Atendiendo a que la demolición del edificio que estaba ubicado sobre las calles Azara y Antequera se realizó sin las autorizaciones del municipio capitalino y de la Secretaría Nacional de Cultura, iniciarán sumarios administrativos, confirmó Natalia Antola Guggiari, directora de Patrimonio.

“La Ley 5621 establece dos tipos de sanciones, la administrativa, que sería con una multa, o la pena privativa de libertad, dependiendo del proceso y el alcance del hecho”, precisó en declaraciones al programa “Así son las cosas”, de GEN/Universo 970 AM.

Mencionó que entre las sanciones “se estipula una multa de hasta 2.000 jornales mínimos”. Es decir, alrededor de 223 millones de guaraníes.

Refirió además que no es la primera vez que se da este tipo de situación. “Lastimosamente, esta es una práctica que se ha vuelto bastante frecuente y se está luchando contra esto con numerosas iniciativas para recuperar el centro histórico de Asunción”, manifestó.

Como estrategia para proteger estos inmuebles de carácter histórico, indicó que se debe concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de estos a través de acciones conjuntas entre el municipio y la Secretaría Nacional de Cultura, pero remarcó que hace falta mayor control.

La Municipalidad de Asunción tiene un catálogo, homologado por la Secretaría Nacional de Cultura, con más de 1.800 edificaciones que están declaradas como bienes patrimoniales

La Secretaría Nacional de Cultura anunció acciones tras la demolición no autorizada de una antigua casona de valor histórico, ubicada sobre las calles Azara y Antequera de Asunción.

Atendiendo a que la demolición se realizó sin las autorizaciones, sin los permisos del municipio capitalino y de la Secretaría Nacional de Cultura, iniciarán sumarios administrativos, confirmó Natalia Antola Guggiari, directora de Patrimonio.

“La Ley 5621 establece dos tipos de sanciones, la administrativa, que sería con una multa, o la pena privativa de libertad, dependiendo del proceso y el alcance del hecho”, precisó en declaraciones al programa Así son las cosas de GEN/Universo 970 AM.

Mencionó que entre las sanciones “se estipula una multa de hasta 2.000 jornales mínimo”. Es decir, alrededor de 223 millones de guaraníes.

Refirió además que no es la primera vez que se da este tipo de situación. “Lastimosamente, esto es una práctica que se ha vuelto bastante frecuente, y se está luchando con eso, con numerosas iniciativas para recuperar el centro histórico de Asunción”, manifestó.

Te puede interesar: Amambay: Senad elimina 15 toneladas de marihuana

Con manera a proteger estos inmuebles de carácter histórico, indicó que se debe concientizar a la ciudadanía de la importancia de los mismos, sumado al conjunto de acciones a través del municipio y de la Secretaría Nacional de Cultura. Pero remarcó que hace falta mayor control.

La Municipalidad de Asunción tiene un catálogo, homologado por la Secretaría de Cultura, con más de 1.800 casas que son declaradas patrimonio, puntualizó la secretaria de Cultura.

“El centro histórico está delimitado por ley. Hay reglas claras de cómo intervenir las edificaciones patrimoniales; no es que no se pueden intervenir, es cómo lo hacen. Tiene que ver con preservar la imagen de la ciudad”, apuntó.

En ese sentido, aclaró que hay edificios que merecen ser preservados íntegramente, como el Palacio de López, la Casa de la Independencia, el Panteón Nacional de los Héroes, porque “son edificios que son un registro de nuestra historia”, subrayó.

Pero otras edificaciones de carácter más bien ambiental o de paisaje pueden ser modificadas. “Cada propietario debería elaborar un proyecto, un protocolo de las modificaciones a ser introducidas en el inmueble, presentar y eso se aprueba y a partir de ahí avanza con la obra”, explicó.

Leé más: Convocan a pacientes con hernia inguinal para cirugías gratuitas en Clínicas

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mofó ayer martes de las críticas en torno a la demolición de parte de la Casa Blanca para construir un salón de baile, unas obras que, dijo, “son música” para sus oídos. El trabajo de demolición del ala Este de la Casa Blanca continuaba este martes, según pudieron comprobar periodistas de la AFP.

Excavadoras se afanan en derribar parte de las paredes y del tejado de la residencia oficial. La Casa Blanca no ha sufrido una transformación de este tipo desde 1948, cuando bajo la presidencia de Harry S. Truman se demolió su estructura interna y se sustituyó con un entramado de acero y hormigón.

La construcción del salón de baile costará unos 250 millones de dólares, que Trump asegura que saldrán en su mayoría de su propio bolsillo, aunque la semana pasada celebró una cena de gala con empresarios multimillonarios para pedirles que participaran en el gasto.

Lea más: El peso argentino se depreció nuevamente a días de elecciones legislativas cruciales

“Estamos construyendo un salón de baile de clase mundial. Durante 150 años se ha querido un salón de baile” en la Casa Blanca, dijo Trump durante un almuerzo con senadores republicanos en su residencia de Washington, mientras se escuchaban de fondo los ruidos de maquinaria trabajando y pitidos.

