El índice global de pobreza de la ONU aumentó por primera vez desde su creación en 2010, al subir el número de personas afectadas a 1.200 millones, informó el lunes el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En la edición de 2026 de su informe anual, el PNUD y el centro de investigación Oxford Poverty and Human Development Initiative contabilizaron 51,5 millones de personas más que vivían en pobreza “aguda” en comparación con el año anterior.

El administrador del PNUD, Alexander De Croo, afirmó que el aumento de la pobreza debería ser una “señal de alerta para el mundo”. “Detrás de estas cifras hay 1.200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan entre sí: el hambre, la falta de acceso a la educación y la carencia de agua potable o electricidad. Esto es inaceptable”, señaló en un comunicado de prensa.

Más de la mitad de quienes viven en pobreza aguda son niños. Sin embargo, el PNUD señaló que un factor importante en el aumento registrado fue el crecimiento demográfico, y que solo se contaba con datos nuevos para 13 de los 108 países en desarrollo incluidos en el informe.

Si bien el número total de personas en situación de pobreza ha aumentado, el informe presenta un panorama mixto. Unas 33 naciones han reducido a la mitad el porcentaje de su población que vive en la pobreza en los últimos 15 años, según la definición del informe.

Entre ellas se encontraban seis países de África subsahariana.

Según el PNUD, entre los países que han logrado los avances más rápidos se encontraban algunos de Asia, como China y Vietnam. El índice de pobreza utilizado en el informe incluye indicadores como la falta de vivienda adecuada, saneamiento, electricidad, combustible para cocinar, alimentos y educación.

Fuente: AFP.

• Embajador Carlos José Fleitas
• Fotos: Gentileza

A lo largo de su historia, Paraguay recurrió en tres momentos decisivos al arbitraje para resolver controversias territoriales. El primero fue el laudo Hayes con la Argentina en 1878, que reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio situado entre los ríos Verde y Pilcomayo; el segundo, el laudo arbitral del Chaco del 10 de octubre de 1938, que fijó la frontera con Bolivia después de la guerra del Chaco; y el tercero, conocido como el arbitraje del cerro Chovoreca, culminó con el fallo del 11 de julio de 1969 y determinó la ubicación correcta de uno de los vértices establecidos en 1938.

Pese a su importancia para la definición territorial del país, el laudo de 1938 ha recibido menor atención que los otros dos casos. Detrás de su pronunciamiento existió, además, un episodio poco conocido y todavía controvertido: el acta reservada del 9 de julio de 1938, mediante la cual las partes y los países mediadores anticiparon el trazado fundamental de la futura frontera antes de la firma del Tratado de Paz y del fallo formal de los árbitros.

El Protocolo de Paz firmado en Buenos Aires el 12 de junio de 1935 puso fin a las hostilidades de la guerra del Chaco y abrió las negociaciones para resolver la cuestión territorial. La Conferencia de Paz del Chaco, integrada por representantes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, asumió la tarea de acercar las posiciones de los antiguos contendientes.

Las negociaciones se extendieron durante más de tres años, prueba de que el cese del fuego no había resuelto automáticamente el problema de límites. Finalmente, el 21 de julio de 1938, Paraguay y Bolivia firmaron en Buenos Aires el Tratado de Paz, Amistad y Límites, bajo los auspicios y la garantía moral de los seis Estados mediadores.

Por Paraguay participaron, entre otros, Cecilio Báez, José Félix Estigarribia, Luis A. Riart y Efraím Cardozo; por Bolivia, Eduardo Diez de Medina y Enrique Finot. Los instrumentos de ratificación fueron intercambiados el 29 de agosto de 1938 (González de Bosio, 2022).

Antes de la firma pública del Tratado de Paz, Amistad y Límites, en la madrugada del 9 de julio de 1938 las delegaciones de Paraguay y Bolivia rubricaron, junto con los mediadores, el proyecto de tratado, aunque debían someterlo a la aprobación de sus respectivos gobiernos. En esa misma fecha se suscribió un documento reservado titulado “Paraguay-Bolivia.

Acta rubricada en la ciudad de Buenos Aires, 9 de julio de 1938”, en el cual los representantes de las partes y de los países mediadores anticiparon el recorrido general que debía respetar el futuro laudo arbitral.

