Las autoridades panameñas tomaron este lunes el control de dos puertos del canal de Panamá, tras finalizar el proceso legal que anuló su concesión a la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings, un caso enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. Se trata de los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico -en ambas entradas de la vía-, cuyo contrato declaró inconstitucional la Corte Suprema de Justicia en enero pasado, luego de casi tres décadas en manos de la empresa.

"Esto no implica una expropiación de esos bienes, sino su utilización para garantizar la operación de los puertos“, dijo el presidente panameño, José Raúl Mulino. El conglomerado CK Hutchison rechazó el martes en Hong Kong la acción de las autoridades panameñas. “CKHH considera (...) que la toma de control de las terminales es ilegal. Las acciones del Estado panameño también generan riesgos graves para las operaciones, así como para la salud y la seguridad en las terminales de Balboa y Cristóbal”, señaló el grupo en un comunicado.

A su vez, el secretario de Comercio de Hong Kong, Algernon Yau Ying-wah, expresó el martes su “fuerte insatisfacción y oposición a la toma forzosa” de los puertos. La toma, que según las autoridades transcurre sin incidentes, se produjo tras la publicación del fallo de la Corte en el diario oficial, último trámite legal.

El “decreto de ocupación” dio paso a una transición de 18 meses, durante la cual los puertos serán gestionados por dos de los principales operadores de carga del mundo hasta ser adjudicados mediante licitación. APM Terminals -subsidiaria de la danesa Maersk- administrará Balboa mediante un contrato por 26 millones de dólares, mientras Investment Limited (TiL), perteneciente al gigante MSC, operará Cristóbal en un acuerdo por casi 16 millones de dólares, informó el gobierno.

En un comunicado, APM informó que ya inició las primeras operaciones en Balboa con la instalación de un nuevo sistema operativo. “Es un proceso en el que tenemos que trabajar con rapidez y precisión para que el puerto pueda retomar su actividad de manera progresiva” señaló Marliz Bermudez, jefa de APM Terminals Panamá.

Hutchison, que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), había anticipado acciones legales si entraban en los puertos sin su permiso. China además amenazó a Panamá con hacerle pagar “un alto precio” por cancelar la concesión. “Es muy bueno para el pueblo de Panamá (...) eran operadores que no estaban haciendo un buen trabajo”, declaró a la prensa el embajador estadounidense, Kevin Cabrera.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había desafiado con retomar la vía por donde pasa 5 % del comercio marítimo mundial, bajo el argumento de que China la controlaba a través de Hutchison. Su país construyó la vía, que décadas después transfirió a Panamá.

Aunque Mulino ha rechazado el supuesto control chino, este lunes denunció que PPC había convertido los puertos en “territorio autónomo” por no dar a las autoridades información sensible sobre sus operaciones.

La ministra de Trabajo y Desarrollo, Jackeline Muñoz, garantizó que “no habrá despidos” en las dos terminales, donde trabajan unas 1.200 personas.

“Todo está parado, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro”, manifestó a la AFP un operario de Balboa. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, 38 % de ellos por los que operaba Hutchison.

Alberto Alemán Zubieta, exadministrador del canal y encargado de la transición, señaló que las terminales serán operadas transitoriamente con los equipos de Hutchison, con el que se buscará llegar a un acuerdo económico. “Se reconoce que los equipos son de la empresa”, sostuvo.

Alemán Zubieta estimó que el proceso de impugnación ante la ICC en París durará “muchísimos años”. La Corte panameña anuló los contratos por considerar que la concesión, renovada por 25 años en 2021, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado. El fallo también llegó en momentos en que Hutchison buscaba ceder sus puertos, entre ellos los que operaba en Panamá, a un consorcio liderado por la estadounidense BlackRock por 22.800 millones de dólares.

Fuente: AFP.

La Cámara Baja de Japón confirmó formalmente a Sanae Takaichi en sus funciones como primera ministra este miércoles, diez días después de su victoria en las elecciones. Takaichi, de 64 años, se convirtió en octubre en la primera mujer en gobernar el archipiélago asiático y obtuvo una mayoría de dos tercios para su partido en los comicios anticipados que convocó para el 8 de febrero pasado.

La gobernante ha manifestado su intención de reforzar el ejército japonés, lo que probablemente tensará aún más las relaciones con China, y se encuentra bajo presión para impulsar la débil economía. En noviembre sugirió que Japón podría intervenir militarmente si Pekín intentaba atacar a Taiwán. Eso enfureció a China, que considera a esa isla de gobierno democrático como parte de su territorio y no descarta tomarla por la fuerza, si fuera necesario.

