La Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este urge a la Fiscalía expedirse sobre las denuncias de corrupción que pesan sobre el destituido intendente Miguel Prieto. De las 50 causas penales que pesan sobre el líder del movimiento Yo Creo, la organización no gubernamental impulsó un total de 15 acusaciones con la finalidad de resguardar el dinero de los contribuyentes esteños.

“Estamos un poco triste porque acá la Justicia debe hacer su papel, existen denuncias muy contundentes que realizamos y que en el informe de la intervención prácticamente no se mencionaron. Prieto malutilizó su puesto y debe estar sentenciado por la Justicia”, comentó Magdalena Montiel, este miércoles, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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La coordinadora de la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este manifestó que Prieto va perdiendo el apoyo ciudadano tras la corroboración de las graves irregularidades mediante el proceso de intervención que encabezó el economista Ramón Ramírez, que también fueron detectadas en una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

“La ciudadanía ya se muestra apática. El equipo político de Miguel Prieto hizo ayer (martes) una convocatoria para apoyarle y aparecieron solo tres. La gente está muy desconfiada de toda la clase política de Ciudad del Este", refirió Montiel.

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Asimismo, aguarda la presentación de candidatos potables para la intendencia por parte de los demás sectores políticos en Ciudad del Este para sustituir a Prieto y zanjar la crisis que enfrenta la comuna y la localidad en general. “Acá se debe tener en cuenta que salió la cabeza de la gavilla, pero quedó el resto de la gavilla administrando la municipalidad durante estos 3 meses. Quedó toda la estructura montada en la municipalidad, ellos no le tienen miedo a la justicia”, comentó.

Desde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), informaron que las elecciones internas se encuentran programadas para el primer domingo de octubre, mientras que los comicios generales municipales están previstos para el 9 de noviembre.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.

• HOY.COM.PY

Por 47 votos a favor, 30 en contra y 3 ausen­cias, la Cámara Baja aprobó en sesión extraor­dinaria la destitución de Miguel Prieto como inten­dente de Ciudad del Este. De esta forma, el opositor –aco­sado por decenas de denun­cias, dos imputaciones, una auditoría de Contraloría y una intervención– queda fuera del municipio. Tras el trámite legislativo, ahora la Justicia Electoral deberá convocar a elecciones en los próximos 90 días para las internas y para los comicios que definirán al intendente que completará el mandato de Prieto, que se cumple a finales del próximo año 2026.

Raúl Latorre, Hugo Meza, Daniel Centurión, José Rodrí­guez, Yamil Esgaib, Virina Villanueva De peña, Arturo Urbieta, Leonardo Saiz Arce, Carmen Jiménez de Ovando, Jorge Barressi , César Cerini, Roberto González, Édgar Chávez, Alejandro Aguilera, Miguel del Puerto, David Jara Espinoza, Édgar Olmedo, Carlos Godoy, Avelino Dáva­los, Sebastián Remesowsky, Christin Brunaga, Germán Solinger, Néstro Castellano, Carlos Arrechea , Esteban Samaniego, Héctor Figue­redo, Bettina Aguilera, Luis González, Liz Acosta, Rocío Abed, Juan Manuel Añazco, Jazmín Narváez, Carlos Núñez Salinas, Jatar Fer­nández, Johana Vega, Saúl González, Néstor Castellano, Pedro Ortiz , Fabiana Soto, Santiago Benítez, Cristina Villalba, Benjamín Cantero, Rubén Rousillón, Ida Cateb­bekke, José Adorno, Francisco Petterrsen.

Jorge Ávalos Mariño, Mauri­cio Espínola, Ramón Maciel.

Johanna Ortega, Emilio Pavón, Ariel Villagra, Pastor Vera Bejarano, Carlos María López, Constancia Benítez, Alejo Ríos, Salyn Buzarquis, Carlos Pereira, Del Pilar Vázquez, Arnaldo Valdez, Guillermo Rodríguez, Roya Torres, Miguel Martí­nez , Walter García, Marcelo Salinas, Dalia Estigarri­bia, Rodrigo Blanco, Rubén Rubin, Federico Franco, Laidy Galeano, Pedro Gómez , Billy Vaesquen, Alejandro Zenna,Raúl Benítez, Dios­nel Aguilera, Manuel Ace­vedo, Cleto Giménez, Rocío Vallejo, Graciela Aguilera.

La intervención concluyó que las 12 causales señaladas por la Contraloría General de la República fueron constatadas y son las siguientes:

1. Estados Financieros pre­sentados con graves inconsis­tencias como saldos irregula­res, clasificaciones erróneas y variaciones injustificadas.

2. Incumplimiento de dispo­siciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

3. Inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias.

4. Incumplimiento de los procesos de contratación empleando transferencias para la ejecución de obras.

5. Incumplimiento de los pro­cesos legales establecidos para las transferencias a organiza­ciones no gubernamentales.

6. Irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales.

7. Irregularidades en la ges­tión del patrimonio de los bie­nes municipales.

8. Irregularidades en las transferencias a organiza­ciones sin fines de lucro.

9. Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o parque fueron ejecu­tados en cantidades diferentes, con recursos de Fonacide, royal­ties y compensaciones.

