Ecuador enfrenta un incremento de la violencia del narcotráfico, cuando las imágenes de los dos cuerpos colgados de un paso peatonal de Durán, una localidad próxima a Guayaquil (suroeste), prendieron las alarmas. Los hombres fueron asesinados, maniatados y suspendidos de la misma cuerda, según la Policía.
La prensa ecuatoriana destacó al unísono la singularidad del hecho. La Policía, entretanto, informó que los dos hombres habían desaparecido desde el 11 de febrero y se investigaba su posible secuestro. El comandante de la zona, Marcelo Cortez, añadió que el crimen podría estar relacionado con “la captura de siete toneladas de cocaína” el domingo en el puerto de Guayaquil.
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Una de las víctimas ya fue identificada por los medios como Carlos Alberto Escobar. Tenía 34 años y lo reconocieron por el “tatuaje de una virgen”, escribió en Twitter Karol Noroña, del portal informativo GK.
Solo en los últimos cuatro meses han sido ubicados cinco decapitados en Durán y la vecina Guayaquil, la zona más castigada por la violencia que autoridades asocian a la disputa de grupos locales del narcotráfico con nexos con los carteles mexicanos.
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Las bandas han desatado una brutal lucha en las cárceles ecuatorianas, convirtiéndolas en las más sangrientas de Latinoamérica. Cerca de 320 reclusos murieron el año pasado, la mayoría en la prisión de Guayas 1 de Guayaquil.
Ecuador fue por años lugar de paso hacia el exterior de la cocaína que se produce en Colombia y Perú -países fronterizos y los mayores proveedores mundiales de esa droga-, pero según los organismos de inteligencia el narco echó raíces y hoy tiene rutas, bodegas y actividades para el lavado de dinero.
Fuente: AFP.
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Tensión: Colombia acusa a Ecuador de “injerencia” tras anuncio sobre aranceles
Colombia acusó este sábado a Ecuador de “injerencia” en sus elecciones y de presentar como un gesto de “buena voluntad” de Quito la eliminación de aranceles decidida por la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
A las puertas de los comicios del domingo en Colombia, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció que eliminará el impuesto del 100 % a las importaciones del vecino país tras conversar con el candidato opositor colombiano Abelardo de la Espriella.
La disputa entre ambos países surgió en febrero, cuando Noboa acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el crimen organizado en la frontera común, e impuso aranceles. Desde entonces, ambas naciones se aplican gravámenes de hasta 100 %.
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El derechista De la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialismo, se perfilan para liderar la votación del 31 de mayo y disputar un balotaje el 21 de junio, según las encuestas. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha señalado que el gobierno de Noboa intenta interferir para impulsar a la extrema derecha.
Tras el anuncio de Noboa, la cancillería colombiana expresó su “categórico rechazo” a lo que calificó de “deliberada injerencia en el proceso electoral en curso en Colombia”.
“Esta intromisión de un mandatario extranjero en el devenir democrático de otro Estado constituye una flagrante conculcación del principio de no intervención en los asuntos internos, una amenaza a la soberanía nacional y un atentado al sistema democrático”, señaló la cartera en un comunicado.
Noboa afirmó que, tras su conversación con De la Espriella, ambos acordaron combatir de forma conjunta el narcotráfico en la frontera común. Colombia consideró que el presidente ecuatoriano presentó de manera “engañosa” su decisión sobre los aranceles.
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El gobernante ya había adelantado a inicios de mayo que reduciría el gravamen del 100% al 75% a partir del 1 de junio. La cancillería colombiana sostuvo que la eliminación de las tarifas responde a “órdenes perentorias” impuestas por la Secretaría General de la CAN. “Los asuntos comerciales y de integración deben permanecer al margen de consideraciones político-electorales y gestionarse con estricto respeto por la soberanía de los Estados”, añadió.
