El Reino Unido se prepara para aumentar de seis meses a cuatro años la pena de prisión para los migrantes que traten de entrar ilegalmente en el país, que vive un récord de llegadas por el canal de la Mancha.
También quiere elevar de 14 años de cárcel a cadena perpetua la pena máxima aplicable a quienes pasan clandestinamente a estos migrantes.
Estas modificaciones anunciadas por el Ministerio del Interior se incluirán en un proyecto de reforma del sistema de asilo que llega el martes al Parlamento británico en pleno repunte de la llegada de migrantes clandestinos.
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En el primer semestre de 2021, Reino Unido batió un récord de migrantes llegados en pequeñas embarcaciones por el Canal de la Mancha, que separa la isla de Gran Bretaña del continente europeo.
Casi 6.000 migrantes cruzaron ilegalmente el canal entre enero y junio y pronto podrían superarse los 8.417 registrados en todo 2020.
El gobierno conservador propuso en marzo reformar el “desbordado” sistema de asilo para priorizar a quienes llegan al país legalmente.
Según el ministerio de Interior, los migrantes que cruzan el Canal de la Mancha deberían pedir asilo previamente en países de la Unión Europea que transitan, pero “van de compras” al “escoger el Reino Unido como destinación preferida a otras, utilizando vías ilegales para llegar”.
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Es una ley “justa pero firme”, dijo la ministra Priti Patel. Steve Valdez-Symonds, responsable de Amnistía Internacional en Reino Unido, acusó al gobierno de “expandir deliberadamente mitos y mentiras sobre el asilo y la inmigración” y le pidió establecer “vías seguras” para estas personas.
Fuente: AFP
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Bukele redobla su ofensiva: propone prisión de por vida para menores criminales
El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.
La propuesta amplía el alcance de la reforma constitucional que fue aprobada el martes por la Asamblea Legislativa, a solicitud de Bukele, que endurece con la imposición de cárcel de por vida a los “homicidas, violadores y terroristas”.
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“Estamos proponiendo traer ese juzgamiento a las penas de cadena perpetua aún en el caso de menores de edad” que cometan esos delitos, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la iniciativa ante una comisión legislativa.
El ministro justificó la necesidad de esa medida porque, según él, la ley penal juvenil siempre garantizó “recurso humano barato, impune y reciclable a las organizaciones criminales”.
A petición de Bukele, el Congreso reformó en febrero de 2025 una ley para enviar a menores detenidos vinculados a pandillas a cárceles de adultos, donde estarán separados de ellos hasta que cumplan 18 años.
El gobierno no ha informado hasta ahora de la ejecución de esa medida.
Fuente: AFP
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El Salvador establece la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció el martes su guerra contra las pandillas con una reforma constitucional para castigar con prisión perpetua a “homicidas, violadores y terroristas”, en el país con la mayor tasa de encarcelamiento del mundo. Bukele, con poderes casi absolutos, presentó su iniciativa al Congreso días después de que oenegés lo señalaron de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia, que varios países latinoamericanos buscan emular.
“La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, indica el texto aprobado por 59 de los 60 diputados, apenas horas después de ser radicado. La enmienda elimina la prohibición de “penas perpetuas”. Hasta ahora la condena máxima era de 60 años, con mecanismos de reducción de sentencia.
Con ello se busca que los criminales “no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre”, dijo Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria. Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a los pandilleros.
La reforma fue adoptada a pocos días de que se cumplan cuatro años de un régimen de excepción que ha dejado 91.500 detenidos sin orden judicial, acusados de ser miembros o cómplices de las pandillas.
“Pozos humanos”
Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. “Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, subrayó una declaración de la Presidencia.
Según el World Prison Brief (WPB), con unos 1.700 prisioneros por cada 100.000 habitantes, este pequeño país centroamericano tiene la mayor población carcelaria del mundo.
El estado de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que redujo a mínimos históricos los homicidios, pero que es señalado de graves violaciones a los derechos humanos.
La agrupación humanitaria Socorro Jurídico asegura que unos 500 presos han muerto bajo ese régimen, sin juicio, y que 94 % de ellos “no tenían perfil de pandilleros”.
En el marco del estado de excepción también se desarrollan juicios masivos, en los cuales los presos son agrupados según su supuesta pertenencia a una célula pandillera.
El gobierno sostiene que allí las penas se determinan de acuerdo con el grado de responsabilidad, pero de momento no está claro si la reforma será retroactiva o qué impacto tendrá en esos procesos.
“Los centros penales se van a convertir en pozos humanos”, dijo a la AFP la abogada penalista Roxana Cardona, quien advirtió que esto puede afectar a inocentes sometidos a esos juicios.
“Bufetes” del “crimen”
Hace una semana, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los “crímenes de lesa humanidad” del gobierno abarcan “tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos”.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) señaló el lunes que el gobierno de Bukele mantiene en “desaparición forzada” a por lo menos 11 migrantes salvadoreños que fueron deportados por Estados Unidos hace un año junto con 252 venezolanos, acusados sin pruebas de pertenecer a bandas criminales.
En su discurso en el Congreso, el ministro Villatoro arremetió contra las oenegés. “Son unos demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad”, dijo.
“Esas organizaciones globalistas criminales que defienden criminales van a tener que seguir poniéndose a prueba. Ya se quitaron recientemente la máscara”, agregó. En los últimos días, Bukele acusó a las organizaciones de derechos humanos de ser “bufetes legales internacionales del crimen”.
Su modelo de seguridad acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que controlaban ciudades, asesinaban y extorsionaban. Amnistía Internacional, HRW y otras oenegés internacionales y salvadoreñas aseguran que el régimen de excepción se ha usado también para silenciar a los defensores de derechos humanos y a voces críticas, ahora en el exilio.
