Tres acusados por la explosión de drones cargados de explosivos en un acto del presidente Nicolás Maduro en 2018 fueron sentenciados a 30 años de prisión, pena máxima en Venezuela, informaron este viernes familiares de los condenados.
María Delgado Tabosky, el mayor retirado Juan Carlos Marrufo y el coronel retirado Juan Francisco Rodríguez fueron condenados por cargos de “terrorismo, traición a la patria y asociación para delinquir” en una audiencia que comenzó la noche del jueves y que se prolongó hasta la madrugada del viernes, dijo a la AFP una fuente familiar que pidió mantener su nombre en reserva.
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María Delgado Tabosky, de 48 años y de nacionalidad venezolano-española, es hermana de Osman Delgado Tabosky, quien vive en Estados Unidos, acusado por el gobierno de Maduro de haber financiado un atentado con dos drones que estallaron en las proximidades de una tarima en la que el mandatario presidía un acto con militares, el 4 de agosto de 2018, en Caracas.
Marrufo, de 52 y con doble nacionalidad venezolana e italiana, es su esposo. “Ellos jamás tuvieron relación con los hechos. Simplemente fueron detenidos por ser familiares de una persona presuntamente vinculada”, sostuvo la fuente.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU estimó que las detenciones de Delgado Tabosky y Marrufo, en 2019, fueron “arbitrarias”. Ambos han permanecido presos por tres años y ocho meses y están recluidos en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas.
Sus familiares piden casa por cárcel por motivos de salud y han solicitado sin éxito a los gobiernos de España e Italia interceder por la pareja. Otros 17 acusados por el caso, entre ellos el exdiputado opositor Juan Requesens, fueron condenados en agosto pasado a penas de entre cinco y 30 años de cárcel.
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Fuente: AFP.
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Ecuador: reportan ataque con explosivos contra oficina de control minero
La policía de Ecuador informó ayer viernes de un ataque con explosivos contra un edificio donde funciona el organismo encargado del control minero en la convulsa ciudad de Machala, sin que se reportaran muertos o heridos.
Ventanas de viviendas cercanas estallaron por la onda de la explosión. Dos personas fueron evacuadas por seguridad de una casa afectada, según un primer balance de los bomberos en la zona. La explosión ocurrió hacia las 20:20 locales (1:20 GMT), luego de que los atacantes arrojaron un artefacto contra el edificio donde funciona la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom).
En el lugar la policía encontró panfletos que mencionan a esa dependencia encargada de vigilar la actividad minera en el país. “El panfleto hace alusión a funcionarios sobre presuntas extorsiones que se estarían produciendo acá”, dijo a periodistas el coronel Remigio Albiño, comandante policial de la provincia de El Oro (suroeste).
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Agregó que el artefacto se detonó en cuanto fue arrojado por hombres que circulaban en una moto y un vehículo. En ese momento, describió Albiño, había algunas personas que caminaban por el sector, pero ninguna resultó afectada.
Investigación
La policía investiga el tipo de artefacto usado en el ataque, aunque el jefe policial lo describió como de “alta magnitud”. Albiño señaló que “se desconoce” si funcionarios de la Arcom en Machala habían recibido amenazas.
A finales de mayo, una vivienda y un local de venta de mariscos fueron atacados con explosivos en la misma ciudad, afectada por la violencia de mafias dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.
Fuente: AFP
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Trump confirma muerte del líder del Tren de Aragua en una operación militar
El jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, el Niño Guerrero, fue abatido en una operación militar estadounidense realizada en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas anoche.
"Bajo mis órdenes, el Comando Sur de Estados Unidos realizó un ataque rápido y letal para eliminar al Niño Guerrero, del tristemente conocido Tren de Aragua", escribió el presidente Donald Trump en su red Truth Social. El mandatario afirmó que la operación se llevó a cabo en "estrecha cooperación con nuestros amigos en Venezuela, con los cuales estamos trabajando muy bien".
