El gobernador mexicano del oficialismo acusado de nexos con el narcotráfico por Estados Unidos, Rubén Rocha Moya, anunció sorpresivamente el viernes que deja el cargo de manera provisional para facilitar las investigaciones de la fiscalía general mexicana. El gobernante del estado de Sinaloa (noroeste), que es cercano al expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, tachó de “falsas y dolosas” las acusaciones de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que pidió su captura con fines de extradición.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia (separación) temporal al cargo de gobernador", dijo en un anuncio difundido en un video en YouTube poco antes de medianoche. Estados Unidos transmitió al gobierno mexicano la solicitud para que Rocha Moya sea detenido junto con otros nueve políticos del oficialismo.

Uno de ellos es Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán -capital de Sinaloa-, quien también comunicó que dejaba el cargo. La fiscalía estadounidense acusa al gobernador y a los otros nueve políticos de haberse asociado con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

La separación del cargo de estos dos funcionarios allana el camino para que sean investigados, toda vez que por sus cargos gozaban de fuero y se requería un procedimiento legislativo de desafuero para ser llamados por las autoridades. Las renuncias se conocen unas horas después de que la fiscalía general mexicana señalara que no hay pruebas para detenerlos, y de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que su gobierno no aceptará intervenciones de gobiernos extranjeros.

Hace casi dos años, cuando fue detenido en Estados Unidos Ismael “Mayo” Zambada, uno de los jefes del cartel de Sinaloa, el nombre de Rocha Moya se vio envuelto en el caso. Desde una cárcel estadounidense, el capo denunció que había sido engañado y “secuestrado” por los hijos de su exsocio criminal Joaquín “Chapo” Guzmán, que lo convocaron a una supuesta reunión encabezada por Rocha Moya, para limar asperezas entre los políticos de Sinaloa.

El gobernador salió pronto a rechazar todo nexo con narcotraficantes y argumentó que el día de la presunta reunión estaba en Estados Unidos. “No tenemos complicidad con nadie”, sostuvo en ese entonces Rocha Moya. La fiscalía general mexicana es la encargada de analizar actualmente la solicitud de Washington.

Pero este viernes anunció que al momento no hay suficientes pruebas en contra de los acusados y dijo que pedirá a Estados Unidos más elementos. “No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el por qué de la urgencia de la detención provisional”, dijo en rueda de prensa la tarde del viernes Raúl Jiménez, del área de asuntos internacionales de la fiscalía general.

La denuncia contra Rocha Moya ha sacudido al gobierno de Sheinbaum y su partido izquierdista Morena, pues es la primera vez que un gobernador o un senador en funciones son acusados judicialmente de estar vinculados al tráfico de drogas. El jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las acusaciones y pidió a Estados Unidos presentar pruebas “irrefutables”.

La tarde del viernes, en un evento público en el sureño estado de Chiapas, la mandataria advirtió además que no permitirá que gobiernos extranjeros violen la soberanía mexicana, aunque sin referirse explícitamente a Estados Unidos o a este caso.

“Ningún gobierno extranjero puede entrar en nuestro territorio. Porque aquí habemos mexicanas y mexicanos que defendemos la patria. Por eso, cualquier gobierno extranjero se topa con principios”, subrayó. El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.

Fuente: AFP.

El senador Iván Cepeda, candidato presidencial de la izquierda gobernante en Colombia, marcha como favorito a un mes de las elecciones del 31 de mayo, según una encuesta publicada el jueves. El aliado del mandatario Gustavo Petro mantiene la delantera en las predicciones desde el inicio de la campaña electoral, que transcurre en medio de graves alteraciones del orden público por el conflicto armado.

Una encuesta de la firma Guarumo publicada por el periódico El Tiempo indica que Cepeda cuenta con el 38 % de la intención de voto, por delante del abogado de derecha Abelardo de la Espriella (23,9 %) y la senadora opositora Paloma Valencia (22,8 %). El filósofo y defensor de derechos humanos de 63 años también aparece como favorito en otras encuestas publicadas en las últimas semanas.

La medición del jueves indica un empate técnico en un eventual balotaje con De la Espriella, pero una derrota con Valencia, delfín del influyente exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010). Si uno de los candidatos consigue más del 50 % de los votos en la primera vuelta, se convertiría en presidente electo.

Después de llegar por primera vez al poder en 2022 con Petro, la izquierda se enfrenta a una nueva prueba electoral en un país golpeado por el repunte de la violencia. De la Espriella y Valencia son fuertes críticos de la política del presidente Petro de negociar la paz con todos los grupos armados ilegales, que a cuatro meses del fin de su mandato no avanza.

Guerrillas y grupos de origen paramilitar desafiaron esa voluntad de paz y continuaron operando gracias a las rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión. El fin de semana unos rebeldes mataron con explosivos a 21 civiles, el ataque más mortal contra la población en décadas. De la Espriella y Valencia son críticos de la llamada “paz total” de Petro y prometen mano dura contra el crimen si llegan a la presidencia.