Fuente: AFP
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Colombia: elección dividida a la sombra de la violencia contra exguerrilleros
La exguerrillera Nidia Arcila firmó la paz sin imaginar que diez años después las montañas donde combatió estarían bajo el fuego de nuevos rebeldes y narcos. La pregunta sobre cómo enfrentar el conflicto armado divide a Colombia antes de las elecciones presidenciales. Entre verdes montañas, los pobladores del municipio de Algeciras en el departamento del Huila (suroeste) sufren la violencia de tres disidencias de las FARC que se apartaron del histórico acuerdo de paz de 2016 y hoy están enfrentadas entre sí por las rentas del narcotráfico.
La AFP visitó este poblado en plena campaña para las elecciones del 31 de mayo, donde los defensores de derechos humanos y excombatientes son constantemente hostigados. “La paz no nos puede seguir costando la vida”, escribe en una cartelera Arcila, de 41 años, durante un evento en el estadio del pueblo.
Desde la firma del pacto, 492 exguerrilleros han sido asesinados, según el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenča. Entre ellos la pareja de Arcila, Ronald Rojas. Ambos se conocieron a inicios de los 2000 en las filas de las FARC. “Él dice que tomó agua del (río) Putumayo y por eso fue que se enamoró de una india”, recuerda sonriente la excombatiente amazónica reclutada desde niña.
Cuatro años después de adherirse al tratado, como lo hicieron otros 13.000 exguerrilleros, la pareja escuchó disparos mientras conversaba en su casa en una zona rural del Huila. Tres proyectiles impactaron en el pecho de Rojas, que murió poco después en una clínica.
La justicia no ha dado con los responsables, pero esta madre de dos hijos sospecha que pudo deberse a que Rojas “estuvo muy comprometido con la implementación del acuerdo”. “Me siento como más débil. Me siento sola”, relata a la AFP desde Neiva, capital del departamento. Allí administra una tienda, decorada por coloridos murales, donde vende café y otros productos elaborados por excombatientes y víctimas del conflicto.
Dos caminos
Colombia vive la peor ola de violencia en la última década y esa es una de las principales preocupaciones en la campaña electoral. La pregunta sobre cómo enfrentar a los grupos armados divide al país en dos visiones irreconciliables. El líder de las encuestas, el senador izquierdista Iván Cepeda, apuesta por continuar la estrategia de negociaciones de paz con las organizaciones ilegales, en línea con el presidente Gustavo Petro.
De segundo en los sondeos figura el abogado derechista Abelardo de la Espriella, quien propone una guerra frontal. La violencia contra quienes creyeron en la paz fractura aún más la discusión. En Algeciras 12 personas entre excombatientes y familiares directos han sido asesinados. En el último ataque armado, en enero, un antiguo guerrillero quedó gravemente herido y su esposa murió.
Funcionarios, la iglesia católica y la Misión de Verificación de la ONU, que examina las garantías de seguridad del tratado, llegaron al poblado de 22.000 habitantes para escuchar el clamor de las víctimas. La violencia es “el principal obstáculo para consolidar el proceso de reincorporación” de quienes firmaron la paz, dice Jenča.
Johnesmith Rincón, excombatiente de 39 años que hoy dirige una fundación juvenil en el municipio, se moviliza acompañado por un escolta estatal tras recibir amenazas, según él, relacionadas con actividades vinculadas al acuerdo. “El camino es la reconciliación”, dice, y guarda la esperanza de que algún día “Algeciras pueda vivir en paz”.
“Ingresar o morir”
Colombia ha visto un “crecimiento de la presencia de grupos armados”, motivado por el “fracaso de la paz total”, dice Alejandro Chala, investigador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz. A menos de tres meses de dejar el poder, Petro no logra desactivar el conflicto con ninguna de las organizaciones con las que intentó negociar.
De su lado la derecha aboga por una “ofensiva total del Estado”, dice Chala, y apela a la nostalgia del gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), que acorraló a las guerrillas, pero también acumuló miles de denuncias por crímenes de las fuerzas de seguridad en alianza con paramilitares. Mientras tanto los grupos criminales buscan reclutar a los excombatientes por su experiencia, “los presionan a ingresar o morir”, dice Chala.
“Ellos dicen que yo sé manejar los números (...) y que necesitan trabajar conmigo”, asegura un antiguo miliciano logístico en las FARC que pide anonimato por las amenazas que recibe ante su negativa de retomar las armas. En el poblado donde vive, nadie conoce su pasado. “Mis mejores años se los dediqué a la guerrilla y no quiero volver a ponerme esas botas”.
