El saldo de muertos del accidente entre un bus que trasladaba migrantes afganos procedentes de Irán y otros dos vehículos en el oeste de Afganistán subió a 76, informó el miércoles una autoridad provincial. En total “76 ciudadanos del país (...) perdieron la vida en el incidente, y otros tres están gravemente heridos”, dijo en un comunicado Yousuf Saeedi, portavoz del gobierno de la provincia de Herat.

La policía del distrito de Guzara, cerca de la ciudad de Herat donde ocurrió el accidente la noche del martes, indicó que el bus colisionó con una motocicleta y un camión cisterna que transportaba combustible, lo que causó un incendio. El autobús llevaba afganos que se devolvían a Kabul desde Irán, dijo Saeedi a la AFP.

Al menos 1,5 millones de personas han regresado a Afganistán en lo que va de este año desde Irán y Pakistán, que han expulsado a los migrantes después de albergarlos durante décadas, según la agencia de la ONU para las migraciones. El servicio noticioso estatal Bakhtar señaló que el accidente del martes es uno de los más mortales de los últimos años en el país.

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Junto a pequeños bultos con sus pertenencias, Maruf espera un vehículo que lo llevará a él y a su familia lejos de su pueblo, en el norte de Afganistán, donde la tierra, azotada por la sequía, lleva años sin producir nada. La mayoría de las viviendas de tierra cruda de su pueblo están vacías. Los residentes huyeron de “la sed, el hambre y una vida sin futuro”, dice a AFP este padre de familia, de 50 años.

“Nuestros campos se rindieron. En estas condiciones, la gente se ve obligada a irse”, dice. “¿Cómo puedes permanecer en semejante vacío cuando tienes hijos que mantener?”, pregunta. Décadas de guerra obligaron a millones de afganos a abandonar su territorio, pero desde que los talibanes recuperaron el poder en 2021, la principal causa del desplazamiento ya no es política ni de seguridad.

En Afganistán, uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático, casi cinco millones de personas se vieron afectadas y 400.000 tuvieron que abandonar sus hogares debido a fenómenos meteorológicos a principios de 2025, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La mayoría de los 48 millones de afganos, que ya enfrentan una de las peores crisis humanitarias del mundo, viven en casas de tierra cruda y dependen de la agricultura, afectada también por el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos. De los últimos cinco años, cuatro estuvieron marcados por un aumento de la sequía, mientras que algunas regiones han sufrido devastadoras inundaciones repentinas que arrasaron con viviendas, cultivos y ganado.

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“Las cosechas infructuosas, la sequía de los pastos y la desaparición de las fuentes de agua están llevando a las comunidades rurales al borde del precipicio”, advierte la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). “Cada vez es más difícil para las familias producir alimentos, obtener ingresos y permanecer en sus hogares”.

El norte del país es el más afectado. En la provincia de Yauzyán, Abdul Jalil Rassuli vio cómo cambió Bakawal, su aldea. Donde antes los melones crecían como por arte de magia, ahora hay que comprarlos en la ciudad porque la tierra ya no da más. “Todo se reduce al agua”, reflexiona Rassuli, de 64 años, a la sombra de uno de los pocos árboles que quedan. “La escasez de agua lo destruye todo: la agricultura está devastada, los árboles están muriendo y ya no plantamos”.

Los residentes huyeron a los países vecinos Irán y Pakistán hace una década con la esperanza de un futuro mejor. Pero muchos tuvieron que regresar: más de 4 millones de afganos fueron expulsados desde finales de 2023, según la Organización Internacional para las Migraciones, cuando Pakistán inició repatriaciones masivas.

A su regreso, ya no trabajaron la tierra, sino que realizan trabajos esporádicos. Abdul Jalil Rassuli espera que el canal Qosh Tepa, en construcción desde hace años, permita irrigar los campos con el río Amu Daria. Sin embargo, podría tardar más de un año en terminarse, según funcionarios del gobierno talibán.

Cuando Abdul Latif Mansur, ministro de Energía y Agua, enumeró los proyectos de represas y canales, tuvo que reconocer en julio que “las medidas adoptadas no son suficientes”. “Hay muchos episodios de sequía. Debemos recurrir a Dios”, suplicó, mientras las autoridades talibanas rezaban regularmente para que vuelva la lluvia. Pero la lluvia no siempre es buena noticia.

