El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, concedió este lunes el indulto a reos con enfermedades graves y terminales y a presos por infracciones de tránsito como parte de un plan para reducir la población en las cárceles del país donde recientes revueltas han dejado más de 300 muertos.
Con el fin de “establecer acciones efectivas para la recuperación de la paz y aliviar la sobrepoblación carcelaria”, el gobernante firmó dos decretos en los que “concedió el indulto presidencial a personas privadas de la libertad, bajo ciertas condiciones”, señaló la secretaría General de Comunicación, en un comunicado.
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Sin precisar cuántas personas quedarán en libertad, la cartera agregó que se aplicará el indulto a los presos sentenciados por “infracciones de tránsito que no impliquen muertes ni lesiones”. También recibieron el perdón presidencial los reos que padezcan enfermedades que implican un alto riesgo para la vida o terminales.
Los indultos consisten en el “perdón de las penas privativas de la libertad”, pero en ningún caso extinguen las medidas de reparación que haya dictado un juez y multas. La medida es parte de un plan del gobierno para combatir la violencia dentro de las cárceles debido a disputas entre bandas criminales ligadas al narcotráfico.
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El proyecto -anunciado el 14 de noviembre tras la última masacre que dejó 62 muertos- incluye un proceso de pacificación en las prisiones y el uso de las Fuerzas Armadas y la Policía para mantener el orden dentro de los reclusorios.
En Ecuador hay 65 prisiones con capacidad para 30.000 personas, pero están ocupadas por casi 39.000, de las cuales 15.000 están sin sentencia. Las penitenciarías del país se han convertido en escenarios de matanzas. Solo en setiembre perdieron la vida 119 reclusos en la cárcel Guayas 1, en Guayaquil, en una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica.
En esa misma prisión los choques entre bandas dejaron el 13 de noviembre 62 muertos. Varias de las víctimas fueron mutiladas e incineradas en una acción que el Ejecutivo calificó de “barbarie”.
Fuente: AFP.
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Inflación de EE. UU. se desacelera en junio por caída de precios de la gasolina
La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.
Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.
El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5 % en medición interanual, frente a 4,2 % registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.
Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7 % en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.
Analistas anticipaban un aumento del 3,8 %, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.
La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.
Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.
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Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.
La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.
“Cero tolerancia” a precios altos
Ahora los ojos están sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien el martes aseguró que el banco central terminará con el sostenido “rebrote de la inflación”.
Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Warsh dijo que los responsables de la política monetaria tienen “cero tolerancia” con la persistencia de los precios altos. Los legisladores estadounidenses cuestionaron a Warsh sobre el progreso en disminuir la inflación, entre otros asuntos.
Por su parte, los mercados están atento a pistas de que la Fed planee subir las tasas de interés a finales de este año, pese a la constante presión de Trump para que las recorte.
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Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0 %, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.
Al ser interrogado el martes de si actuaría según los deseos de Trump o guiado por las señales de la información económica, Warsh dijo: “Mi compromiso es acatar la ley y seguir los datos, guiarnos por nuestro mejor juicio”.
“Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”, añadió Warsh en sus declaraciones iniciales ante la comisión.
La Fed también monitorea los efectos de las inversiones en IA en la inflación y en el mercado laboral, dijo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News que los datos del martes consistían en el “absolutamente mejor informe de inflación que hemos visto en unos seis años”.
Restó importancia a las disrupciones previstas por el conflicto en Medio Oriente, y dijo que el camino hacia unos precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos solo había sufrido “un pequeño tropiezo” por Teherán.
El IPC disminuyó 0,4 % entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.
Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2 % mensual. Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6 % interanual.
Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.
- Fuente: AFP
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El Canal de la Muerte: el macabro vertedero que refleja la violencia en Ecuador
Cuando un ser querido desaparece, sus familiares suelen contactar hospitales, la morgue y la policía. Pero en un rincón de Ecuador azotado por la violencia criminal, lo habitual es buscarlos en el Canal de la Muerte, donde han sido hallados decenas de cadáveres. Georgina Bermeo estaba boca abajo, con la ropa sucia y rodeada de maleza cuando allegados encontraron su cuerpo en mayo en este vertedero de muertos a cielo abierto en el noroeste de Guayaquil.