El acta afirmaba que la Conferencia de Paz había identificado, con el asesoramiento de sus técnicos militares y después de escuchar separadamente a las partes, una delimitación transaccional basada en los puntos de coincidencia existentes. En él se anticipó una línea que comenzaba en Esmeralda, sobre el río Pilcomayo; se dirigía hacia 27 de Noviembre, dejando Yrendague al este; continuaba por Capitán Ustares, Palmar de las Islas, Fortín Paredes y cerro Chovoreca; y llegaba al río Negro u Otuquis y a su desembocadura en el río Paraguay.

El documento declaraba que el futuro laudo respetaría esa solución “fiel y escrupulosamente”, considerándola razonable y definitiva por los negociadores (Rout, 1970).

Los compromisos del 9 de julio fueron confirmados y complementados, ya que el 19 de julio Bolivia solicitó nuevas garantías de que el Colegio Arbitral respetaría lo acordado, mientras Paraguay recibió seguridades escritas sobre el sector occidental de la frontera y la permanencia de los fortines Patria y Galpón bajo su jurisdicción.

El acta no fue un documento aislado, sino la pieza central de una negociación reservada más amplia que preparó el camino para la firma pública del Tratado de Paz, el 21 de julio, y para el laudo arbitral del 10 de octubre. Aunque el fallo mantuvo la orientación general del acta, incorporó referencias geográficas como Villazón, el punto situado diez kilómetros al oeste de Estrella; Cerrito Jara y determinadas intersecciones de paralelos y meridianos. Es decir, el trazado definitivo mantuvo la orientación fundamental del acuerdo previo, pero no lo reprodujo literalmente. El documento, por tanto, no sustituye al laudo arbitral, aunque permite comprenderlo como la culminación jurídica de una solución política negociada previamente y mantenida bajo reserva.

El acta ha generado controversias históricas, su carácter reservado y su divulgación pública muchos años después motivaron cuestionamientos sobre la transparencia de las negociaciones. Además, al afirmar que el futuro laudo respetaría “fiel y escrupulosamente” la línea acordada, abrió la discusión sobre el margen de decisión que conservaron los árbitros. También provocó reparos jurídicos porque fue rubricada antes de que las delegaciones obtuvieran la aprobación definitiva de sus gobiernos y antes de la firma y ratificación del Tratado de Paz. A ello se sumaron las diferencias internas de la representación paraguaya ante las concesiones territoriales discutidas.

El tratado no sometió nuevamente a discusión la totalidad del Chaco Boreal. Reconoció directamente determinados espacios y estableció una zona dentro de la cual los árbitros debían fijar la línea definitiva. La decisión tendría el carácter de un arbitraje de equidad: los árbitros debían pronunciarse según su leal saber y entender, considerando la experiencia de la Conferencia de Paz y los dictámenes de sus asesores militares.

A diferencia de un arbitraje estrictamente jurídico, centrado principalmente en la aplicación de tratados anteriores, títulos coloniales y otras normas de derecho, los árbitros de equidad podían buscar una solución considerada justa, razonable y viable para ambas partes. Debían pronunciarse según su “leal saber y entender”, tomando en consideración los antecedentes reunidos por la Conferencia de Paz, los dictámenes de los asesores militares y las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de los dos países. La finalidad era alcanzar una fórmula que pudiera cerrar el conflicto y evitar una nueva guerra.

El Tratado fijó los márgenes que la decisión no podía sobrepasar. En el sector occidental, la línea debía situarse dentro de una franja determinada entre el río Pilcomayo y el meridiano del fortín 27 de Noviembre. En el norte y el este, debía mantenerse entre la propuesta presentada por la Conferencia de Paz el 27 de mayo de 1938 y la contrapropuesta paraguaya del 24 de junio. Además, el litoral del río Paraguay situado al sur de la desembocadura del río Negro u Otuquis quedó expresamente excluido del arbitraje.

Los árbitros eran los presidentes de Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay, quienes delegaron sus funciones en representantes plenipotenciarios. Argentina designó a José María Cantilo, Isidoro Ruiz Moreno y Pablo Santos Muñoz; Brasil, a José de Paula Rodrigues Alves; Chile, a Luis Barros Borgoño y Manuel Bianchi; Estados Unidos, a Spruille Braden; Perú, a Felipe Barreda Laos y Luis Fernán Cisneros; y Uruguay, a Eugenio Martínez Thédy. Sus poderes los facultaban para deliberar y suscribir el fallo en nombre de los respectivos jefes de Estado (Comisión Mixta Demarcadora de Límites Boliviano-Paraguaya, 2007).