“Probablemente oigan el hermoso sonido de la construcción detrás. ¿Escuchan ese sonido? Oh, eso es música para mis oídos. Me encanta ese sonido”, lanzó. Trump, quien hizo fortuna en la construcción, añadió: “Cuando escucho ese sonido, me recuerda al dinero. En este caso, me recuerda a la falta de dinero, porque yo lo estoy pagando”.

Los demócratas han protestado por lo que consideran una obra excesiva que nadie solicitó, y además llevada a cabo en un sitio protegido, sin audiencias públicas previas. La Casa Blanca recordó que durante la presidencia del demócrata Barack Obama se transformó una pista de tenis del recinto en una pista de baloncesto.

El salón de baile representa “una audaz y necesaria adición que refleja la histórica tradición de mejoras y renovaciones realizadas por los comandantes en jefe para mantener la residencia ejecutiva como un símbolo de la excelencia estadounidense”, según un comunicado.

Fuente: AFP.

El metrobús no fracasó por fallas técnicas, sino por una decisión política irresponsable. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la gestión de Arnoldo Wiens, no solo detuvo la obra, sino que en abril de 2020 anunció con orgullo su demolición. Un hecho sin precedentes en la historia del país: el propio Estado destruyendo una infraestructura que debía modernizar el transporte público y aliviar el calvario diario de 300 mil usuarios del Área Metropolitana.

Desde su llegada al cargo, Wiens se mostró más preocupado por la puesta en escena que por resolver el problema. Lloró con los frentistas, paralizó las obras y ordenó una intervención que duró casi un año. Pero el informe de los expertos era claro: había modificaciones necesarias, pero la obra debía continuar. Sin embargo, el gobierno de Mario Abdo Benítez prefirió la salida más absurda y perjudicial: destruir lo que ya estaba construido, enterrando millones de dólares junto con el proyecto.

Una publicación en todas las redes sociales oficiales de la cartera de obras, del 1 de abril de 2020, en el inicio de la pandemia del covid-19, divulgaba que el MOPC que dirigía Wiens había iniciado la demolición de las paradas que habían sido erigidas y que formaban parte del 18,5 % de los trabajos que habían sido ejecutado por la compañía Mota Engil.

El MOPC sabía que estaba cometiendo un acto irresponsable. Su propio informe técnico señalaba que la única opción que no podía tomar era cancelar la obra. Y, sin embargo, lo hicieron. No hubo justificación técnica, solo una decisión política que dejó a miles de paraguayos condenados a un sistema de transporte caótico, inseguro y obsoleto. La alternativa al metrobús fue nada más que más colectivos destartalados, más tráfico y más sufrimiento para los ciudadanos.

El daño patrimonial es innegable. Se invirtieron millones en una infraestructura que nunca se utilizó y que fue destruida con absoluta impunidad. Pero lo más grave es el daño social: 300 mil usuarios que podrían haber tenido un sistema de transporte moderno y eficiente, hoy siguen atrapados en ómnibus destrozados, esperando milagros en paradas improvisadas.

Mientras tanto, ni Wiens ni Mario Abdo han rendido cuentas. No hay responsables, no hay culpables, no hay justicia para ellos. La demolición del metrobús no solo es un símbolo del fracaso de un gobierno, sino también de la impunidad con la que se manejan los recursos públicos en Paraguay. Destruir una obra en ejecución, con informes técnicos en contra y con pleno conocimiento del perjuicio, debería ser motivo suficiente para procesar a los responsables.

El metrobús pudo ser la mayor revolución en el transporte público de Paraguay, pero terminó siendo el monumento a la mediocridad y la desidia. La gestión de Wiens y Abdo no solo entró en un proyecto clave, sino que condenó a miles de paraguayos a seguir padeciendo un servicio inhumano.

El senador Derlis Maidana responsabilizó al gobierno de Mario Abdo Benítez por dejar un perjuicio más a la ciudadanía, en este caso con la decisión de parar las obras del metrobús, que debió ser una gran opción de transporte público para la capital y el Área Metropolitana. Esto también tuvo un importante efecto en el Estado, pagar por una sanción ante el incumplimiento del contrato.

“Considero que realmente la ciudadanía se vio nuevamente afectada por malas decisiones. Si el gobierno anterior hubiera buscado alternativas viables para continuar el proyecto, el Paraguay no se hubiera visto con la responsabilidad de pagar la sanción impuesta por el laudo arbitral y hoy hubiéramos tenido una alternativa eficiente para el transporte público”, señaló en entrevista para La Nación/Nación Media.

El parlamentario cuestionó que el gobierno anterior tuvo dictámenes y condiciones de seguir con la obra; sin embargo, hizo caso omiso a todos estos elementos y decidió parar la obra, afectando a millones de compatriotas.

El senador apuntó a un revanchismo político, y no una decisión tomada en bases sólidas.