Venezuela confirmó poco después que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido “neutralizado” y que hubo “enfrentamientos” con integrantes de “estructuras de delincuencia organizada”. El Niño Guerrero fue abatido en el marco de una “operación combinada” con Estados Unidos que se realizó en el estado Bolívar, al sureste del país, dice un comunicado del ministerio de Comunicaciones venezolano.
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“Contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia”, agregó la cartera. Estados Unidos realizó en enero una incursión militar en Caracas y capturó al mandatario izquierdista Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York acusado de narcotráfico. Desde entonces, la exvicepresidenta Delcy Rodríguez gobierna como presidenta interina, bajo la presión de Washington.
“Santuario”
“Los terroristas del Tren de Aragua ya no tienen un santuario en Venezuela ni en ninguna otra parte“, aseguró Trump en su plataforma. El mensaje del mandatario va acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.
No se distingue claramente a ninguna persona en las imágenes. El lunes, el ejército venezolano se desplegó en una zona de explotación aurífera del estado Bolívar bajo control de dos jefes criminales, Juancho y Johan Petrica, este último uno de los fundadores del Tren de Aragua, de acuerdo con fuentes locales. Según una decena de testimonios recogidos por la AFP en la zona, el ejército lanzó tres bombas desde helicópteros. Dos helicópteros volaban a baja altura el jueves.
“Organización terrorista”
Estados Unidos designó al Tren de Aragua como “organización terrorista” en enero de 2025, apenas regresó Trump a la presidencia. La banda criminal opera en varios países de América Latina. El Tren de Aragua surgió en la cárcel de Tocorón, en el estado de Aragua (centro-norte) en 2014. Se dedica a la extorsión, el sicariato, el narcotráfico, la prostitución, la trata de personas y hasta la minería ilegal, aunque también ha emprendido en algunos negocios legales.
El Departamento de Estado estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por información que permitiera detener o condenar al jefe del Tren de Aragua. Estados Unidos también le impuso sanciones económicas en julio de 2025, junto a otros cabecillas de su organización.
En diciembre, fiscales federales de Nueva York presentaron cargos contra 70 miembros del Tren de Aragua, incluido el Niño Guerrero, por asociación ilícita, tráfico de drogas y armas de fuego. “Guerrero Flores ha sido el cerebro detrás de la evolución del Tren de Aragua, que pasó de ser una banda carcelaria venezolana a convertirse en una organización terrorista trasnacional”, declaró el fiscal federal Jay Clayton cuando se anunció la acusación formal.
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Tras ocupar militarmente en septiembre de 2023 el penal de Tocorón, el gobierno de Maduro anunció que había “desmantelado totalmente” esa banda. El Niño Guerrero era entonces prófugo de la justicia. Según el centro de análisis Insight Crime, “Niño Guerrero”, que tendría 42 años, convirtió el grupo “en lo que es hoy durante su encarcelamiento en Tocorón”.
Bajo su liderazgo, Tocorón “se convirtió en una de las prisiones más notorias del país, en gran parte debido a la política no oficial del gobierno venezolano de entregar el control de algunas prisiones (...) a jefes criminales conocidos como pranes”. “Esta libertad y los ingresos delictivos de la pandilla permitieron la construcción de un zoológico, una piscina, un parque infantil, un restaurante y un club nocturno dentro de la cárcel”, según un informe de Insight Crime de 2025.
Fuente: AFP
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Octogenario es condenado a 12 años de prisión por abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Un comerciante de 81 años fue condenado a 12 años de prisión por el abuso sexual sistemático de una niña. La fiscal Julia González Medina, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue la que desarrolló la acusación en juicio oral realizado en el Poder Judicial de la capital de Alto Paraná.
El sentenciado está identificado como Víctor Mereles Arzamendia, quien fue encontrado culpable por el hecho punible de abuso sexual de una menor de 8 años. El juzgamiento y posterior fallo penal estuvo a cargo del Tribunal de Sentencia, presidido por la jueza Margarita Martínez e integrado por sus pares Gloria Vera y Diego Duarte.
