El tribunal electoral de Nicaragua inhabilitó este viernes pasado al partido derechista Ciudadanos por la Libertad, que lidera una alianza opositora contra la reelección del presidente Daniel Ortega, en una última decisión de una escalada represiva contra la oposición en el país centroamericano.

Se ordena “cancelar la personalidad jurídica del partido político Ciudadanos por la Libertad (CxL)”, anunció el Consejo Supremo Electoral (CSE) en una resolución leída por su secretario de actuaciones, Luis Luna, a medios oficialistas.

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La medida deja al CxL, el principal bloque opositor, fuera de las elecciones generales del 7 de noviembre, en las que Ortega, un exguerrillero de 75 años que está en el poder desde 2007, busca obtener un cuarto mandato sucesivo al mando del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda).

La ley prohíbe a los partidos políticos que no están legalizados participar en procesos electorales. El CSE tomó la decisión luego que el también derechista partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria y que ha sido señalado de colaborar con el gobierno, pidiera horas antes anular al CxL alegando actuaciones reñidas con la ley.

Según el texto presentado por el PLC, el bloque opositor de CxL tiene como presidenta nacional y representante legal a Carmella Rogers Amburn, conocida en el ámbito político como Kitty Monterrey, quien “tiene doble nacionalidad (estadounidense y nicaragüense), en notoria violación a la ley”.

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Ante esta supuesta irregularidad, el PLC pidió al CSE “declarar nulo todo lo actuado por el partido CxL”. En respuesta, el tribunal electoral, en manos del oficialismo, también canceló la cédula de identidad de la presidenta de CxL. Según el CSE, cuando la presidenta de la agrupación tramitó su cédula “utilizó procedimientos irregulares proveyendo” nombres diferentes.

“Lo hizo de manera totalmente fraudulenta”, alegó el CSE, que la acusó además de tener “comportamientos fuera de las condiciones y regulaciones técnicas legales para esta clase de organizaciones políticas”. La agrupación CxL confirmó que a su presidenta le fue retirada su nacionalidad nicaragüense, lo que la deja como ciudadana estadounidense con una situación migratoria complicada y sujeta a una posible deportación.

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El despojo de la legalidad del partido CxL, una agrupación que surgió en 2017 como escisión del liberalismo, se produjo dos días después que el CSE inhibiera a su candidata a la vicepresidencia, la exreina de belleza Berenice Quezada, a causa de polémicas declaraciones que molestaron a las filas del oficialismo.

Quezada, de 27 años, era la compañera de fórmula electoral de Óscar Sobalvarro, de 68 años y exjefe de la denominada “contrarrevolución”. “La democracia no puede ser cancelada”, protestó Sobalvarro en Twitter.

Se conoció que los directivos y miembros de la alianza temen ahora ser detenidos, como parte de la ola de arrestos que vive el país de cara a las elecciones. Al menos 31 líderes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio, en su mayoría por “traición” a la patria.

Entre los presos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba en las encuestas como potencial rival para enfrentar a Ortega. En tanto, poco después que el tribunal electoral inhabilitara a CxL, el candidato a la presidencia del PLC, el empresario Milton Arcia, renunció a su postulación en protesta por la actuación de su partido, fundado por el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002).

“Mi renuncia va... Creo que aquí Nicaragua tenemos que luchar por la democracia”, dijo Arcia a la AFP. “Soy un hombre demócrata que quería que todo mundo participara, que ganara el mejor”, agregó, tras lamentar que su partido se haya prestado para esta maniobra política.

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Con la salida de la alianza CxL de las elecciones, Ortega se dispone a conquistar cómodamente su tercera reelección sucesiva frente a cinco partidos derechistas que son tildados de “colaboracionistas” por la oposición. Estas acciones demuestran “la ilegitimidad de este proceso electoral totalmente amañado y cooptado por el régimen en el que no hay garantías mínimas para respetar la voluntad de la ciudadanía”, reclamó el movimiento opositor Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) en un comunicado.

La comunidad internacional ha condenado los arrestos y acciones judiciales contra los opositores y demandado la realización de elecciones libres. Este viernes, Estados Unidos congeló las visas a 50 familiares de funcionarios nicaragüenses ligados al gobierno de Ortega, para un total de 150 visas retiradas desde julio por Washington.

Más de 30 funcionarios y familiares del mandatario han sido sancionados con restricciones migratorias y financieras por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá en los últimos tres años. Ortega ha minimizado las presiones y dicho que situaciones “más difíciles” ha vivido Nicaragua, en alusión al conflicto político-militar que enfrentó con Estados Unidos durante su primer mandato, en los años 80.

La oposición al gobierno de Nicaragua quedó marginada de las elecciones generales del 7 noviembre en las que el presidente Daniel Ortega disputará un cuarto mandato contra candidatos sin chance mientras sus principales adversarios están presos, según analistas.

“La oposición quedó dispersa y con un liderazgo apresado. Las opciones para ganar (las elecciones) bajo estas condiciones son nulas”, consideró el analista y exdiputado opositor Eliseo Núñez. Al menos 31 importantes opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, han sido detenidos desde junio pasado bajo cargos en su mayoría de “traición” a la patria.

Con ellos, la lista de disidentes presos en el marco de la crisis política que vive el país tras la represión a las protestas de 2018 aumentó a 136, según la oposición. Entre los detenidos está Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien se perfilaba como potencial competidora para enfrentar al sandinismo y estaba bien posicionada para luchar por la presidencia, según algunos ciudadanos y estudios de opinión.

