La solicitud impedirá que el expresidente peruano salga libre este miércoles 14, fecha en que se cumple el plazo de siete días de detención preliminar que le impuso un tribunal, según las leyes peruanas. Foto: AFP.
Perú: Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo
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La Fiscalía peruana presentó el martes por la noche un pedido de 18 meses de prisión preventiva para el destituido expresidente Pedro Castillo, a quien acusa formalmente del delito de rebelión y conspiración en flagrancia por su autogolpe fallido del pasado 7 de diciembre.
“Oficialmente se ha presentado el pedido de prisión preventiva por 18 meses, el mismo que está a cargo del fiscal supremo Uriel Teran”, dijo a la AFP una fuente de la Fiscalía. La solicitud impedirá que Castillo salga libre este miércoles 14, fecha en que se cumple el plazo de siete días de detención preliminar que le impuso un tribunal, según las leyes peruanas.
El tribunal de justicia que tiene el requerimiento dispone de hasta 48 horas para programar una audiencia y decidir si extiende a 18 meses la detención o si queda libre. El pedido es el inicio formal de la investigación contra Castillo. La causa se abrió luego que el juez supremo César San Martín declarara infundado el martes un recurso de apelación de la defensa del expresidente.
Delito común
Influyó también el hecho que el juez subrayara que el delito de rebelión era un “delito común” por lo que Castillo no podía invocar su derecho a un antejuicio para ser procesado. El exmandatario izquierdista, que permanece detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales de la policía, al este de Lima, había convocado a sus simpatizantes a las puertas del cuartel para recibirlo este miércoles 14.
Castillo fue detenido por la policía el miércoles pasado tras su fallido autogolpe y posterior destitución por parte del Congreso que tiene un índice de desaprobación de 86%, según los últimos sondeos. La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente el mando, como prevé la Constitución.
Fiscalía activó protocolo de búsqueda y localización tras desaparición de una mujer
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El agente fiscal de Ñemby Luis Alberto Peralta solicitó a la comisaría interviniente un informe detallado sobre las diligencias investigativas realizadas en el marco de la denuncia sobre la desaparición de la mujer identificada como Ada Jeanette Núñez Jara, de 35 años, de nacionalidad paraguaya. El hecho fue puesto a conocimiento del Ministerio Público mediante nota policial, en la cual se reporta que la misma salió de su vivienda el pasado 7 de marzo del corriente año.
En ese contexto, la Fiscalía solicitó ser informada si ya se ha dispuesto formalmente la búsqueda y localización de la desaparecida y en caso contrario, que se proceda a su inmediata disposición.
Asimismo, el agente fiscal recordó a la comisaría actuante que debe cumplirse con lo dispuesto en los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal y remitir el correspondiente informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del pedido. Además, se solicitó verificar y aplicar los protocolos vigentes ante casos de personas desaparecidas.
La investigación está abierta a los efectos de esclarecer el hecho y determinar el paradero de la mujer. Ante cualquier información que pueda aportar la ciudadanía se ruega comunicarse a los números telefónicos 0982 746-310, y 0973 229- 187.
Decretan la prisión preventiva de la empresaria Dalia López
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El juez Raúl Florentín decretó la prisión por 10 días en el Departamento Judicial Femenino de la empresaria Dalia López, capturada el jueves tras permanecer prófuga por 6 años por producción de documentos de contenido falso y asociación criminal.
Luego de cumplido este plazo, la procesada deberá ser trasladada hasta la cárcel de mujeres de Emboscada.
La defensa había solicitado de medidas alternativas a la prisión para la empresaria, en este caso la libertad ambulatoria.
“Solicitamos la medida alternativa a la prisión, la ambulatoria, y eventualmente el arresto domiciliario. En eso centramos, tratamos de justificar todos los extremos para que se pueda dar lugar, porque finalmente entendemos que la conducta atribuida se trataría supuestamente de un delito, por lo tanto, entendemos que corresponde la medida sustitutiva a la prisión”, argumentó el abogado.
Sin embargo, admitió que la situación de prófuga podría afectar este pedido. “Ese es el inconveniente que se tiene. Hemos también tratado de explicar el motivo del por qué ella no se había presentado durante todo este tiempo, por las amenazas y muchas cuestiones que explicamos al juzgado para que tenga en consideración para que pueda otorgar la medida sustitutiva a la prisión”, indicó.
OFRECIMIENTO DE CAUCIÓN REAL
Para lograr la medida alternativa a la prisión y garantizar que no habrá una nueva fuga, López puso a disposición como garantía un inmueble de alto valor.
“Ahora ella se siente un poco más segura, no se imaginan en la situación en que se encontraba, ahora en la comisaría de mujeres está un poco más segura, más tranquila, pero hicimos el ofrecimiento de un inmueble de valor de más de 1 millón de dólares, es difícil que arriesgue a fugarse”, aseguró el letrado.
Con respecto a una posible obstrucción a la investigación, argumentó que la investigación sobre la causa de producción de documentos públicos de contenido falso, en la cual está acusada López, ya está agotada.
“Ya sería algo inexistente, atendiendo a que la causa ya ha sido juzgada. Se dieron varias salidas a varios de los imputados y acusados, algunos con condenas ya firmes, otros con suspensión condicional del procedimiento. Algunos también obtuvieron condenas de dos años con suspensión de ejecución de la pena. Es decir, solamente ella ya está”, sentenció.