La derecha defiende una política de persecución contra los grupos armados como la que aplicó Uribe junto a Estados Unidos al llegar al poder a principios de siglo. De su lado, Cepeda apuesta por continuar las políticas sociales de Petro que durante su gobierno ordenó un aumento récord del salario mínimo, amplió los derechos de los trabajadores, entre otras reformas de izquierda.

Fuente: AFP.

El gobierno colombiano evalúa enviar a India 80 hipopótamos, un insólito legado del narco Pablo Escobar, luego de recibir una propuesta del hijo de un magnate indio para acogerlos en ese país y mitigar así su reproducción descontrolada. Colombia aspira a sacrificar desde este año a parte de los 200 hipopótamos considerados especie invasora en el país, luego de ser introducidos como una excentricidad del barón de la cocaína, abatido por la policía en 1993.

Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani, pidió formalmente al gobierno colombiano el martes que suspenda esta decisión y ofreció acoger a los hipopótamos en su enorme centro de atención de animales Vantara, en India. La ministra de Ambiente colombiana, Irene Vélez, divulgó el jueves una carta en la que el gobierno pide a India que confirme si el refugio cuenta con los permisos necesarios para realizar la reubicación de los animales y si sus instalaciones están en capacidad de recibirlos.

También “para saber si (las autoridades indias) autorizan o no el traslado de hipopótamos al centro Vantara”, escribió Vélez en X. Escobar importó cuatro hipopótamos en la década de 1980 para su zoológico personal en el centro del país. Tras su muerte, los animales escaparon y se establecieron en las riberas del río Magdalena, donde han alterado el ecosistema e incluso han atacado a pescadores. Es la manada más grande de hipopótamos fuera de África.

El ministerio de Ambiente estima que sin medidas de control podrían llegar a los 500 individuos en 2030. Las autoridades también realizan costosos procesos de esterilización y plantearon su traslado a otros países como alternativa al sacrificio. Vélez había dicho recientemente que los hipopótamos son rechazados por una mutación genética debido a la endogamia. Grupos animalistas intentaron frenar el sacrificio con un recurso judicial que fue negado por un juzgado.

Fuente: AFP.

Hace casi dos años, el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya fue vinculado a la exitosa captura del gran capo del narcotráfico Ismael “Mayo” Zambada. Pero ahora el político oficialista es acusado por Washington de ayudar a narcos a enviar cantidades masivas de droga a Estados Unidos. Rocha Moya, de 76 años, nació en Badiraguato, comunidad de Sinaloa cuna del clan de Joaquín “Chapo” Guzmán. Maestro de profesión, compaginó academia y política, siempre militando en partidos de izquierda.

Actualmente pertenece al partido Morena del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de su heredera política, la mandataria Claudia Sheinbaum. Rocha Moya “es muy cercano a López Obrador, tiene décadas de amistad con él, hizo campaña con él”, dijo a la AFP David Mora, analista de la consultora Crisis Group.

El “Mayo” Zambada, jefe histórico del cartel de Sinaloa junto con Joaquín “Chapo” Guzmán, fue detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas, con dos hijos de su exsocio criminal. Días después, en una carta desde la prisión, el “Mayo” reclamó que había sido engañado y “secuestrado” por los Guzmán, que lo convocaron a una supuesta reunión encabezada por Rocha Moya, para limar asperezas entre los políticos de Sinaloa.

Un hijo del “Chapo” le había pedido mediar en un conflicto entre Rocha y el diputado opositor electo Héctor Cuén, quien según el capo era un “viejo amigo” y fue “asesinado” en el mismo lugar de la celada. El gobernador salió pronto a rechazar todo nexo con narcotraficantes y argumentó que el día de la presunta reunión estaba en Estados Unidos. “No tenemos complicidad con nadie”, sostuvo.

López Obrador respaldó entonces a Rocha Moya, y además apuntó sus cañones hacia Estados Unidos, al achacar a Washington la violencia que la captura del capo narco desató en Sinaloa entre las facciones de los Zambada y los Guzmán. “No se puede actuar así”, reclamó.

La fiscalía de Nueva York acusa a Rocha de recibir ayuda de los hijos del “Chapo”, conocidos como “Los Chapitos”, para llegar a ser gobernador. “A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya se reunió con los ‘Chapitos’, a quienes les prometió protección mientras distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos”, dice la acusación.

En la década de 1980 Rocha Moya fue diputado estatal, después se convirtió en rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y en 2018, de la mano de la campaña de López Obrador, fue electo senador. El exmandatario izquierdista fue pieza clave para impulsar su candidatura al gobierno de Sinaloa en 2021. Pero Mario Zamora, un opositor que fue rival de Rocha Moya en aquella elección, denunció tras los comicios la presunta actuación del crimen organizado en favor del oficialismo.