Fuente: AFP.
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A cadena perpetua condenan al hombre que intentó asesinar a Trump en 2024
La justicia estadounidense condenó este miércoles a cadena perpetua al hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en 2024, dos meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por el republicano.
Ryan Routh, de 59 años, compareció por la mañana en un tribunal federal de Fort Pierce, en el sureste de Florida, para escuchar su sentencia.
En septiembre, un jurado lo había declarado culpable de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato presidencial. Al oír el veredicto, el acusado intentó entonces apuñalarse con un bolígrafo, pero unos guardias se lo impidieron.
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La jueza Aileen Cannon siguió este miércoles la petición de la fiscalía y le aplicó a Routh el mayor castigo posible “para proteger a la gente de futuros delitos cometidos por él”.
Routh también fue declarado culpable de posesión ilegal de un arma debido a sus antecedentes penales, posesión de un arma con el número de serie borrado, posesión de un arma de fuego con el fin de cometer un delito violento y agresión a un agente federal.
El 15 de septiembre de 2024, un agente del Servicio Secreto estadounidense -encargado de proteger a las altas figuras políticas del país- vio el cañón de un rifle asomando entre arbustos del campo de golf de West Palm Beach, donde Trump estaba jugando una partida.
El agente abrió fuego y Routh, que huyó en un vehículo, fue detenido poco después por la policía.
La policía encontró un rifle semiautomático cargado, equipado con una mira telescópica y un cargador con munición adicional en el lugar de los hechos.
Una carta
Durante el juicio, un testigo declaró que Routh había dejado una caja en su residencia que incluía una carta manuscrita que decía: “Querido mundo. Este fue un intento de asesinato contra Donald Trump, pero lamento mucho haberles fallado”.
El acusado tiene una fijación con la invasión rusa de Ucrania y, según se informa, viajó a Kiev en un esfuerzo por unirse a unidades de voluntarios extranjeros antes de ser rechazado debido a su edad y falta de experiencia.
Se trató del segundo intento de asesinato contra el candidato republicano, que finalmente ganó las elecciones presidenciales de 2024.
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Trump había escapado por poco a un ataque el 13 de julio de 2024, durante un mitin en Butler, Pensilvania (noreste). En aquella ocasión, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, logró disparar varias veces antes de ser abatido por el servicio secreto.
Trump fue alcanzado en la oreja. Sus imágenes con sangre en el rostro y el puño en alto dieron la vuelta al mundo y lo ocurrido fue considerado un momento clave de la campaña que lo llevó de regreso a la Casa Blanca.
Fuente: AFP
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Sentencian al asesino del ex primer ministro de Japón a cadena perpetua
El hombre acusado de matar al ex primer ministro japonés Shinzo Abe fue declarado culpable el miércoles y sentenciado a prisión perpetua, más de tres años después del asesinato a tiros que estremeció al mundo. El juez Shinichi Tanaka dictó la sentencia en un tribunal de la ciudad de Nara, cerca de Kioto, constató un periodista de la AFP.
El crimen ocurrió a plena luz del día y provocó una reflexión profunda en el país asiático, poco acostumbrado a la violencia con armas, y abrió un escrutinio sobre los nexos entre legisladores conservadores y la Iglesia de la Unificación, una secta reservada. Tetsuya Yamagami, de 45 años, al parecer estaba molesto con Abe por creer que tenía vínculos con ese culto, originado en Corea del Sur.
Numerosas personas hicieron fila la mañana del miércoles para obtener boletos para ingresar a la sala de la corte, ante el gran interés público en el juicio. El hombre fue acusado de asesinato y violación de las leyes de control de armas por utilizar una pistola casera para matar al gobernante más longevo de Japón durante un mitin en julio de 2022.
Yamagami admitió el asesinato en la apertura del juicio en octubre, aunque rechazó algunos de los otros cargos, según medios japoneses. Bajo las leyes de Japón, el juicio continúa incluso si el acusado se declara culpable.
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Consecuencias graves
Manabu Kawashima, un trabajador de logística que esperaba afuera de la corte, dijo que quería “conocer la verdad sobre Yamagami”. “Lo que ocurrió con el primer ministro Abe fue el acontecimiento del siglo. A mí me gustaba cuando estaba vivo, su muerte fue estremecedora”, declaró a la AFP el hombre de 31 años.
Otro hombre cargó una pancarta frente al tribunal con un mensaje que urgía al juez “darle la mayor consideración” a las difíciles circunstancias de vida de Yamagami.
Los fiscales pidieron una sentencia de prisión perpetua para Yamagami al calificar el asesinato como “sin precedentes” en la historia “de la posguerra”, y citaron las “consecuencias extremadamente graves” para la sociedad, según la prensa local.
La prisión perpetua en Japón permite la posibilidad de libertad bajo fianza, aunque expertos creen que Yamagami morirá encarcelado.
Los fiscales alegaron en el juicio que el motivo del acusado para matar a Abe fue su deseo de desprestigiar a la Iglesia de la Unificación.
El juicio expuso cómo las cuantiosas donaciones de la madre de Yamagami a la iglesia dejó a su familia en bancarrota, y él llegó a creer que “políticos influyentes” colaboraban con la secta.
Abe había hablado en eventos organizados por grupos de la iglesia.
Yamagami “pensó que, si mataba a alguien influyente, como el primer ministro Abe, podría llamar la atención del público a la iglesia y provocar críticas a ella”, dijo en octubre un fiscal del caso en la corte de Nara. La Iglesia de la Unificación fue establecida en Corea del Sur en 1954 y sus miembros son llamados “moonies”, por su fundador Sun Myung Moon.
Fuente: AFP.