Agentes Especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), del Grupo de Investigación Sensible (Gise), detuvieron esta mañana a José Ignacio Hermoza Ledesma, durante un allanamiento de un inmueble rural ubicado en la Colonia Americana, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeyú.

El detenido es señalado como hombre de confianza y mano derecha de Felipe Santiago Acosta, alias “Macho”.

Al respecto, el titular de la Senad, ministro Jalil Rachid, indicó que el aprehendido se dedicaba a la coordinación logística entre la banda de “Macho”, con las comunidades indígenas de la zona. Señaló que el detenido es una persona que ya fue identificado como parte de esta estructura y venía siendo investigado en el marco de la Operación Ignis de que data del 2023.

“Esta persona está prófuga y constituía en aquel entonces un brazo logístico muy importante a la estructura de Felipe Santiago Acosta. De hecho, el hoy aprehendido se dedicaba a la coordinación operativa y logística de la estructura de alias ”Macho”, con grupos de indígenas de la zona. Para nosotros, esta captura, significa un golpe más a esta estructura y que en definitiva hoy ya está puesto a disposición del Ministerio Público y del órgano jurisdiccional", precisó.

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El ministro Rachid recordó además que se tiene conocimiento al menos desde el 2023, que alias “Macho”, utilizaba a las comunidades indígenas como escudo protector para cometer sus actividades ilícitas. No obstante, aclaró que con esta afirmación, no está señalando a todas las comunidades de pueblos originarios que estén involucrados en las mismas actividades.

“Se sabe perfectamente que Acosta utiliza a comunidades indígenas y a ciertos indígenas para cometer sus ilícitos. Básicamente, forman parte de su logística operativa teniendo en cuenta su condición de comunidad indígena. Es una estrategia ya utilizada hace tiempo por él y que lo viene haciendo desde entonces; al menos desde el 2023, hasta la fecha para poder escudarse de esta forma con la utilización de comunidades indígenas”, explicó.

Asimismo, el titular de la Senad destacó que desde el inicio de la operación de Ignis y los golpes estratégicos que han llevado adelante desde la Senad, se logró el debilitamiento de la estructura del trafico de drogas en Canindeyú.

Indicó que anteriormente su principal actividad era el narcotráfico en la zona, pero hoy en día debido a los golpes estratégicos que la Senad junto a los organismos de seguridad, obligaron a esta estructura criminal a “un cambio de rubro”; pasando del tráfico de drogas a la extorsión a los productores de la zona.

“Nosotros tenemos demostrado y corroborado por diversos medios y trabajos de inteligencia que él se pasa realizando amenazas y extorsiones utilizando a comunidades indígenas y amedrentando a los productores para lograr autofinanciarse de esta forma. Básicamente lo que hace es extorsionar usando la fuerza y arma letal contra los productores exigiendo montos suma de dinero por las cosechas de los granos de la agricultura mecanizada, exigiendo fuertes sumas de dinero para poder autofinanciarse de ese modo”, acotó.

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Estados Unidos anunció este jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de la estatal petrolera Ecopetrol y exgerente de la campaña del izquierdista Gustavo Petro, que lo llevó a la presidencia en 2022.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado.

Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esfuerzos esos conjuntos, recordó.

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Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumiera en agosto el presidente de derecha Abelardo de la Espriella, que venció a Petro en las últimas elecciones.

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el poderoso político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, en el Caribe colombiano.

También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a poseerse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo.

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedan sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados Julio César Porras Velarde, coordinador fiscal de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz, y Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.

• Fuente: AFP

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El Congreso de Colombia aprobó el martes el presupuesto para 2027, en un claro respaldo al gobierno del derechista Abelardo de la Espriella pero proyecta un déficit fiscal que estará entre los más altos de la región. Después de casi 20 horas de discusión, en la madrugada ambas cámaras dieron luz verde a un presupuesto equivalente a unos 201.000 millones de dólares presentado por el gobierno, que prometió recortes en el tamaño del Estado y austeridad.

La aprobación supone la primera victoria legislativa de De la Espriella desde que asumió el poder el 7 de agosto. Pero la oposición critica su impacto en el empleo, los sectores más pobres y el pacto de paz de 2016 que desarmó a la guerrilla de las FARC. Además proyecta un déficit fiscal para el próximo año de 9,4 % del PIB, similar al de Brasil, el más alto de Latinoamérica.

“Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. (...) Mi reconocimiento especial por su patriotismo”, escribió De la Espriella en X. El monto contempla recortes para varias entidades, entre ellas el tribunal surgido del acuerdo de paz y encargado de juzgar los peores crímenes del conflicto armado, que verá reducida su financiación en unos 57,5 millones de dólares contra unos 235 millones de presupuesto anterior (-24 %).