La disputa entre los dos países provocó una fuerte caída del turismo chino a Japón, que se redujo 60,7 % en enero comparado con el mismo mes del año pasado, según la Organización Nacional de Turismo japonesa. Una de las causas citadas es la advertencia del gobierno chino de no viajar a Japón debido al diferendo. El gobierno de Takaichi también prevé impulsar una ley para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y comenzar discusiones para una ley antiespionaje, según medios locales. Asimismo, la primera ministra prometió reforzar las leyes migratorias, pese a que la segunda mayor economía de Asia lucha con la falta de mano de obra y el declive poblacional.

En un discurso de políticas previsto para el viernes próximo, Takaichi insistirá en su promesa de campaña de suspender por dos años el impuesto al consumo para alimentos para aliviar la presión inflacionaria sobre los hogares, indicaron los medios. Esta promesa generó temores en los mercados por la enorme deuda japonesa, y llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir que provocaría que los pagos de intereses sobre esa deuda se dupliquen entre 2025 y 2031.

Para aliviar esos temores, Takaichi insistirá en su mantra de tener una política fiscal “responsable, proactiva”, y fijar una meta de reducción de la deuda pública, según los medios. En su discurso del viernes, la primera ministra anunciará la creación de un “consejo nacional” con representación de todos los partidos para discutir la tributación y cómo financiar la seguridad social en una población que envejece.

Pero su primera tarea será conseguir la aprobación del presupuesto nacional para el año fiscal que inicia el 1 de abril, luego de que el proceso fue aplazado por la elección. La coalición gobernante también quiere acelerar el debate sobre cambios constitucionales y la revisión de las reglas que rigen a la familia imperial para aliviar una posible crisis de sucesión.

Takaichi y muchos en su Partido Liberal Democrático (PLD) rechazan permitir que una mujer asuma como emperatriz, pero las reglas podrían ser modificadas para “adoptar” nuevos miembros masculinos. La primera ministra tiene previsto dar una conferencia de prensa posteriormente el miércoles.

Fuente: AFP.

El gobierno iraní anunció el viernes la creación de una comisión de investigación para examinar las recientes protestas contra el alto costo de vida, que derivaron en movilizaciones antigubernamentales con un saldo de miles de muertos. “Se formó un comité de investigación con representantes de las instituciones pertinentes, que está recopilando documentos y tomando declaraciones”, declaró la portavoz del gobierno, Fatemeh Mohajerani, a la agencia local de noticias ISNA.

La portavoz no precisó si la comisión se centrará únicamente en las demandas económicas que desencadenaron las protestas o si también investigará las miles de muertes ocurridas durante las movilizaciones. “El informe final se publicará para conocimiento público y para posibles acciones legales una vez concluido el proceso”, señaló.

Las protestas, que comenzaron a finales de diciembre por la crisis económica y evolucionaron hacia un movimiento más amplio con un punto álgido a inicios de enero, dejaron más de 3.000 muertos, según el recuento oficial. Las autoridades iraníes sostienen que la gran mayoría de las víctimas eran miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes asesinados por “terroristas” vinculados a Israel y Estados Unidos.

Sin embargo, organizaciones de defensa de los derechos humanos basadas fuera de Irán estiman que la cifra de fallecidos es mucho mayor y que muchas de las víctimas murieron a causa de la represión de las fuerzas de seguridad.

Dos líderes del sector reformista de Irán que habían sido detenidos en los últimos días tras las masivas manifestaciones antigubernamentales de enero fueron puestos en libertad el jueves por la noche, informaron medios locales. El bando reformista apoyó al presidente Masud Pezeshkian durante su campaña en 2024, pero varias de sus figuras se distanciaron del gobierno y respaldaron las protestas, iniciadas en diciembre ante el costo de la vida pero que se extendieron a todo el país contra el sistema teocrático de la República Islámica.

El portavoz del Frente Reformista, la principal coalición de esa corriente política, Javad Emam, había sido detenido el domingo. En 2009 fue uno de los responsables de la campaña de Mir Hosein Mousavi, figura de la oposición iraní y ex primer ministro, bajo arresto domiciliario desde 2011. La detención de Emam se produjo tras las de otras tres personalidades del bando reformista, entre ellas Ebrahim Asgharzadeh, exmiembro del Parlamento.