Cumplidas las ratificaciones, los delegados de los seis presidentes mediadores se reunieron en Buenos Aires como Colegio Arbitral y el 10 de octubre pronunciaron el fallo que determinó la línea divisoria.

Paraguay y Bolivia fueron oídos en una audiencia especial y presentaron alegatos acompañados de documentación y una Comisión Militar Asesora realizó un relevamiento aerofotográfico y reconoció las zonas definidas. El Colegio Arbitral no examinó solamente los antecedentes jurídicos e históricos, sino también las condiciones geográficas, económicas y de seguridad de ambas partes. Sobre esa base, concluyó que la línea adoptada representaba una solución equitativa y aprobó el fallo por unanimidad.

La frontera quedó organizada en dos grandes zonas que convergían en 27 de Noviembre o Gabino Mendoza. En la zona occidental, la línea partía de ese punto, descendía hacia Villazón, pasaba diez kilómetros al oeste de Estrella y terminaba en el thalweg o canal navegable del río Pilcomayo. En la zona norte, avanzaba hacia el cerro Capitán Ustares, la Cañada del Palmar de las Islas y la intersección del meridiano de Fortín Paredes con el paralelo de Fortín Ravelo. Luego alcanzaba el punto más alto del cerro Chovoreca y Cerrito Jara, llegaba al río Negro u Otuquis y seguía su thalweg hasta la desembocadura en el río Paraguay.

El uso de fortines, elevaciones, palmares, cursos de agua, paralelos y meridianos muestra que la frontera combinó referencias militares, accidentes naturales y líneas geométricas. El documento fue dado en Buenos Aires en tres ejemplares redactados en español, inglés y portugués, y dispuso que el texto en español prevalecería en caso de duda.

El laudo delimitó la frontera: determinó jurídicamente por dónde debía pasar. Todavía era necesario demarcarla, es decir, identificar sus puntos en el terreno, calcular coordenadas, abrir picadas y construir los hitos que harían visible la separación entre los dos Estados.

El acta del 25 de noviembre de 1938 constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. Bolivia estuvo representada por el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas; Paraguay, por el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente primero de Marina Néstor Rodríguez. Como quinto miembro y presidente fue designado el coronel argentino Ernesto Florit, en representación de los países mediadores.

La Comisión debía dictar su reglamento, acordar el plan de acción y definir los métodos de trabajo. El presidente dirigía los debates, verificaba la ejecución de las decisiones y resolvía definitivamente las cuestiones técnicas y prácticas en las que las partes no alcanzaran un acuerdo.

El Tratado de Paz estableció la fórmula política y jurídica; el laudo determinó la línea dentro de la zona acordada; y la Comisión Mixta se encargó de reconocerla y demarcarla materialmente.

Los documentos producidos durante la demarcación –actas, mapas, croquis, fotografías, informes y libretas de campo– muestran una dimensión de la historia fronteriza que suele quedar oculta detrás de los grandes acontecimientos diplomáticos. La frontera no fue únicamente una línea decidida por presidentes y cancilleres: también fue recorrida por técnicos, topógrafos, militares, ingenieros y delegados que debieron confrontar las palabras del fallo con la geografía del Chaco.

El carácter equitativo del arbitraje permite comprender por qué la solución de 1938 no coincidió plenamente con las aspiraciones territoriales máximas de ninguna de las partes. Aunque la consigna del Dr. Manuel Domínguez –“Ni más allá ni más acá del Parapití”– había expresado durante años la reivindicación paraguaya de reconocer aquel río como límite histórico del Chaco, la frontera definitiva surgió de una realidad más compleja.

Las consecuencias de la guerra, las posiciones de Paraguay y Bolivia, la intervención de los mediadores y la necesidad de evitar un nuevo enfrentamiento exigieron concesiones y una intensa negociación diplomática. Para el Paraguay significó el reconocimiento de la mayor parte del Chaco Boreal y la preservación de su soberanía sobre el litoral del río Paraguay; para Bolivia, consolidó el dominio sobre el sector noroccidental.

El laudo no satisfizo todas las aspiraciones territoriales de ambos países, pero alcanzó algo que décadas de conversaciones, protocolos y mediaciones no habían conseguido: transformar el final de la guerra de dos naciones hermanas en una frontera jurídicamente definida y así abrir una nueva etapa de paz entre Paraguay y Bolivia.

El Gobierno nacional, a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), impulsa avances significativos en la regularización de tierras en tres comunidades rurales marcadas por décadas de conflictos e incertidumbre. Los procesos en Marina Cué (Canindeyú), Santa Teresa del Manduarã (Caazapá) y Santa Lucía (Alto Paraná) registran progresos concretos hacia la titulación y la seguridad jurídica de las familias campesinas.