“Va a condenar a los jóvenes a la pobreza, porque no le va a permitir a la gente en los territorios vivir en dignidad (...) Con el presupuesto presentado están recortando derechos consagrados en la Constitución”, dijo Oscar Benavides, representante opositor. El Pacto Histórico, partido del expresidente Gustavo Petro, convocó a movilizaciones el próximo 24 de noviembre en contra del presupuesto.

Del total de los recursos aprobados unos 124.500 millones de dólares se destinarán a gastos de funcionamiento. “Tenemos que aceptar un recorte en la inversión y necesitamos un entorno de austeridad”, afirmó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante el debate.

El gobierno no ha detallado qué gastos planea reducir, aunque se comprometió a presentar en los próximos tres meses una iniciativa legislativa para disminuir el gasto público en 2,2 % del PIB. También se aprobaron unos 1.236 millones de dólares para la atención y prevención de desastres, aunque la oposición recordó que la reconstrucción tras el terremoto de agosto se estima en unos 9.500 millones de dólares.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia cuestionó un proyecto de ley del gobierno derechista de Abelardo de la Espriella con el que pretende agilizar la identificación de grupos terroristas al considerar que algunos puntos son inconstitucionales, según el acta de una reunión a la que la AFP tuvo acceso el martes.

El llamado “estatuto antiterrorista” es una de las principales medidas de seguridad del mandatario, que asumió el poder el 7 de agosto con la promesa de “mano dura” contra los grupos criminales con apoyo de Estados Unidos. El proyecto contempla que el gobierno tenga la facultad para clasificar como “terroristas” o “colaboradores del terrorismo” a grupos armados, narcotraficantes y otras organizaciones ilegales sin condenas o investigaciones judiciales previas.

Para el presidente de la Corte, Carlos Roberto Solórzano, la inclusión de una persona u organización en ese registro no puede convertirse, por sí sola, en una prueba de culpabilidad para justificar sanciones penales o patrimoniales. Laura Bonilla, de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló a la AFP que, bajo el discurso de la lucha antiterrorista, la iniciativa oculta intereses políticos.

“Es un caballo de Troya, que se muestra como una lucha contra el terrorismo pero que por dentro está plagado de causas políticas”, expresó. El acta al que tuvo acceso la AFP corresponde a una reunión interna del Consejo Superior de Política Criminal en la que se discutió el proyecto de ley. La Corte consideró que el texto vulnera derechos como la presunción de inocencia y la propiedad privada, ya que contempla el decomiso de bienes y la congelación de activos de los considerados por el gobierno como terroristas o colaboradores del terrorismo.

Aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, De la Espriella inspira su estrategia en políticas de lucha contra el terrorismo impulsadas por Washington. El nuevo estatuto debe ser discutido y aprobado por el Congreso, donde De la Espriella cuenta con mayorías. Washington ha designado como terroristas a organizaciones ilegales de México, Colombia y Ecuador.

Fuente: AFP.

Un deslizamiento de tierra dejó nueve muertos y más de una decena de desaparecidos en una mina de oro ilegal en el suroeste de Colombia, en una zona de difícil acceso controlada por grupos armados, informaron las autoridades locales el lunes.

La minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los poderosos grupos armados presentes en Nariño, región fronteriza con Ecuador.

En las minas informales, los trabajadores suelen operar bajo deficientes medidas de seguridad.

“Varias personas están sepultadas (...) el reporte que tenemos hasta el momento es de nueve muertos”, dijo Álex González, secretario de paz y seguridad de Nariño, a la cadena Caracol.

También hay entre 12 y 15 desaparecidos, según la entidad regional encargada de atender desastres.

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Videos compartidos en redes muestran a personas con palas y una retroexcavadora removiendo escombros entre barro.

Según la gobernación de Nariño, los equipos de rescate tienen dificultades para acceder al lugar del accidente debido al complicado terreno y a la presencia de grupos criminales, que se financian también del narcotráfico y la extorsión.

“Las comunidades no tienen más alternativas económicas que estas actividades supremamente riesgosas. La minería artesanal prácticamente se perdió”, dijo una fuente de la gobernación a la AFP.

La extracción ilegal de oro es una de las causas de la deforestación en Colombia e implica riesgos como la contaminación de ríos con mercurio.

La Defensoría del Pueblo pidió apoyo aéreo de las fuerzas militares y garantizar el acceso al personal médico y humanitario.

En agosto otro accidente minero en Nariño dejó trece muertos.

Fuente: AFP

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