De filántropa a prófuga de la Justicia
Dalia Angélica López Troche (55) tiene una historia que combina la filantropía con supuestos delitos de producción de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal, al que se suma ahora sospechas de vínculos con el narcotráfico.
Su nombre cobró protagonismo al descubrirse un presunto hecho de falsificación de documento que involucró al exjugador brasileño Ronaldinho Gaúcho, demorado en nuestro país el 4 de marzo de 2020 durante una visita promovida por la empresaria y en la que se descubrió que el futbolista portaba pasaporte y cédula paraguaya de contenido falso.
Como dueña de un holding empresarial multirrubro y presidenta de la Fundación Fraternidad Angelical, era muy conocida en el departamento de San Pedro, donde al momento de desatarse el escándalo –hace seis años– tenía planificado lanzar un proyecto de salud preventiva para niños, para el cual había invitado a participar a Ronaldinho.
Dalia López y Ronaldinho, en marzo de 2020. Foto: Archivo
“Debe justificar el origen del dinero”
Durante el operativo fiscal-policial que llevó a la detención de la empresaria Dalia López en una lujosa residencia capitalina, los investigadores hallaron USD 220.000 y G. 440 millones.
En este sentido, el ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que la detenida deberá justificar el origen del dinero, al mencionar que no se descarta que esté vinculada con el narcotráfico. La detenida se presentó ayer en compañía de sus abogados defensores ante el Juzgado, donde se realizó la audiencia de imposición de medidas.
López solicitó a través de su defensa medidas alternativas a la prisión alegando problemas graves de salud. Supuestamente, padece varias dolencias que la obligan a consumir 15 tipos de medicamentos. Por otro lado, el equipo legal argumentó que la mujer apeló a la huida por miedo a raíz de supuestas amenazas de muerte que habría recibido vía telefónica.
Enrique Riera, ministro del Interior. Foto: Archivo
Dalia López ya fue trasladada a la Fiscalía y descartan derivarla a centro asistencial
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Tras su detención en el barrio Herrera de Asunción, Dalia López presentó un cuadro de inestabilidad, por lo que una ambulancia acudió en su asistencia.
La detenida padece diabetes y al ser inspeccionada no presentó problemas de salud, por lo que se decidió trasladarla a la Fiscalía barrial número dos, descartando que vaya hasta un centro asistencial.
Al respecto, el fiscal Federico Leguizamón indicó que López se encuentra estable y lúcida. Y que la misma manifestó que su fuga se debió a que temía por su vida ante presuntas amenazas.
“Ella va a ser puesta a disposición del Juzgado Penal de Garantías y ya dependería de lo que el juzgado determine”, dijo el agente fiscal a los medios de prensa.
Confirmó que fueron incautados documentaciones, equipos informáticos, teléfonos celulares y dinero. “Son documentaciones sobre la empresa y sobre propiedades que le corresponderían”, indicó.
No descartó incluir en la causa a la pareja de Dalia. Dijo que ambos se exponen a un proceso por lavado de dinero, si no pueden justificar los USD 220.000 y los G. 400 millones que fueron hallados en la residencia.
“Ella se mostró muy predispuesta desde un comienzo, dijo que estaba amenazada. No dijo por parte de quien, pero que su rebeldía se debió a que ella temía por su vida porque se sentía amenazada. En cuanto a su salud está estable, está lúcida”, remarcó.
El agente del Ministerio Público aclaró que su participación se limita a la aprehensión, mientras que la causa principal por crimen organizado está a cargo de otros agentes.
“El procedimiento de hoy es al solo efecto de la aprehensión, yo no soy el titular de la causa, es Crimen Organizado. Yo le pasaré todos los antecedentes a mis colegas de Crimen Organizado”, expresó.
Fiscalía analiza denuncia por intervención equivocada en IPS Ingavi
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Una denuncia penal por presunta negligencia médica fue presentada tras un grave hecho ocurrido en el IPS Ingavi, donde una paciente con diagnóstico de cáncer habría sido sometida a la extirpación de la mama incorrecta durante una intervención quirúrgica.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la familia de Nancy Elizabeth Franco, de 62 años, señaló a la 1020 am que la denuncia apunta contra la médica María Paredes y su equipo, cuestionando tanto el procedimiento realizado como las condiciones profesionales en las que se habría llevado a cabo la cirugía.
Según indicó la representante legal, se tomó conocimiento de manera extraoficial de que la profesional habría obtenido recientemente su título de mastóloga, lo que, de confirmarse, abriría el debate sobre la responsabilidad institucional en la contratación y supervisión del personal médico.
Por su parte, el fiscal Armin Echeguren, quien interviene en la causa, confirmó a la misma emisora que se trata de un caso en investigación por presunta mala praxis, y que actualmente se están analizando documentos y antecedentes para determinar posibles responsabilidades.
El agente del Ministerio Público también informó que, tras detectarse el error, se procedió a una segunda intervención quirúrgica inmediata con el objetivo de corregir la situación, en medio de un escenario de alta tensión para la paciente.
De acuerdo con los reportes, la mujer habría confrontado a la médica tratante al percatarse de lo ocurrido, evidenciando el impacto emocional y físico derivado del procedimiento.
El fiscal confirmó que la paciente ya fue dada de alta, mientras la investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer los hechos y establecer eventuales sanciones penales o administrativas en el caso.