Las gestiones lideradas por el ente agrario abarcan acuerdos de mediación y la coordinación técnica entre diversas instituciones del Estado. Esta articulación busca brindar certeza sobre la propiedad de la tierra y sentar bases sólidas para la producción y el desarrollo rural, consolidando la resolución de disputas históricas como un eje prioritario de la política territorial.

Gracias a la intervención institucional y al diálogo permanente entre las partes, el organismo logró canalizar respuestas efectivas para comunidades que aguardaron soluciones durante años. Este enfoque coordinado permitió superar trabas burocráticas y legales que por décadas frenaron la formalización de los asentamientos.

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Los tres casos intervenidos representan algunos de los litigios más emblemáticos de la problemática agraria paraguaya. Entre ellos destaca Marina Cué (hoy denominada colonia San Óscar Romero), cuya experiencia sirvió como modelo de mediación aplicable a otros puntos del país, tras la histórica entrega de los primeros 82 títulos de propiedad formalizados en octubre de 2025.

Por su parte, en Santa Teresa del Manduarã se logró destrabar un conflicto social y jurídico que se extendió durante 32 años. La mediación del Indert y la concertación entre los sectores involucrados permitieron concretar la entrega de las primeras titulaciones a beneficiarios del estatuto agrario, en un acto oficial encabezado por el presidente Santiago Peña.

En tanto, en la colonia Santa Lucía se alcanzaron acuerdos clave como la cesión de 20 hectáreas a favor de las familias locales. La posterior habilitación de su inscripción ante el Registro Unificado Nacional (RUN) permitió reactivar el proceso de titulación para aproximadamente 1.300 lotes, garantizando arraigo e impulsando el desarrollo socioeconómico regional.

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Ecuador anunció el jueves que empezará a usar los letales drones de ataque estadounidenses MQ-9 Reaper en la lucha contra el narcotráfico en la frontera con Colombia, el mayor productor mundial de cocaína. Washington ya ha desplegado soldados y naves militares aéreas y marítimas en Ecuador, convertido en uno de sus principales aliados en el combate al tráfico de drogas.

Serán dos los drones con los que Ecuador reforzará las operaciones en la convulsa frontera con Colombia. “¡Drones Reaper: los nuevos cazadores del narcotráfico!”, dijo el ministerio de Defensa en redes sociales. Los MQ-9 Reaper, que han sido empleados por Estados Unidos en guerras contra Irán y en África, sirven como aeronaves espías y para ataques de precisión. Cada uno vale unos 30 millones de dólares.

“La cooperación internacional con #EstadosUnidos permite incorporar drones MQ-9 Reaper, con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento”, señaló el ministerio en un comunicado. El gobierno de Donald Trump ha intensificado su ofensiva militar contra los grupos narcotraficantes en Latinoamérica, en alianza con varios gobiernos de derecha.

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó en un video que “con dos de estos (drones)” se puede cubrir “los 732 kilómetros de frontera con Colombia”.

“Estamos arrancando un proyecto de fortalecimiento del control fronterizo y estas nuevas capacidades van a ser drones” estadounidenses, añadió.

Con el apoyo de Ecuador, Estados Unidos realiza operaciones militares en el Pacífico oriental.

Al menos siete barcos pesqueros de bandera ecuatoriana han sido hundidos cargados de combustible supuestamente al servicio de organizaciones narco.

Pese a la ofensiva conjunta, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa enfrenta una grave crisis de seguridad que convirtió al país en uno de los más violentos en 2025 con 51 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Conocidos como “cazadores asesinos”, los drones MQ-9 Reaper son aeronaves no tripuladas “de gran autonomía y equipadas con sensores y sistemas avanzados” que “amplían la capacidad para obtener información y detectar movimientos asociados a las economías criminales”, de acuerdo con el ministerio.

Según medios internacionales, el Pentágono planea trasladar la mayor parte de su flota de drones MQ-9 Reaper desde África a países aliados en la región como Colombia, Ecuador y Panamá para el combate al narcotráfico.

Noboa fue el primer mandatario latinoamericano en autorizar operaciones militares conjuntas en su país este año.

La Constitución de Ecuador prohíbe las bases militares extranjeras en la nación y los ciudadanos ratificaron en un referéndum el año pasado esa restricción. Ecuador forma parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Trump.

Fuente: AFP.