Las agresiones sexuales juzgadas en juicio se produjeron en un inquilinato ubicado en el barrio San Miguel de Ciudad del Este, desde que la víctima tenía 7 años de edad, quien era manoseada en partes íntimas por parte del octogenario.
Al tratarse de un inquilinato, el agresor aprovechaba los momentos en que la madre de la niña se ausentaba de la casa para cometer los actos bajo amenazas.
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Sin embargo, un día, la pequeña contó lo que venía sufriendo a su hermana de 15 años, quien a su vez informó a la familia sobre lo ocurrido y se presentó la denuncia ante ante el Ministerio Público, el 25 de febrero de 2025.
En el marco de la investigación del hecho, la Fiscalía reunió diversos elementos, entre ellos la evaluación psicológica, el informe forense y la entrevista en Cámara Gesell (realizada como anticipo jurisdiccional de prueba), los cuales sirvieron de base para la acusación fiscal que derivó en la condena de 12 años de pena privativa de libertad para el octogenario.
De acuerdo a Datos Abiertos del Ministerio Público, de enero a mayo de 2025, fueron presentadas 1.184 denuncias por abuso sexual de niños. Central, Alto Paraná y Asunción siguen siendo los que concentran la mayor cantidad de casos y el mayor porcentaje de los autores también se mantiene en el entorno familiar o cercano de las víctimas.
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Condenan a 14 y 13 años de prisión a pilotos boliviano y peruano por tráfico de drogas
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Dos pilotos extranjeros fueron condenados a 14 y 13 años de prisión, tras ser hallados culpables por tráfico internacional de drogas, en un juicio oral y público sustanciado ante un Tribunal de Crimen Organizado de la capital del país, Asunción. Los condenados son Lucio Alfonzo Paz Fernández (36), piloto de nacionalidad boliviana, y Elmer Enrique Figueroa Paredes (53), copiloto peruano.
Fueron considerados responsables del traslado de un cargamento de cocaína proveniente de Bolivia y con destino final al Brasil, según se sustentó en la acusación por remisión a países extranjeros de sustancias estupefacientes, tenencia sin autorización de estupefacientes, provisión de medios de transporte y formación de organizaciones constituidas, para perpetrar hechos contra la ley 1340/40.
Elvio Aguilera fue el agente fiscal de la causa y el Tribunal de Sentencia que dictó el fallo condenatorio estuvo presidido por el juez Federico Rojas e integrado por las magistradas María Luz Martínez y Rossana Maldonado.
Los ahora condenados fueron detenidos el 29 de enero de 2023, alrededor de las 13:20, durante un operativo conjunto de la Fiscalía Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico de Alto Paraná y agentes del Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, en las afueras de Hernandarias.
En el lugar, los intervinientes se incautaron de 265,095 kilos de cocaína distribuidos en 260 panes, hallados en el interior de una avioneta Cessna 206, matrícula CP-2038, de color blanco, que estaba al mando de los tripulantes extranjeros.
La aeronave habría ingresado desde Bolivia con el cargamento ilícito y aterrizado en un camino vecinal de la zona, para reabastecerse de combustible, donde era aguardada por cinco personas de sexo masculino a bordo de dos camionetas, de las cuales descendieron para bajar bidones de combustible.
Sin embargo, se percataron de la presencia de los intervinientes y todos huyeron del sitio, abandonando los bidones y la aeronave, pero los pilotos fueron aprehendidos.
La investigación fiscal sostiene que la operación formaba parte de una estructura criminal dedicada al tráfico aéreo de cocaína desde Bolivia, con tránsito por territorio paraguayo y destino final el mercado brasileño, considerado uno de los principales puntos de comercialización de la red.
Durante el procedimiento también fueron incautados dos GPS y otras evidencias que confirmaron la logística utilizada para el transporte aéreo de la droga, según lo expuesto en juicio.