El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció ayer viernes el inicio de “conversaciones” en el extranjero con el clan del Golfo, la mayor banda de narcotráfico del país que bate récords de narcocultivos.

El poderoso grupo ilegal de origen paramilitar que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia, con más de 7.500 miembros entre combatientes y redes de apoyo, es el mayor productor de cocaína del mundo y uno de los principales retos de seguridad del primer gobierno izquierdista del país.

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“Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista”, dijo Petro durante un evento en Córdoba (norte), sin dar más detalles. El anuncio se da mientras el país atraviesa su peor ola de violencia, provocada por los grupos ilegales, desde el histórico acuerdo de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El clan del Golfo insiste en ser reconocido como un grupo político y recibir un trato judicial diferenciado similar al de la guerrilla y los escuadrones paramilitares. Estos están sometidos a un sistema de justicia transicional, en el que prima la reparación a las víctimas y la memoria histórica por sobre las penas de cárcel. Para los expertos en procesos de paz, el grupo narcotraficante no cumple con los requisitos para acceder a la justicia transicional.

“Su conexión con economías ilícitas desde su fundación” y la falta de un “proyecto político detrás de la organización” la alejan de esta categoría, dijo a la AFP Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para La Paz (FIP). A finales de julio, el gobierno presentó una cuestionada propuesta ante el Congreso para someter a los grupos criminales con beneficios como la reducción de penas y la no extradición, a cambio de su desarme.

Desde que arrancó su mandato en 2022, Petro intenta negociar el desarme de los distintos grupos armados, sin éxito hasta ahora. “Estamos intentando quitar las finanzas” de los grupos que “hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia”, declaró el presidente.

Durante el mandato de Petro, los grupos armados, financiados por actividades como el narcotráfico o la minería ilegal, se han fortalecido, según expertos. Con el estancamiento de la política de paz y a menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, Arias considera que “no hay tiempo” para lograr un acuerdo de paz con el Clan del Golfo.

“No hay tiempo ni espacio político para avanzar en un proceso de paz (...) Hay una clara instrumentalización de estos anuncios para hacer campaña electoral para 2026”, dijo. En medio del récord de narcocultivos en el país, con 253.000 hectáreas registradas en 2023 según la ONU, las fuerzas armadas llevan a cabo una gran ofensiva para intentar frenar al grupo narcotraficante.

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Los analistas afirman que el recrudecimiento de la ofensiva contra los grupos ilícitos responde a presiones de Estados Unidos, socio histórico de Colombia, en sus horas más bajas de relación bilateral. El anuncio de las conversaciones llega el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para combatir a los cárteles latinoamericanos considerados “terroristas globales”.

Se espera que en setiembre Estados Unidos decida si renueva la certificación a Colombia como aliado en la lucha antidrogas. Si no lo hace, el país sudamericano dejará de recibir ayuda de ese país para combatir a las guerrillas y los narcotraficantes.

Fuente: AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció ayer jueves la jurisdicción de Perú sobre una isla en el río Amazonas ubicada en la frontera entre ambos países, una declaración que el gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte rechazó enérgicamente. Existe una disputa histórica entre Colombia y Perú sobre la línea fronteriza en el río Amazonas, que con frecuencia cambia su cauce y genera nuevas islas.

La isla Santa Rosa está ubicada en el río Amazonas y en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. Según las autoridades peruanas es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona.

“La denominada isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la única asignación binacional de islas entre la República de Colombia y la República del Perú, realizada en el año 1929, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”, aseguró Petro el jueves.

Habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia por esta disputa. “Colombia no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, aseguró Petro. El gobierno de Colombia, que hace un año ya había calificado de “ocupación irregular” la presencia peruana en la isla, dijo esta semana que ese territorio nunca fue “asignado” a Perú y pidió que una comisión binacional se pronuncie al respecto.

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El gobierno de Boluarte reaccionó más tarde a los dichos de Petro a través del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que leyó una declaración desde la isla Santa Rosa, adonde viajó este jueves. “Rechazamos categóricamente estas expresiones que desconocen la soberanía peruana”, señaló Arana ante periodistas y autoridades locales de Santa Rosa.

Desde Japón, donde se encuentra de visita oficial, Boluarte declaró que “nuestra isla Chinería está dentro de nuestra soberanía nacional, por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, según un comunicado. El canciller Elmer Schialer, que la acompaña en ese viaje, había dicho más temprano que Petro “no tiene razón jurídica, ni histórica, ni geográfica”.

“La isla Santa Rosa no es un nuevo islote. Es parte del territorio peruano reconocido desde hace más de un siglo. Esta es una situación que se debe manejar con prudencia, sin escalar tensiones entre pueblos hermanos”, señaló al canal N. Schialer dijo que había propuesto al gobierno colombiano adelantar para el 11 y 12 de septiembre una reunión técnica binacional prevista inicialmente para octubre para tratar temas fronterizos. En su discurso en Leticia, Petro confirmó esa fecha y dijo que la reunión tendrá lugar en Lima.

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Las dinámicas hidrológicas del río Amazonas hacen que la delimitación de la frontera sea compleja. Según un tratado bilateral firmado en 1922, la división territorial se establece en el punto más profundo del río. La disminución del caudal del río Amazonas en los últimos años preocupa a los expertos hidráulicos colombianos, que advierten que el país podría quedarse sin acceso directo al río. Este fenómeno tendría un impacto negativo en Leticia, capital amazónica e importante puerto comercial colombiano.

Lima sostiene que en Santa Rosa los pobladores y las autoridades siempre fueron peruanos. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes. “Nosotros hacemos patriotismo peruano” pero queremos buscar “la solidaridad entre las tres fronteras”, dijo el martes a la AFP Walter Rubio, un pescador de 43 años y local de la isla.