El ducto, de más de 45 kilómetros, atraviesa Nueva Prosperina, considerado el distrito más violento del principal puerto comercial de Ecuador. Fue concebido hace más de una década para riego agrícola, pero los vecinos dicen que tras la pandemia se llenó de cuerpos y aguas contaminadas. Una vía de tierra bordea el canal, entre basura, perros flacos y gallinazos. No hay iluminación ni cámaras de vigilancia, pero sí hombres armados en motocicleta que controlan el acceso, según residentes.
A Bermeo, de 38 años, y a su esposo José Cedeño, de 43, les robaron y luego les dispararon. El cuerpo del hombre también fue lanzado al canal. “El único pecado de nosotros es ser negros”, dice por teléfono a la AFP la hermana de la mujer, bajo anonimato por temor a grupos criminales que operan en el país, que en 2025 registró un promedio de un asesinato por hora, según cifras oficiales. La mujer desistió de denunciar los crímenes, porque según ella “los policías están comprados por los delincuentes”.
“La muerte nos visita”
“Se vive con miedo, con las puertas cerradas y no hay cómo abrir porque la muerte nos visita”, cuenta Juan Ordóñez, un dirigente barrial radicado allí desde hace 40 años que vio cadáveres atascados en las compuertas al final del ducto. Desde 2023, la policía forense ha retirado más de 100 cuerpos del canal, algunos dentro de sacos de yute o desnudos. En noviembre encontró una fosa con nueve cabezas, brazos y torsos.
“Dejan cadáveres, de tres a cinco, y aparecen flotando aquí en el canal”, señala Miguel Ángel Tenemaza, un taxista de 45 años. “Es un lugar para botar cadáveres. Los ejecutan ahí o más arriba y son arrastrados por la corriente”, indica el teniente Christian Echeverría, de la unidad policial que indaga muertes violentas. El oficial perdió la cuenta de los cuerpos recogidos allí durante los tres años que trabajó en Guayaquil, un puerto estratégico utilizado por organizaciones criminales para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Abusos
Jonathan Villón acababa de darle el desayuno a sus tres hijos cuando fue detenido en un operativo militar en Guayaquil en 2024. Desde entonces está desaparecido. En su informe sobre Ecuador en marzo, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU informó haber recibido denuncias sobre al menos 51 casos de desaparición presuntamente perpetrados por agentes estatales desde 2024.
Las denuncias de abusos policiales y militares han aumentado en el marco de la estrategia del presidente Daniel Noboa contra el crimen organizado, respaldada por Estados Unidos. El conductor del camión que transportaba a los militares que detuvieron a Villón testificó que lo dejaron con vida en el Canal de la Muerte. La hermana de Villón, quien pidió no ser identificada, recorrió dos veces el acueducto. Tras denunciar públicamente la desaparición, le prohibieron el ingreso. La última vez la “sacaron a bala”.
Su pareja fue asesinada el año pasado y, debido a amenazas de muerte, ella y su madre huyeron de Guayaquil. “Las bandas trabajan con los militares”, afirma. En el poder desde 2023, Noboa gobierna bajo un estado de excepción casi permanente. Pero el crimen no cede en el país ni en esta ciudad de casi tres millones de habitantes, donde según datos oficiales entre enero y mayo hubo más de 900 asesinatos.
“Matan por otras partes”
La vida junto al canal transcurre entre el abandono estatal y la presión de las organizaciones criminales, denuncian los habitantes de Nueva Prosperina. Los taxistas evitan ingresar a la zona, donde faltan servicios básicos. Desde un cerro se observan casas sin ventanas. Están ocupadas por bandas criminales, dice bajo reserva un policía que acompañó a la AFP. “Desde allí nos apuntan con fusiles”, dice. “Nada se hace aquí sin permiso de ellos”, añade. Eva Sevillano vive en el sector desde hace 30 años. “Matan por otras partes y los tiran aquí, y somos los perjudicados”, lamenta mientras aprieta una Biblia.
