Una publicación del diario español ABC da a conocer la supuesta renuncia del viceministro del Interior de Cuba, el general de brigada Jesús Manuel Burón Tabit, quien tomó la decisión luego de criticar el uso excesivo de la fuerza durante las represiones a los ciudadanos quienes protestan desde el domingo 11 de julio en varios lugares de la isla caribeña.
“Hay lío en el seno del Ejército y diferencias entre militares de la vieja guardia y generales jóvenes”, dijo el general a las fuentes del medio español. Esto deja al descubierto la desavenencia entre los mandos militares con relación a las protestas ciudadanas en la isla que hasta ahora han dejado un fallecido, 5.000 personas detenidas y decenas de desaparecidos.
Se bajan del barco
El joven tuitero Agustín Antonetti, quien ha cobrado notoriedad por sus publicaciones sobre la ola de indignación popular que recorre la isla, anunció también en su cuenta de redes la renuncia de Burón Tabit. “Muchas personas del gobierno se están bajando del barco”, agregó.
Por su parte, Yoani Sánchez, periodista y crítica al régimen que controla la isla desde 1959, denunció que las ciudades principales de Cuba se encontraban bajo control militar y varios comunicadores independientes estaban siendo controlados por la policía política cubana y otros se encontraban con paradero desconocido.
Alimentadas por la crisis económica que sacude al país, las manifestaciones del domingo, que degeneraron en enfrentamientos con las fuerzas del orden, son las más grandes desde el triunfo de la revolución en 1959, pero el gobierno niega un “estallido social”.
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El Congreso de Bolivia abre vía para frenar protestas con un estado de excepción
El Congreso de Bolivia abrió ayer martes la vía para que el presidente Rodrigo Paz pueda declarar un estado de excepción que le permitiría usar a los militares y restringir algunas libertades con el fin de frenar las masivas protestas que exigen su renuncia. Con más de dos tercios de votos a favor, la Cámara de Diputados eliminó una norma que limitaba desde 2020 la capacidad del presidente de aplicar estados de excepción. Suprimida también previamente por el Senado, Paz queda con el camino libre.
“Queda sancionada la presente ley”, dijo el jefe de la Cámara, Roberto Castro, tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, a la que asistieron 117 de los 130 diputados. Paz, con seis meses en el poder, encara desde inicios de mayo bloqueos de rutas y protestas de trabajadores de distintos sectores que pedían medidas para enfrentar la crisis económica, la peor en cuatro décadas, y ahora su renuncia.
Además de poder sacar a los militares a las calles para apoyar a la policía en la contención de las manifestaciones, los estados de excepción limitan las libertades de movilidad y reunión, vitales para protestar. Los críticos de la derogación de la norma, como el diputado Edwin Valda, argumentaron el riesgo de violaciones a los derechos humanos. Para su colega Sonia Siñani, con la decisión de ayer martes se echará “gasolina al fuego” en las protestas.
En cambio, los defensores señalan que la ciudad de La Paz, sede del gobierno, sufre un grave desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles por los bloqueos. “Esta ley ha sido una camisa de fuerza” para resolver el problema, opinó el diputado Alejandro Reyes. La derogación de la norma, impulsada por el oficialista Partido Demócrata Cristiano, fue exonerada del trámite común para sacarla adelante en solo una semana.
La norma eliminada se remonta a la crisis social de hace seis años, que dejó más de 30 muertos y derivó en la renuncia del entonces mandatario Evo Morales, tras su última reelección entre acusaciones de fraude de la oposición. Tras asumir el poder la derechista Jeanine Añez, el Congreso, entonces aún controlado por el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, buscó atar de manos al gobierno en la aplicación de mecanismos de represión de las protestas.
Bajo esa ley, los estados de excepción debían ser aprobados por los parlamentarios, que además podían modificarlos para evitar posibles abusos de poder. El gobierno de Paz asegura que las protestas buscan “alterar el orden democrático” y acusa a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de impulsarlas.
Fuente: AFP.
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Bolivia: manifestantes rechazan el diálogo con el gobierno de Paz
Una multitudinaria marcha en la capital política de Bolivia derivó el lunes en choques con la policía, pese a que el presidente Rodrigo Paz anunció que bajará a la mitad su salario, en un intento por calmar las protestas que entraron en su cuarta semana. El mandatario centroderechista, que asumió el poder hace apenas seis meses, enfrenta una ola de manifestaciones que exigen su renuncia ante la crisis económica que sufre el país andino, la mayor en las últimas cuatro décadas.
Los manifestantes rechazan la política económica liberal de Paz, le exigen aumentos salariales y lo culpan de la distribución de gasolina de mala calidad que dañó miles de vehículos. “Estamos enojados, porque nos ha mentido” el presidente, aseguró Félix Mamani, minero de 47 años que asegura que su sector apoyó con sus votos a Paz.
La jornada de protestas arrancó con una marcha de mineros, campesinos, choferes, obreros de fábrica y otros trabajadores que bajaron a La Paz, sede del gobierno, desde la ciudad de El Alto, a 4.150 metros de altitud. “¡El pueblo está emputado (molesto)!”, proclamaron algunos manifestantes.
Tras llegar al centro de La Paz, grupos de huelguistas intentaron ingresar a la plaza de armas, donde Paz tiene sus oficinas y cuyas vías de acceso estaban cercadas por cientos de policías antimotines que los repelieron con gases lacrimógenos. Los manifestantes los enfrentaron con piedras, palos, petardos y cilindros recortados de dinamita y una decena de ellos fueron detenidos, constataron periodistas de la AFP. “¡Asesinos!”, gritaban, para denunciar la muerte de una persona en otros choques con policías y militares el sábado.
