“Hoy estamos a punto de ganar la batalla más difícil de todas, estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas”, aseguró el presidente de El Salvador, Nayib Bukele en un mensaje ante el Congreso y transmitido en cadenas de radio y televisión con motivo de su tercer año de gobierno, el miércoles pasado.

El mandatario afirmó que desde el fin de la guerra civil (1980-1992) las pandillas o maras habrían sido las causantes de la muerte de al menos 120.000 personas. “En estos 30 años (después del fin de la guerra) el 70% de los salvadoreños fueron afectados por la violencia” de esos grupos criminales, remarcó Bukele.

El mandatario reconoció que las pandillas “controlaban el 80% del territorio del país”, incluyendo zonas donde vivían agentes de la policía y soldados, y “para colmo las pandillas tenían jueces y fiscales cómplices que los dejaban libres” un día después de su detención.

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“Hoy, El Salvador está muy cerca de vivir una nueva realidad que por décadas nos fue negada: tener un país sin pandillas”, enfatizó. El Salvador, con unos 70.000 pandilleros, lucha por escapar de la lista de los países con más homicidios del mundo.

Tras el asesinato de 87 personas en el país del 25 al 27 de marzo, el Congreso, controlado por aliados del gobierno y a pedido de Bukele, decretó un estado de excepción que ha sido prorrogado. La “guerra” de Bukele puso a miles de soldados a patrullar las calles y ha llevado en los últimos dos meses a la cárcel sin orden judicial a más de 36.000 presuntos integrantes de las “maras”, que se suman a 16.000 más que ya estaban en prisión.

El gobernante consideró que con las acciones tomadas por su gobierno ante la violencia el país va a pasar de ser el “más inseguro del mundo al país más seguro de América Latina”, y puso como ejemplo que en mayo solo se registraron 17 homicidios en el país.

Bukele aprovechó su discurso para arremeter contra sus críticos, entre ellos organismos internacionales, que le cuestionan signos autoritarios y presuntas violaciones a los derechos humanos. “El Salvador es un país soberano, aquí vamos a tomar las decisiones que consideremos correctas para nosotros y nuestro futuro. Todos los que quieran apoyarnos son bienvenidos y construir este sueño con nosotros, y los que no apártense”, fustigó.

“No vamos a permitir a que vengan a nuestra casa a decirnos qué hacer o a darnos órdenes”, señaló el mandatario al referirse a países que le han criticado por sus acciones. Insistió “queremos tener buenas relaciones con otros países, queremos ser aliados, amigos, socios; pero no colonia, ni patio trasero, ni patio delantero, como le quieran decir ahora”.

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Pero Bukele también arremetió contra organismos internacionales que le han criticado y señalado de violentar derechos humanos en el marco del combate a las pandillas y dijo que ellos “ni conocen El Salvador”. “De repente somos su prioridad, pasan todo el día comentando, sancionando, condenando y operando en El Salvador, pero antes no sabían ni dónde estaba (el país)”, agregó el mandatario.

Las críticas de parte de sus opositores se mantienen desde que en mayo de 2021 con ayuda de sus aliados en el Congreso destituyó a magistrados de una sala de la Corte Suprema y quitó al fiscal general, lo cual fue considerado “antidemocrático” por Estados Unidos.

El mandatario arremetió contra la oposición de izquierda y derecha de los partidos tradicionales a los que derrotó en los comicios de 2019 y que le acusan de instaurar en el país una dictadura. “Dicen que aquí hay una dictadura porque ahora sí hay liderazgo, hay valentía, hay firmeza y hay visión para hacer lo que el pueblo salvadoreño necesita (...) eso no se llama dictadura, se llama liderazgo y democrático”.

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) solicitó al gobierno de El Salvador poner fin al régimen de excepción que provoca detenciones masivas en el marco de una “guerra” contra pandillas, y advirtió que esa política viola derechos humanos y podría dar lugar a responsabilidad penal internacional.

“Amnistía Internacional solicita al Estado salvadoreño poner fin al régimen de excepción y revertir inmediatamente las reformas legislativas que atentan contra los derechos humanos”, declaró en rueda de prensa en San Salvador la directora regional para las Américas de AI, Erika Guevara.

Guevara hizo su llamamiento al presentar el resultado de una “investigación de crisis” sobre la situación humanitaria en El Salvador en el contexto de la imposición del régimen de excepción. Se ha generado “una grave situación de violaciones a los derechos humanos”, resumió la directora de AI.

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En respuesta a una escalada de violencia de las pandillas que dejó a fines de marzo 87 homicidios, el Congreso, a solicitud del presidente Nayib Bukele, aprobó el 27 de marzo el régimen de excepción, que ha sido prorrogado en dos ocasiones y finalizará a fines de junio.

La medida permitió a las autoridades detener sin orden judicial a más de 36.000 supuestos pandilleros que luego son enviados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional de 15 días a seis meses. El régimen de excepción restringe también el derecho a la defensa de los capturados, y la libertad de asociación.

A inicios de abril el Congreso controlado por el oficialismo, aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas y con hasta 15 años la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Esas reformas, según Guevara, “atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales”.

Advirtió que “la política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”. “A estas alturas (de lo actuado) los tres poderes del Estado (salvadoreño) tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado”, enfatizó.

El miércoles, Bukele, en un discurso a la nación con motivo de su tercer año de gobierno, aseguró que está “a punto de ganar la batalla” contra las pandillas y en respuesta a las críticas dijo que “El Salvador es un país soberano”, que “tomará las decisiones que (considere) correctas”.

Para Guevara, las víctimas de la violencia de las pandillas “merecen justicia de forma urgente” y no “la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno”. “La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36.000 personas en dos meses no habría sido posible sin la complicidad de instancias de justicia, incluida la Fiscalía, Procuraduría y el poder judicial que están sacrificando derechos humanos irrenunciables”, destacó.

Zaira Navas, abogada de la ONG salvadoreña Cristosal, Zaira Navas, aseguró que las audiencias en los tribunales “son masivas, con más de 500 personas procesadas”, por lo que el requerimiento de la Fiscalía “no tiene la individualización de la responsabilidad de cada persona”.

Cristosal atendió, en una plataforma virtual que habilitó, unos 850 casos de supuestos casos de “detenciones arbitrarias” y de “abusos de autoridad”. “Hemos registrado 23 ejecuciones (homicidios) en los centros penales”, enfatizó Navas. La mayoría de los detenidos son procesados por el delito de “agrupaciones ilícitas” y casi todos pasan a la siguiente fase de instrucción por seis meses prorrogables, por lo que una persona estar hasta dos años sin condena, explicó la abogada.

Fuente: AFP.