Fuente: AFP.
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Tragedia en Ecuador: desbordamiento de un río deja 5 muertos tras fuertes lluvias
Cinco personas fallecieron por el desbordamiento de un río que arrasó casas y vegetación en el sur de Ecuador, cerca de la frontera con Perú, informó ayer sábado la Secretaría de Gestión de Riesgos.
Las intensas lluvias en la región amazónica provocaron la emergencia el viernes en la noche en una zona rural de la ciudad de Zamora. Imágenes difundidas en medios locales muestran viviendas y autos destruidos, y zonas enteras inundadas o cubiertas por lodo.
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El presidente Daniel Noboa lamentó la muerte de dos funcionarios “mientras ayudaban a evacuar a familias afectadas por la emergencia”. “Su vocación de servicio y su entrega hasta el último momento merecen el respeto y la gratitud de todo un país. Ecuador no los olvidará”, indicó el mandatario en X.
Según el Ministerio de Defensa, “han sido rescatados 38 ciudadanos y 10 bomberos”. “Las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria continúan en la zona”, añadió en un comunicado.
El Ministerio de Defensa informó este domingo a través de un posteo en la red social X que las operaciones de búsqueda y asistencia continúan sin descanso.
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Fuente: AFP
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EE. UU. designa como organización terrorista al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers
Estados Unidos anunció el miércoles que designa como organización terrorista extranjera al grupo criminal ecuatoriano Chone Killers, una facción que se separó de los Choneros en 2020.
Chone Killers “ha llevado a cabo numerosos ataques (...) incluidos asesinatos de alto perfil de autoridades públicas” explicó un comunicado del secretario de Estado, Marco Rubio.
Los grupos ecuatorianos Los Choneros y Los Lobos fueron declarados organizaciones terroristas extranjeras en setiembre del año pasado.
“La Administración Trump, en asociación con Ecuador y el presidente Daniel Noboa, seguirá protegiendo nuestro hemisferio manteniendo las drogas ilícitas fuera de nuestras calles e interrumpiendo las fuentes de ingresos” aseguró el comunicado.
Tras el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, Estados Unidos dio un paso significativo en el combate al crimen organizado, al designar como organizaciones “narcoterroristas” a más de una decena de grupos o cárteles en América Latina, en México, Colombia, Brasil o Ecuador.
Coordinar la lucha contra el crimen
Esa designación, según la interpretación jurídica del gobierno Trump, permite mano libre a la hora de atacar a los grupos o a sus líderes, sea donde sea.
Washington empezó por atacar militarmente a lanchas de presuntos narcos en el Caribe, y luego en el Pacífico, a partir del 2 de setiembre pasado.
Esas acciones, que provocaron alarma de gobiernos progresistas en la región, han causado como mínimo 215 muertos, según un recuento de la AFP.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y jurídicas han denunciado esos ataques con misiles, que no suelen dejar supervivientes, como una violación flagrante del derecho internacional.
El pasado 12 de junio el Pentágono atacó la guarida del líder de la banda criminal venezolana Tren de Aragua, Niño Guerrero, que murió en la operación.
El ataque contó con la colaboración del gobierno venezolano, a cargo de la presidenta interina Delcy Rodríguez, con el que se han estrechado enormemente los lazos tras la operación de captura y extracción del país de Nicolás Maduro.
El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, es uno de los fieles aliados de Trump en la región, y ya ha visitado Estados Unidos en varias ocasiones para coordinar la lucha contra el crimen organizado.
Las tropas extranjeras que participen en la lucha contra el crimen organizado en Ecuador gozarán de inmunidad, según un decreto que emitió Noboa hace 12 días.
Por el territorio ecuatoriano transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga.
El narcotráfico convirtió al país en uno de los más violentos de Latinoamérica, con 51 asesinatos por cada 100.000 habitantes, según Insight Crime.
Fuente: AFP