En caso de inundaciones repentinas, la tierra reseca no puede retener el agua. Según la ONU, este año las lluvias se adelantaron en el país, con temperaturas más altas de lo habitual, lo que aumentó el riesgo de inundaciones. En junio, el agua arrasó con todo a su paso en la provincia central de Maidan Wardak. “Tengo 54 años y nunca habíamos visto algo así”, dijo Mohammed Qassim, de pie sobre el lecho agrietado y lleno de piedras de lo que antes era un río.

Wahidullah, de 18 años, vio cómo su ganado se ahogó y su casa quedó dañada e inhabitable. Ahora su familia, compuesta por 11 personas, duerme en una carpa en un terreno ligeramente elevado con algunas pertenencias rescatadas de las aguas. Wahidullah no puede evitar contemplar el peor escenario posible: “Si hay otra inundación, no nos quedará nada ni adónde ir”.

Fuente: AFP.

La Asociación Paraguaya de Directores Técnicos de Industrias Alimentarias (Apadi) y la Asociación Paraguaya de Ingenieros Químicos (Apiq) dieron su respaldo a las medidas aplicadas por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) contra dos cadenas de minimercado, luego de los hechos que tomaron estado público.

A través de un comunicado, ambas organizaciones sostienen que las acciones de Dinavisa están sustentadas en la ley y en criterios técnicos que buscan salvaguardar la salud de la población. “Reafirmamos nuestro compromiso con la protección de la salud pública y el cumplimiento estricto de la normativa sanitaria vigente”, expresan.

El documento recuerda que la Ley 836, el Código Sanitario y las normas que regulan la manipulación, conservación y comercialización de alimentos son de cumplimiento irrestricto, ya que garantizan la inocuidad y reducen los riesgos sanitarios.

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Señalan, además, que cualquier incumplimiento compromete directamente la seguridad de los consumidores y genera responsabilidades administrativas, civiles e incluso penales. Los gremios hacen énfasis en que toda transgresión a la normativa no solo expone a la ciudadanía, sino que también erosiona la confianza en el sistema de control del país.

Por ello, destacaron la importancia de que Dinavisa ejerza su labor de fiscalización con objetividad, rigor técnico y transparencia, aplicando sanciones y medidas correctivas cuando sea necesario. El texto también subraya tres puntos claves:

La obligación de garantizar la seguridad alimentaria mediante el estricto cumplimiento de la normativa; la necesidad de asegurar transparencia y trazabilidad en toda la cadena, desde la producción hasta la comercialización; y el rol esencial de los profesionales responsables de la dirección técnica en los establecimientos, como garantes del cumplimiento técnico-legal y de la salud pública.

Así también, instan a mantener y reforzar las inspecciones en todos los puntos de expendio para verificar el estricto cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura (BPM) y demás estándares nacionales.

A la vez, solicitaron a las empresas involucradas implementar de forma inmediata y sostenida las medidas correctivas necesarias, a fin de acatar la normativa vigente y reanudar sus operaciones con total transparencia y responsabilidad frente a la sociedad.

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La Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) intensificaron los controles en comercios del país, tras detectar la venta de productos vencidos, en mal estado y con alerta sanitaria vigente.

Ayer informaron que detectaron irregularidades en una conocida cadena de minimercados, con reetiquetado e incluso, productos vencidos. Por ende, la Sedeco ordenó la suspensión de todos los locales de este minimercado que opera las 24 horas del día, de lunes a lunes.

Al respecto, la Unión Industrial Paraguaya (UIP) emitió un comunicado donde sostienen que la protección de los derechos del consumidor y el cumplimiento de las normativas son esenciales para un mercado formal, transparente y competitivo.

Exponen que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, además de fortalecer y promover la competencia.

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“Estos procedimientos deben aplicarse con criterios de proporcionalidad, difusión adecuada y enfoque correctivo, evitando impactos irreversibles en las cadenas de valor, empleo y las inversiones. En un país donde el sector productivo es el motor de desarrollo, resulta clave equilibrar la regulación con la sostenibilidad empresarial”, afirman.