Fuente: AFP.

Las autoridades colombianas apuntaron este miércoles a la disidencia guerrillera fundada por el histórico líder de las FARC Iván Márquez como posible autor intelectual del atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe, hospitalizado en cuidados intensivos desde hace casi dos meses.

La Segunda Marquetalia es una disidencia de la extinta guerrilla de las FARC formada por combatientes que retomaron las armas tras firmar el acuerdo de paz del 2016 y que según inteligencia militar tiene más de 2.000 miembros.

“Todo apunta a que muy seguramente la Segunda Marquetelia forma parte de este entramado en términos de los determinadores (del atentado) pero eso está en investigación”, dijo Carlos Fernando Triana, director de la policía, en una rueda de prensa.

Uribe, un senador opositor de 39 años, fue baleado durante un mitin en un barrio popular de Bogotá el 7 de junio. Desde entonces, permanece conectado a un respirador artificial y su diagnóstico es reservado.

En las últimas semanas, sus familiares celebraron su entrada en un proceso de neurorehabilitación. Su hermana, María Carolina Hoyos, aseguró recientemente que su recuperación es un “milagro”.

Hasta el momento hay seis detenidos por el caso incluido el atacante, un menor de 15 años. A principios de julio la policía detuvo a Elder José Arteaga Hernández, conocido como “El Costeño”, cerebro logístico del ataque y pieza clave para llegar a los autores intelectuales.

El ataque a Uribe, favorito de la derecha para las elecciones presidenciales de 2026, reabre heridas en un país atravesado por la violencia y los atentados contra políticos en las décadas de 1980 y 1990.

El gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro inició diálogos de paz con la Segunda Marquetalia a mediados de 2024 en Venezuela, pero actualmente están suspendidos ante la falta de avances.

Las autoridades sospechan que Márquez y el segundo al mando, alias Zarco Aldinever, están muertos, aunque esas versiones no han sido confirmadas. La investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, no descarta la hipótesis de la policía.

La Segunda Marquetalia podría tener intereses en un atentado como este para desestabilizar al país y así “consolidar control territorial”, poner a este gobierno o el próximo “contra las cuerdas” o “parecer más grandes de lo que son”, señaló en declaraciones a Blu Radio.

Fuente: AFP

La fiscalía estadounidense descartó pedir la pena de muerte para el mexicano Ismael “Mayo” Zambada, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, acusado de narcotráfico en una corte de Nueva York, informaron fuentes judiciales ayer martes. La decisión de la fiscal general, Pam Bondi, cierra así la posibilidad de que en caso de que Zambada, de 77 años, se siente en el banquillo de los acusados pueda ser castigado con la pena capital.

“El gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al tribunal y a la defensa que la fiscal general ha autorizado e instruido a esta oficina a no buscar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García“, señala el oficio del fiscal del Tribunal del Distrito Este de Brooklyn, Joseph Nocella.

Tras eludir a la justicia mexicana durante cuatro décadas, Zambada fue detenido el 25 de julio de 2024 en suelo estadounidense tras llegar en un pequeño avión en compañía de Joaquín Guzmán López, un hijo del célebre narcotraficante mexicano Joaquín “Chapo” Guzmán.

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Zambada dijo haber sido víctima de una emboscada y engañado por Guzmán López, uno de los denominados “Chapitos”, para ser traído a la fuerza a Estados Unidos a cambio de ventajas judiciales para él y sus hermanos, cuyos casos se instruyen en un tribunal de Chicago, Illinois (norte).

El pasado 14 de septiembre, Zambada se declaró no culpable de los 17 cargos de los que le acusa la justicia estadounidense, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.

Esta decisión de la fiscal estadounidense, equivalente a ministra de Justicia, abre la puerta a un posible acuerdo de culpabilidad que le evitaría eventualmente un juicio, como al que se sometió su socio en el cartel de Sinaloa, el Chapo Guzmán, condenado a cadena perpetua en el mismo tribunal y por el mismo juez, Brian Cogan, que instruye ahora el caso de Zambada.

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La suerte de Zambada está estrechamente vinculada a dos hijos del Chapo, detenidos en Illinois. Uno de ellos, Ovidio Guzmán López, conocido también como “Ratón”, que fue extraditado a Estados Unidos en 2023, se declaró el pasado 11 de julio culpable de cargos de narcotráfico, lo que le evita ir a juicio. Es también probable que tenga una pena más corta que la de su padre.

En caso de que Zambada se someta a juicio, sin duda, Ovidio Guzmán, de 35 años, será uno de los testigos estrella de la fiscalía. Su hermano Joaquín, que llegó junto a Zambada, también está detenido en Illinois y se espera que también llegue un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Chicago a cambio de rebajas carcelarias.

Las autoridades estadounidenses acusan a Ovidio, a Joaquín y a sus medio hermanos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar (estos dos últimos en libertad) de liderar desde 2016, cuando fue detenido su padre, el cartel de Sinaloa, designado por el gobierno de Donald Trump como organización “terrorista” global. México ha reclamado la extradición del Mayo, cuya captura desató una guerra interna entre sus herederos y los hijos del Chapo que ha dejado más de 1.200 muertos y 1.400 desaparecidos en el estado de Sinaloa, según cifras oficiales.

Además del Mayo y los Chapitos, en suelo estadounidense se encuentran en espera de juicio un grupo de 29 notorios narcotraficantes, entregados por el gobierno mexicano. Entre ellos, el veterano capo Rafael Caro Quintero, acusado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985 y que también puede ser punible con la pena de muerte. En julio, México extraditó a Héctor Manuel Avendaño Ojeda, presunto operador de Zambada, acusado también de narcotráfico.

Fuente: AFP.