El Ejecutivo decidió utilizar las fuerzas públicas de manera con­junta y coordinada para hacer frente a algunos casos de secues­tro y otros tipos de violencia que se dieron en sitios ubicados entre los departamentos de Caaguazú y Canindeyú. La intervención unificada de las fuerzas militares y poli­ciales ayudará a dar más fuerza al opera­tivo y aumentará la seguridad pública en las zonas con problemas.

El propósito es garantizar la tranquilidad de la ciudadanía y eliminar cualquier tipo de delincuencia que intente romper el bien­estar de la gente que trabaja y quiere pro­gresar mediante su esfuerzo cotidiano.

Se habló de que el que secuestró al ciuda­dano Almir de Brun da Silva sería el grupo armado que en años pasados realizó varios secuestros y crímenes con el fin de ame­drentar al Gobierno y proponer otra con­ducción política. Luego de más de un lustro vuelve a aparecer con la misma siniestra intención de secuestrar, matar y hacer daño a la ciudadanía sin importarles nada más que sus tétricos propósitos criminales con supuesta intención política.

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que el Consejo de Defensa Nacional (Codena) decidió que intervengan las fuerzas públi­cas para eliminar los problemas de seguri­dad existentes a fin de que vuelva todo a la normalidad.

El titular del Codena, Cibar Benítez, explicó que es necesario que los elemen­tos de las fuerzas militares actúen en forma coordinada con sectores de otras insti­tuciones estatales en las zonas geográfi­cas que están fuera de los departamen­tos en que se estableció anteriormente la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Porque la intención es que las Fuer­zas Armadas hagan su tarea de seguridad donde exista la amenaza. “No podríamos quedarnos como institución nacional atada a unos límites internos territoriales, siendo nosotros una República unitaria. Ahí donde haya amenaza van a estar elementos de las Fuerzas Armadas, limitadas por supuesto y por algo específico”, anunció el directivo de Codena.

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que se trata de hacer una flexibili­zación del poder de fuego del Estado ante la amenaza que puede existir en el territo­rio nacional. Explicó que la determinación que se ha tomado obedece a una orden del presidente de la República, Santiago Peña, que decidió hacerlo para concretar mayores medidas de seguridad. Por ello se decidió establecer lugares de control de documen­tos de vehículos y de personas, los retenes, para que se pueda sentir la presencia del Estado.

Que el Gobierno se ocupe de poner el máximo de cuidado militar y policial para combatir a los delincuentes que preten­den socavar la tranquilidad de la gente con secuestros y otros delitos es una buena señal. Y una decisión muy oportuna, por­que como país en plena tarea por el creci­miento económico y el bienestar de su gente no debe tolerar a la locura criminal de los que con el secuestro y otros comportamien­tos de gran violencia quieren ir contra el derecho a la vida, la tranquilidad de la ciu­dadanía y la seguridad de las personas.

Nadie, ninguna agrupación, partido político o nucleación cívica puede utilizar la violen­cia para imponer sus puntos de vista o hacer valer sus intenciones. Son actitudes crimi­nales que solo adoptan los delincuentes que, usando algunas ideas poco razonables, quie­ren imponer posiciones cuestionables y pos­turas políticas que ya no funcionan ni para engañar a los más ingenuos.

El Paraguay, en toda su historia, ya ha sufrido bastante por la incursión de crimi­nales disfrazados de gente pacífica que han querido imponer posiciones políticas que solo sirvieron para el fracaso. No se puede soportar el secuestro, el robo, la agresión de cualquier tipo, o la muerte de seres huma­nos para aceptar ciertas posiciones ideoló­gicas o políticas.

El que mata, aunque use la ropa o la ban­dera que se le ocurra, es un asesino. Como el que roba, con el pretexto o la explica­ción que fuere, es un simple ladrón. Ambos merecen el rechazo y el castigo que les corresponde de acuerdo con las disposi­ciones legales. Lo que está mal no se puede aceptar y debe ser rechazado y combatido con energía.

Por ello la ciudadanía tiene que acompañar la postura asumida por el Gobierno nacio­nal contra la delincuencia y la criminali­dad. Lo importante es que se persiga a los que quieren hacer daño y se apoye a quienes procuran el bienestar de las personas.

Este martes, la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) y la Policía Nacional decidieron retirarse de la zona donde se registró el secuestro de Almir Brum, a pedido de la familia de la víctima. El departamento de Investigaciones aclaró que los captores aún no se comunicaron con la familia y no hicieron pedido de rescate.

El jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, Nimio Cardozo, informó que decidieron retirarse de la zona por pedido de familiares para que ellos puedan seguir con las negociaciones o para que los captores puedan contactar.

“La familia pidió que nos retiremos y nosotros respetamos el pedido, en este momento tan crítico por la que están pasando, pero vamos a seguir trabajando”, manifestó Cardozo, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Afirmó que como autoridades seguirán de cerca el caso y están realizando las investigaciones para poder dar con el paradero del joven, como de los captores. “Puedo confirmar que no hay ningún pedido de rescate. No hay llamadas, cartas o pendrive que hayan dejado para poder seguir con las negociaciones”, refirió.

Ante la consulta sobre la posible autoría de este caso, acotó que todos los elementos reunidos hasta el momento conducen a que habría sido cometido por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). “Hasta ahora todas las sospechas y elementos no hacen conducir a que serían ellos”, puntualizó.

