El agente fiscal de Asuntos Internacio­nales, Manuel Dol­dán, indicó que el Ministe­rio Público realizó nuevas acciones dentro de la inves­tigación sobre las supuestas cuentas bancarias ocultas que tendrían por beneficia­rios finales al expresidente de la República Mario Abdo Benítez, y su esposa Sil­vana López Moreira, y que no se limita solo al reque­rimiento de informaciones al Gobierno de la islas Sey­chelles.

Doldán dijo que, en el marco de la causa que investiga al líder del movimiento Colo­rado Añetete por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, el órgano extrapoder también requerirá informa­ciones a otros cuatro o cinco países con el fin de determi­nar la ruta de la millonaria suma de USD 21 millones, que fueron ocultos en cuen­tas bancarias del país locali­zado en África.

“Estamos trabajando en la redacción de otros varios exhortos para otros países sobre el mismo caso. Hasta ahora identificamos entre 4 y 5 países, pero por cues­tiones de investigación no quiero hablar sobre los paí­ses”, indicó Doldán, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, el agente fis­cal recordó que, en agosto pasado, el Ministerio Público remitió a la oficina del fiscal general de la República de Seychelles pedidos de coo­peración en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“Todavía no hay respuestas. Nosotros habíamos remitido el exhorto a la autoridad cen­tral que debe recibirlo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, la Convención de Mérida, pero las autoridades de la Fiscalía nos pidieron que, a la par de eso, hagamos el trámite por vía diplomá­tica, entonces yo inmediata­mente volví a enviarlo. Hay dos remisiones de exhortos por la vía de la autoridad cen­tral que es la legal y vía Can­cillería que es la diplomática que es la que Seychelles nos pidió “, afirmó.

La apertura de una investi­gación judicial contra Abdo Benítez surgió luego de una publicación realizada por la prensa argentina, en el portal Periodismo y Punto, el pasado 20 de julio, mediante datos obtenidos por una filtración de fuente confidencial.

La publicación periodística detalla que, con el número 3128614805, la primera de dos cuentas se encuentra locali­zada en el banco MCB Inter­national y presenta la suma de USD 12.316.108,44. Esta cuenta fue abierta en noviem­bre de 2022, año en que Abdo Benítez aún se desempeñaba como presidente de la Repú­blica.

Señala que la cuenta figura a nobre de la firma Star Capital Financial Services Limited y sus únicos autorizados eran Abdo Benítez y su esposa Sil­vana López Moreira.

Mientras que la segunda cuenta tiene el número 29478391, y fue abierta en setiembre del 2023a nom­bre de Exchange Contracts International Finance Limi­ted, un mes después de fina­lizar su periodo como jefe de Estado.

De acuerdo al informe con­fidencial, la cuenta presen­taba un balance de USD 8.716.581,02. Figuran tam­bién como beneficiarios fina­les Abdo Benítez y López Moreira.

Señala que entre los meses de noviembre de 2024 y mayo de 2025, la firma Star Capital recibió cuatro transferencias –desde Capi­tal Holdings Ltd., Logistic Accounting & Consultancy Ltd., Sports Marketing Plus Ltd. y Winward Brokerage LLC– por montos que van de USD 850.000 a USD 1,7 millones.

Mientras que Exchange Con­tracts recibió también cinco transferencias de empresas similares, cuyos montos van desde USD 600.000 hasta USD 950.000. El medio argentino agrega que estos registros, que figuran den­tro del informe confidencial, reflejan el “clásico el patrón de blanqueo de dinero”.

La Fiscalía General del Estado comunicó que dispuso la apertura de una causa penal contra los senadores Norma Aquino más conocida como Yamy Nal y Javier Vera alias Chaqueñito, tras la aparición de audios atribuidos a ambos legisladores que, según los informes oficiales, podrían contener hechos de relevancia penal. El fiscal que tiene a su cargo investigar es Luis Piñánez.

La decisión se fundamenta en el memorando D.G.F. N.º 914, emitido el 15 de septiembre, y en el informe 2071/2025 de la Dirección de Análisis de Información Estratégica, donde se detallan los antecedentes que motivan la investigación. El documento señala la existencia de una notitia criminis que habilita al Ministerio Público a actuar de oficio.