Mencionan que las decisiones que afectan a las unidades productivas y comerciales deben partir del cumplimiento irrestricto de la normativa y de la protección de la salud y los derechos de los consumidores.

También aseguran que es necesario contemplar el impacto económico y social que pueden generar medidas desproporcionadas y la información y comunicación pública sobre estos procesos deben manejarse con responsabilidad, priorizando la precisión y orientándose siempre hacia soluciones que resguarden el interés general.

“Por ello, la UIP alienta a que las fiscalizaciones y sanciones se desarrollen bajo protocolos claros y procedimientos transparentes, garantizando el cumplimiento normativo, al tiempo de preservar la continuidad operativa, la salud pública y el empleo”, finaliza el texto.

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Cuando empiezan a sonar las sirenas de alerta sobre los cielos de Tel Aviv, la familia Weisman y millones como ellos buscan refugio de los misiles en camino y hoy continúan recogiendo los escombros de sus vidas.

Vera Lucía Papaterra, de origen dominicano, reportera del periódico estudiantil The Independent Florida Alligator (Gainesville, EE. UU.) busca ser una corresponsal internacional y fue invitada a Israel por la agencia de noticias del Medio Oriente para el mundo hispano parlante, Fuente Latina, para adentrarse a lo más profundo de un país que sigue en guerra pero que una vez más, da muestra de resiliencia, tras los ataques sufridos desde Irán, semanas atrás.

Una de sus entrevistadas fue una mujer israelí residente en Tel Aviv, Hadar Weisman, quien le relata como es la vida casi cotidiana bajo el sonar de las sirenas.

El decir por favor y gracias. Cómo usar cubiertos. Respetar a los mayores. A esa lista de lecciones básicas, la israelí Hadar Weisman añadió una que sus hijos repiten sin dudar: qué hacer en los 90 segundos después de que suenan las sirenas que indican que algún o varios misiles vienen en camino.

El 22 de junio de 2025 fue uno de esos días. En la llamada “Guerra de los doce días”, Israel y Estados Unidos habían atacado instalaciones nucleares iraníes e Irán había devuelto el fuego, lanzando decenas de misiles contra Israel. Varias zonas residenciales de Tel Aviv y en otras ciudades resultaron impactadas; 30 personas fallecieron y al menos 23 personas quedaron heridas. En Tel Aviv resultaron con daños severos varios edificios de Ramat Aviv,incluido el de Weisman. Fue una mañana de concreto roto y vidrios pulverizados que dejó a miles de israelíes sin casas, aunque con vida.

Aquella mañana, a las 7:23, tocaron a la puerta de Weisman. Eran los repartidores de un gavetero que había pedido una semana antes. Lo pusieron en el dormitorio. Apenas salieron, sonó la alerta. “Estamos muy acostumbrados a entrar al cuarto seguro”, cuenta Weisman. “Con los niños lo hacemos desde antes del 7 de octubre (del 2023 cuando terroristas de Hamás atacaron Israel)”.

Todos en casa de Weisman estaban ya vestidos y despiertos por el ruido de los obreros, así que caminaron con calma hacia la mamád, la habitación reforzada que muchos israelíes tienen en sus casas para protegerse de los misiles. El impacto llegó minutos después. El misil cayó entre los edificios de la cuadra. Ninguna estructura recibió un golpe directo, pero el golpe de la onda expansiva convirtió la casa en escombros. “Todo el edificio se sacudió y se cortó la luz”, recuerda Weisman, doctora en economía y profesora de microeconomía en la Universidad de Tel Aviv que vivía en ese apartamento desde 2019. “Nos quedamos 45 minutos en la oscuridad, sin saber qué habría cuando abriéramos la puerta”.

Dentro del cuarto seguro, un detalle dominguero: la tapa plástica del conducto del aire acondicionado salió volando y por ahí entraron polvo y residuos del edificio tras el impacto. Sentados en un colchón, con el teléfono en una mano y una bolsa de caramelos en la otra, los padres usaron el tiempo para hacer llamadas y tranquilizar a los niños. El mayor, de nueve años, lloró pensando en sus juguetes.