Hubo una “intervención muy clara, documentada con todos los elementos, donde el crimen organizado apoya de manera contundente a un proyecto político (...) se hicieron dueños de un estado”, dijo el jueves el político y actualmente diputado del exhegemónico PRI a Radio Fórmula. El consultor David Mora subraya que la cercanía de Rocha Moya con López Obrador, quien conserva una gran influencia en el oficialismo, deja a Sheinbaum en una posición “muy compleja”, quizá en el momento “más difícil” en sus 19 meses de presidencia.

El caso Rocha Moya estalla cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, exige a México resultados en la lucha contra el narcotráfico. Y cuando ambos países y Canadá revisan el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC, muy criticado por Trump. “Están poniendo a Sheinbaum a elegir entre su partido y Trump”, dice el analista. “Los costos son altísimos de lo uno y de lo otro”, resume.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió ayer jueves a Estados Unidos pruebas “irrefutables” en el caso del gobernador de Sinaloa y nueve personas más acusadas de nexos con el narcotráfico por la fiscalía de Nueva York. Rubén Rocha Moya, miembro del partido oficialista Morena, gobierna ese violento estado desde 2021 y es considerado cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Los otros imputados también son miembros del partido en el poder.

“Si la fiscalía general (...) recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana o en su propia investigación encuentre elementos constitutivos de un delito, deberá proceder” a la solicitud de detención para extraditar a los acusados a Estados Unidos, dijo Sheinbaum en su rueda de prensa matutina. La mandataria izquierdista señaló además que, si no se presentan pruebas, sería evidente que “el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.

“No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero venga a decidir el futuro del pueblo en México”, añadió Sheinbaum al cuestionar las motivaciones de la acusación. La fiscalía estadounidense asegura que Rocha Moya y otros nueve “antiguos o altos funcionarios del gobierno y de las fuerzas del orden” se asociaron con el cártel de Sinaloa “para distribuir enormes cantidades de narcóticos en Estados Unidos”.

Esta es la primera vez que un gobernador en funciones es acusado de narcotráfico. “No vamos a proteger a nadie” en caso de que se compruebe la culpabilidad de los acusados, dijo la mandataria. En Culiacán, capital de Sinaloa y sede del gobierno de Rocha, la población inquieta solo habla de las acusaciones contra los funcionarios de su estado, incluidos un senador y el presidente municipal.

“Que los investiguen y si están coludidos, que vayan a la cárcel”, dice con voz firme a AFP Alma Delia, una habitante de Culiacán que resguarda su apellido por temor a represalias. “Si están investigando, tiene que salir todo a la luz” porque “no tenemos seguridad de nadie” en Sinaloa, agrega quejándose de la Guardia Nacional y de los militares.

Rocha Moya, de 76 años, rechazó las acusaciones tan pronto se conocieron y ayer jueves convocó un evento público en el municipio de Navolato, según medios mexicanos. “Siento ser una persona limpia”, se limitó a responder a preguntas sobre los cargos en su contra.

Sheinbaum dijo durante su conferencia de prensa que ya había conversado telefónicamente con el gobernante estatal. “Le manifesté: si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas”, insistió la mandataria. Desde hace días los gobiernos de México y Estados Unidos cruzaban reclamos por la presencia de dos agentes de la CIA un operativo antidrogas, sin el consentimiento del gobierno mexicano.

Estos dos agentes murieron en un accidente automovilístico cuando volvían del operativo. De acuerdo con analistas, a Washington le desagradó la forma en que el gobierno mexicano respondió a este asunto. “Se puso la presidenta sarcástica” y se burló incluso de un discurso reciente del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México y experto en seguridad nacional.

Johnson criticó el fin de semana la corrupción en el país durante la inauguración de unas obras en Sinaloa. “Ese nivel de relación no va a favorecer a México, porque desafortunadamente estamos haciendo negociaciones” con Estados Unidos, un país “con mucha más capacidad de presión”, indicó Benítez Manaut.

Washington podría decir: “Ya no hay tratado” de libre comercio con México. Esto sería un fuerte golpe a la economía nacional, consideró el analista. El cártel de Sinaloa fue designado como organización terrorista por el gobierno de Trump, quien ejerce una fuerte presión para detener el tráfico de drogas hacia su territorio, en particular del fentanilo.

La mandnnataría desestimó algunas de las pruebas presentadas por los estadounidenses, como una supuesta relación de pagos de sobornos a los políticos señalados. “Es de llamar la atención, es una hoja de papel”, describió. La gestión de Rocha Moya, de 76 años, está marcada por la confrontación entre los “Chapitos” y los herederos del otro cofundador del cártel de Sinaloa, Ismael “Mayo” Zambada, preso en Estados Unidos.

El enfrentamiento entre ambos grupos ha dejado centenares de muertos y desaparecidos en el estado. Los presuntos nexos del gobernador de Sinaloa con el crimen organizado salieron a la luz en una carta del “Mayo” Zambada, en la que afirmaba que fue llevado bajo engaños a Estados Unidos cuando se dirigía a una reunión con Rocha Moya.

Fuente: AFP.