10. Pagos a los proveedores sin que estos hayan presentado la documentación exigida para el efecto.

11. Pagos realizados a provee­dores sin que estén cumplidas las exigencias legales.

12. Inconsistencias en las informaciones obtenidas del personal de las empresas proveedoras de la municipa­lidad en cuanto a la cantidad de empleados.

“El informe final del inter­ventor, Ramón Ramírez, fue muy contundente sobre las irregularidades detectadas en la administración municipal, por eso una mayoría votó por la destitución. Hay funcionarios que cobraban cheques destinados a las organizaciones sin fines de lucro, las llamadas comisiones vecinales y subcomisiones vecinales, específicamente en che­ques de 600 millones de guaraníes, cobrado por un funcionario de la Secretaría de Administración de Finanzas”.

El colmo de la hipocresía política se vivió tras la destitución de Miguel Prieto.

En conferencia de prensa, el exintendente de Ciudad del Este intentó erigirse como víctima y dar lecciones de democracia, pero la escena hablaba por sí sola: estaba rodeado de sus cómplices de siempre.

A su lado apareció nada menos que Fran Arrúa, su hombre de confianza, hoy presidente del partido Yo Creo. Para quienes no recuer­dan, este es el mismo Fran Arrúa que, cuando se des­empeñaba como director de Finanzas de la Municipali­dad, instruyó a su secretaria a “efectivizar” 600 millones de guaraníes en cheques des­tinados a comisiones.

El Ministerio Público acusó a Prieto y a otros 10 funciona­rios por un esquema de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos en el marco de millonarias transferencias a comisiones vecinales y organizaciones fantasmas. Entre los nom­bres señalados aparece el de Arrúa, cuya mano estuvo detrás de la firma y cobro de cheques que, en teoría, esta­ban destinados a comisiones, pero que terminaron alimen­tando la caja paralela del clan Prieto.

El informe final de la inter­vención también lo nom­bra: se constató que che­ques librados a nombre de comisiones fueron efecti­vizados directamente por Arrúa, un modus operandi que refuerza la existencia de un esquema de desvío sis­temático de fondos muni­cipales.

Hoy, con Prieto destituido y hundido en denuncias de corrupción, resulta casi cómico verlo flanqueado por un perso­naje como Arrúa, intentando vender la idea de que encar­nan la “nueva política”. En la práctica, ambos representan lo contrario: el reciclaje de los mismos vicios que hundieron a Ciudad del Este.

La paradoja es brutal: Prieto, destituido por corrupción, y Arrúa, acusado de cobrar che­ques de comisiones, presu­miendo de demócratas y pala­dines de la transparencia.

Un fallo del Tribunal Constitucional (TC) de Perú cegó a la presidenta Dina Boluarte frente a las múltiples investigaciones que enfrentaba en la fiscalía, incluido el escándalo ‘rolexgate’ por relojes de lujo que no declarado entre sus bienes, según un fallo divulgado este martes.

La decisión ordena restablecer la inmunidad presidencial durante el ejercicio del cargo y representa una victoria para la mandataria, una de las más impopulares, según encuestas.

De acuerdo con la corte, las investigaciones quedarán “suspendidas y continuarán con su trámite al concluir el ejercicio del cargo presidencial” después del 28 de julio de 2026, cuando Boluarte concluirá el mandato.

La sentencia, que se aplicará en adelante para los presidentes, fue publicada por el TC en su página web.

Los presidentes podrían ser investigados penalmente, pero solo ser sometidos a un eventual juicio al término de su período.

Boluarte, de 63 años, presentó en abril una demanda ante el TC contra el Poder Judicial y el Ministerio Público, para frenar las investigaciones en su contra.

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Su defensa presentó el recurso tras el allanamiento a su vivienda y al despacho presidencial en el marco de la investigación por el escándalo que se desató cuando la presidenta apareció con relojes y joyas de lujo que no declarados en su lista de bienes.

Según la fiscalía, las alhajas habrían sido parte de un soborno a cambio de favores políticos.

También era investigada por la muerte de 50 personas durante la represión de las protestas cuando asumió el poder en diciembre de 2022, en reemplazo de Pedro Castillo, quien fue destituido y encarcelado por su intento fallido de disolver el Congreso.

Además, tenía un expediente abierto por presunto abandono de cargo cuando se operó la nariz sin avisar al Congreso, como estipula la ley.

Boluarte se ha declarado inocente en todas las causas.

“Este fallo le va a servir a la democracia, no hay impunidad. Termina el mandato y la investigan previa acusación constitucional”, declaró el abogado presidencial Joseph Campos a la radio RPP.

• Fuente: AFP

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