Fuente: AFP.
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Campaña presidencial en Colombia cerró en medio de crisis de violencia
La campaña para las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia cerró ayer domingo con la izquierda amenazada de perder el poder frente a la derecha conservadora en medio de una grave crisis de violencia. El senador izquierdista Iván Cepeda, puntero en las encuestas, realizó un acto multitudinario en Barranquilla (norte), donde prometió ampliar la inversión en asuntos sociales “para poner el Estado al servicio” de los “excluidos”.
Por primera vez en el gobierno, la izquierda propone profundizar los programas de asistencia estatal impulsados por el presidente Gustavo Petro, quien está impedido por ley de buscar la reelección. Miles se congregaron en la ciudad caribeña para aplaudir a Cepeda, un filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años.
Las encuestas prevén un balotaje el 21 de junio entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, un abogado millonario de derecha cuya principal bandera es la mano dura contra los grupos armados ilegales. En una plaza de toros llena en Medellín (noroeste), el opositor enarboló las banderas contra el crimen financiado por el narcotráfico.
Colombia atraviesa por el peor pico de inseguridad en una década al término del gobierno de Petro, que intentó negociar la paz con organizaciones guerrilleras, paramilitares y narcos que se fortalecieron tras el pacto de paz que desarmó a las FARC, entonces la mayor guerrilla del continente.
La campaña estuvo marcada por la muerte en agosto pasado tras un atentado a bala del senador de derecha Miguel Uribe, que aspiraba a ser candidato presidencial. “A la gente como ustedes, protección, y a los bandidos, muerte o cárcel”, clamó de la Espriella, de 47 años, dentro de una urna de cristal antibalas desde la que da sus discursos.
“Vamos a derrotar el comunismo”, “vamos a hacer grande a esta nación”, aseguró el candidato, un profeso admirador de Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. La senadora opositora Paloma Valencia, que aparece en un tercer escalón en las encuestas, realizó su acto en un coliseo de Bogotá.
Cercana al influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), la dirigente de 50 años planteó dos caminos para Colombia: “Entregarnos a los violentos con la continuidad de la paz total”, la política de Petro de negociar con las organizaciones armadas, o “la autoridad y el orden”. “¡Sí se puede!”, gritaban los seguidores de la que podría ser la primera presidenta de la historia del país.
Fuente: AFP.
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Un hombre de 71 años asesinó a su yerno tras agresión familiar en Horqueta
Un hombre de 71 años de edad acabó con la vida de su yerno tras un suceso de violencia familiar. El hecho se registró en la localidad de Callejón Santa Rosa, distrito de Horqueta. Surge como presunto autor del hecho Victoriano Sosa Franco (71), quien fue aprehendido tras confesar haber disparado contra su yerno, Justo Germán Cardozo Torres (39), quien falleció.
De acuerdo al informe de la Comisaría 3ª, el incidente ocurrió alrededor de las 19:00 del sábado. Sosa Franco manifestó a los intervinientes que su yerno llegó al domicilio en estado etílico, agredió a uno de sus hijos con un palo y los amenazó de muerte. Ante el peligro, el septuagenario extrajo un rifle calibre .22 de su habitación y efectuó un disparo que impactó en el abdomen de Cardozo.
La policía trasladó a la víctima aún con vida al Hospital Distrital de Horqueta, donde la doctora Milagros Ramírez confirmó su deceso minutos después. En el sitio se incautó el rifle utilizado y un cartucho sin percutir. La médica forense, Fanny Melgarejo, determinó como causa de muerte un “traumatismo abdominal cerrado producido por proyectil de arma de fuego”.
El fallecido contaba con antecedentes penales por violencia familiar en el año 2021, tentativa de homicidio en 2017 y hurto agravado. El supuesto autor se encuentra recluido en la Comisaría 3ª de Horqueta a disposición del Ministerio Público, bajo la unidad de la fiscal Ana María Otero. El cuerpo de la víctima fue entregado a su esposa tras los peritajes de Criminalística.
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