Emam y Asgharzadeh “fueron liberados hace unos minutos tras pagar una fianza”, aseguró el jueves por la noche su abogado, Hojjat Kermani, a la agencia Isna, según el diario Etemad. Azar Mansouri, líder desde 2023 del Frente Reformista y exasesora del expresidente reformista Mohamad Jatamí (1997-2005), permanece detenida.

Sin embargo, su abogado indicó que la liberación de Mansouri podría producirse “en los próximos días, una vez que se anule su orden de detención”. Estas figuras del grupo reformista habían sido acusadas de “atentar contra la unidad nacional” y “coordinarse con la propaganda enemiga”, según la agencia Fars.

Un joven iraní de 18 años, acusado de la muerte de un policía durante las protestas masivas desatadas en enero contra el gobierno, corre el riesgo de ser ejecutado, aseguró el jueves la oenegé Iran Human Rights (IHR). Manifestaciones contra el aumento del costo de vida estallaron en Irán a finales de diciembre antes de transformarse en un movimiento de protesta antigubernamental en todo el país, que alcanzó su punto máximo entre el 8 y 9 de enero.

Según IHR, grupo con sede en Noruega, Saleh Mohammadi ya fue condenado a muerte, pero el poder judicial iraní aseguró que aún no hay una sentencia definitiva. El tribunal ordenó que el ahorcamiento se lleve a cabo en público en el lugar del presunto crimen, en Qom, una ciudad del centro de Irán, precisó la ONG.

El jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejeï, había advertido que no habría “indulgencia” con las personas declaradas culpables de actos violentos durante las manifestaciones. Saleh Mohammadi, que participó en competiciones internacionales de lucha, fue juzgado el 3 de febrero por un tribunal de Qom por el asesinato de un policía el 8 de enero, de acuerdo con IHR.

El joven fue “obligado” a confesar durante la investigación, según la misma fuente. Posteriormente, “se retractó ante el tribunal”, que finalmente lo condenó. El IHR asegura que cientos de personas están siendo procesadas por cargos relacionados con las manifestaciones, lo que podría acarrearles la pena de muerte. El órgano de prensa del poder judicial, Mizan, confirmó que Saleh Mohammadi fue detenido, aunque añadió que “no se había dictado ninguna sentencia definitiva y ejecutoria contra él”.

El joven tiene 20 días para apelar su condena a muerte, según la IHR, que advierte de que en el pasado se ha ejecutado a personas antes de que expirara ese plazo. Más de 7.000 personas murieron durante la ola de protestas, según la organización estadounidense Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), de las cuales 6.506 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.

Fuente: AFP.

Estados Unidos expresó ayer miércoles su preocupación por un reciente fallo judicial peruano que limita la capacidad del regulador estatal, Ositran, para supervisar el megapuerto de Chancay, situado al norte de Lima y operado por la empresa china Cosco Shipping Ports. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado estadounidense afirmó en la red social X que “Perú podría verse imposibilitado de supervisar Chancay, uno de sus puertos más importantes, bajo la jurisdicción de propietarios depredadores chinos”.

“Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, añadió la oficina en su mensaje, en medio de tensiones geopolíticas entre Washington y Pekín. El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, compartió el mensaje en su cuenta de X y destacó que “no hay precio más alto que perder soberanía”.

“Este comunicado tiene una visión mucho más intervencionista de parte de la administración norteamericana que no solamente está ubicada con relación al Perú, sino en general en América Latina”, declaró al canal de televisión N el analista y académico Andrés Gómez de la Torre.

El caso enfrentó a Cosco Shipping Ports con el organismo peruano regulador y supervisor del transporte, que reclama ejercer el control de calidad a favor de los usuarios del megapuerto. La decisión en primera instancia dispuso que “Ositran no ejerza funciones de supervisión ni fiscalización” en el puerto de Chancay, privado pero de uso público.

Ositran (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) anunció que apelará el fallo del 29 de enero.

La empresa china negó ser una amenaza para la soberanía peruana. “Existe actualmente una discrepancia respecto de la autoridad que solucione problemas de usuarios, lo que no involucra en lo absoluto aspectos de soberanía”, señaló a la AFP una fuente de Cosco Shipping Ports.

Según la empresa, en el puerto operan autoridades aduaneras, ambientales, policiales, portuarias y marítimas peruanas. China invirtió 1.300 millones de dólares en la terminal marítima, que se convirtió en uno de los principales puertos de Sudamérica con Asia desde que la inauguró el presidente chino, Xi Jinping, a fines de 2024.

Fuente: AFP.