Aunque primero lo negó, el gobierno confirmó este lunes el fallecimiento del fin de semana. “Lamentamos que haya sucedido. Ahora esperamos (...) que se complete la investigación”, dijo a la prensa José Luis Gálvez, vocero de la presidencia. Agregó que se ordenó a los efectivos no usar armas letales.
Rebaja del 50 %
Por la tarde, la ciudad retornó a la calma, pero no se ve una salida pronta de la crisis. En un discurso en un acto en la ciudad de Sucre (sureste), el presidente anunció que recortará su salario y el de sus ministros. “Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajarse el salario en 50 %”, afirmó.
La medida es casi simbólica. Su ingreso mensual es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares) y la reducción no figura entre las demandas de los manifestantes. Paz reiteró su llamado a dialogar a las organizaciones que lideran las protestas, pero descartó conversar con quienes usen la violencia.
Su gobierno ha denunciado que las movilizaciones buscan “alterar el orden democrático”. Estados Unidos y otros países de América Latina le han expresado su apoyo. Este lunes, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, antiguo aliado del exmandatario socialista Evo Morales, habló por teléfono con Paz para expresarle apoyo a la democracia boliviana y al diálogo.
Además, “ordenó el envío de ayuda humanitaria”, según un comunicado del gobierno de Brasil. La administración de Paz acusa a Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de estar detrás de las protestas. El líder cocalero lo instó a que llame a nuevas elecciones en 90 días.
¡Que renuncie!
Las protestas comenzaron a inicios de mayo con un llamado a huelga de la Central Obrera Boliviana (COB), el mayor sindicato del país, y cortes de carreteras que llegan al medio centenar en distintos puntos del territorio. “¿Qué queremos? ¡Que renuncie!, ¿Cuándo? ¡Ahora!”, se escuchó en la marcha de este lunes, entre la detonación de petardos.
La escasez de medicamentos, gasolina y alimentos ocurre principalmente en La Paz y en El Alto. En otras ciudades, como Oruro (oeste), Potosí (suroeste) y Cochabamba (centro) el problema es menor. El sábado hubo enfrentamientos, cuando policías y militares intentaron sin éxito habilitar un ingreso a La Paz y El Alto de convoyes con alimentos y gasolina. Fueron frenados por civiles que usaron piedras y palos. “Este gobierno nos está masacrando, nos está discriminando”, dijo este lunes Julia Ramírez, campesina aimara de 57 años.
Fuente: AFP.
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Presidente boliviano reducirá su salario a la mitad en medio de protestas
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes que reducirá a la mitad su sueldo y el de sus ministros, en un intento por apaciguar las fuertes protestas que exigen su renuncia.
El mandatario centroderechista de 58 años enfrenta la peor crisis de su corta gestión de gobierno que comenzó en noviembre pasado, con bloqueos de carreteras que mantienen cerca a La Paz, capital política de Bolivia.
“Este presidente ha asumido la decisión, como parte del esfuerzo y el compromiso con el país, de rebajar el salario en 50 %”, anunció Paz, en un acto cívico en la ciudad de Sucre (sureste).
El sueldo del gobernante en Bolivia es de unos 24.000 bolivianos (3.448 dólares), según un decreto de 2024, que no ha sido modificado. Paz, economista de profesión, proviene de una familia de tradición política acomodada.
Con la promesa de cortar 20 años de políticas izquierdistas de sus antecesores Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2002-2025), Paz se acercó a Estados Unidos, a organismos financieros internacionales y a los empresarios, y marcó distancia con gremios laborales.
En la peor crisis económica en cuatro décadas en Bolivia, los sindicatos de campesinos, mineros, maestros y obreros de fábricas mantienen protestas desde principios de mayo.
Además de marchas casi diarias, hay medio centenar de bloqueos de rutas en todo el país, según datos oficiales.
Las protestas provocaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y gasolina, principalmente en las ciudades de La Paz y su vecina El Alto, Oruro (oeste) y Cochabamba (centro).
- Fuente: AFP
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Bolivia: Defensoría, Iglesia y grupo de DD. HH. llaman al diálogo a manifestantes
La Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y un grupo de defensores de derechos humanos en Bolivia pidieron ayer domingo establecer un diálogo entre el gobierno y los trabajadores, que exigen con fuertes protestas la renuncia del presidente centroderechista Rodrigo Paz. En un comunicado conjunto, también pidieron esclarecer la supuesta muerte de una persona, denunciada por manifestantes y negada por el gobierno, durante un operativo el sábado con policías y militares que chocaron con los huelguistas para abrir carreteras tomadas al sur de La Paz, sede del gobierno.
Los cortes en las principales vías de acceso a la ciudad altiplánica han agudizado la escasez de alimentos, medicinas y combustibles, mientras Bolivia atraviesa su peor crisis económica en cuatro décadas. Desde inicios de mayo, campesinos, obreros, mineros, maestros y transportistas arrinconan al gobierno de Rodrigo Paz, quien lleva seis meses en el cargo.
Tras reclamar aumentos salariales, combustibles de calidad y la estabilización de la economía, varios sectores pasaron a exigir su dimisión. “Reiteramos nuestra exhortación a los actores involucrados a concretar espacios de diálogo por el bien común”, dijeron en un comunicado conjunto la Defensoría, la Iglesia y la civil Asamblea Permanente de Derechos Humanos.
También demandaron “el esclarecimiento urgente, independiente y transparente de los hechos ocurridos (el sábado), en particular aquellos vinculados a personas heridas, un fallecido y denuncias de vulneraciones a los derechos humanos”.
El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que las movilizaciones tienen el objetivo de “alterar el orden democrático”. Acusa al expresidente Evo Morales (2006-2019), prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.
Fuente: AFP.