Almir fue secuestrado durante la tarde del sábado 21 de febrero, la denuncia fue realizada por su padre Vladimir Brum, quien llamó por teléfono a su hijo y tras varios intentos fallidos, acudió al lugar donde estaba trabajando y solo encontró una máquina cosechadora y un panfleto que se presume fue escrito por el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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El hijo menor del cineasta estadounidense Rob Reiner se declaró no culpable del asesinato de sus padres, al comparecer ayer lunes ante un tribunal de Los Ángeles. Nick Reiner, de 32 años, enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado por el doble homicidio que conmocionó a Hollywood unos días antes de Navidad.

El joven fue arrestado el 14 de diciembre, horas después de que su padre, de 78 años, y su madre, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70, fueran encontrados muertos en su casa en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles. Reiner, de 32 años fue acusado el 16 de diciembre con dos cargos de asesinato, y ha permanecido en detención sin derecho a fianza desde entonces.

El sospechoso de parricidio comparecerá ante el tribunal el 29 de abril, cuando está previsto que se decida la fecha para la audiencia en la que se determinará si hay suficiente evidencia para enfrentar un juicio. Enfrenta cargos agravados por el uso de un cuchillo, un arma letal, y por tratarse de más de un homicidio.

De ser declarado culpable, Nick Reiner podría enfrentar una cadena perpetua sin derecho a fianza, o la pena de muerte. Pero la Fiscalía de Los Ángeles no se ha pronunciado sobre qué castigo buscará para el caso. Este lunes, el titular del despacho, Nathan Hochman, dijo a los medios de comunicación que estudiarán las circunstancias del caso antes de pronunciarse al respecto.

La jornada de Nick Reiner ante la justicia desde su detención ha enfrentado varios retrasos. Su primera audiencia en diciembre fue pospuesta a solicitud de su entonces abogado Alan Jackson. El 7 de enero, cuando debía producirse la nueva audiencia, Jackson, un reconocido litigante que ha llevado casos de figuras como Harvey Weinstein, abandonó el caso y argumentó estar imposibilitado a ofrecer explicaciones.

“Circunstancias que escapan de nuestro control, pero más importante aún, que escapan del control de Nick, determinaron que lamentablemente es imposible para nosotros continuar con su representación”, dijo entonces Jackson a los periodistas. El tribunal asignó a Kimberly Greene, una abogada del servicio público, como estipula la ley estadounidense cuando el acusado no tiene medios de defensa. Greene pidió posponer la comparecencia de Reiner para responder a los cargos en aras de conversar a profundidad con su cliente.

Rob y Michele Reiner tenían tres hijos. Su hija, Romy Reiner, los encontró sin vida en su residencia, y llamó a la policía. De acuerdo con medios locales, ella habría advertido sobre su hermano Nick, quien tenía antecedentes de adicción, y quien, según informes, registraba un comportamiento errático que se incrementó en los días previos a la muerte de la pareja.

Romy y su hermano mayor, Jake, calificaron de “devastadora” la muerte de sus padres. Rob Reiner tenía además una hija adoptiva con su primera pareja. Nick Reiner, quien vivía de forma intermitente con sus padres, hablaba abiertamente de su larga batalla contra las adicciones que atravesaba desde la adolescencia.

Inspirándose en su propia experiencia, coescribió una película dirigida por su padre, “Being Charlie” (2015), que narra la difícil recuperación de un hijo de famosos devastado por las drogas.

Su padre, Rob Reiner, hijo del legendario comediante Carl Reiner, saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 “All in the Family”, para luego convertirse en un prolífico director con unas 23 películas en su currículo.

Firmó clásicos como la sátira rockera “This is Spinal Tap” (1984), “Cuenta conmigo” (1986), “Miseria” (1990), y “Cuestión de honor” (1992). Pero uno de sus trabajos más recordados es la reina de las comedias románticas, “Cuando Harry conoció a Sally” (1989), protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan.

Fuente: AFP.

Dos hombres fuertemente armados asesinaron al guardia de seguridad de un conocido supermercado de la ciudad de Encarnación (Itapúa), mientras estaba custodiando el sitio, y se alejaron sin que hubiera intención de robo. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y la Fiscalía solicitó extraer datos del celular de la víctima.

Según el fiscal Édgar Villaverde, el hecho se reportó durante la noche de ayer domingo sobre las calles Piche Domínguez entre General Gamarra y Capellán Molas del barrio San Roque. La víctima fue identificada como Rufo Rolando Cáceres Gamarra, de 41 años.

“Recibió un solo disparo, fue directo al corazón. A los delincuentes se los ve con armas largas, chalecos antibalas y pasamontañas”, manifestó el representante del Ministerio Público, en entrevista con la 1080 AM.

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Refirió que ya se cuentan con imágenes de cámaras de seguridad de la zona, donde se puede ver que un automóvil tipo Sedan, de color plata, llegó hasta el sitio donde estaba sentado el guardia. Bajan dos hombres y uno realiza el disparo directo al corazón, mientras el conductor los espera.

“Estos bajan y en cuestión de 30 segundos cometen el hecho. Luego se acercan al hombre y le arrebatan el arma de fuego para darse a una precipitada fuga. Estamos recolectando más videos de cámaras se seguridad para saber el trayecto que hicieron antes de llegar al sitio y luego de cometer el crimen”, puntualizó.

Confirmó que cuentan con el celular de la víctima y que se realizará la extracción de datos para saber si fue víctima de amenazas o tenía problemas con otra persona. “Uno de los hombres aparentemente levantó las vainillas servidas. El teléfono de la víctima que los datos del día de ayer y posteriores”, refirió.

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