y el marido de Aylin Kabasakal advierte que tiene un arma y montará guardia frente a su casa.

Fuente: AFP.