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“Las principales caras de la oposición democrática, entre ellas las precandidaturas presidenciales que contaban con el mayor margen de preferencia... se encuentran secuestradas (detenidas) por la dictadura, en el exilio o en la clandestinidad”, protestó en un comunicado la opositora Unidad Nacional Azul Y Blanco (UNAB), formada por varios grupos que participaron en las protestas de 2018.

Varios opositores y críticos del gobierno optaron por abandonar el país en los últimos dos meses por temor a ser encarcelados en la nueva ola de arrestos, entre ellos el exguerrillero de la revolución y ahora opositor Luis Carrión, quien salió después de que tres excamaradas de lucha fueran arrestados por la policía.

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“Estaba claro que el siguiente en la lista era yo”, reveló a la prensa Carrión, un disidente del gobernante Frente Sandinista (FSLN, izquierda) que ha cuestionado el liderazgo de Ortega. A la lista de exiliados se sumó también la aspirante presidencial y abogada María Moreno, quien pretendía correr bajo las banderas de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha).

“No tengo por quién votar, mi candidato a presidente” está preso, expresó el activista opositor Josué Garay en redes sociales. Tras desmantelar a la oposición, Ortega, quien gobernó durante la revolución en los años 80 y retornó al poder en 2007, fue proclamado el lunes por su partido como candidato para una tercera reelección sucesiva, nuevamente en una fórmula con su esposa Rosario Murillo, quien es su vicepresidenta desde 2017.

La mayoría de los encarcelados apoyó las protestas de 2018 que pedían la renuncia de Ortega, cuya represión dejó al menos 328 muertos y 100.000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. “La verdadera oposición está en la cárcel, exiliada o escondida”, coincidió el exdiplomático y sacerdote Edgar Parrales.

Para el gobierno, la revuelta de 2018 fue un fallido golpe de Estado promovido por Washington con el apoyo de la oposición, empresarios y sacerdotes, a quienes ha descalificado en sus discursos como “peleles” y “perros”. En sus recientes discursos, Ortega argumentó que los opositores presos son “conspiradores que preparaban un nuevo golpe de Estado”, acusó a Estados Unidos de querer “boicotear” las próximas elecciones y descartó liberar a los disidentes presos.

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“El panorama es tétrico en las actuales circunstancias” para la oposición, afirmó Parrales, para quien los candidatos de los seis grupos de derecha que se inscribieron el lunes ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) para participar en los comicios no buscan un “cambio verdadero”. “La oposición quedó atomizada y sin carisma”, estimó.

El bloque opositor más fuerte en la contienda es la alianza CxL, que, según Parrales, para muchos termina haciéndole el juego a Ortega. “No tuvo el carácter suficiente para enfrentar” al gobierno cuando les encarcelaron a casi todos sus aspirantes presidenciales, inscribiendo al final como fórmula electoral al exguerrillero de la denominada contrarrevolución Oscar Sobalvarro, y a la ex reina de belleza Berenice Quezada, sin experiencia política. Desde el exilio, el sociólogo Oscar Vargas opinó que “Ortega sigue en el poder porque ha sabido golpear al movimiento social y triturar a los personajes de la política nacional”.

El exguerrillero de la denominada “Contra” Oscar Sobalvarro y la ex reina de belleza Berenice Quezada fueron inscritos este lunes ante el principal órgano electoral de Nicaragua como fórmula presidencial del bloque opositor Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL, derecha) para las elecciones del 7 de noviembre. Ambos candidatos fueron los primeros en acudir a formalizar su inscripción ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) en compañía de la representante legal de la agrupación, Kitty Monterrey.

“Estamos cumpliendo con una actividad del calendario electoral que es la inscripción de candidatos”, declaró Sobalvarro al salir de la sede del CSE en Managua, custodiada por policías en medio de la tensión derivada de la conflictiva situación política existente entre el gobierno del socialista Daniel Ortega y la oposición.

Sobalvarro, de 68 años y conocido como “comandante Rubén”, es un exjefe de la desaparecida contrarrevolución que Estados Unidos financió contra la Revolución Sandinista en los años 80. Funge además como primer vicepresidente de la CxL.

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La fórmula Sobalvarro-Quezada fue seleccionada por esa fuerza de manera sorpresiva el pasado 28 de julio, luego de que el gobierno ordenara a la policía detener a la mayoría de sus principales aspirantes presidenciales acusándolos de “menoscabar la soberanía” y otros delitos.

Sobalvarro demandó el cese del “asedio y la represión” contra los opositores para que la campaña electoral se desarrolle de manera tranquila. Por su parte Quezada, una modelo de 27 años sin trayectoria política que ganó el certamen Miss Nicaragua en 2017, abogó por la liberación de los “presos políticos” del gobierno.

“En Nicaragua las condiciones las pone el pueblo saliendo a votar como lo hizo” en las protestas contra el gobierno en 2018. “Quiero que Nicaragua sea libre”, dijo Quezada, graduada en administración turística. Entre los aspirantes presidenciales de CxL detenidos están el académico y exembajador en Estados Unidos Arturo Cruz, el economista Juan Sebastián Chamorro y el conservador Noel Vidaurre.

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También está bajo arresto domiciliario Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien figuraba como potencial aspirante para enfrentar a Ortega en su eventual candidatura a la reelección. La CxL y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza parlamentaria, son las dos principales agrupaciones de la derecha opositora que correrán contra el gobernante Frente sandinista (FSLN, izquierda).

El FSLN decidirá este lunes la posible postulación de Ortega, exguerrillero de 75 años que gobernó entre 1979 y 1990, para luego volver al poder en 2007 y logró que le reeligieran dos veces consecutivas. Nicaragua, de 6,5 millones de habitantes, elegirá en noviembre al presidente, vicepresidente, 92 diputados nacionales y 20 diputados del Parlamento Centroamericano.

Fuente: AFP.