Una empresa habría perpetrado una estafa millonaria al Instituto de Previsión Social (IPS) durante la pandemia de Covid-19, inscribiendo a personas como supuestos trabajadores para luego cesarlas en un breve lapso y así acceder a la compensación por cesación laboral. El perjuicio económico supera los G. 1.200 millones, de acuerdo con la fiscal Teresa Sosa.

Según la investigación, se comprobó la inexistencia real de la firma y se constató que las personas involucradas facilitaron sus datos personales para recibir el beneficio, sin haber prestado ningún servicio efectivo. “El perjuicio para el IPS es más de G. 1.200 millones”, explicó la representante del Ministerio Público en comunicación con la 1020 AM.

El dueño de la empresa, Julio Ramírez Domínguez, fue imputado por estafa y declaración falsa, mientras que los trabajadores vinculados al esquema afrontan procesos por estafa. En total, 67 personas quedaron imputadas tras las diligencias fiscales.

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La fiscal Sosa precisó que, desde el inicio de las indagatorias, algunos de los citados a declarar colaboraron con la causa, proporcionando datos clave para esclarecer el modus operandi de la organización. Incluso, varios de ellos procedieron a devolver el dinero indebidamente percibido, lo que permitió reducir el alcance del perjuicio.

De las 84 personas inicialmente investigadas, 67 fueron procesadas judicialmente y el resto quedó fuera de imputación por haber aportado información y reparado el daño ocasionado. La investigación sigue abierta para determinar si existieron otros responsables o ramificaciones de este esquema fraudulento.

Este caso pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de control en época de crisis sanitaria, en la que se registraron múltiples intentos de fraude vinculados a los beneficios estatales. El Ministerio Público continuará con las diligencias para esclarecer completamente lo sucedido y garantizar que el dinero público sea recuperado.

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El exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza deberá comparecer los días 30 de setiembre, 1 y 2 de octubre ante el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú para la audiencia preliminar en el caso conocido como “Tajy”

En la referida diligencia judicial se definirá si el acusado al igual que otros procesados enfrentará un juicio oral así como pidió el representante del Ministerio Público.

La audiencia fijada por el juez Otazú es bajo apercibimiento de ley a fin de que los procesados se abstengan de plantear chicanas para suspender la diligencia judicial.

Esta acción se fijó a pedido de los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez, teniendo en cuenta que la citación es bajo apercibimiento para el exjefe comunal que fue destituido por la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto.

En el caso como “Tajy” figuran como acusados el exjefe comunal Miguel Prieto, el exdirector de Administración y Finanzas de la comuna, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez y otras ocho personas. El Ministerio Público les atribuye la comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

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La acusación sostiene que en fecha 11 de junio del año 2020 se efectuó un pago irregular por Gs. 306.188.500 a favor de la firma proveedora Tajy, por mercaderías inexistentes.

Asimismo, Prieto está acusado en otro proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “Tía Chela”. El magistrado Otazú igualmente deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar del segundo proceso del exjefe comunal de Ciudad del Este.

Días la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Eugenio Jiménez y César Garay, declaró inadmisible la apelación presentada por la defensa del exintendente, con lo que se destrabó la chicana presentada.

También semanas atrás Prieto fue imputado por tercera vez. La Fiscalía sostiene que se tiene un perjuicio de más de G. 300 millones.

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El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió ayuda al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) “para proporcionar alimentos” y “atención médica” a los rehenes israelíes retenidos en Gaza, escenario de una catástrofe humanitaria, y Hamás reclamó a cambio la apertura de “corredores humanitarios”.

La publicación el jueves por Hamás y Yihad Islámica, su aliado, de tres videos que muestran a dos rehenes israelíes demacrados, identificados como Rom Braslavski y Evyatar David, reavivó en Israel el debate sobre la necesidad de alcanzar rápidamente un acuerdo para liberar a los cautivos, secuestrados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.

Netanyahu “habló con el jefe de la delegación del CICR en nuestra región, Julian Larison” y “pidió su implicación para proporcionar alimentos a nuestros rehenes y prestarles atención médica inmediata”, indicó su oficina en un comunicado. Poco después, el brazo armado de Hamás afirmó estar dispuesto a responder “positivamente” a cualquier petición del CICR, pero exigió como condición “la apertura de corredores humanitarios (...) para el paso de alimentos y medicamentos” a la Franja de Gaza.

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“Las Brigadas [Ezzedin al] Qasam no privan deliberadamente a los prisioneros de comida, pero ellos comen lo que nuestros combatientes y todo nuestro pueblo come”, señaló el movimiento, que advierte: los rehenes “no recibirán ningún trato de favor mientras continúe el bloqueo y la política del hambre”.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, anunció el domingo en redes sociales que el Consejo de Seguridad “se reunirá este martes para una cita de emergencia sobre la situación desastrosa de los rehenes en Gaza”. En X, la delegación regional del CICR expresó su “consternación” por los recientes videos y afirmó que esa “situación desastrosa debe terminar”.

Netanyahu, que enfrenta una fuerte presión en Israel para conseguir la liberación de los rehenes, había manifestado a través de su oficina “su profunda consternación por las imágenes difundidas” y aseguró que continuarán “los esfuerzos para recuperar a todos” los cautivos. Decenas de miles de personas se manifestaron el sábado por la noche en Tel Aviv en apoyo a las familias y para exigir la liberación de los rehenes.

En las imágenes, los dos cautivos aparecen muy débiles y delgados, en una puesta en escena destinada a establecer un paralelismo con la actual situación humanitaria en Gaza, amenazada por una “hambre generalizada” según la ONU. El mandatario israelí acusó a Hamás de “matar de hambre deliberadamente a los habitantes de la Franja de Gaza, impidiéndoles recibir ayuda”.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, denunció las “imágenes espantosas de rehenes israelíes” y exigió su liberación “inmediata”. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, también se declaró “horrorizado”, pero instó a Israel a proseguir con el suministro de ayuda humanitaria en Gaza y a no “responder al cinismo de Hamás”.

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La guerra fue desencadenada por el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, que causó del lado israelí la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en datos oficiales. Los milicianos islamistas secuestraron además a 251 personas, de las cuales 49 siguen cautivas en Gaza. De estas, 27 habrían fallecido, según el ejército israelí.

En represalia, Israel ha matado al menos a 60.430 personas en la Franja de Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud del territorio, gobernado por Hamás, considerados fiables por la ONU. Desde el inicio de la guerra, Israel asedia la Franja de Gaza, donde viven más de dos millones de palestinos hacinados.

A finales de mayo levantó el bloqueo humanitario total que había impuesto a principios de marzo, pero solo permite la entrada de cantidades muy limitadas de ayuda, consideradas insuficientes por la ONU. Según la Defensa Civil, 26 personas murieron el domingo por disparos o bombardeos israelíes, nueve de las cuales esperaban comida cerca de un centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización apoyada por Israel y Estados Unidos. “Los soldados dispararon a la gente. Yo estaba ahí, nadie representaba una amenaza” para las fuerzas israelíes, afirmó por teléfono a AFP Jabr al Shaer, un testigo de 31 años.

Un empleado de la Media Luna Roja Palestina murió y otros tres resultaron heridos en un ataque israelí contra la sede de la organización en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según la propia organización. El ejército israelí afirmó “examinar” esas acusaciones y el CICR se declaró “consternado”, y exigió el “respeto” y la “protección” del personal humanitario.

Fuente: AFP.