De acuerdo con el dictamen, los audios en cuestión ameritan la verificación de posibles conductas tipificadas en el Código Penal, por lo que corresponde la persecución de hechos punibles de acción pública.

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El Ministerio Público, en su rol constitucional de impulsar la acción penal, anunció que dispondrá de todos los recursos necesarios para reunir evidencias, sustentar una eventual acusación y dirigir el procedimiento judicial.

Asimismo, en uso de sus atribuciones legales y constitucionales, la Fiscalía resolvió la designación de un agente especializado en la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción N.º 9 de Asunción, quien estará a cargo de la investigación.

De esta manera, el caso ingresa formalmente a etapa penal, quedando en manos del Ministerio Público el avance en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.

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En la mañana de este viernes se realizó un allanamiento en un hotel en la zona céntrica de Encarnación en el marco de la investigación sobre el hallazgo de una camioneta en llamas y que en su interior estaba un cuerpo calcinado. El hecho se dio en una zona de cultivos sobre la Ruta PY14 en la colonia Paraná, en el distrito de Cambyretá, departamento de Itapúa.

Según el informe de los intervinientes, se llegó hasta el lugar luego de que se confirmara que la camioneta incinerada pertenecía a Junior Mohamed Awala López, de 24 años, y que su padre había viajado hasta la ciudad de Encarnación.

Aparentemente, Mohamed Alí Awala, de 54 años, quien se dedica al comercio y anteriormente era dirigente deportivo de la Liga Capiateña de Fútbol, habría viajado el jueves por la mañana hasta la ciudad de Encarnación a bordo del mencionado rodado y fue visto salir del alojamiento por la tarde a bordo del mismo.

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De la habitación del hombre se lograron incautar varias prendas de vestir, perfumes, documento de identidad, tarjetas de crédito, recibos y facturas con el nombre de Mohamed Awala y un total de 15.600.000 guaraníes en efectivo.

El comisario Javier Flores, en conversación con el canal de noticias NPY, remarcó que hasta el momento se desconoce el móvil del hecho y no se confirmó la identidad de la persona fallecida, pero se encuentran enfocados en determinar si el señor Mohaed Awala se habría reunido con alguien al salir del hotel.

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El procedimiento de autopsia del bebé de 42 días, que habría sido asesinado por su madre, culminó por la tarde de ayer jueves y los resultados se conocerán en un mes. Debido a la envergadura del caso y lo sensible de la situación, el médico forense no dio detalles del procedimiento y la fiscal remarcó la importancia de resguardar la investigación.

Según los informes preliminares, el menor habría sufrido dos heridas importantes, una a la altura del tórax y otra en el estómago; las mismas fueron atendidas de urgencia tras la intervención policial, pero lamentablemente el bebé falleció minutos después a pesar del esfuerzo de los médicos.

“Se realizó la autopsia, se extrajeron muestras y estarían aproximadamente entre 30 a 45 días los resultados, dando así la causa de muerte y los hallazgos forenses. Como es una causa que se encuentra en investigación, hay que tener presente el adelanto jurisdiccional”, comentó la fiscal Laura Guillen en conferencia de prensa.

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La agente del Ministerio Público evitó dar mayores detalles respecto al avance de la investigación y el proceso que se está siguiendo, pero comentó que se encuentra en conversación tanto con la acusada como con su pareja y padre del menor fallecido y que también se mantiene una línea de comunicación abierta con los familiares de ambos.

Remarcó que, paralelamente a la investigación abierta para aclarar en qué circunstancias se habría dado el homicidio del pequeño, también han ordenado que la mujer sea sometida a una serie de pruebas psicológicas y pericias psiquiátricas para determinar si la misma se encontraba en un estado mental vulnerable en el momento de cometer el hecho.

Si bien se trata de un caso de filicidio, la carátula de la causa abierta para la investigación es la de homicidio doloso, por lo cual se podría exponer a una pena privativa de libertad de entre cinco a veinte años, dependiendo de las circunstancias y agravantes que se tengan en cuenta a la hora del juicio.

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