El impacto en el más pequeño, su hijo de tres años y medio, se mide más allá de una preocupación por sus cosas. En sí, el niño siempre pregunta la ubicación del cuarto seguro —como quien pregunta por el baño— cuando llega de visita a una casa desconocida. “Es una forma de vida y no debería serlo”, dice visiblemente emocionada Weisman. “No es manera de criar a nuestros hijos”.

Afuera, el grupo de WhatsApp del edificio se convirtió en un mapa humano. Vecinos reportaban quién estaba adentro y quién estaba en la calle para que los equipos de rescate no perdieran tiempo en búsquedas inútiles. Policías, bomberos y la unidad de rescate de la Fuerza de Defensa israelí subieron piso por piso. Forzaron la puerta acorazada del quinto piso, que quedó doblada, del apartamento de los Weisman. “Menos mal que esperamos”, dice. “Si hubiéramos intentado salir, el corredor estaba cubierto de muebles y cosas caídas. Nos habrían caído encima”.

El edificio de Weisman es uno de los más nuevos en el barrio y sus cimientos resistieron mejor que otros. Otros en la cuadra, no tanto. La familia pasó dos semanas en un hotel y luego consiguió un subarriendo en el mismo barrio para que los niños siguieran asistiendo a su misma escuela y su kínder. “Volveremos, dicen que para Pascua”, explica, con ese optimismo que nace de una rutina resistente. “Creo que será más tarde, quizá en julio”, añade con una sonrisa corta, como quien ya aprendió a negociar con la incertidumbre.

El ataque del 22 de junio fue parte de una escalada de doce días que cruzó fronteras y agendas políticas. Para Weisman, sin embargo, la política se traduce en una caminata sabatina. Ella asiste cada sábado a las manifestaciones por la paz que se llevan a cabo en la avenida Begin de Tel Aviv, donde discurso tras discurso pide el fin de la guerra y el retorno de todos los rehenes. “Voy desde antes de octubre”, cuenta, refiriéndose al 7 de octubre del 2023. “Esto no puede seguir así. Incluso si alguien creyó que al principio había justificación, ya no se ve un final ni resultados positivos. Es la forma equivocada de hacer las cosas”.

Su crítica tiene varios destinatarios. A su gobierno, que a su juicio no ha ofrecido una salida real ni ha priorizado un acuerdo para los rehenes capturados en el ataque del 7 de octubre. A Hamás, “una organización terrible, mala para Israel y aún peor para los gazatíes”. Y a cualquiera que crea que “disparar es mejor que hablar”, o que la vida de alguien vale menos que “un pedazo de tierra”. “Es inexcusable porque es obra humana”, dice Weisman, y la frase le tiembla en la garganta.

La confianza, admite, ya estaba dañada antes de octubre. “Siguen intentando cambiar el Estado de derecho en medio de la guerra”, señala Weisman sobre las modificaciones constitucionales que el gobierno trata de implantar para fortalecer los poderes ejecutivos y legislativos a expensa del judicial, algo que ha creado malestar en sectores de la sociedad israelí. Weisman escucha rumores sobre comicios, sospechas de fraude y un clima que erosiona las instituciones. Aun así, la decisión íntima no es simple. “Si nos paramos y decimos que esto es demasiado y nos vamos, ¿quién se queda? ¿Los que creen que esto está bien? Tampoco quiero que mi hijo cargue con esto”. Lo discuten en casa, una y otra vez.

Al volver a su apartamento en ruinas para recoger papeles y ropa, Weisman mira por la ventana y ve fachadas abiertas como casas de muñecas. Luego baja la mirada al pasillo, donde antes no se podía caminar sin tropezar, y recuerda la lección que repite a los niños: Hay una alarma. Se hace lo que toca. La vida va primero. “Estamos bien”, les dice. “La casa es solo cosas”.

La normalidad se despega a veces en pequeños gestos. Volver al subarriendo con mochilas y bolsas. Hacer la tarea de matemática. Preparar una cena sencilla. Y sí, repetir las reglas: por favor y gracias, respetar a los mayores, así se agarra un tenedor. Y esa otra, más urgente y aprendida a la fuerza, que suena como un juego pero enseña a sobrevivir: Sirenas en el aire. Un minuto y medio. Respira. Vete al búnker. Cierra su puerta reforzada. Espera. Vuelve a salir. Sigue adelante.